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Diputados inició el debate para ordenar las sesiones y acotar las cuestiones de privilegio

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La comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, que preside la macrista Silvia Lospennato inició hoy el debate en torno a una serie de propuestas para ajustar la duración de las sesiones y acotar las cuestiones de privilegio a las que apelan los legisladores nacionales para hacer expresiones políticas.

Las cuestiones de privilegio son recursos que utilizan los parlamentarios en el recinto cuando son agraviados o vulnerados en sus fueros parlamentarios.

Lo que sucedió en la práctica es que a lo largo de los años se ha deformado el uso legítimo de las cuestiones de privilegio y se utilizaron como artilugios para hacer pronunciamientos políticos de coyuntura con el objetivo de instalar diversos temas en la agenda pública.

En repetidas ocasiones, el elevado número de cuestiones de privilegio planteadas hicieron que se consumieran varias horas de sesión, retrasando el debate concreto de los proyectos incluidos en el orden del día.

Producto de este uso arbitrario del tiempo, diputados del PRO y de fuerzas políticas afines presentaron proyectos que ayudan a ejercer desde la presidencia de la Cámara un mayor control sobre los tiempos de la sesión, y minimizar las situaciones de desborde y enfrentamiento que en general se producen cuando se plantean cuestiones de privilegio de forma discrecional.

Lospennato presentó dos proyectos de su autoría: uno de ellos propone restringir el tiempo de las cuestiones de privilegio en función del tamaño de cada bloque.

Así, si una bancada tiene más de 20 miembros, dispondrá de 20 minutos en total para hacer cuestiones de privilegio, en tanto que si tienen entre 10 y 20 integrantes dispondrán de 15 minutos.

Los bloques que tengan entre 4 y 10 representantes podrán utilizar 10 minutos para cuestiones de privilegio, mientras que las bancadas más chicas de hasta tres miembros solo contarán con cinco minutos de exposiciones.

Por otra parte, Lospennato plantea que las sesiones tengan horario de convocatoria entre las 11 y las 14 hs, invariablemente, con una duración máxima de 9 horas y un horario tope a las 20 hs.

Si el orden del día no se agotarse durante la jornada, se plantea la reanudación de la sesión en el recinto al día siguiente a las 11 hs, sin necesidad de reunir quórum reglamentario.

Alejandro Bongiovanni (PRO), quien no estuvo presente en la reunión de comisión por un tema de salud, propone correr el segmento de los homenajes y de las cuestiones de privilegio al final de la sesión, al igual que su par de la fuerza amarilla Martín Maquieyra, otro de los autores de proyectos.

El problema que se presenta es que una vez que haya un bloque que tenga éxito en el debate de una norma, o que sepa que será blanco de las cuestiones de privilegio, podría vaciar el recinto dejándolo sin quórum.

El proyecto del pampeano, además, propone convertir las cuestiones de privilegio en “cuestiones de garantías”, que habiliten a cada diputado a exponer durante tres minutos con la obligación de identificar con precisión al autor de la vulneración y explicar la conducta impugnada.

Por último, se debatió un proyecto de la diputada nacional de la Coalición Cívica Victoria Borrego que propone un mecanismo de transparencia para la prevención de los posibles conflictos de interés en el ámbito de la Cámara de Diputados.

La iniciativa obliga a los diputados a comunicar previamente a la sesión eventuales intereses privados que podrían estar comprometidos por los temas que se traten en el orden del día.

“Proponemos que una vez establecido el orden del día sea obligación de cada diputado comunicar los intereses privados que pueden estar alcanzados por el proyecto que se va a tratar”, indicó la diputada cercana a Elisa Carrió.

La diputada nacional de Unión por la Patria Paula Penacca, reconoció que éste sería un proyecto analizable “siempre y cuando no esconda un intento de proscripción política como Ficha Limpia”.

También dijo que Unión por la Patria está abierto a dar una discusión para que las sesiones empiecen y terminen más temprano, aunque aclaró que se plantearían complicaciones para su puesta en práctica a raíz de las “dificultades operativas” de los diputados del Interior para permanecer en la Capital Federal durante los días que duren los debates en el recinto.

Sobre la propuesta para acotar los tiempos de las expresiones políticas, Pennaca la rechazó porque a su juicio “va en contra de la esencia del funcionamiento institucional y democrático de la Argentina”.

Estamos teniendo esta discusión mientras Gobierno quiere hacer desaparecer a la opinión opositora. Yo tendría especial cuidado con este Gobierno y esta presidencia de la Cámara de avanzar en esta discusión”, indicó.

Por último, sostuvo que “si queremos adecuar el reglamento, empecemos por hacer sesiones de tablas”

Le salió al cruce Lospennato, quien le recordó a Penacca que durante los cuatro años del Gobierno del Frente de Todos no se desarrolló ninguna sesión ordinaria sobre tablas

“No hay que ser hipócritas. Acusan a este gobierno de autoritario por no hacer sesión de tablas y en cuatro años de gobierno no hicieron ninguna”, señaló.

