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Diputados avanzó con la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad con la exposición de los autores de proyectos

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Con las exposiciones de los diputados nacionales autores de proyectos de ley, la Cámara baja continuó hoy con el debate en torno a la creación de un nuevo régimen penal juvenil que, entre otros puntos, plantea la baja de la edad de imputabilidad.

La discusión se desarrolló en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto, y se retomará el próximo martes con una nueva reunión informativa para recibir a especialistas en la materia.

A fines de julio, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años y establece una pena máxima de 20 años para adolescentes menores de 18 años.

La idea de esta reunión informativa, según comentó al inicio del encuentro la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, era escuchar las miradas diversas de los autores de los distintos proyectos para ver si era posible compatibilizar esos aportes con la iniciativa del Gobierno.

El primer orador fue el oficialista Álvaro Martínez, autor de uno de los proyectos más severos, dado que propone reducir la edad de imputabilidad a los 12 años como en Brasil, México, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

El mendocino recordó que la actual ley 22.278 sobre el Régimen Penal de la Minoridad fue “hecha en la dictadura” y “es una ley netamente punitivista, que no respeta ni tiene tiene criterio de los derechos humanos”.

“Creo que es una obligación que tenemos nosotros de actualizar esta norma”, exhortó, y explicó que su propuesta para bajar la edad de imputabilidad a los 12 años tiene una intención ”de carácter disuasivo” para los delincuentes menores de edad.

“Establecemos los 12 años, porque ya tiene capacidad para saber lo que está bien y lo que está mal”, aseguró.

Martínez indicó que de esta manera “se va a estar protegiendo a la sociedad de actos delictivos graves” y defendió la necesidad de “una intervención temprana por parte del Estado” para “para garantizar la reinserción y evitar la reincidencia”, al tiempo de “generar las condiciones para que los jóvenes no sigan el camino delictual”.

A su turno, la diputada de Buenos Aires Libre Carolina Píparo defendió con énfasis la figura de “la reincidencia de los menores desde que son imputables”, y definió a ésta como “una herramienta de la política criminal que busca mayor rigurosidad con aquellos sujetos que más desprecian la ley”.

“Cuando estos sujetos ya pasaron por experiencias punitivas y no pudieron capitalizar el tratamiento amerita por lo menos merituar los delitos que cometieron anteriormente para que no sigan accediendo a beneficios tales como la libertad condicional”, opinó.

Al respecto, la bonaerense señaló que “este discurso viene siendo cancelado con la cuestión de la estigmatización” por parte de quienes se oponen a la baja de la edad de imputabilidad.

“La reincidencia debería ser un documento que tenga un juez para ponderar la próxima pena. No es una creencia, son hechos probados por la Justicia. Estamos pidiendo que se tenga el cuenta el pasado de cada sujeto”, remarcó.

Para Píparo, “considerar la reincidencia es necesario aun más cuando el camino del delito empieza a más temprana edad porque sino esta conducta se termina consolidando y convirtiendo en un hábito pero sobre todo se siguen sumando víctimas”.

“Este es un debate que viene cancelado con diferentes etiquetas. Hace unos años el lema era ”ningún pibe nace chorro’. Estoy absolutamente acuerdo pero la pregunta es qué hacemos cuando una persona elige el camino del delito. Debe ser tratado como tal, como un deliucneunte, incluso si es menor, porque mirar para el costado es una trampa”, cerró.

Autora de otro de los proyectos, la radical Carla Carrizo, se mantuvo firme en los 14 años como piso para empezar a discutir el nuevo régimen penal juvenil.

“Esa es la primera diferencia con el Gobierno”, precisó, y agregó que que “esta no es la ley Bases, no es una ley de gobernabilidad sino ”una ley de Estado que tiene que durar”.

“La idea es no quedarnos cortos, porque hay que penalizar primero a los adultos que utilizan a los menores como carne de cañón para cometer delitos por los que ellos no quieren poner el cuerpo”, enfatizó la porteña.

Por Unión por la Patria, Natalia Zaracho pidió que se mantenga la edad de imputabilidad en 16 años, rechazó que se incorpore el criterio de la reincidencia para agravar las penas para menores, y defendió su proyecto de ley basado en la prevención y no en lo punitivo.

“En nuestro proyecto sostenemos que la edad tiene que quedar en 16. Claramente la baja no garantiza que haya una política de seguridad. Quedó demostrado en que menos del 1% de los crímenes graves lo hacen los menores”, resaltó.

