Fue en el marco de una reunión informativa de la comisión se Acción Social y Salud Pública, presidida por la diputada socialista Mónica Fein.
Al comienzo de la reunión, la diputada Fein informó que es la segunda reunión para evaluar distintos proyectos sobre la temática. “Haremos un mejor proyecto a partir de los aportes de los invitados, nuestro objetivo es llevarlo al recinto y sancionarlo cuanto antes”, sostuvo.
A través de un video, el médico Esteban Lifschitz, director científico de Hiris Care, expresó que “es necesario que Argentina tenga una agencia de Control porque se precisan herramientas que permitan tomar mejores decisiones sobre la cobertura de las tecnologías en general, la recomendación de medicamentos y el uso de dispositivos”.
Además, el doctor explicó que la evaluación “permite reducir incertidumbre y tratar de que no se incorporen al mercado muchas tecnologías flojas de papeles, también que defina las enfermedades prioritarias para la salud de la población, cuáles son las tecnologías que eventualmente podrían llegar a ser importantes para mejorar la salud de esa población y cuáles son los resultados que nos importan”, fundamentó.
En tanto, Enio José Garcia, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, consideró que “hay consenso respecto a la agencia de evaluación, tenemos que ponernos a tono con otros países de la región que la tienen”. “Está en la agenda la reforma del sistema de salud, la integración del sistema de salud, es un diagnóstico viejo que sigue vigente y todavía no logramos a dar una respuesta. Una normativa que vaya ordenando la fragmentación que hay en el sistema de salud. También la formación profesional, son temas centrales”, dijo.
El funcionario, asimismo, manifestó que “cuando discutimos la integración hablamos de tres puntos: gobierno; modelo de atención y cuidado y sistemas de información y esta ley es transversal a esas tres dimensiones, atiende a demandas que están atravesadas por estas tres cuestiones. La ley nos ayuda a ganar capacidad de gobierno en el sistema de salud y contribuye a analizar la tecnología en la necesidad y no solo la cuestión económica a protocolizar el uso de la tecnología”. A la vez, pidió “incorporar las instancias de participación social y control político”.
Por su parte, Hugo Magonza director general del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC), explicó “la agencia es sólo una herramienta de un plan nacional de salud, ese plan tiene una rectoría sino. Tiene que haber un plan rector”, enfatizó.
“Todo medicamento, tratamiento innovador al entrar al sistema es monopólico. No hay ninguna duda que tiene que haber un organismo que lidie con esta situación. Lo primera manera de lidiar es desde el conocimiento tecnológico porque estoy usando una herramienta de la medicina, después tiene que venir el control político y social”, aseveró.
Respecto al tema seguridad del paciente, Claudio Ortiz, subsecretario Calidad, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación, sostuvo que “hay un plan nacional de calidad y seguridad del paciente vigente. Hay instrumentos como es el de acciones para la seguridad e instrumentos de autoevaluación y un manual para ayudar a los equipos de salud a como podrían mejorar después de la autoevaluación y como medirse después de las mejoras. Tenemos todo el proceso disponible más un proceso muy fuerte de capacitación”.
Según indicó el funcionario, la capacitación es gratuita, autoadministrada, en calidad, en seguridad, en guía de práctica clínica, en simulación y “múltiples capacitaciones que se están realizando al conjunto del sistema de salud, al sector público y -a través del programa- de fortalecimiento de la calidad y seguridad al sector privado”. “Que la seguridad del paciente sea un tema de debate en un proyecto de ley nos parece central y nos toma, desde el ministerio de salud, con un montón de herramientas para ayudar al conjunto del sistema a trabajarlo”, aseguró.
La doctora Mariana Lichman, gerente de riesgo y calidad médica de Swiss Medical Group comentó que trabaja con 23 personas en todo el país “gestionando la seguridad del paciente y asesoramiento a abogados con una mirada presencial y asistencial. Es una realidad que requiere gestión y no equivocar el diagnóstico”, aseveró. Al mismo tiempo brindó cifras: Al menos 10% de los pacientes que egresan de una institución sufre un evento adverso, el 50% de esos eventos son evitable, infecciones, complicaciones quirúrgicas, eventos asociados a medicación y caídas son las primeras cuatro causas.
A continuación, Lichman definió seguridad del paciente como “el conjunto de estructuras y procesos de una organización que tiene por objetivo reducir al mínimo la probabilidad de eventos adversos resultantes de la exposición al proceso de atención médica y si éstos ocurren reduce el impacto en el paciente, su familia, y el equipo de salud”. Y a su vez, ponderó las seis líneas “trascendentales“ del proyecto: incluir la formación de seguridad en las carreras de grado y posgrado; cultura de la seguridad; recertificación profesional; estandarización de los indicadores institucionales mínimos; concepto de segundas víctimas y la necesidad de gestión adecuada; costo efectividad alto impacto económico que “afecta el presupuesto de salud”.
