La Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, que encabeza la legisladora del Frente de Todos, Alicia Aparicio, continuó con el debate del tratamiento de los proyectos para darle solución a los tomadores de créditos hipotecarios UVA.
Al respecto, la diputada Aparicio- quien presentó un proyecto en ese sentido- explicó que “tenemos una gran cantidad de proyectos, la idea es abordar el inicio de esta temática con la idea de que facilite a dar soluciones y llegar a acuerdos políticos”. Recordó las tres reuniones informativas que “han sido muy fructíferas y hemos podido visibilizar la problemática, con 31 oradores en tres jornadas”.
La legisladora explicó que se trata de un universo de 105 mil tomadores de créditos y fueron tomados, en su mayoría, por la banca pública en un 70%, 47% corresponde al Banco Nación, 13% al Banco Provincia, 9% al Banco ciudad y una porción menor otorgada por las entidades privadas. “Es necesario buscar una solución que permita darle tranquilidad a las familias tomadoras y al mismo tiempo no afectar el patrimonio de las entidades públicas”, agregó Aparicio.
Por otro lado, el diputado radical Julio Cobos recordó que en abril de este año presentó un proyecto para renegociar los contratos; celebró la convocatoria porque “no sólo es para encontrar solución a los hipotecados sino para ver si recuperamos el crédito en Argentina, hoy no hay y la necesidad es muy grande”. “Es un problema que ha sido detectado por los tres poderes, Cuando se rompió la proporción salario- cuota originó una inequidad contractual”, dijo.
“La solución debe contemplar un esfuerzo compartido, entre estado, banco y beneficiarios. Y tiene que perseguir a los futuros créditos y a la situación para atrás, que alivie la situación de los tomadores, que no desfinancie al estado y que no perjudique el ahorro ni el sistema financiero, que reactive el sistema de créditos hipotecarios, sostenido en el tiempo. Establecer que sea para vivienda única, que sea actualizable que no se pague más allá del coeficiente de variación salarial, que se cubra el descalce a través de un fondo compensador”, puntualizó Cobos.
Por su parte, la diputada Myriam Bregman PTS – Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad, calificó a la problemática como “una estafa estatal organizada por una ley del Estado y votada por mayoría de los legisladores. La mayor parte de los créditos fueron otorgados por la banca estatal, lo único que nos conmueve es la situación de las familias. Hay que dar una solución urgente”. “Comenzaron los remates, eso es lo más grave. Tenemos que poner una fecha para que esto se trate de manera urgente”, alertó.
Desde Evolución Radical, Martín Tetaz expresó que “Argentina es uno de los países que menos crédito hipotecario tiene. Tiene un problema grave y no tiene crédito”. “Tiene un problema serio que es la inflación y esto impide un crédito a largo plazo. En ese contexto aparecen los créditos UVA. Como primera medida tenemos que defender el sistema y corregir para la baja de la inflación”.
Luego de defender esta clase de créditos, el diputado agregó que “el problema se denomina de ilusión monetaria, es la caída de los salarios y la solución es terminar con la inflación y desarrollar un mercado de capitales”.
En tanto, el legislador Alejandro Rodríguez (Identidad Bonaerense), destacó el trabajo de la comisión y el compromiso. “Desde los estafados hasta los funcionarios y exfuncionarios ha dado un piso de análisis que obliga a ir tomando decisiones de políticas públicas”, aseguró. “Existe un problema y tiene relevancia pública, por lo tanto, exige la intervención pública con decisiones prudentes, inteligentes, virtuosas, y marcar un sendero de mejores prácticas a futuro”.
Rodríguez propuso un mecanismo trabajado con seriedad para encontrar la forma de financiar algún tipo de compensación a los damnificados y evaluar “con el ministerio de economía, con el gobierno y los actores que correspondan analizar los 527 mil millones de pesos -que durante el 2023- tendrá de excedente sumados las empresas públicas y los fondos fiduciarios. Un nicho de recursos que podemos evaluar”, subrayó.
Los electores de la provincia de Buenos Aires deberán asistir a las urnas este domingo 7 de septiembre para las elecciones legislativas provinciales, en una jornada donde la sanción por ausencia vuelve a ser noticia por su monto irrisorio: arranca en solo $50.
Según consta en la Ley Electoral Provincial N° 5109, los ciudadanos de entre 18 y 70 años que no emitan su voto enfrentarán una multa de $50 a $500. Si bien el dinero se destina al fomento de la educación, el monto, que como relevó Noticias Argentinas no se actualiza, es calificado como “menos que un caramelo”.
El punto clave para quienes no asistan es la justificación: los electores tienen un plazo de 60 días (contados desde la elección) para acreditar el motivo de la ausencia ante la Junta Electoral. La fecha límite, por lo tanto, es el próximo 6 de noviembre. Solo se aceptan tres justificativos comprobables: estar a más de 500 km del lugar de votación, un problema de salud certificado o un motivo de “fuerza mayor”. Quienes no justifiquen ni paguen la multa quedarán registrados en el Registro de Infractores.