Para darle fuerza a sus argumentos, la diputada cercana a Juan Grabois apeló a “los estándares internacionales de Derechos Humanos y las convenciones del Niño”.

“Esta es una discusión política. No nos mintamos. Me parece importante destacar el rol del Estado. No puede ser que la única opción que se le ofrezca a las pibas y pibes sea la cárcel”, se quejó Zaracho.

Finalmente, el diputado de la UCR Manuel Aguirre expuso sobre su proyecto de ley que también fija en 14 años el piso de imputabilidad.

“Tenemos que analizar la madurez mental del chico, si tenía la capacidad mental de analizar lo que estaba haciendo. Si es maduro y entendió lo que estaba haciendo, recién entramos en la ley”, señaló.

Fuente: Noticias Argentinas.

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Abad se reunió con productores de papa en Otamendi: “El Estado debe apoyar, no perseguir”

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El senador nacional, Maximiliano Abad, mantuvo en Comandante Nicanor Otamendi, partido de General Alvarado, un encuentro con productores de papa nucleados en la Asociación de productores de papa semilla, Federación Nacional de productores de papa, de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Fundación para la sanidad animal y CONINAGRO y referentes de Gral. Alvarado de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), donde se abordaron las principales problemáticas del sector.

El encuentro permitió un intercambio directo sobre los puntos centrales planteados por CARBAP, con el objetivo de generar un marco más justo, competitivo y previsible para la producción. Las entidades dejaron en claro que necesitan “la eliminación del impuesto inmobiliario complementario rural” y del “impuesto a la transmisión gratuita de bienes” que las consideran “injusta” para el “desarrollo de actividades” como también para las “inversiones y el recambio generacional en el campo”.

El legislador radical fue tomando nota de cada uno de los puntos planteados y en el marco del encuentro sostuvo: “El Estado, en todos sus niveles, debe apoyar y no perseguir al sector más competitivo de la economía”, sostuvo Abad, quien destacó que la baja de retenciones es positiva, pero “sin incentivos y apoyo crediticio, no hay desarrollo posible”.

El sudeste bonaerense es un epicentro clave de la papa. Y en estos tiempos los productores están padeciendo situaciones laborales que los complican. “En un 70%, aun en condiciones formales, la industrialización del juicio laboral nos está poniendo en jaque a los productores por la Ley 26727 de trabajadores rurales”, explicaron a Abad.

Otro de los temas es que las mutuales no tienen un pleno funcionamiento. Les hacen descuentos a empleado y patronal, y no pueden contar con el servicio esencial. Y otra dificultas se presenta en que el sector no cuenta con créditos. Más allá de los vínculos que puedan tener con empresas exportadoras, no cuentan con acceso al crédito directo bancario.

Presión fiscal

Según datos presentados por CARBAP, en la Provincia de Buenos Aires la presión fiscal sobre el campo incluye tributos como el Inmobiliario Complementario Rural y el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, que generan menos del 0,5% de la recaudación total, pero impactan fuertemente en la competitividad. Además, el mantenimiento de tasas municipales sin contraprestación y el déficit en infraestructura —como el mal estado de los caminos rurales— encarecen la producción y limitan la llegada de insumos y mercaderías.

Durante la reunión, Abad cuestionó que “el gobierno de Kicillof los llena de impuestos y no resuelve cuestiones elementales como arreglar los caminos rurales”. También subrayó la necesidad de impulsar una reforma judicial que cree fiscalías específicas para delitos rurales, formalizar toda la cadena laboral mediante la modernización de la legislación, y fortalecer el rol del INTA: “Debe recuperar su liderazgo tecnológico y científico, racionalizar su funcionamiento, pero nunca desaparecer”, cerró el legislador Nacional. (DIB)

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Kicillof habló de la foto de Milei en La Matanza: “Huyó cuando los vecinos fueron a hablarle”

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El gobernador bonaerense Axel Kicillof criticó este lunes el inicio de la campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA) con una provocadora foto en un baldío en Villa Celina, partido de La Matanza con el presidente Javier Milei, su hermana Karina, y dirigentes del PRO que se sumaron a las filas libertarias.

El jueves pasado, Milei se metió de lleno en la campaña bonaerense y se tomó una foto junto a los candidatos del espacio sosteniendo una bandera con la proclama: “Kirchnerismo nunca más”. Eso escrito con la misma tipografía con la que fue presentado el informe de la Conadep sobre los desaparecidos.

