El sindicalismo redobló su ofensiva contra el Gobierno en el exterior y en nuestro país. Por un lado, en Ginebra, Suiza, los líderes de la CGT acusaron a los libertarios de ejercer “violencia institucional” y de aplicar una reforma laboral que es “un laboratorio a nivel internacional de las políticas de derecha”. Por otro, en Buenos Aires, las dos fracciones de la CTA realizarán este martes, a las 13, una movilización a la Plaza de Mayo contra “el ajuste de Milei”.

Las denuncias efectuadas en Ginebra se efectuaron durante un acto de dirigentes de la CGT y de las CTA, por fuera de las deliberaciones de la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con presencia de dirigentes de otros países, en donde se profundizaron las críticas al gobierno argentino.

Encabezaron el encuentro los líderes cegetistas Gerardo Martínez (miembro del Consejo de Administración de la OIT y actual vicepresidente de la conferencia por el sector de trabajadores) y Jorge Sola, uno de sus cotitulares; Roberto Baradel (CTERA), por la CTA de los Trabajadores; Daniel Jorajuría (gastronómicos), por la CTA Autónoma, y Rafael Freire, secretario general de la Confederación Sindical de las Américas (CSA).

Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y líder de la UOCRA, quien coordinó el acto, apuntó duramente al comienzo contra la reforma laboral argentina, al considerar que es “una ley política, no jurídica, que desnaturaliza el derecho de propiedad del que tanto le gusta hablar al Presidente porque los derechos son la propiedad de los trabajadores”.

“Es una ley política -añadió- porque limita a los trabajadores y los elimina como interlocutores válidos del contrato social y se hace sólo lo que el capital quiere. Los elimina de la gobernanza y el diálogo social que propone es vehículo de la voluntad del capital”.

Sostuvo que “las leyes deben ser un instrumento del respeto entre el capital y el trabajo, pero las leyes que el Gobierno propicia no respetan a los trabajadores y cuando no hay respeto, como en este caso, hay violencia institucional, como dice el convenio 190 de la OIT sobre violencia o acoso en el mundo del trabajo”.

“Esta ley afecta la convivencia social y consolida situaciones injustas”, agregó el dirigente.

Por su parte, Jorge Sola resaltó que “el empresariado argentino apoya la Ley de Modernización Laboral como algo que va a generar un mejor mundo del trabajo”, pero advirtió que “la reforma laboral en la Argentina es un laboratorio a nivel internacional, no sólo en el mundo del trabajo, sino de todas las políticas de derecha”.

Para el cotitular de la CGT, la reforma laboral fue “una gran oportunidad perdida la posibilidad de discutir el nuevo mundo del trabajo”, tras lo cual enfatizó: “Cada uno de nosotros tiene una mirada hacia un mundo de trabajo que ha cambiado, pero estamos perdiendo tiempo en discutir una ley que atrasa 100 años porque quita derechos. Hay que discutir un nuevo modo de trabajo, pero se necesita claramente una protección de seguridad social que estamos obligados a dar”.

El líder del Sindicato del Seguro se quejó de que “los trabajadores en nuestro país no hemos sido convocados a una efectiva mesa de diálogo social donde logremos defender nuestros intereses”, tras lo cual dijo: “Cuando hay discusiones entre quienes representan intereses genuinos pero diferentes hay conflictos, pero los conflictos hay que transitarlos, no hay que temerles, y no se pueden transformar en un enfrentamiento, ya que en un enfrentamiento se quiere eliminar al otro”.

Aseguró enseguida que “el gobierno de la Argentina lleva adelante esa política de confrontar, de decir que no se odia demasiado a los periodistas o que la casta son los dirigentes gremiales, los políticos y la propia justicia”. “Y nosotros creemos -añadió- que tenemos que transitar los conflictos con las diferencias que tenemos, pero estamos acostumbrados a hacerlo en las mesas de diálogo y en nuestros convenios colectivos de trabajo como una herramienta a llevar adelante”.

