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Política Nacional

El 26 de enero podría iniciarse el juicio político a la Corte Suprema

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El 26 de enero es la fecha fijada para que inicie el trabajo de la comisión de Juicio Político, presidida por Carolina Gaillard en la Cámara Baja, ante el pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia por parte del presidente Alberto Fernández, señaló este mediodía el diario Perfil.

Según informó, la comisión está constituida por 31 miembros, de los cuales 16 son del Frente de Todos, teniendo mayoría propia para garantizar su funcionamiento e incluso dictaminar.

Luego de conseguir el dictamen en comisiones, si el planteo fuese elevado al recinto, iniciaría la etapa más “caliente” del conflicto, teniendo el oficialismo que luchar por obtener dos tercios de la cámara para darle curso.

Vale recordar que el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso arranca el próximo lunes.

Fuente: Perfil

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“Vas a terminar preso”: el mensaje de Elisa Carrió a Luis Caputo por la crisis en el Garrahan

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La máxima referente de la Coalición Cívica (CC) Elisa “Lilita” Carrió sostuvo este miércoles que el ministro de Economía, Luis Caputo, va a “terminar preso” por el recorte de recursos para el Hospital Garrahan, situación que calificó como un “escándalo moral”.

“´Toto´ Caputo, con los niños no. Vas a terminar preso y yo me voy a ocupar de eso. Lo del Hospital Garrahan es un escándalo moral, seguimos denunciando“, escribió la ex diputada nacional en redes sociales.

La dirigente de la CC se pronunció luego de que el Ministerio de Capital Humano dictara la conciliación obligatoria en el conflicto del Garrahan, donde se había convocado para mañana a un paro de 24 horas de médicos residentes debido al “atraso salarial” del sector.

En la resolución, la cartera Capital Humano que conduce Sandra Pettovello dio por iniciado “un período de conciliación obligatoria por el término de 15 días”.

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Otra marcha de jubilados con tensión: ya hubo 129 detenidos y 409 heridos en el año

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Una nueva marcha de jubilados frente al Congreso activó otra vez un fuerte operativo de seguridad del Gobierno. El despliegue de efectivos de la Gendarmería, Policía Federal y Prefectura al borde de la plaza buscaba evitar esta tarde pasadasque los manifestantes corten las calles de las inmediaciones del Palacio Legislativo, pero temprano ya se registraron al menos dos fotógrafos afectados por el gas pimienta, pero fuera de peligro.

La de este miércoles es la 15° marcha en lo que va del año contra el ajuste de Javier Milei. A raíz de la represión policial, entre enero pasado y mayo se registraron 129 detenidos y 406 heridos, de acuerdo a un relevamiento realizado por el CELS, en base a los registros de detenciones que llevan adelante abogados, organizaciones independientes y defensa oficial, así como la Comisión Provincial por la Memoria (CMP), las postas sanitarias y el Same.

El número de detenidos y heridos aumenta si se amplía el rango de manifestaciones. Un informe realizado por la CPM, consignado por Página/12, relevó la dureza del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich: 1.231 manifestantes terminaron lastimados y debieron ser asistidos por distintas lesiones durante los operativos policiales en base a un monitoreo de 25 movilizaciones de este año. La CPM contabilizó 132 detenidos, contra los 98 del año pasado.

A la nueva manifestación de jubilados de este miércoles se sumaron, entre otros, médicos residentes del Hospital Garrahan, que están en lucha contra el vaciamiento de la salud pública. La protesta también cuenta con el apoyo de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y organizaciones de izquierda, entre otras.

Uno de los heridos este miércoles es el fotógrafo Antonio Becerra, colaborador del medio Tiempo Argentino, a quien el asesor presidencial Santiago Caputo intimidó semanas atrás durante el debate de los candidatos porteños.

Según trascendió, el protocolo de Bullrich desplegó unos 1.000 efectivos para evitar la nueva marcha. El miércoles de la semana pasada se produjeron nuevos episodios de gravedad en la protesta debido a la represión policial y la detención no solo de manifestantes sino también de reporteros gráficos.

Los mayores incidentes se produjeron sobre el final de la tarde, cuando los efectivos de seguridad concretaron detenciones y demoraron a reporteros gráficos. (DIB)

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Villarruel nombró en el Senado a un militar acusado de ocultar pruebas de la represión ilegal

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La vicepresidenta Victoria Villarruel oficializó en las Últimas horas la designación en el Senado de Juan Manuel Gestoso Presas como subdirector general de Control de Auditoría y Control de Gestión, un exmilitar que ordenó destruir dos libros de la guardia del Hospital Militar de Salta en el que se habían registrado nacimientos entre principios de los ’70 hasta mediados los ’90.

Los fiscales a cargo del caso le imputaban a Gestoso Presas y Carlos Fernando Tozzeto Arias, director del Hospital, un delito conexo a crímenes de lesa humanidad por el intento de destrucción de ese tipo de material probatorio, aunque en 2014 el Tribunal Oral Federal de Salta consideró que no cometieron un delito de lesa humanidad y fueron sobreseídos “por prescripción de la acción penal”.

Qué pasó con Gestoso Presas

El 15 de mayo de 2008, Tozzeto Arias, junto a otras personas, encontró los dos libros en el lavadero del Hospital, y con el argumento de que eran ilegibles como consecuencia de la humedad y el moho, los entregó a Gestoso Presas (en ese momento, jefe de la Compañía de Inteligencia 5), para que evaluara si contenían información valiosa y si correspondía guardarlos.

Gestoso Presas juzgó que no tenían información relevante, por lo que resolvió quemarlos, decisión con la que Tozzeto Arias coincidió, y le encomendó esta misión al capitán Silvio Manino Leal, quien advirtió que la orden era irregular, fingió cumplirla pero guardó los libros en su domicilio hasta que pudo entregarlos a la cartera de Defensa.

En la causa penal, el ex director del Hospital está acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público y el ex jefe de Inteligencia, de tentativa de destrucción de objetos destinados a servir de prueba.

Uno de estos libros es un registro de la sala de Maternidad del Hospital Militar, durante 1976, y se presume que podría contener información vinculada a hechos de terrorismo de Estado.

En el requerimiento a elevación a juicio, el fiscal Ricardo Toranzos aseguró que “tanto Tozzeto Arias como Gestoso Presas desde el inicio estuvieron al tanto que el proceder adoptado respecto a los libros hallados era irregular” y que “no obstante, motivados con la intención de destruir aquellos instrumentos, no trepidaron en dar órdenes para su incineración, lo que no pudo ser llevado a cabo por circunstancias ajenas a sus voluntades”. (DIB)

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