Participaron María Teresa Ithurburu, directora nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria; Marcelo Pellizari, director departamento de Calidad y Seguridad del Paciente del Hospital Universitario Austral.
Durante el acto de apertura de la licitación para obras hidráulicas en la ciudad, el intendente Federico Susbielles sorprendió de alguna manera con un anuncio: pidió la concesión de la obra Paso Urbano, absolutamente detenida por la decisión política del gobierno nacional de no hacer obra publica.,
“Queremos que el gobierno nacional active efectivamente el crédito de 200 millones de dólares que el BID aprobó para la ciudad y no fue puesto en marcha para poder seguir realizando las obras hidráulicas, hídricas y viales que Bahía Blanca necesita”, dijo Susbielles al ser consultado.
Y tal sentido fue cuando anunció que de no tener respuestas del gobierno de Milei, efectivamente pedirá la concesión de esa ruta de 11 kilómetros para, no solo la municipalidad, sino también para el puerto.
“Si no van a empezar la obra, van a tener que salir de la ciudad y dejarnos trabajar a nosotros y conseguir los capitales privados necesarios”, expresó.
Es una obra iniciada en 2017 durante el gobierno de Macri, que pasó por diferentes etapas y ritmos de construcción pero que está totalmente paralizada desde diciembre de 2023 cuando asumiera funciones el actual gobierno del presidente Javier Milei.
Es una obra, más allá de que seguramente se podría haber hecho un proyecto menos ambicioso, con menos “rulos” y menos puentes (son 11 en total en esos 11 kilómetros que conectan las rutas 3 norte, 3 sur, 22, 35 y 33), de mucha importancia por dos motivos: 1) el tránsito de camiones . 2) por la situación hidráulica que perjudica notoriamente a los barrios que en los últimos tiempos se han ido armando a los costados de lo que antiguamente se llamó Camino de Circunvalación “Sesquicentenario”.
Un sector del peronismo que convive con el kirchnerismo en el Congreso, pero busca despegarse de su conducción, empezó a tender puentes con otras vertientes del PJ y aliados circunstanciales. Lo hace a través de una agenda legislativa común, con proyectos concretos, y con la intención de disputar la centralidad opositora frente al Gobierno sin quedar atrapado en la interna partidaria.
El ensayo quedó plasmado en un proyecto de ley para aliviar el endeudamiento de familias con tarjetas de crédito y préstamos no bancarios. La iniciativa reúne a diputados que integran el bloque Unión por la Patria (UP), pero se identifican con una agenda federal y productiva, junto a referentes de otros espacios peronistas y del centro político.
El puntapié inicial lo dio el entrerriano Guillermo Michel, cercano a Sergio Massa y extitular de la Aduana. En su desembarco en Diputados, el legislador empezó a marcar perfil propio con proyectos vinculados a industria y empleo. El último sumó un condimento político: incorporó como coautores a dirigentes del PJ de distintas vertientes, incluidos legisladores ligados a Axel Kicillof, pero también a figuras heterodoxas como Miguel Pichetto, de Encuentro Federal, y Natalia De la Sota, referente del peronismo cordobés y opositora al gobernador Martín Llaryora.
El proyecto crea el Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas, con el objetivo de asistir a unas 15 millones de personas que cayeron en morosidad por créditos con tarjetas o por fuera del sistema bancario. Fue presentado por Michel junto a Marinela Marclay (Entre Ríos) y cuenta con las firmas de Emir Félix (Mendoza), Juan Pablo Luque (Chubut), Ernesto “Pipi” Alí (San Luis), Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires) y Carlos Cisneros (Tucumán), todos ellos críticos del liderazgo kirchnerista y de la primacía de una agenda centrada en el AMBA. A ese núcleo se suman Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal, y De la Sota, que integra el monobloque Defendamos Córdoba.
La convergencia despertó especulaciones sobre la eventual conformación de un espacio legislativo común sin el kirchnerismo. Por ahora, los protagonistas lo niegan. Reconocen la buena sintonía y los puentes trazados, pero descartan una reconfiguración inmediata. “El diálogo se da para encontrar soluciones a problemas reales y no para quedar enfrascados en la interna del peronismo del AMBA, que sigue hablando de dirigentes y no de la gente”, planteó uno de los impulsores, en una crítica indirecta a la falta de propuestas del PJ.
Otro de los firmantes coincidió en el diagnóstico, aunque puso un límite: “Puentes hay muchos y desde hace tiempo. Pero son acercamientos puntuales, por proyectos específicos, no un armado político”.
La diferencia con intentos previos es que, esta vez, el kirchnerismo quedó completamente al margen. En el tramo decisivo para pensar una alternativa al presidente Javier Milei de cara a 2027, varios dirigentes del PJ provincial empezaron a marcar una línea propia, más federal y menos atada a la lógica de la interna.
Los detalles del proyecto
La iniciativa propone que la ANSES otorgue créditos directos de hasta $1.500.000 a jubilados, trabajadores en relación de dependencia con ingresos menores a seis salarios mínimos y monotributistas, para cancelar deudas acumuladas en tarjetas de crédito y plataformas de préstamos no bancarias.
