El bloque de diputados de Unión por la Patria rechazó hoy el decreto de privatización de la empresa de servicios públicos de provisión de agua potable (AYSA) dispuesta por el Gobierno Nacional, ya que sostuvo que esa medida está en contra del Convenio tripartito firmado entre la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación, y “0busca orientada a desguazar las condiciones de control público sobre un servicio esencial”.
La postura de UxP está plasmada en un proyectado de declaración diseñado por las legisladores Sabrina Selva y Victoria Tolosa Paz, y respaldado por el jefe del bloque, Germán Martínez, y una veintena de diputados, entre los que figuran Leopoldo Moreau, Eduardo Valdés, Leandro Santoro, Paula Penacca, Carlos Castagneto, Roxana Monzón, Marcela Passo y Ramiro Gutiérrez, entre otros.
Por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 494/2025, el Gobierno autorizó el procedimiento “para la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. bajo la modalidad de venta de la totalidad de las acciones de titularidad del Estado nacional, cuyo porcentaje asciende al noventa por ciento (90 %) del capital social de dicha empresa”.
En los fundamentos del proyecto, UxP señaló que el Gobierno modificó por DNU “sustancialmente” el marco legal con el objetivo de “habilitar la privatización de la concesionaria estatal Aguas y Saneamientos Argentinos S.A., alterando disposiciones clave del Decreto 304/2006 –ratificado por la Ley 26.100– que hasta ahora garantizaban un capital mayoritariamente estatal e intransferible”.
“Este decreto, lejos de reunir los presupuestos constitucionales que habilitan el dictado de normas por fuera del trámite legislativo ordinario, constituye un fraude a la ley suprema. No contiene ninguna circunstancia excepcional ni sobreviniente que abastezca el requisito de necesidad, y mucho menos puede alegarse una situación de urgencia que impida el normal funcionamiento del Congreso de la Nación”, señaló.
Destacó que “se trata, por el contrario, de una modificación estructural del régimen legal vigente, orientada a desguazar las condiciones de control público sobre un servicio esencial como el agua potable y el saneamiento, sin habilitación del Parlamento y sin participación democrática alguna”.
Dijo que el “el verdadero objeto del DNU es habilitar la enajenación de las acciones en manos del Estado Nacional (ENA), lo que produce un doble efecto de altísima gravedad institucional: por un lado, facilita la transferencia de una empresa estratégica a intereses extranjeros, y por el otro, busca hacerse de recursos de corto plazo para sostener políticas fiscales y cambiarias regresivas, como la provisión de un dólar barato para sectores concentrados”.
“El fraude en los fundamentos del decreto se hace evidente: no hay una sola justificación vinculada con la mejora del servicio de agua y saneamiento, sino únicamente una necesidad financiera y un alineamiento con intereses de privatización sin debate parlamentario, en contraposición directa con el modelo legal vigente y con la finalidad de los convenios tripartitos que dieron origen a AySA S.A”, añadió.
En ese sentido, la bancada de UxP expresó que “la medida resulta profundamente regresiva para los usuarios del servicio público, al habilitar un régimen que autoriza cortes por falta de pago y elimina toda previsibilidad tarifaria, sin garantizar que las tarifas sean justas y razonables, como exige el artículo 42 de la Constitución Nacional”.
En los fundamentos, los diputados peronistas también advierten que ese DNU “representa un atropello institucional de extrema gravedad, en tanto implica la revocación unilateral del Convenio Tripartito celebrado entre el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convenio que fuera expresamente ratificado por el Congreso de la Nación mediante la Ley 26.221”.
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