Luego, Roberto Baradel afirmó que “con la misma convicción, firmeza y determinación con que expusimos la denuncia contra el gobierno argentino en la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, tenemos que ser capaces de expresarlas en unidad con diferentes acciones y en la calle en nuestro país”. Y puntualizó: “Estoy convencido de que podemos terminar con la reforma laboral para defender los derechos de las y los trabajadores y hacerle honor a la historia de lucha y conquistas de la clase trabajadora en la Argentina”.

En sintonía con las palabras de Baradel, en Buenos Aires se anunció una movilización para este martes de las dos CTA hacia la Plaza de Mayo, a partir de las 13, con el fin de expresar el rechazo “al ajuste de Milei”.

La concentración se dará en el marco de una “Jornada nacional de protesta y del cierre de la “Semana de ayuno para el despertar de las conciencias”, impulsada por la Mesa Ecuménica por la Democracia, la Vida y el Bien Común, junto a Adolfo Pérez Esquivel.

Entre los reclamos, que serán expresados al final del acto ante el Ministerio de Economía, figuran la derogación de la Ley de Modernización Laboral, el pedido de salarios y jubilaciones dignas, la denuncia contra el hambre en Argentina y el rechazo al ajuste en salud y educación.

Después de un mes de que el Gobierno consiguiera media sanción de la Cámara de diputados sobre el proyecto de ley Hojarasca, esta madrugada se publicó en Boletín Oficial una medida que elimina más de 15 normas vinculadas al comercio y la industria que habían perdido sustento legal.

La decisión se conoció mediante la resolución 12/2026 firmada por el secretario de Coordinación de Producción Pablo Agustín Lavigne, en donde explicaron los motivos por los cuales se tomó la decisión.

Según manifestó la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, tras el proceso de desregulación impulsado por la cartera que conduce Federico Sturzenegger desde que Javier Milei asumió su mandato, decidieron actuar en concordancia y derogaron normas estructurales, entre ellas la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y la Ley del Observatorio de Precios.

“En su espíritu de modernización y simplificación del marco regulatorio, se han derogado una serie de normativas que regulaban diversos aspectos del comercio y la industria, incluyendo el control de precios de determinados productos, los requisitos de información para la comercialización de bienes, los procedimientos de autorización para la importación de mercancías, entre otros”. De esta manera el Gobierno explicó la medida.

La resolución se apoya en la Ley de Bases (N° 27.742) y en el Decreto N° 70/2023 a partir de las cuales se eliminaron dichos marcos legales, por lo que las resoluciones y disposiciones que los reglamentaban quedaron sin objeto ni sustento jurídico. El texto oficial señaló que la acumulación de normas generó “superposición, desactualización y dispersión”. Además “deviene pertinente mantener una revisión integral continua de la normativa reglamentaria y complementaria dictada en el ámbito de esta Autoridad de Aplicación”.

El listado de normas derogadas abarca resoluciones dictadas entre 2006 y 2025 por distintas secretarías, las cuales “resulta necesario formalizar la eliminación, habiendo sido dictados al amparo de los citados marcos jurídicos, han perdido su objeto y aplicabilidad”, explicaron.

Las principales resoluciones con sus modificatorias, son:

• La N° 355/2022 de la ex Secretaría de Comercio Interior, junto a sus 19 modificatorias, que regulaban el control de precios de determinados productos.
• 426/2022 y 296/2023, vinculadas a requisitos de información para la comercialización de bienes.
• 22/2006, 178/2007 y 167/2008, procedentes del ex Ministerio de Economía y Producción.
• La N° 368/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio, dictada al amparo del Decreto N° 787/2025 que eliminó la obligación de los colegios privados de pedir autorización estatal para modificar sus cuotas.
• 82/2014 de la ex Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo.
• La disposición N° 167/2018 de la ex Subsecretaría de Comercio Interior.
• 282/2021 y sus 21 modificatorias, que regulaban programas de fomento al consumo cuya vigencia venció sin prórroga.
• Las resoluciones 753/2021, 56/2022, 57/2022 y 142/2022 con su modificatoria N° 148/2022, ligadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino
• 254/2019 y 43/2022 vinculadas a procedimientos de autorización para la importación de mercancías.