Los autores sostienen que la medida responde a una crisis de morosidad creciente, impulsada por tasas de interés elevadas que dificultan el acceso a bienes básicos. Según el informe anexo, la cartera de crédito fintech pasó de $724.000 millones (a valores de julio de 2025) a $2,58 billones en un año. Las tasas, detallan, alcanzan el 130% de TNA en proveedores no financieros y el 92% en tarjetas de crédito, en un contexto de inflación cercana al 30%.
El texto define a esos proveedores como fintechs, cooperativas, mutuales y cadenas comerciales que operan fuera del sistema bancario, con condiciones financieras “sensiblemente más desfavorables” para los deudores. Al sustituir esas obligaciones por préstamos con tasas de mercado, el objetivo es estabilizar la economía de los hogares sin comprometer el equilibrio fiscal del Estado. El esquema prevé transferencias directas de la ANSES a los acreedores y cuotas de devolución ajustadas a los ingresos reales de los beneficiarios.
A una semana de que se inicie un nuevo período de sesiones extraordinarias convocadas por Javier Milei, la jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich (Capital Federal), comenzará en las próximas horas el “cara a cara” con sus pares dialoguistas de la Cámara alta para hacer un paneo general de objeciones y potenciales votos relacionados con la reforma laboral, con una agenda oficial que incluye otros temas que suman dudas, como la modificación de la Ley de Glaciares.
El receso estival se sintió en el Senado, con guardias mínimas y pocos legisladores presentes. En los últimos días sí aparecieron, entre otros, el ex jefe libertario y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche (Jujuy), la referente cristinista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y la zigzagueante aliada/enemiga de Casa Rosada Natalia Gadano (Santa Cruz). Las autoridades también aprovecharon para descansar. No obstante, el jueves pasado, según pudo saber Infobae, algunas de ellas mantuvieron un encuentro al mediodía. No se supo mucho del convite, salvo un enojo -nivel preescolar- de un rango inferior por información publicada en este medio.
Las observaciones que la oposición “acuerdista” realiza sobre la reforma laboral se encuentran bastante masticadas. Con la medalla de oro, las relacionadas con plata. Los votos están ahí y los esconden los gobernadores. Ellos bien lo saben y ahora tienen ese reclamo un poco más justificado, tras el mega ajuste que impuso el Gobierno libertario luego de años de festival y con los bolsillos del “payaso” reventados de deuda. Después, viene lo específico sobre el mundo del trabajo, ya sea la ultraactividad, la bomba atómica en varios estatutos, etcétera. No se debe olvidar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
Durante la semana que finalizó ayer, la asesora de Bullrich y abogada Josefina Tajes recopiló cada detalle de las quejas que aterrizaron en el Senado. La presidenta del bloque libertario se tomaría 48 horas para el “ida y vuelta” con la Casa Rosada y, a partir del miércoles, analizar la opción de una reunión con dialoguistas para “peinar” un escenario más concreto.
La ex ministra de Seguridad maneja un interbloque de 21 soldados. Para el quorum y activar el recinto, se precisan 37. Bajo estos parámetros, el oficialismo está obligado a ir a pescar en la UCR, que suma 10; el PRO, que quedó con tres, y silvestres provinciales que no siempre responden a gobernadores. Días atrás, una fuente mileísta aseguró a Infobae que desde al menos una fuerza del interior “ya se comprometieron” a acompañar la iniciativa.
Al proyecto laboral, que ya está dictaminado en la Cámara alta y tendrá cambios que deberán anunciarse en el recinto, hay que agregarle la otra norma con despacho firmado y que buceó en diciembre pasado, sin muchas repercusiones: la modificación de la ley de glaciares. Durante el corriente mes, ya no solo el kirchnerismo reiteró sus objeciones, sino que, además, desde filas libertarias mencionaron con sigilo un par de preocupaciones -por eventuales inconvenientes en la justicia- que contiene el articulado.
Quienes más entienden la temática apuntan a tres factores. El primero es que deberá revisarse el “Acuerdo de Escazú” para conocer bien cómo se interpreta, de manera concreta, la participación popular. Se habla de llamados desde la Casa Rosada al Congreso con advertencias sobre esto. Sacrificarse para sancionar una ley y que a los pocos días sea bloqueada no sería la mejor señal para quien duda sobre invertir en la Argentina o un país de África. Y la espera se hace tediosa.
Otro factor sería el monumental poder que dejarían a gobernadores para delimitar zonas. “O sea que uno puede decir que toda la provincia es periglacial. Otro, nada. Y si en dos años llega otro mandatario de distinto tono político y da vuelta esa decisión, ¿quién habla con el dueño del emprendimiento?“, sentenciaron con preocupación desde un importante despacho. En tanto, el tercer ítem refiere a una desventaja considerable a la hora de cobrar regalías. El porcentaje parece ”bajísimo” a muchos legisladores.
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