“Otra noticia falsa es que Milei fue a La Matanza. No fue a La Matanza. Milei armó un pequeño operativo de marketing, un montaje, mostrando un cartel, estuvo 20 minutos desde que llegó hasta que se fue, así que estuvo 5 minutos parado en ese territorio“, expresó Kicillof.

Huyó después porque los vecinos que lo vieron decidieron ir a hablarle y a decirle otras cosas, que no necesitaban grabar”, agregó en diálogo con Radio 10 el mandatario, quien además apuntó a la difusión de un video fake con una entrevista radial que le habían hecho y que fue difundido por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Según fuentes del Municipio de La Matanza, Milei no tuvo interés ni atendió las inquietudes de los vecinos en esa breve visita. El Presidente estuvo rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad. Según testigos, a pesar de que un grupo de vecinos quiso aprovechar para hablar, les impidieron acercarse y solo pudieron observarlo desde lejos.

Junto a Milei se ubicó el excomisario Maximiliano Bondarenko, quien quedó en el centro de la polémica por la denuncia del Gobierno provincial a 24 policías que, según la cartera de Seguridad bonaerense, trabajaban para el ahora candidato libertario. En ese sentido, Kicillof apuntó a Bondarenko y cuestionó sus vínculos con “oficiales en actividad”, a quienes acusó de estar “trabajando con un candidato con recursos de la Policía, información, lo cual está prohibido”.

Asimismo, volvió a cuestionar la campaña libertaria a la que calificó de “roñosa” en redes sociales, con lo que llamó “milicias digitales”. “Yo denominé la campaña roñosa, la creación de una suerte de campaña compuesta de noticias falsas elementos turbios, pauta encubierta, eso es lo que se nos viene, y todavía no empezaron otro tipo de operaciones que pueden tener que ver con denuncias en la justicia”, advirtió.

El plan económico

Además, el mandatario criticó el plan económico del Gobierno y recalcó que “la inflación de las familias no es la que el Gobierno muestra”. “Milei tiene un plan ortodoxo: recesivo, de ajuste, de reducción de ingresos, y de desindustrialización”, definió. Y sostuvo que “la gente no puede pagar servicios, ni el bondi”.

En ese sentido, recalcó que “la inflación de las familias no es la que el Gobierno muestra” y que “Fuerza Patria no sólo quiere ponerle un freno a Milei sino defender a los jubilados, al CONICET, a los docentes, la soberanía y la democracia”.

Al ser consultado sobre las propuestas del peronismo para estos comicios, Kicillof contestó: “Estamos ante una elección legislativa. La boleta de Fuerza Patria viene a defender la salud pública, la educación pública, la obra pública y la seguridad. Todas cuestiones que el gobierno nacional vino a destruir”. (DIB)

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La oposición no le da tregua a un Gobierno golpeado y construye el temario de la próxima sesión en Diputados

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Mientras saborea la paliza que le propinó al Gobierno el miércoles pasado en el recinto de la Cámara de Diputados con una docena de triunfos encadenados en serie, la oposición terminará de delinear esta semana el contorno de la próxima sesión, con la que buscará extender su buena racha en medio de la coyuntura electoral.

Con las listas nacionales para las elecciones intermedias del 26 de octubre ya cerradas, el conglomerado opositor buscará pasar la ambulancia entre los aliados al Gobierno para recoger a los heridos y de esa manera engrosar las mayorías necesarias para combatir los vetos presidenciales.

No será fácil: el Gobierno ya demostró habilidades ocultas para esquilmar las cuentas opositoras y frustrar sus objetivos, como cuando el año pasado blindó los vetos a las leyes de financiamiento universitario y recomposición jubilatoria, con la ayuda providencial de los “héroes”.

Con esa precaución, la oposición mide cada movimiento y no buscará un salto al vacío inncesesario. Recién dará el paso cuando pise firme y esté segura de tener los dos tercios.

No fue casual que en el temario de la sesión anterior quedara desafectado el tratamiento del veto a la emergencia para Bahía Blanca y otros de distritos bonaerenses damnificados por las inundaciones en marzo pasado.

No estaban los números y no hubiera sido inteligente regalarle al Gobierno un logro pírrico que empañase la abrumadora victoria opositora del miércoles.

La estrategia opositora no está cerrada y se irá puliendo a lo largo de la semana. A priori, le pondrán a los gobernadores, especialmente a los que irrumpieron bajo la consigna pomposa del “Grito Federal”, una zanahoria delante de sus narices: los proyectos con media sanción del Senado sobre coparticipación de ATN y del impuesto a los Combustibles.

