Fue en el marco de una reunión informativa de la comisión se Acción Social y Salud Pública, presidida por la diputada socialista Mónica Fein.
Al comienzo de la reunión, la diputada Fein informó que es la segunda reunión para evaluar distintos proyectos sobre la temática. “Haremos un mejor proyecto a partir de los aportes de los invitados, nuestro objetivo es llevarlo al recinto y sancionarlo cuanto antes”, sostuvo.
A través de un video, el médico Esteban Lifschitz, director científico de Hiris Care, expresó que “es necesario que Argentina tenga una agencia de Control porque se precisan herramientas que permitan tomar mejores decisiones sobre la cobertura de las tecnologías en general, la recomendación de medicamentos y el uso de dispositivos”.
Además, el doctor explicó que la evaluación “permite reducir incertidumbre y tratar de que no se incorporen al mercado muchas tecnologías flojas de papeles, también que defina las enfermedades prioritarias para la salud de la población, cuáles son las tecnologías que eventualmente podrían llegar a ser importantes para mejorar la salud de esa población y cuáles son los resultados que nos importan”, fundamentó.
En tanto, Enio José Garcia, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, consideró que “hay consenso respecto a la agencia de evaluación, tenemos que ponernos a tono con otros países de la región que la tienen”. “Está en la agenda la reforma del sistema de salud, la integración del sistema de salud, es un diagnóstico viejo que sigue vigente y todavía no logramos a dar una respuesta. Una normativa que vaya ordenando la fragmentación que hay en el sistema de salud. También la formación profesional, son temas centrales”, dijo.
El funcionario, asimismo, manifestó que “cuando discutimos la integración hablamos de tres puntos: gobierno; modelo de atención y cuidado y sistemas de información y esta ley es transversal a esas tres dimensiones, atiende a demandas que están atravesadas por estas tres cuestiones. La ley nos ayuda a ganar capacidad de gobierno en el sistema de salud y contribuye a analizar la tecnología en la necesidad y no solo la cuestión económica a protocolizar el uso de la tecnología”. A la vez, pidió “incorporar las instancias de participación social y control político”.
Por su parte, Hugo Magonza director general del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC), explicó “la agencia es sólo una herramienta de un plan nacional de salud, ese plan tiene una rectoría sino. Tiene que haber un plan rector”, enfatizó.
“Todo medicamento, tratamiento innovador al entrar al sistema es monopólico. No hay ninguna duda que tiene que haber un organismo que lidie con esta situación. Lo primera manera de lidiar es desde el conocimiento tecnológico porque estoy usando una herramienta de la medicina, después tiene que venir el control político y social”, aseveró.
Respecto al tema seguridad del paciente, Claudio Ortiz, subsecretario Calidad, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación, sostuvo que “hay un plan nacional de calidad y seguridad del paciente vigente. Hay instrumentos como es el de acciones para la seguridad e instrumentos de autoevaluación y un manual para ayudar a los equipos de salud a como podrían mejorar después de la autoevaluación y como medirse después de las mejoras. Tenemos todo el proceso disponible más un proceso muy fuerte de capacitación”.
Según indicó el funcionario, la capacitación es gratuita, autoadministrada, en calidad, en seguridad, en guía de práctica clínica, en simulación y “múltiples capacitaciones que se están realizando al conjunto del sistema de salud, al sector público y -a través del programa- de fortalecimiento de la calidad y seguridad al sector privado”. “Que la seguridad del paciente sea un tema de debate en un proyecto de ley nos parece central y nos toma, desde el ministerio de salud, con un montón de herramientas para ayudar al conjunto del sistema a trabajarlo”, aseguró.
La doctora Mariana Lichman, gerente de riesgo y calidad médica de Swiss Medical Group comentó que trabaja con 23 personas en todo el país “gestionando la seguridad del paciente y asesoramiento a abogados con una mirada presencial y asistencial. Es una realidad que requiere gestión y no equivocar el diagnóstico”, aseveró. Al mismo tiempo brindó cifras: Al menos 10% de los pacientes que egresan de una institución sufre un evento adverso, el 50% de esos eventos son evitable, infecciones, complicaciones quirúrgicas, eventos asociados a medicación y caídas son las primeras cuatro causas.
A continuación, Lichman definió seguridad del paciente como “el conjunto de estructuras y procesos de una organización que tiene por objetivo reducir al mínimo la probabilidad de eventos adversos resultantes de la exposición al proceso de atención médica y si éstos ocurren reduce el impacto en el paciente, su familia, y el equipo de salud”. Y a su vez, ponderó las seis líneas “trascendentales“ del proyecto: incluir la formación de seguridad en las carreras de grado y posgrado; cultura de la seguridad; recertificación profesional; estandarización de los indicadores institucionales mínimos; concepto de segundas víctimas y la necesidad de gestión adecuada; costo efectividad alto impacto económico que “afecta el presupuesto de salud”.
Participaron María Teresa Ithurburu, directora nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria; Marcelo Pellizari, director departamento de Calidad y Seguridad del Paciente del Hospital Universitario Austral.
