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Política Nacional

El Gobierno analiza cambios en la facturación de energía

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El presidente Alberto Fernández decretó que se mantenga el congelamiento de los servicios por otros tres meses, mientras los entes reguladores proceden con la renegociacion de la revisión tarifaria.

De cara a 2021, el Gobierno comenzará a estudiar cambios en las tarifas de energía. Si bien se mantendrá el congelamiento por los próximos tres meses, se avanzará en la renegociación de la revisión tarifaria. Semanas atrás, desde la Secretaría de Energía habían adelantado que los próximos aumentos comenzarán a regir a partir de marzo del año entrante.

A través del Decreto 1020/2020, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo habilitó la renegociación tarifaria de la luz y el gas, que tendrá al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) al frente del proceso.

A fines de 2019, cuando el Congreso aprobó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva declarando la emergencia pública tarifaria y energética, entre otras, se le delegó al Poder Ejecutivo facultades para “reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente de los mismos”.

Es decir, se facultó al Gobierno a mantener las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente. En este marco, el Poder Ejecutivo intervino administrativamente el ENRE y el ENARGAS.

Tras una auditoría llevada a cabo por ambos organismos, se determinó que “las tarifas que registraron aumentos sustanciales para los servicios públicos no han sido justas, ni razonables, ni transparentes”. Así, propusieron al Poder Ejecutivo iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria vigente y proceder “a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios industrias” que se ha verificado durante el 2020, “en razón del mantenimiento tarifario al observar la evolución de los montos a facturar a usuarios del servicio público y por otro lado la evolución del nivel general de precios, salarios y actividad económica”.

Sin embargo, sobrevino la pandemia de coronavirus. Con ello se mantuvo el congelamiento de tarifas y se procedió a la prohibición del corte de servicios ante pagos adeudados. Estas circunstancias imposibilitaron el desarrollo de modificaciones en las tarifas de energía, aunque a partir de informes técnicos realizados por la Subsecretaría de Hidrocarburos y de la Subsecretaría de Energía Eléctrica el Gobierno, a través de sus entes, se ve en la necesidad de avanzar con el proceso referido.

De esta forma, Alberto Fernández y todos los ministros firmaron el decreto que fue publicado hoy, en el que se dio inicio a la renegociación de la revisión tarifaria integral vigente correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural que estén bajo jurisdicción federal.

El ENRE y el ENARGAS estarán al frente del proceso, cuyo plazo no podrá exceder los dos años desde su entrada en vigencia. Sin embargo, ambos organismos dependientes de la Secretaría de Energía podrán prever “adecuaciones transitorias de tarifas”. Los entes reguladores deberán organizar un banco de datos del proceso de renegociación, llevar adelante los regímenes de audiencia pública, de consulta pública y de participación ciudadana que resulten pertinentes.

“Los acuerdos definitivos o transitorios deberán formalizarse mediante actas acuerdo con las concesionarias o licenciatarias y los titulares del ENARGAS y del ENRE, así como del Ministerio de Economía, quienes los sucribirán ‘ad referendum’ del Poder Ejecutivo”, establece el artículo 5 del decreto. No obstante, “en caso de no ser factible arribar a un acuerdo”, el ENRE y el ENARGAS deberán dictar el nuevo régimen tarifario para los servicios públicos.

Ahora bien, de cara a posibles aumentos el año próximo, en el artículo 11 el Gobierno prorrogó por 90 días el congelamiento de las tarifas previsto en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que estaba próximo a vencer. A la par que se extendió la intervención del ENRE y del ENARGAS por un año o “hasta que se finalice la renegociación de la revisión tarifaria”. Mientras perdure la intervención, el ENRE mantendrá su competencia sobre el servicio público de distribución de energía de las concesionarias Empresa Distribuidora Norte S.A. (EDENOR) y Empresa Distribuidora Sur S.A. (EDESUR).

Semanas atrás, Darío Martínez, secretario de Energía, había confirmado que los aumentos se implementarán entre marzo y abril de 2021. Pero que los mismos se aplicarán en las tarifas de electricidad y gas con un esquema diferenciado, según los ingresos de cada usuario. De esta forma, el funcionario confirmó que un porcentaje de la población tendrá una tarifa subsidiada. “Esto no implica aumentar el porcentaje de los subsidios respecto al PBI, sino mantenerlo constante pero usarlo de mejor manera“, explicó.

“Hay que ver cómo está el país, cómo está el poder adquisitivo. Esto es fundamental. Nos interesa ver qué capacidad de afrontar tarifas tiene la sociedad argentina. Tenemos claro no aumentar los subsidios en términos porcentuales que están en 1,7% del PBI y no volver a las tarifas de la gestión anterior. Una vez que se salga del congelamiento, vamos a una tarifa de transición”, había adelantado Martínez.

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Un sector de la UCR no firmó para la creación de SOMOS y hay incertidumbre

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El sector de la UCR bonaerense alineado con el senador Maximiliano Abad no firmó el acta de constitución del frente SOMOS BUENOS AIRES, que el resto de los espacios del radicalismo integra con peronistas no K, CC, GEN y el monzoísmo.