Este miércoles, dos plenarios de comisiones buscarán avanzar con los dictámenes a esos dos proyectos que llevan el sello de los mandatarios provinciales, pero a cambio del apoyo en el recinto Unión por la Patria le exige a los gobernadores garantías de que darán quórum a la próxima sesión y que colaborarán para derribar los vetos.

La idea es que esos dictámenes funcionen como un seguro de caución que sirva para que los gobernadores se comprometan a ir contra los vetos del Gobierno nacional a los proyectos de Discapacidad y jubilaciones.

Si desisten de colaborar para voltear los vetos, el peronismo le retirará apoyo a los dos proyectos de coparticipación federal, supo la Agencia Noticias Argentinas. 

Para esa misma sesión, que podría realizarse el 20 o el 27 de agosto, también se prevé la inclusión de proyectos que recibirán dictamen este miércoles, como la iniciativa para declarar la emergencia del sistema científico y tecnológico, y el plan de detección temprana y lucha contra el Alzheimer. 

La oposición ve la oportunidad de aprovechar esta ventana de tiempo, en plena campaña electoral, para juntar mayorías y seguir golpeando al Gobierno en su línea de flotación, donde más le duele, que es la regla fiscal del déficit cero.

Preocupado por la posibilidad de que la oposición junte de los dos tercios para voltear los vetos, el presidente Javier Milei consumió 23 minutos de cadena nacional para explicarle a una sociedad que sufre los embates del ajuste por qué, a su criterio, es necesario que siga aguantando y endureciendo el cuero para defender el superávit fiscal del Gobierno, a costa de tumbar las iniciativas que tienden a reparar parcialmente el daño de ese ajuste.

El equilibrio fiscal es para el jefe de Estado el fuego sagrado del modelo económico y por eso anunció que prohibirá al Banco Central que financie con emisión al Tesoro para gastos primarios.

Y fue aún más lejos al anunciar que enviará al Congreso un extravagante proyecto para penalizar a legisladores que sancionen presupuestos que atenten contra la caja fiscal sin proponer fuentes alternativas de financiamiento.

Desde la oposición se leyó esta iniciativa como un “delirio místico”, pero lo cierto es que el presidente utilizó la cadena nacional para dar un mensaje aleccionador y reafirmar que no negociará con nadie el próximo presupuesto, en caso de que lo vaya a presentar.

Más allá de que esta vez Milei cumplió con su promesa de no insultar a opositores, a quienes acostumbraba a denostar diariamente en redes y discursos públicos tildándolos de “ratas” y “parásitos”, el presidente sigue reconociendo al Congreso como un cuerpo extraño y hostil, con capacidad de daño.

Mientras el oficialismo se entretiene con la “batalla cultural” del presidente, el poder de fuego de la oposición aún es difícil de dimensionar en términos concretos.

Aparentemente, la mayoría de dos tercios para revertir el veto de la emergencia en discapacidad estaría, pero para la moratoria previsional no dan los números y para el incremento del 7.2% de los haberes de la seguridad social está complicada la cuenta. 

Todavía queda tiempo por delante hasta la próxima sesión y desde los dos bandos van a operar activamente para perseguir sus objetivos.

En este contexto de alianzas frágiles y resbaladizas, el oficialismo juega en desventaja y no atina a hacer pie porque el canal de dialogo con los gobernadores está dañado y la coyuntura electoral no ayuda a levantar el muro defensivo que le exige la coyuntura.

Este no es el único frente en el que la oposición va a golpear esta semana. El martes desde las 17 hs, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, volverá a la carga con el affaire de la mega estafa Libra, que es un tema muy espinoso que le saca canas verdes al Gobierno porque apunta directamente a la responsabilidad por mal desempeño de Milei y de su hermana Karina Milei en una maniobra fraudulenta para favorecer intereses privados utilizando la investidura presidencial.

De ahí se desprende un arco muy grande de delitos a investigar como negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, mal desempeño, fraude a la administración pública y violación a la ley de Ética Pública.

El miércoles pasado, la oposición sostuvo el quórum y pudo emplazar a las comisiones que deberán tratar el proyecto del diputado “lilito” Maximiliano Ferraro que subsana la fórmula para la conformación de autoridades.

Es una especie de fe de erratas del proyecto original que vino con un defecto de fábrica, ya que desembocó en un empate paralizante en la composición de la comisión.

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