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Política Nacional

El Gobierno analiza cambios en la facturación de energía

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El presidente Alberto Fernández decretó que se mantenga el congelamiento de los servicios por otros tres meses, mientras los entes reguladores proceden con la renegociacion de la revisión tarifaria.

De cara a 2021, el Gobierno comenzará a estudiar cambios en las tarifas de energía. Si bien se mantendrá el congelamiento por los próximos tres meses, se avanzará en la renegociación de la revisión tarifaria. Semanas atrás, desde la Secretaría de Energía habían adelantado que los próximos aumentos comenzarán a regir a partir de marzo del año entrante.

A través del Decreto 1020/2020, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo habilitó la renegociación tarifaria de la luz y el gas, que tendrá al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) al frente del proceso.

A fines de 2019, cuando el Congreso aprobó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva declarando la emergencia pública tarifaria y energética, entre otras, se le delegó al Poder Ejecutivo facultades para “reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente de los mismos”.

Es decir, se facultó al Gobierno a mantener las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente. En este marco, el Poder Ejecutivo intervino administrativamente el ENRE y el ENARGAS.

Tras una auditoría llevada a cabo por ambos organismos, se determinó que “las tarifas que registraron aumentos sustanciales para los servicios públicos no han sido justas, ni razonables, ni transparentes”. Así, propusieron al Poder Ejecutivo iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria vigente y proceder “a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios industrias” que se ha verificado durante el 2020, “en razón del mantenimiento tarifario al observar la evolución de los montos a facturar a usuarios del servicio público y por otro lado la evolución del nivel general de precios, salarios y actividad económica”.

Sin embargo, sobrevino la pandemia de coronavirus. Con ello se mantuvo el congelamiento de tarifas y se procedió a la prohibición del corte de servicios ante pagos adeudados. Estas circunstancias imposibilitaron el desarrollo de modificaciones en las tarifas de energía, aunque a partir de informes técnicos realizados por la Subsecretaría de Hidrocarburos y de la Subsecretaría de Energía Eléctrica el Gobierno, a través de sus entes, se ve en la necesidad de avanzar con el proceso referido.

De esta forma, Alberto Fernández y todos los ministros firmaron el decreto que fue publicado hoy, en el que se dio inicio a la renegociación de la revisión tarifaria integral vigente correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural que estén bajo jurisdicción federal.

El ENRE y el ENARGAS estarán al frente del proceso, cuyo plazo no podrá exceder los dos años desde su entrada en vigencia. Sin embargo, ambos organismos dependientes de la Secretaría de Energía podrán prever “adecuaciones transitorias de tarifas”. Los entes reguladores deberán organizar un banco de datos del proceso de renegociación, llevar adelante los regímenes de audiencia pública, de consulta pública y de participación ciudadana que resulten pertinentes.

“Los acuerdos definitivos o transitorios deberán formalizarse mediante actas acuerdo con las concesionarias o licenciatarias y los titulares del ENARGAS y del ENRE, así como del Ministerio de Economía, quienes los sucribirán ‘ad referendum’ del Poder Ejecutivo”, establece el artículo 5 del decreto. No obstante, “en caso de no ser factible arribar a un acuerdo”, el ENRE y el ENARGAS deberán dictar el nuevo régimen tarifario para los servicios públicos.

Ahora bien, de cara a posibles aumentos el año próximo, en el artículo 11 el Gobierno prorrogó por 90 días el congelamiento de las tarifas previsto en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que estaba próximo a vencer. A la par que se extendió la intervención del ENRE y del ENARGAS por un año o “hasta que se finalice la renegociación de la revisión tarifaria”. Mientras perdure la intervención, el ENRE mantendrá su competencia sobre el servicio público de distribución de energía de las concesionarias Empresa Distribuidora Norte S.A. (EDENOR) y Empresa Distribuidora Sur S.A. (EDESUR).

Semanas atrás, Darío Martínez, secretario de Energía, había confirmado que los aumentos se implementarán entre marzo y abril de 2021. Pero que los mismos se aplicarán en las tarifas de electricidad y gas con un esquema diferenciado, según los ingresos de cada usuario. De esta forma, el funcionario confirmó que un porcentaje de la población tendrá una tarifa subsidiada. “Esto no implica aumentar el porcentaje de los subsidios respecto al PBI, sino mantenerlo constante pero usarlo de mejor manera“, explicó.

“Hay que ver cómo está el país, cómo está el poder adquisitivo. Esto es fundamental. Nos interesa ver qué capacidad de afrontar tarifas tiene la sociedad argentina. Tenemos claro no aumentar los subsidios en términos porcentuales que están en 1,7% del PBI y no volver a las tarifas de la gestión anterior. Una vez que se salga del congelamiento, vamos a una tarifa de transición”, había adelantado Martínez.

