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Diputados abre el debate sobre la baja de imputabilidad a 13 años

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El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, propiciado por el oficialismo, se instalará la próxima semana en la Cámara de Diputados, ya que abrirá formalmente en un plenario de comisiones la discusión de esta iniciativa, que divide las aguas en forma transversal en los bloques opositores y oficialismo.

La bancada de la Libertad Avanza junto al Pro decidieron avanzar en la discusión de dos iniciativas claves para el Gobierno, la ley Antimafia con el fin de combatir el delito organizado y la baja de imputabilidad para poder reformar la ley del Régimen Penal Juvenil, debido al incremento de delitos cometidos por menores de 16 años.

El proyecto de reforma del Código Penal para bajar la edad a partir de la cual se puede condenar a un menor se discutirá el miércoles 31 a las 12.30 en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia, y de Presupuesto y Hacienda, que presiden Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba, Manuel Quintar (LLA-Buenos Aires) y de José Luis Espert (LLA-Buenos Aires).

Fuentes parlamentarias de Unión por la Patria informaron que van a pedir que se amplié el giro a la comisión de Familia, Niñez y Juventudes, que está a cargo de la radical Roxana Reyes, al señalar que debe participar del debate ya que involucra a menores.

El proyecto impulsado por el oficialismo reduce la edad de imputabilidad a los trece años y establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal, donde se establece una pena máxima de 20 años y se prohíbe la reclusión perpetua.

En ese sentido, lo largo del texto del Poder Ejecutivo se establece que no se le impondrá imponer al menor una pena por reclusión perpetua, siendo el máximo de la prisión de 20, aunque si la escala penal fuera más elevada, producto de la concurrencia real de varios hechos.

En los fundamentos del proyecto, el Gobierno señala que “la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”.

Además, en las comisiones hay proyectos presentados por el presidente del bloque del Pro, Cristian Ritondo, por el libertario Álvaro Martínez, por el legislador de Hacemos Ricardo López Murphy, y otro impulsado desde Unión por la Patria diseñada por María Eugenia Alianiello.

La iniciativa impulsada por Unión por la Patria no avanza en la baja de la edad para ser detenido por un delito que son 16 años, contempla un mecanismo de sanciones menores y un mecanismo para reinsertarse en la sociedad, y establece como tope una pena de diez años

En cambio, el proyecto propiciado por el jefe del bloque del Pro, Ritondo, se baja la edad de imputabilidad a los 14 años y estará en un centro especializado para menores hasta que cumpla la mayoría de edad, cuando tendrá que cumplir la misma que les corresponde a los mayores de acuerdo a la gravedad del delito.

El proyecto más duro sobre la baja de la imputabilidad fue presentado por el mendocino de la Libertad Avanza, Álvaro Martínez, que propone prisión de hasta 10 años a los menores entre 12 y 16 años, mientras que aquellos que superan esa edad se le podrá imponer hasta quince años de prisión.

Fuente: Noticias Argentinas.

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Elecciones bonaerenses: El Gobierno dice que está 4 puntos abajo del peronismo

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El Gobierno maneja una reciente encuesta que lo estaría dando cuatro puntos debajo del peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires que se llevarán a cabo el próximo domingo y consideraron que sería “un triunfo” ser superados por ese margen en ese distrito no tan favorable para La Libertad Avanza.

“Tengo una encuesta que da cuatro puntos abajo del kirchnerismo. Para nosotros es un triunfo sacar entre cero y cinco puntos por debajo de ellos”, sostuvo uno de los más encumbrados miembros del Gobierno en declaraciones a un grupo de periodistas acreditados en Casa Rosada.

Consultado sobre ese posible escenario para la votación del domingo, agregó: “Se dieron un montón de factores, las elecciones desdobladas, esta campaña de desprestigio, etc. Así que para nosotros es óptimo estar cuatro puntos abajo de los K. Canto victoria”, insistió el dirigente libertario.

Sobre el escándalo de las escuchas a Karina Milei, negó de plano que las grabaciones hayan sido realizadas por integrantes del Ejecutivo: “No son funcionarios ni gente de adentro del Gobierno. Esto vino de afuera. Está comprobado que células rusas están en la Argentina para llevar adelante una campaña de desinformación. Esta descontado que haya sido una operación interna”, planteó en línea con lo dicho por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Es una campaña organizada para desinformar. Es externo para desestabilizar al gobierno”, insistió.

Y detalló: “Karina fue el viernes a hacer la denuncia. No es casual que los audios lo tengan periodistas identificados con el kirchnerismo. Después de las denuncias hay que esperar a la Justicia”.

De cara al acto de cierre de campaña de LLA el próximo miércoles en el municipio de Moreno, esta fuente adelantó que se reforzará “la seguridad del presidente Javier Milei y de Karina”, tras los incidentes en Lomas de Zamora y Corrientes.

Por último, sobre la visita que hará Milei a Los Ángeles y Las Vegas tras el cierre de campaña y antes de la votación del domingo, destacó el poder financiero de los empresarios con los que se reunirá el Presidente, rechazó las críticas por asistir a la obra de teatro de su ex pareja Fátima Florez  en la llamada “Ciudad del pecado” y cerró con un jocoso: “Ya que está ahí, que se juegue unas fichas en uno de los casinos”.

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El juez que prohibió publicar los audios de Karina Milei enfrenta nueve denuncias

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El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, quien hoy ordenó frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, carga sobre sus espaldas un extenso historial de denuncias en el Consejo de la Magistratura. Nueve expedientes fueron abiertos en su contra, de los cuales cinco corresponden a casos de presunto acoso sexual contra empleadas de su juzgado.

