La falta de institucionalidad y reglas claras del Gobierno y del sector energético les complica el día a día a miles de argentinos”. La frase, en letras blancas y rojas, en contraste con un fondo totalmente negro, acompañó el mensaje que publicó María Eugenia Vidal para informar que parte del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados exigirá respuestas ante los cortes de luz sufridos en el AMBA en los últimos días en medio de la ola de calor, así como también acerca de la respuestas que entregó el Gobierno.
“Junto a parte del interbloque de @juntoscambioar presentamos un pedido de información con el detalle de la cantidad de cortes de luz y de las medidas tomadas, por parte del Gobierno Nacional, para mitigarlos. También queremos saber cuál es el estado real del sector energético”, escribió la diputada.
El proyecto de resolución tiene la firma de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y cuenta con las adhesiones de otros cuadros importantes de la oposición como Cristian Ritondo, Mario Negri, Margarita Stolbizer, Ricardo López Murphy, Diego Santilli y Martín Tetaz, entre otros.
El pedido de informe, dirigido al Poder Ejecutivo en los términos del artículo 100, inciso 11, de la Constitución Nacional, cuenta con 10 puntos. En el primero de ellos, se solicita el “detalle de la evolución diaria de la cantidad de cortes del servicio de energía eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires durante los días de altas temperaturas evidenciadas desde el 10 de enero, desagregando por área de concesión”.
Además, solicitaron precisión acerca de “las medidas que tomó el Estado Nacional para mitigar el impacto de los cortes” y de “la evolución de la calidad de servicio de distribución de energía eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires desde marzo de 2020 en adelante”.
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) también quedaron bajo la lupa. Es que la nota pide que se informe si está previsto que “la actual intervención” de ambas entidades “finalizará una vez concluida la segunda prórroga establecida mediante el Decreto 871/2021″, así como también el “estado de situación de selección de los miembros del directorio” de ambos organismos.
En un dato no menor, también requieren datos concretos acerca de “la renegociación de la revisión tarifaria integral vigente correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural que estén bajo jurisdicción federal”.
Sobre este punto, y en relación a eventuales aumentos, exigieron que, en caso de producirse, “se indique porcentaje y plazo, así como el ajuste en el Costo Propio de Distribución estipulado para cada distribuidora”.
Los últimos tres puntos demandan que se informe sobre si hubo “transferencias de fondos desde el Estado nacional” hacia “EDENOR y EDESUR en el período 2010-2021”, así como también la “evolución mensual de la deuda de cada distribuidora de energía con el Mercado Eléctrico Mayorista durante los años 2015-2021” y “un detalle de la evolución anual de la inversión realizada” por aquellas empresa” en el período 2010-2021.
(Clarín)
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