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El FMI aprobó la revisión del tercer trimestre y desembolsó US$6.000 millones

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El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la tercera revisión del acuerdo con la Argentina, y el país obtuvo un desembolso de US$ 6.000 millones. Con ese dinero engrosa las reservas, que según informó el Banco Central, están en el orden de los US$ 43.263 millones.

De esta manera se concluye el año recibiendo el desembolso y cancelando las cuotas de los vencimientos para el 2022 del acuerdo stand by. El aumento neto de las reservas respecto de ayer fue de US$ 4.200 millones producto del ingreso de los US$6.000 y el descuento de la cuota de US$ 1.751 millones que quedaba por cancelar esta semana.

El miércoles anticipándose a la aprobación del directorio, que ya había obtenido el ok a nivel técnico a principios de mes, el Gobierno habilitó un giro de US$ 915 millones para cancelar una de las dos cuotas que vencían esta semana. La restante se canceló ayer.

El staff técnico del organismo multilateral aprobó la auditoría sobre las cuentas públicas al 30 de septiembre último, por lo cual se descontaba el voto positivo de los directores.

“A pesar de los desafíos, consecuencia también de la guerra en Ucrania, se cumplieron todas las metas cuantitativas de desempeño hasta fines de septiembre y de 2022, incluido el déficit fiscal primario debido a fuertes controles de gastos y acciones para mejorar la focalización de los subsidios y la asistencia social”, habían destacado los técnicos al elevar el informe al board.

El envío de los dólares antes del 31 de diciembre será clave para que la Argentina cumpla con la meta de acumulación de reservas para este año, previsto en US$5.000 millones. Incluso, el ministro de Economía, Sergio Massa, espera sobre cumplir la meta en al menos US$ 2.000 millones, gracias a las divisas que genere la segunda edición del “dólar soja” y la activación del swap con China, que liberó parte de esas reservas transformándolas de libre disponibilidad.

Respecto de los objetivos del programa y las cuotas de pago para 2023, ya en el informe técnico los economistas del Fondo precisaron que “se acordó que los objetivos clave del programa, en particular los relacionados con el déficit fiscal primario y las reservas internacionales netas, permanecerían sin cambios durante el resto de 2022 y 2023 para continuar anclando la formulación de políticas y la credibilidad”

Pensando en lo que viene para adelante, el año entrante la Argentina deberá afrontar pagos por un total de US$ 18.800 millones de los cuales, en el marco del acuerdo firmado con el organismo en marzo pasado, se refinanció esa deuda y la Argentina recibirá unos US$ 16.800 millones de parte del FMI para pagar la mayoría de esos vencimientos. De esta manera el Gobierno deberá hacer frente a un desembolso neto de US$2000 millones el próximo año.

Durante la semana pasada, la Argentina recibió una mala noticia cuando el FMI rechazó el reclamo por las sobretasas que pagan los países que piden dinero por encima de su cupo, un viejo reclamo que no encontró eco en las autoridades del organismo pese a la promesa que le había realizado Kristalina Georgieva al presidente, Alberto Fernández, durante la cumbre del G20 que se realizó en Bali, Indonesia

La de este martes fue la última reunión del año del directorio del Fondo, que volverá a reunirse hacia mediados de enero. Tras el receso por las Fiestas se retomará el contacto entre el organismo y las autoridades argentinas para iniciar la revisión del último trimestre de 2022.

(Noticias Argentinas)

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Diputados debatirán la próxima semana un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

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La Cámara de Diputados debatirá el próximo miércoles en comisión un dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, con el fin de poder condenar a los menores que cometen delitos graves.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitó ayer que avancen con la sanción del proyecto para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad, aunque hay consenso para que se pueda establecer en 14 años, en sintonía con proyectos presentados por opositores y el PRO.

Francos recordó que el Gobierno envió al Congreso de la Nación ese proyecto en junio del año pasado y señaló al defender esa propuesta que “quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto; por lo que proponemos bajar la edad de imputabilidad a 13 años”.

Tras ser suspendido la semana pasada por la sesión sobre el criptogate, la presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodrigo Machado, convocó para el próximo miércoles a las 17.30 para deliberar en conjunto con las comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto, que presiden Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR), y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

La intención del oficialismo, PRO, la UCR y Encuentro Federal es firmar un dictamen que estará basado en el proyecto del Poder Ejecutivo y la docena de iniciativas impulsadas por legisladores de diferentes espacios políticos.