Elecciones en PBA: qué se vota y por qué no se usa la Boleta Única
En los comicios de este domingo, los bonaerenses elegirán 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, junto con 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. Además, se definirán concejales y consejeros escolares en los distritos.
El Ministerio de Gobierno bonaerense aclaró que, a diferencia de las elecciones nacionales de octubre, en estos comicios provinciales no se implementará la Boleta Única de Papel (BUP). La votación se realizará mediante el sistema tradicional de “boletas partidarias”, que según la cartera “conserva plena vigencia” y es valorado por el electorado. La veda electoral rige desde este viernes a las 8:00.
El escándalo por el fentanilo contaminado sumó un dato estremecedor. Según un informe del Cuerpo Médico Forense, el uso del lote 31.202 de ampollas de fentanilo —fabricado por el laboratorio HLB Pharma Group S.A.— incrementó en un 52% la probabilidad de muerte de los pacientes en los 30 días posteriores a su administración.
El documento, publicado po Infobae, fue incorporado a la causa judicial que investiga la responsabilidad del laboratorio de Ariel García Furfaro. Los especialistas analizaron 40 historias clínicas de pacientes fallecidos y detectaron que, en al menos 24 casos, hubo un “nexo concausal” entre la infección desarrollada y el uso del medicamento.
Bacterias detectadas
Los peritos identificaron dos bacterias —Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae— tanto en hemocultivos de los pacientes como en las ampollas del lote contaminado. Los análisis confirmaron su identidad fenotípica, molecular y genómica, lo que refuerza la relación directa entre la contaminación y el agravamiento de los cuadros clínicos.
Un factor agravante
Si bien el informe no concluye que las bacterias hayan sido la causa exclusiva de muerte, sí advierte que actuaron como un factor agravante en pacientes que ya atravesaban situaciones críticas de salud. “La contaminación resultó un elemento relevante que favoreció el desenlace fatal”, indicaron los peritos.
La contaminación resultó un elemento relevante que favoreció el desenlace fatal
La investigación judicial avanza sobre la cadena de producción y distribución del fentanilo, mientras la OMS exigió retirar del mercado seis lotes contaminados por representar un riesgo global para la salud. Hasta ahora, se registraron casi un centenar de muertes vinculadas al medicamento en hospitales argentinos.
El caso puso en evidencia fallas graves en los controles sanitarios y derivó en imputaciones contra más de veinte personas, entre ellas directivos del laboratorio.
Elisa Carrió avanzó con un pedido de juicio político contra el juez Alejandro Patricio Maraniello, el magistrado que dictó la medida cautelar que impidió la difusión de audios de Karina Milei grabados en la Casa Rosada y el Congreso, en un caso que generó críticas porque puede configurar censura previa.
Carrió firmó el pedido contra Maraniello junto con la diputada nacional Marcela Campagnoli y su par porteño Hernán Reyas, según comunicó este último en sus redes sociales.
“Con @elisacarrio y @M_Campagnoli presentamos un pedido de juicio para desplazar al juez Maríanello. La libertad de expresión es un límite que nunca debemos atravesar. Defender las instituciones demanda que hagamos los máximos esfuerzos de transparencia, responsabilidad y coherencia en todos los poderes del Estado”, escribió Reyes en X.
En la publicación, el candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica aseguró que “un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiables”. Agregó que “las instituciones se defienden cuando te conviene y cuando no te conviene. Ojalá los que abandonaron el republicanismo puedan volver algún día”, cerró el legislador de la Ciudad.
Un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiable
Los denunciantes acusan al magistrado de mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones por haber dispuesto la medida cautelar que para la oposición, juristas y colegios de abogados supone una flagrante violación de un derecho humano como es la libertad de expresión, en el marco del escándalo de presunta corrupción por cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
En el trámite abierto ante el Consejo de la Magistratura se solicita la apertura del procedimiento de acusación, suspensión en el cargo y requerimiento de destitución.
Para la Coalición Cívica, la prohibición de la difusión de chats, fotos, audios y videos de Karina Milei en cualquier medio o red social representa “lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública ”.
Por otra parte, los tres dirigentes opositores señalan una posible relación de connivencia con el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, para encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos contra Maraniello en el Consejo de la Magistratura y la justicia federal, lo que de confirmarse perpetraría una violación de la independencia judicial y de la división de poderes.
Por si fuera poco, Carrió, Campagnoli y Reyes denuncian que Maraniello es socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), una institución que “resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación”.
Resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación
“A tal punto, que cuenta con importantes ‘auspiciantes’ incompatibles con el ejercicio de la magistratura y en particular, con el fuero al que pertenece Marianello, tal es el caso de los Laboratorios HLB Pharma” y “Ramallo“, indicaron en la denuncia.
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