Al respecto, Karina Banfi (UCR) manifestó que hay que terminar este “debate maniqueo por el cual cuando somos oposición pedimos las sesiones ordinarias y cuando somos oficialismo mejor no las pedimos”.

El diputado nacional del Frente de Izquierda Christian Castillo acusó al PRO y en particular a Lospennato de querer seguir con la lógica de las sesiones especiales donde el oficialismo “imponga la agenda” y la oposición “intervenga muy limitadamente”.

“Al no haber sesiones ordinarias, la única forma de intervenir para la oposición es aprovechar cada resquicio que haya”, remarcó.

Al hacerse eco de las críticas por el promedio de tiempo que dedica la izquierda a cuestiones de privilegio, el referente del PTS afirmó que “no se puede convertir esto en una falacia estadística para restringir el tiempo de los bloques minoritarios”.

“¿Nos han criticado por hablar? ¿Cómo nos van a criticar por hacer nuestro trabajo? Si otros no hacen uso de ese derecho no nos pueden cercenar el derecho a nosotros”, protestó Castillo.

“Como este es un gobierno que quiere erradicar las ideas de izquierda, les molesta que la izquierda hable en el recinto”, concluyó el diputado opositor.

Por último, Castillo cuestionó el proyecto de la diputada Borrego porque no define con precisión cuando existe conflicto de intereses.

“Si se tratase la ley de Financiamiento Universitario, no hay un conflicto de interés con que yo sea docente universitario. Se puede hacer una discusión falsa del tema. Si soy abogado de una empresa multinacional y se está discutiendo el impuesto para esa empresa, sí hay conflicto de intereses”, diferenció.

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Tras una semana con poco balcón y militancia, Cristina Kirchner retoma la centralidad de la mano de Lula

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El mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva llegará el miércoles 3 de julio para la Cumbre de Presidentes del Mercosur y planea visitar a Cristina Kirchner, quien retoma protagonismo tras varios días sin apariciones públicas desde su departamento de Constitución donde cumple con prisión domiciliaria.

Según supo Noticias Argentinas, el Palacio San Martín será sede el 2 y 3 de julio de la LXVI Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común y el posterior encuentro de jefes de Estado de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con delegaciones de Bolivia, Chile y otros asociados.

El presidente Javier Milei, dueño de la presidencia pro tempore, afrontará la cita en un clima tenso por su relación con Lula, a quien calificó de “corrupto” y “comunista”. Pese a eso, la agenda oficial incluye debates sobre flexibilización comercial, reducción de asimetrías y posibles acuerdos con Estados Unidos, eje de la estrategia liberal que promueve la Casa Rosada.

La eventual reunión Lula–Kirchner, aún sin horario confirmado, sumaría un condimento político extra a la cumbre y dejaría a la expresidenta en el centro de la escena regional, mientras el Gobierno argentino se prepara para defender su giro aperturista dentro del bloque.

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Milei recibirá a los presidentes del Mercosur en medio de tensiones con Lula da Silva

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Javier Milei

El presidente Javier Milei será el anfitrión de la LXVI Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común y la Cumbre de Presidentes del MERCOSUR y Estados Asociados, que se celebrará los días 2 y 3 de julio en el Palacio San Martín del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

El encuentro reunirá a los mandatarios de los países miembros: Argentina, Brasil, Paraguay, y Uruguay, además de representantes de los Estados asociados y organismos regionales e internacionales.

Los jefes de Estado del bloque regional llegarán el 3 de julio para participar de la Cumbre. Se prevé la asistencia de Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Yamandú Orsi (Uruguay), Santiago Peña (Paraguay), Luis Arce (Bolivia) y posiblemente Gabriel Boric (Chile).

Se espera que la agenda contenga temas relacionados con el fortalecimiento del bloque, la profundización de la integración regional, la reducción de asimetrías y la negociación de acuerdos comerciales con otros bloques.

Milei se prepara para encabezar la cumbre de presidentes en un momento desafiante debido a las tensiones con su par de Brasil, y en medio de versiones de una posible visita de Lula a la ex presidenta Cristina Kirchner.

En lo que va de su gestión, el Mercosur no fue para Milei una plataforma amigable debido a su difícil relación con el mandatario brasileño, a quien el jefe de Estado argentino caracterizó como “comunista” y “corrupto”, en declaraciones públicas.

Desde la presidencia pro tempore, el presidente argentino impulsa medidas tendientes a la flexibilización de las regulaciones del organismo a fin de destrabar acuerdos de libre comercio, como el que Argentina busca con Estados Unidos.

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La alarmante nueva debilidad de Milei: ya no le alcanzan los votos para sostener sus vetos

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La Libertad Avanza (LLA) no puede recuperar la iniciativa en la Cámara de Diputados desde hace más de dos meses, donde un espacio heterogéneo de la oposición logró tomar el control de la agenda y acorralar al oficialismo al conseguir sancionar los proyectos de jubilaciones y discapacidad.

Los libertarios, con la ayuda de aliados, consiguieron el 19 de marzo aprobar el DNU que habilitaba a firmar un acuerdo con el FMI para renegociar la deuda y fortalecer las reservas, en lo que se constituyó el único logro de este año.