La medida se inscribe en el mismo espíritu que la “Ley Hojarasca”, aunque opera por un carril diferente. Mientras la reciente resolución actúa en el plano administrativo, sin necesidad de intervención parlamentaria, la Ley de Derogación de Legislación Obsoleta transita el Congreso y apunta a eliminar normas de rango legal.

El 20 de mayo pasado, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado con 139 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones. Esta iniciativa busca derogar 58 leyes, modifica artículos de otras 8 y elimina 2 decretos considerados “inútiles, anacrónicos o contrarios a las libertades individuales”, y aguarda tratamiento en el Senado.

Los argumentos que sostienen ambas iniciativas son bastante parecidos. El texto oficial publicado hoy advierte que “la proliferación normativa ha llevado a la superposición, desactualización y dispersión de normas, generando una incertidumbre de cuáles son las vigentes”, lo que “trae como consecuencia una inseguridad jurídica para los ciudadanos que restringe el libre desenvolvimiento de su vida”.

Respecto al debate sobre el primero de los objetivos sostienen que está orientado a “ordenar el sistema normativo argentino mediante la eliminación de leyes que han perdido vigencia práctica, coherencia o compatibilidad con los principios constitucionales” y que afectan libertades individuales, generan burocracia innecesaria, refieren a organismos ya disueltos y organismos financiados con fondos nacionales sin actividad real.

La negociación entre el Gobierno nacional y las universidades públicas atraviesa horas decisivas porque, si bien existe conformidad con la propuesta económica presentada por la administración de Javier Milei, el principal punto de conflicto sigue siendo la condición impuesta por el Ejecutivo para avanzar con el acuerdo: que las instituciones retiren la demanda judicial que actualmente tramita ante la Corte Suprema de Justicia.

Así lo señaló la vicerrectora de la Universidad Nacional del Sur, Andrea Castellano, quien aseguró que la cuestión judicial es hoy el principal escollo para cerrar las conversaciones.

“La cuestión vinculada a retirar la demanda judicial es la que está generando que no se haya llegado a un acuerdo, no el ofrecimiento económico”, explicó en Panorama, por LU2.

Según indicó, tanto los gremios universitarios como el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) verían con buenos ojos la propuesta de actualización de fondos presentada por el Gobierno, consistente en un 24,3 % en dos partes: un 21,3 % en junio y el 3% restante en octubre.

“El ofrecimiento económico sería aceptado por los gremios y por el CIN”, sostuvo. Sin embargo, aclaró que el Ejecutivo exige como contraprestación que las universidades desistan de la acción judicial iniciada por el desfinanciamiento del sistema universitario. “El Gobierno, a cambio, exige la necesidad de retirar la demanda judicial que hoy está en la Corte Suprema. La posición es no acceder a ese pedido”, remarcó.

De todos modos, Castellano señaló que los equipos legales continúan trabajando para encontrar alternativas que permitan acercar posiciones.

La dirigente universitaria también destacó que la propuesta oficial contempla la creación de una comisión específica para discutir la recomposición de los recursos perdidos durante 2024, un aspecto considerado clave por las universidades. “Este porcentaje permite recuperar lo correspondiente a 2025 y lo que va de 2026 en relación con la inflación”, explicó.

En ese contexto, Castellano valoró el cambio de postura del Gobierno y manifestó expectativas de que las negociaciones permitan descomprimir un conflicto que viene afectando el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio: “Lo veo como positivo, porque es muy difícil continuar con este escenario de conflicto y con este nivel salarial”.

“El día a día es muy complicado —continuó—. Estamos enfrentando todas las semanas alguna medida de fuerza y eso genera muchísimas dificultades para el funcionamiento de la universidad”.

Por último, insistió en la necesidad de retomar el diálogo para alcanzar una solución de fondo que garantice el normal desarrollo de las actividades académicas.

“Hay que sentarse a dialogar y buscar una solución. Nosotros necesitamos incrementar los recursos. Si esto se hubiera planteado desde el inicio, hoy el escenario sería otro. Celebro este cambio de actitud, esta reflexión. Esperemos que podamos transitar otro escenario de ahora en adelante”, completó.

Fuente: La Nueva.