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Desregulación del transporte: las empresas ya pueden establecer libremente recorridos, precios y duración de los servicios

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El Gobierno Nacional reglamentó los procesos de desregulación del transporte automotor de pasajeros de larga y media distancia, junto con el de oferta libre, por medio de la Resolución 57/2024, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La medida impulsada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, introduce “modificaciones centrales que brindarán mejoras al sector”, según explicaron desde el área que encabeza Franco Mogetta.

Al mismo tiempo, destacaron que “se moderniza un régimen de más de 30 años de antigüedadcon un sistema cerrado, permisos rígidos y burocracia excesiva, pasando a un sistema simple, declarativo, gratuito, digital y que mantiene los estándares técnicos y de seguridad vigentes”.

La norma habilita la posibilidad de que cualquier vehículo que cuente con el correspondiente seguro y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día, pueda ofrecer el servicio de transporte de pasajeros. De esta manera, autos, combis, utilitarios y demás rodados podrán ser prestadores de transporte.

Así lo expresó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, mediante su cuenta de X, al señalar que “a quienes tengan vehículos grandes o pequeños (con seguro y revisión vehicular aprobada), los invitamos a convertirse en proveedores de transporte de pasajeros”.

En ese aspecto, insistió en que “cualquier interesado en proveer el servicio pueda hacerlo”, para lo que “simplemente informan a través de un trámite remoto vehículos, choferes y los recorridos que planifican hacer” y especificó que “pueden cambiar esta información cuando quieran y las veces que quieran. ¡Y listo! ¡A rodar!”.

Precisamente en ese sentido, entre los cambios vinculados a la desburocratización, que tienen vigencia inmediata, se establece que los transportistas se registrarán de manera online y gratuita mediante la plataforma web Trámites a Distancia (TAD), donde deberán brindar la información relevante y actualizada de los servicios.

Además, se unificarán todos los registros bajo un único Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros (RNTAP) “brindando mayor comodidad y transparencia, con el ahorro de tiempo en la gestión de trámites burocráticos”.

El trámite, que estará disponible a partir del 11 de diciembre del corriente, es obligatorio para la prestación de servicios de transporte automotor de pasajeros y tendrá carácter de Declaración Jurada (DDJJ). El correo electrónico registrado será al que llegarán las notificaciones pertinentes durante el proceso.

Los transportistas deberán completar: formulario de transportistas/empresas, DDJJ Nómina de Parque Móvil, DDJJ Nómina de conductores, título de propiedad o contrato de leasing de los vehículos, pólizas de seguros, etc.

Desde Transporte informaron que “una vez registrados se emitirá el Certificado de Alta de Transportista dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles y podrán acceder a la inscripción de los servicios a prestar”.

Además, aclararon que “los transportistas que ya estén prestando servicios podrán continuar operando y tendrán un plazo de hasta sesenta días corridos para declarar en el RNTAP los servicios a realizar de acuerdo a la metodología aprobada”.

En paralelo, se autorizó a los transportistas inscriptos en el RNTAP “a efectuar servicios ocasionales en circuito cerrado de carácter internacional, de conformidad con la normativa específica establecida para esta categoría de servicios”.

Al valorar la medida en su conjunto, desde la secretaría remarcaron que “a partir de esta reglamentación se podrán establecer libremente recorridos, itinerarios, horarios, precios, modalidades y duración de los servicios, logrando una mayor oferta y competencia de precios, con beneficios tanto para el pasajero como para empresas y transportistas”.

A modo de contraste, recordaron que “antes de esta desregulación una modificación en cualquier parámetro operativo (recorridos, paradas, frecuencias, etc) tardaba entre 6 meses a un año como mínimo”, mientras que “ahora, con esta medida y con el principal objetivo de satisfacer la demanda de traslado de pasajeros; se simplifica y acorta el tiempo burocrático, solo teniendo que informar la baja del parámetro con 15 días de antelación, procediendo luego al alta con la modificación deseada”.

Al mismo tiempo, la secretaría dependiente de la cartera económica sostuvo que “se mantienen las exigencias de seguridad ya establecidas en la normativa vigente, tanto de tránsito y seguridad vial, como en los requisitos en materia de seguridad, higiene y accesibilidad correspondientes a cada clase y tipo de vehículo” y ratificó que “se deberá cumplir con la revisión técnica vehicular de los vehículos”.

Fuente: Noticias Argentinas.

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Tensión entre Kicillof y Milei por la política audiovisual: el INCAA bonaerense reabre la disputa

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La aprobación en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires de la ley que crea un organismo provincial de fomento audiovisual, popularmente bautizado como el “INCAA bonaerense”, dejó en la madrugada del jueves una postal nítida de contraste con la política de repliegue histórico y achicamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales que impulsa Javier Milei.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales, la ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual impulsada por el gobernador Axel Kicillof declara la actividad audiovisual como “estratégica y productiva”; crea un Fondo de Fomento inicial de $675 millones; instituye un Servicio Audiovisual Provincial, un Consejo asesor con representación sectorial y una red de salas y programas de profesionalización.

La norma fue aprobada con amplio consenso político, incluso en un contexto de fuerte tensión legislativa por el paquete de leyes que envió el oficialismo, que incluye el Presupuesto y la Ley Fiscal, ya aprobados por el parlamento provincial, y el proyecto de financiamiento, que se cayó el viernes por falta de quórum.

Para el gobierno provincial, el objetivo es claro: blindar una política cultural considerada motor productivo, fortalecer el empleo audiovisual y compensar el vacío federal por parte de la administración libertaria.

Dos modelos sobre el rol del Estado en la cultura

El contraste aparece al observar la política nacional: desde el inicio de la gestión, el gobierno de Milei aplicó una combinación de recortes presupuestarios, reordenamientos administrativos y cambios regulatorios sobre el INCAA.