Tras esa sanción, los bloques opositores más duros Unión por la Patria, los radicales de Democracia para Siempre –conducidos por Martín Lousteau y Facundo Manes-, la Coalición Cívica y Encuentro Federal armaron un grupo de trabajo que viene poniendo en jaque a LLA.

Si bien tienen una dinámica parecida a los que fue el Grupo A, que se armó en el Congreso luego que el kirchnerismo perdió la elección tras su pelea con el campo, no controlan -como sucedió en ese período- comisiones clave del cuerpo legislativo.

Desde abril, los opositores vienen acorralando al oficialismo y sus aliados del PRO y radicales pelucas, ya que lograron armar la comisión investigadora sobre la estafa de la criptomoneda-aunque aún sin lograr grandes avances lograron instalar el tema- y votar los emplazamientos que después culminaron en las sanciones de las leyes de jubilaciones y discapacidad.

Las fuentes opositoras señalan que los libertarios “están colgados del travesaño” para que les meten la menor cantidad de goles posible a la espera que el receso y la campaña electoral paralice la actividad parlamentaria con la convicción de que en diciembre tendrá un bloque que le permitirá equilibrar la relación de fuerzas.

Fuentes parlamentarias consultadas por la Agencia Noticias Argentinas sostuvieron que la LLA no logra construir acuerdos para avanzar en algunas iniciativas estratégicas para el Gobierno como el proyecto de Inocencia Fiscal, que busca dar seguridad jurídica a los ciudadanos que usan los dólares “del colchón”, es decir aquellos que no fueron declarados ante el organismo fiscal.

La iniciativa fue girada el 5 de junio, pero aún no convocó al plenario de las comisiones de Presupuesto, Legislación Penal, y Legislación General para abrir el debate, ya que tiene dificultades para lograr las firmas para el dictamen en la comisión de Presupuesto.

Los libertarios estaban tranquilos hasta principios de año que con un tercio podían garantizar ratificar cualquier veto del Gobierno como sucedió el año pasado cuando el Gobierno rechazó las leyes de aumento a las jubilaciones y al Presupuesto Universitario.

Lo que sucede que LLA tiene solo 39 legisladores y solo cuenta con el firme respaldo de unos 22 del PRO más cercanos al Gobierno -ya que otros dos responden a Horacio Rodríguez Larreta y 10 son macristas- tres del Mid, seis radicales pelucas y uno de Somos Fueguinos y Creo, lo que totalizan legisladores de los 72 de los 87 que requiere a fin de convalidar los vetos.

Lo que sucede es que los 8 de Innovación Federal, que responden a los gobernadores de Salta, Río Negro y Misiones, los tres de Independencia, que tienen terminal en mandatario tucumano Osvaldo Jaldo, y los dos de Producción y Trabajo se muestran reacios a acompañar al oficialismo.

El proyecto de jubilados se aprobó fue aprobado 142 votos contra 67 rechazos y 19 abstenciones (UCR y PRO).

En esa ocasión, aliados del oficialismo como Movimiento Popular Neuquino, Producción y Trabajo, Transformación (Lourdes Arrieta) y Por Santa Cruz, dos salteños de Innovación votaron contra el Gobierno, mientras el grueso de la UCR se abstuvo y una decena del PRO.

Ahora la mirada del oficialismo en diputados está puesta también en el Senado a ver si el oficialismo junto a aliados logra demorar la sanción de los proyectos de jubilaciones y de discapacidad o se aprueban y el Gobierno debe recurrir al veto.

Proyecto Jubilatorio

La intención de la presidenta de Previsión Social del Senado, Carmen Álvarez Rivero, es acordar con su par de Presupuesto, Ezequiel Atauche, comenzar esta semana la discusión del proyecto de jubilaciones que establece un aumento al 7,2 por ciento que se incorporará al haber mensual y servirá de base para futuros aumentos.

Además, fija que se aumenta de 70 mil a 110 mil a los trabajadores del haber mínimo, que  se actualizará de acuerdo a inflación como en el resto de las prestaciones jubilatorias.

El proyecto aprobado ratificó el decreto 274/2024 presidencial que establece que las jubilaciones y pensiones se actualizarán de acuerdo al índice inflacionario.

También incorpora cambios tributarios con los cuales los opositores señalan que se equilibra el impacto fiscal que solo en el tema del aumento de los jubilados es de 0,8 del PBI que implica unos 6.800 millones de pesos.

En ese sentido, se propone incorporar un artículo para establecer la derogación de la exención del impuesto del IVA a los directores de empresas,  de ganancias  a las sociedades de garantías recíprocas, y establece que se deben readecuar las partidas para utilizar los 32.616 millones de pesos que le corresponden a la SIDE.

Propone usar el ahorro de la baja de tasa del FMI y la nacionalización de los recursos que se recaudan por los registros del automotor.

Otro punto del proyecto se refiere a las cajas jubilatorias y en ese sentido dispone que la Anses transferirá antes del 20 de cada mes a las Provincias que no cedieron sus cajas previsionales a la Nación un anticipo mensual equivalente a una doceava parte del último año. El impacto de esa medida equivale a un 0,5 por ciento del PBI.

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