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Derogaron el decreto que permitía la extradición rápida de delincuentes extranjeros

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El Gobierno le puso punto final a la política migratoria que fue establecida por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri.

En ese momento se impusieron controles más estrictos para evitar el ingreso de delincuentes extranjeros y se agilizaron los trámites de expulsión de inmigrantes con antecedentes penales. El rol de los organismos internacionales en esta decisión y la explicación del Presidente.

La Ley de Migraciones establecía que un extranjero podía ser expulsado por cometer delitos graves con pena mayor a cinco años, en el caso de los residentes, y por cometer delitos con pena superior a tres años, en el caso de los no residentes.

En la publicación del Boletín Oficial se remarcó que “La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática con relación a la protección de los y las migrantes, señalando que los Estados deben respetar sus derechos humanos y garantizar su ejercicio y goce a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna por su regular o irregular estancia, nacionalidad, raza, género o cualquier otra causa”.

El Gobierno argentino consideró necesario derogar el decreto del anterior gobierno, restableciendo la vigencia de las normas modificadas en 2017.

También se ordenó la creación de una Comisión Asesora de Política Migratoria la cual tendrá a su cargo proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871.

Esta decisión ya se venía estudiando desde el año pasado.

Al iniciar su mandato, Alberto Fernández sostuvo que esa norma lo que hizo fue autorizar expulsiones sin condena y agregó “Esto me parece muy peligroso porque se puede convertir en un acto de persecución contra alguna población”.

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Anses y Desarrollo Social financiarán proyectos productivos de jóvenes

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La directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, y la secretaria de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social, Laura Alonso, firmaron un convenio para colaborar en la implementación de Potenciar Inclusión Joven, un programa que impulsa proyectos productivos, laborales y comunitarios en los que que participen jóvenes de entre 18 a 29 años en situación de vulnerabilidad.

Los proyectos deberán ser presentados por organismos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales e instituciones religiosas que tengan congruencia con los objetivos del programa y, en caso de ser aprobados, recibirán un incentivo económico de $ 8.500 al mes para cada participante del proyecto.

Los proyectos tendrán una financiación de hasta 12 meses de duración y, en ésta primera etapa, el objetivo del programa es alcanzar a 100 mil jóvenes de todo el país.

La firma del convenio tuvo tuvo lugar en el Galpón Joven de Tecnópolis, donde las funcionarias estuvieron acompañadas por más de 60 jóvenes de los partidos bonaerenses de San Isidro y de La Matanza.

“Los jóvenes son el motor para poner a la Argentina de pie. Necesitamos de su compromiso para dar lo mejor ya que nadie se salva solo, sino con un Estado presente que acompaña y genera las condiciones de igualdad de oportunidades para que todos los sueños puedan ser cumplidos”, expresó Raverta.

Potenciar Inclusión Joven es un programa que lanzó el Ministerio de Desarrollo Social, que será el responsable del otorgamiento, administración y gestión de las prestaciones, en tanto que la Anses realizará cruces informáticos utilizando la información en sus propias bases de datos y la puesta al pago.

“El programa financiará el desarrollo de estos proyectos y otorgará una beca de $8.500 para los jóvenes participantes, que se pagará a través de Anses. Es un gran paso que estamos dando en el enorme desafío de restituir derechos y construir el futuro que nos merecemos”, apuntó Alonso.

Entre los proyectos incluidos en el programa están los de tipo socio productivos, con posibilidad de desarrollarse a partir del trabajo de sus propios miembros en carácter asociativo; los proyectos de tipo socio comunitarios, iniciativas de desarrollo territorial con instancias socioeducativas y de formación o bien de recreación y de acceso a los bienes culturales; y proyectos de tipo socio laborales, incluidos espacios asociativos orientados a las capacitaciones de formación para el trabajo.

Los interesados en inscribirse deberán enviar un correo electrónico a [email protected]

 

Fuente: Télam

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Cristina Kirchner reclamará vía Zoom su sobreseimiento ante Casación y el cierre de la causa

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Cristina Fernandez de Kirchner, reclamará hoy su sobreisimiento en la causa dólar futuro. Esto será en una audiencia ante la Cámara Federal de Casación Penal la cual definirá si el expediente avanza a juicio oral.

La audiencia se realizará por Zoom a partir de las 10.30, y será encabezada por los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación, Daniel Petrone, Diego Barroetevaña y Ana María Figueroa,

Estos mismos jueces a fin del año pasado tuvieron que resolver sobre la validez de los arrepentidos en la causa de los cuadernos.

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