La baja de imputabilidad también es respaldada por los diputados que responden al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.

La estrategia del oficialismo es tener el miércoles firmado el despacho de mayoría para tratarlo en la primera quincena de mayo, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La iniciativa ya se debatió en siete reuniones el año pasado y este año hubo dos reuniones, una el 12 de marzo y otra el 19 de marzo, previo a la sesión en la que se debatió el acuerdo con el FMI.

Fuentes legislativas precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que, si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14, como proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.

El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

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Peronismo Bonaerense se reunió en Avellaneda para evaluar estrategias electorales

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Peronismo Bonaerense llevó a cabo una importante reunión en el Sindicato de Empleados de Comercio de Avellaneda/Lanús, con intención de poner en común ideas para llevar a cabo estrategias electorales. El encuentro reunió a destacados referentes de la Tercera Sección Electoral, liderados por Baldomero “Cacho” Álvarez, quienes contaron con el respaldo del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Durante la reunión, se discutieron distintas alternativas electorales en un ambiente de unidad y apoyo incondicional hacia la gestión del gobernador Kicillof. tal como se indicó en un comunicado, los presentes expresaron su respaldo a las políticas implementadas por la Provincia, poniendo de manifiesto un claro posicionamiento en contra de la conducción de Máximo Kirchner al frente del Partido Justicialista provincial, evidenciando un cuestionamiento hacia su liderazgo.

Estuvieron presentes en el encuentro Pedro Machado, Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús-Avellaneda; Gualberto “Pájaro” Ríos, Concejal de Florencio Varela; “Vasco” Garat, de San Vicente; Miguel Saavedra, de Cañuelas; Roberto Gómez, Secretario de Prensa de la CGT Necochea; Adrián Verdini, Concejal MC de La Matanza; Germán Bonnemezon, Concejal MC de Almirante Brown y Director Provincial de Asuntos Políticos; Alberto Pérez, “Cacho” Cuartando, entre otros, quienes representaron a las ocho secciones electorales bonaerenses.

“Este encuentro refuerza la unidad del Peronismo Bonaerense y su compromiso con el crecimiento y fortalecimiento del movimiento en la provincia, a la vez que señala un claro camino hacia las próximas elecciones”, indicaron. (DIB) ACR

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Tras la presión del Gobierno, Caputo celebró que Molinos retrotraiga la suba de precios

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El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que una alimenticia líder retrotrajo sus precios. Lo hizo pocas horas después de que los supermercados empezaran a recibir nuevas listas de precios coaumentos entre el 9% y 12% de parte de los grandes proveedores, lo que llevó al Gobierno a dejar de lado el libre mercado y presionar para que esas subas no llegaran a las góndolas.

“Buena reacción”, escribió Caputo en la red social X. Y agregó: “Y, sobre todo, gran gestión de los supermercados, cuidando a sus clientes”.

Unas horas antes, el funcionario había apuntado a la misma compañía y a Unilever sobre que le habían acercado a las grandes cadenas de supermercados una lista con nuevos precios que registraban subas de 9 a 12% en sus productos.

Entonces, en otro tuit Caputo festejaba que los supermercados rechazaran esos ajustes. “Hoy los supermercados grandes rechazaron la mercadería con lista de precios nueva de Unilever y Molinos con subas de 9% a 12%”, escribió en X. Ahora el ministro celebró el éxito de la presión sobre la alimenticia.

Tmbién, Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, aseguró que no existe motivo, ni cambiario ni tributario, que justifique el aumento en las listas de precios que algunos pretenden imponer a los consumidores. “Esas listan serán rechazadas por cadenas nacionales, regionales y almacenes. En el gobierno de Javier Milei no hay lugar para oportunistas”, dijo.

Estos cambios en las listas de precios se dieron en el marco de los cambios que incluyeron una flotación del dólar entre bandas de $1.000 y $1.400. Esos límites se deslizarán 1%. El lunes, primer día también sin cepo para los ahorristas, el dólar oficial saltó 12% y cerró en $1.230. El martes se mantuvo en torno a ese valor, para luego caer el miércoles a $1.160.

Los argumentos de las compañías fueron dos. Primero, muchos alimentos y productos de consumo masivo incluyen componentes importados, por lo que sus precios están atados al dólar. Segundo, los alimentos exportables tienden a encarecerse en el mercado local cuando mejora su precio internacional a causa de un tipo de cambio más alto. (DIB)

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