La notificación formal de los cargos se produjo la semana pasada. De acuerdo con el reglamento, el magistrado tiene veinte días hábiles para presentar su descargo por escrito ante la Comisión de Disciplina, presidida por el abogado César Grau. Allí se definirá si las denuncias ameritan sanciones administrativas o si deben ser giradas a la Comisión de Acusación, instancia que podría pedir su remoción.

Las acusaciones contra el juez Alejandro Maraniello

Las acusaciones contra Maraniello incluyen abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados y uso indebido de recursos públicos. Una de las empleadas denunció que, a pocos días de haber ingresado al juzgado, fue citada por el magistrado fuera del horario laboral. Según su testimonio, allí sufrió tocamientos y besos no consentidos, y se vio luego forzada a mantener relaciones sexuales para terminar con la situación.

Otra trabajadora aseguró haber recibido mensajes a través de redes sociales, además de comentarios reiterados sobre su vestimenta y hostigamiento laboral tras rechazar avances personales. Relató que padeció acercamientos físicos no deseados y terminó en tratamiento médico por depresión y pensamientos suicidas. La denuncia fue elevada a la Unidad de Bienestar Laboral y también tomó intervención la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, a cargo de la fiscal Mariana Labozzetta.

Consigna policial

El gremio judicial Aefpjn alertó ya en septiembre de 2024 sobre el clima de violencia en el juzgado de Maraniello y reclamó la presencia de consigna policial para resguardar la integridad física y psíquica de los empleados. Desde entonces, el juzgado cuenta con presencia policial en horario laboral.

Algunos expedientes permanecen bajo reserva, remitidos por la Cámara Contencioso Administrativa y por la Oficina de Bienestar Judicial. Sin embargo, testimonios de empleados actuales y exempleados permiten reconstruir un patrón de conductas abusivas. Una de las denunciantes subrayó su situación de vulnerabilidad: hija de un camionero, ingresó como trabajadora interina para sostener sus estudios universitarios, siendo la primera de su familia en acceder a la educación superior.

El fallo que prohíbe difundir los audios de Karina Milei

La gravedad de las acusaciones coincide en el tiempo con el protagonismo que adquirió Maraniello al dictar la medida cautelar solicitada por el Gobierno para prohibir la difusión de los audios de Karina Milei grabados dentro de la Casa Rosada.

El fallo, con alcance a cualquier medio, plataforma o red social, fue celebrado por la Casa Rosada, que sostiene que la filtración respondió a una “operación de inteligencia no institucional” destinada a desestabilizar al Ejecutivo en plena campaña electoral.

La denuncia oficial, presentada por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, habla de una maniobra golpista y responsabiliza a sectores de la oposición. El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N.º 10, a cargo de Julián Ercolini. Además, se pidió allanar las oficinas del canal de streaming Carnaval, desde donde se difundieron los materiales, y se apuntó contra allegados de la diputada Marcela Pagano.

En el oficialismo preocupa el impacto político de la filtración, tanto por la desmotivación en la militancia como por el riesgo de que la crisis se profundice si no logran un buen resultado en las próximas elecciones legislativas. La coincidencia entre la resolución judicial de Maraniello y la situación personal del magistrado agrega un condimento de alto voltaje institucional.

Mientras se desarrolla el proceso disciplinario, Maraniello sigue en funciones. La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura deberá resolver en las próximas semanas si las denuncias prosperan y si corresponde avanzar hacia un eventual pedido de remoción.

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La Justicia ordenó frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei

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El Gobierno presentó una denuncia en la Justicia Federal por una presunta “operación de inteligencia ilegal”, a raíz de la difusión de audios grabados en Casa Rosada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Paralelamente, un juez en lo Civil y Comercial ordenó el “cese inmediato” de su divulgación.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó en su cuenta de X que el Ejecutivo “denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”. La presentación judicial fue impulsada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, y quedó radicada en el Juzgado Federal N° 12.

“Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, aseguró Adorni. Más tarde, el funcionario celebró en la misma red social la decisión del juez Alejandro Patricio Maraniello, quien resolvió que “la Justicia reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”.

El magistrado dictó una medida cautelar que prohíbe la publicación del material difundido el 29 de agosto, ordenando el cese de su circulación “a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”. En la resolución se especificó: “Decretase la medida cautelar ordenando, solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025… que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei”.

Para garantizar el cumplimiento, se dispuso el envío de un oficio al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), con habilitación de días y horas inhábiles.

Los audios atribuidos a Karina Milei

La controversia comenzó el viernes, cuando se difundió un fragmento en el que se escuchaba a la hermana del Presidente pedir “unidad” en la interna libertaria. Desde Presidencia sostuvieron que la emisión en el canal de streaming “Carnaval” tuvo como fin “generar caos, desinformación y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas y nacionales”. Además, señalaron entre los responsables al periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial -“que hace pocas semanas declaró que había que espiar al presidente Javier Milei”- y el abogado Franco Bindi.

En la denuncia, recuerda la agencia Noticias Argentinas, el Gobierno remarcó “la gravedad de los hechos denunciados, consistentes en la captación, edición, manipulación, tergiversación y difusión clandestina de audios obtenidos mediante prácticas de espionaje ilegal”, y reclamó una “medida cautelar urgente” que impida su circulación “en resguardo de la legalidad, la vigencia del Estado de Derecho y la transparencia de los procesos democráticos”. (DIB) GML

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