La Cámara de Diputados debatirá el próximo miércoles en comisión un dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, con el fin de poder condenar a los menores que cometen delitos graves.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitó ayer que avancen con la sanción del proyecto para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad, aunque hay consenso para que se pueda establecer en 14 años, en sintonía con proyectos presentados por opositores y el PRO.
Francos recordó que el Gobierno envió al Congreso de la Nación ese proyecto en junio del año pasado y señaló al defender esa propuesta que “quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto; por lo que proponemos bajar la edad de imputabilidad a 13 años”.
Tras ser suspendido la semana pasada por la sesión sobre el criptogate, la presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodrigo Machado, convocó para el próximo miércoles a las 17.30 para deliberar en conjunto con las comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto, que presiden Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR), y José Luis Espert (LLA), respectivamente.
La intención del oficialismo, PRO, la UCR y Encuentro Federal es firmar un dictamen que estará basado en el proyecto del Poder Ejecutivo y la docena de iniciativas impulsadas por legisladores de diferentes espacios políticos.
La baja de imputabilidad también es respaldada por los diputados que responden al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.
La estrategia del oficialismo es tener el miércoles firmado el despacho de mayoría para tratarlo en la primera quincena de mayo, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.
La iniciativa ya se debatió en siete reuniones el año pasado y este año hubo dos reuniones, una el 12 de marzo y otra el 19 de marzo, previo a la sesión en la que se debatió el acuerdo con el FMI.
Fuentes legislativas precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que, si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14, como proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.
El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.
Peronismo Bonaerense llevó a cabo una importante reunión en el Sindicato de Empleados de Comercio de Avellaneda/Lanús, con intención de poner en común ideas para llevar a cabo estrategias electorales. El encuentro reunió a destacados referentes de la Tercera Sección Electoral, liderados por Baldomero “Cacho” Álvarez, quienes contaron con el respaldo del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Durante la reunión, se discutieron distintas alternativas electorales en un ambiente de unidad y apoyo incondicional hacia la gestión del gobernador Kicillof. tal como se indicó en un comunicado, los presentes expresaron su respaldo a las políticas implementadas por la Provincia, poniendo de manifiesto un claro posicionamiento en contra de la conducción de Máximo Kirchner al frente del Partido Justicialista provincial, evidenciando un cuestionamiento hacia su liderazgo.
Estuvieron presentes en el encuentro Pedro Machado, Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús-Avellaneda; Gualberto “Pájaro” Ríos, Concejal de Florencio Varela; “Vasco” Garat, de San Vicente; Miguel Saavedra, de Cañuelas; Roberto Gómez, Secretario de Prensa de la CGT Necochea; Adrián Verdini, Concejal MC de La Matanza; Germán Bonnemezon, Concejal MC de Almirante Brown y Director Provincial de Asuntos Políticos; Alberto Pérez, “Cacho” Cuartando, entre otros, quienes representaron a las ocho secciones electorales bonaerenses.
“Este encuentro refuerza la unidad del Peronismo Bonaerense y su compromiso con el crecimiento y fortalecimiento del movimiento en la provincia, a la vez que señala un claro camino hacia las próximas elecciones”, indicaron. (DIB) ACR
El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que una alimenticia líder retrotrajo sus precios. Lo hizo pocas horas después de que los supermercados empezaran a recibir nuevas listas de precios con aumentos entre el 9% y 12% de parte de los grandes proveedores, lo que llevó al Gobierno a dejar de lado el libre mercado y presionar para que esas subas no llegaran a las góndolas.
“Buena reacción”, escribió Caputo en la red social X. Y agregó: “Y, sobre todo, gran gestión de los supermercados, cuidando a sus clientes”.
Entonces, en otro tuit Caputo festejaba que los supermercados rechazaran esos ajustes. “Hoy los supermercados grandes rechazaron la mercadería con lista de precios nueva de Unilever y Molinos con subas de 9% a 12%”, escribió en X. Ahora el ministro celebró el éxito de la presión sobre la alimenticia.
Tmbién, Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, aseguró que no existe motivo, ni cambiario ni tributario, que justifique el aumento en las listas de precios que algunos pretenden imponer a los consumidores. “Esas listan serán rechazadas por cadenas nacionales, regionales y almacenes. En el gobierno de Javier Milei no hay lugar para oportunistas”, dijo.
Estos cambios en las listas de precios se dieron en el marco de los cambios que incluyeron una flotación del dólar entre bandas de $1.000 y $1.400. Esos límites se deslizarán 1%. El lunes, primer día también sin cepo para los ahorristas, el dólar oficial saltó 12% y cerró en $1.230. El martes se mantuvo en torno a ese valor, para luego caer el miércoles a $1.160.
Los argumentos de las compañías fueron dos. Primero, muchos alimentos y productos de consumo masivo incluyen componentes importados, por lo que sus precios están atados al dólar. Segundo, los alimentos exportables tienden a encarecerse en el mercado local cuando mejora su precio internacional a causa de un tipo de cambio más alto. (DIB)
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