Entre las medidas dispuestas se registraron la reducción práctica del financiamiento a proyectos, la paralización o ralentización de convocatorias y ajustes que afectaron áreas técnicas y de fomento.

También hubo disposiciones para trasladar plataformas como CINE.AR fuera del organismo, luego parcialmente revertidas, y un proceso de reducción estructural que funcionarios libertarios justificaron como parte de un “sinceramiento” de un sector, según señalaron, sobredimensionado.

Para los sectores de la industria, festivales y asociaciones de realizadores, esas decisiones configuraron un proceso de desfinanciamiento que afecta la producción independiente, el circuito federal de festivales y la exhibición de cine nacional.

La diferencia ideológica entre ambos modelos es explícita: para Kicillof, el audiovisual es parte de la economía del conocimiento, genera empleo calificado y exportaciones, y necesita política pública estable.

Mientras que para Milei, la cultura debe sostenerse con mecanismos de mercado y aportes privados. En esa lógica, el INCAA es un organismo que debe “reducir su tamaño”, “ordenar gastos” y limitar su participación en la financiación de contenidos.

Un capítulo más en la puja Kicillof–Milei

El contraste audiovisual funciona como espejo de una disputa más amplia entre ambos modelos políticos: el peronismo bonaerense apuesta a una presencia activa del Estado, especialmente en sectores estratégicos; los libertarios, a una reducción al mínimo de la intervención pública.

Para el ecosistema audiovisual, el escenario que se abre es doble: un polo provincial que busca reforzar producción, identidad y empleo; y un Gobierno cuyo repliegue obliga a replantear la sostenibilidad de la actividad en el resto del país.

En este escenario, la verdadera “batalla cultural” sumó un nuevo capítulo y promete seguir escalando. Más allá de los discursos vacíos, las diferencias entre la oposición peronista y el oficialismo liberal empiezan a plasmarse en cuestiones concretas.

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Por la puja con la AFA, Milei sacrificó una posible foto con Messi en Washington

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El presidente Javier Milei dejó pasar la chance que tenía de una posible foto con el astro Lionel Messi y un nuevo encuentro con su par Donald Trump, al decidir cancelar su viaje a Washington para el sorteo del Mundial de Fútbol 2026 del próximo viernes.

Si bien no estaba claro si Milei y Messiiban a cruzarse -de hecho el futbolista rosarino siempre hace todo lo posible para evitar contactos con políticos-, con su decisión de cancelar el viaje el mandatario ya echó por tierra con la probabilidad de una foto con su “ídolo futbolístico”, a quien suele ubicar por encima de Diego Maradona en sus preferencias.

Tampoco está confirmado oficialmente que Messi vaya a asistir al sorteo en Washington. Quien sí va a estar siguiendo in situ el sorteo será el director técnico de la Selección, Lionel Scaloni.

A su vez, el Presidente se quedó sin un nueva imagen con su principal aliado internacional, Donald Trump, aunque el libertario tiene pautado un próximo viaje a los Estados Unidos para marzo del año próximo.

Milei, en cambio, decidió seguir apostando por su enfrentamiento con el cuestionado presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y canceló el viaje para no cruzarse con el mandamás del fútbol argentino.

En ese marco, el mandatario viene publicando posteos y fotos suyas manifestado su respaldo a Estudiantes de La Plata, el equipo sancionado duramente por la AFA por no haber hecho el pasillo de frente a los jugadores de Rosario Central.

De hecho, subió a sus redes una foto del emblema “pincharrata” Carlos Bilardo, uno de sus ídolos, ya que siempre se califica como “bilardista”.

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El gasto social evitó que 2,6 millones cayeran en la indigencia, revela informe

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Las políticas de transferencia de ingresos destinadas a la niñez y adolescencia resultaron ser un anclaje fundamental contra la pobreza extrema en Argentina. Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) reveló que, sin los programas de asistencia, la indigencia sería un 82% más alta, afectando a 2,6 millones de personas adicionales.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el análisis de las prestaciones (Asignación Universal por Hijo, Prestación Alimentar y Plan 1.000 Días) confirma que el conjunto de ayudas actúa como un “piso de ingresos” que evita que los sectores vulnerables caigan por debajo de la línea de pobreza extrema.

Ganadores y Perdedores ante la inflación

El estudio analizó la evolución del poder de compra de las prestaciones, encontrando un fuerte contraste en la capacidad de respuesta ante la inflación:

  • AUH (Ganadora): El poder adquisitivo de la Asignación Universal por Hijo se recuperó drásticamente a partir de finales de 2023 (gracias a un aumento inicial del 100%). Desde entonces, su valor real se ha mantenido estable debido a un mecanismo de actualización mensual basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
  • Prestación Alimentar (Perdedora): Este beneficio muestra un deterioro sostenido. Al depender de actualizaciones de carácter discrecional y no de una fórmula de movilidad automática, sus aumentos han sido insuficientes para compensar el avance de la inflación.
  • Plan 1.000 Días: Luego de un aumento nominal del 500% en 2024, su valor real se ha mantenido robusto y estable.

La expansión del andamiaje social

El informe destaca que, en los últimos 15 años, la cantidad de beneficios otorgados pasó de 4,7 millones en 2009 a más de 7,4 millones en 2025. Esta expansión del andamiaje social se consolidó con una inversión pública constante de alrededor del 1% del PBI.

Sin embargo, el informe concluye que la ampliación de la cobertura responde más a la necesidad de contener a una población creciente en situación de vulnerabilidad que a la consolidación de un sistema universal, subrayando que el éxito de esta estrategia paliativa depende de la generación de crecimiento económico que reduzca la dependencia de la asistencia estatal.

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