La novedad fue confirma a DIB por el presidente del bloque de Diputados de UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, un hombre de confianza de Abad.

Garciarena le había dicho más temprano a una radio marplatense que “No firmamos ese frente porque no es ni de centro ni competitivo. No representa lo que la convención partidaria nos mandató”.

La determinación del abadismo siembra dudas respecto del futuro político de ese sector: ¿integrará o no SOMOS? Aun no hay respuestas concretas al respecto. El sector de Abad había mantenido conversaciones con la Casa Rosada antes del cierre de alianzas, pero no se integró a la ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA; que lo libertarios armado con PRO.

En el sector de Abad no habría caído bien la aceptación de sectores provenientes del peronismo (massistas y ex kirchneristas) como el alineado con el intendente de Tigre, Julio Zamora y el exministro Florencio Randazo, en SOMOS BUENOS AIRES. (DIB)

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Ruptura en el universo de los libertarios disidentes en la Legislatura

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El cierre de alianzas para las elecciones del 7 de septiembre en la provincia derivó en la ruptura de los bloques libertarios “blue” en ambas cámaras, denóminados hasta ahora Unión Renovación y Fe, cuyos integrantes se sumarán a propuestas electorales diferentes.

El espacio mayoritario surgido de la fractura se llamará Unión y Libertad en ambas cámaras, y estará integrado por bancada estará presidida por Martín Rozas y el resto de los diputados son Blanca Alessi, María Laura Fernández, Salomé Jalil Toledo, Sabrina Sabat y Constanza Moragues Santos. En el Senado, ese bloque se integrará con Sergio Vargas, Carlos Kikuchi y Silvana Ventura.

Unión y Libertad será, además, el nombre de ese sector como alianza para competir en las elecciones.

Por el otro lado, habrá otra bancada en diputados, que estarán integrada Gustavo Cuervo, el diputado Fabián Luayza Troncozo, acompañados por la legisladora Viviana Romano. Ese espacio, que tendrá solo representación en la cámara Baja, también creó una alianza electoral: Alianza Buenos Aires. Pero aún no comunicó el nombre que tendrán como bancada legislativa. (DIB)

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Reacción de LLA: duros cruces con Villarruel, pedidos para cerrar el Senado y judicialización

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El oficialismo no pudo frenar la avanzada opositora en el Senado y cargó todo el peso de la derrota en Victoria Villarruel, además de anunciar que judicializará la sesión, a la que calificó como “un golpe institucional” contra el gobierno de Javier Milei.

Villarruel, que ya venía con la relación “rota” con el presidente, fue el centro de las críticas del oficalismo: la acusaron de ser cómplice del kirchnerismo por abrir el recinto para una sesión a la que consideran inválida por cuestiones reglamentarias.

“Esta sesión es un atropello de una mayoría circunstancial”, dijo el Ezequiel Atauche, jefe de la bancada oficialista. Consideran que no existe la figura de la autoconvocatoria y que, a pesar de haber reunido el quorum, no debiera convalidarse.

Mucho más dura fue la intervención de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Levántese (de la sesión), Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside”, lanzó Patricia Bullrich en su cuenta de la red social X. “No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia”, dijo la funcionaria.

Minutos después, la vicepresidenta descargó su fastidio a través de su cuenta de X. “Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país”, le achacó.

También dejó un mensaje para el resto del gabinete libertario. Dijo que cumple con un “rol institucional” que “implica que presida las sesiones”. Y disparó, en un claro desafío a Milei: “Entre otras cosas me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy Vicepresidente”.

Bullrich replicó: ¿Qué pretende usted, Victoria? ¿Que la llamen para darle palmaditas en la espalda y decirle “muy bien, Vicky, usted es Vicepresidente”? Somos gente grande y tenemos una enorme responsabilidad. Usted fue electa para terminar con el kirchnerismo, no para ser cómplice de ellos. Si va a habilitar sesiones que no cumplen con el reglamento y que tienen por objetivo perjudicar al Gobierno porque no la llaman seguido desde Casa Rosada, entonces queda de manifiesto que le importa más su ego que el país”.

Más temprano, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había descripto a la sesión como “una especie de golpe institucional de Senado de la Nación organizado por el kirchnerismo” contra el gobierno. Señaló que el mecanismo de convocatoria a la sesión como los dictémenes son ilegales.

Desde el gobierno indicaron en ese marco que la sesión será judicializada. Fue el propio Francos el encargado de anunciarlo: “el Presidente no va a dar por válido la sesón, lo va a judicializar”, adelantó.

Atraque coordinado en redes

Los defensores del oficialismo en las redes, algunos con despacho en el Ejecutivo y otros vinculados a un universo para estatal que suele actuar en bloque y de forma coordinada, se sumaron a los ataques.

Agustín Romo, diputado provincial bonaerense, disparó: “Victoria Villarruel ni siquiera dio lugar a discutir que esto no era re-interpretar el reglamento (mayoría simple) sino que era modificarlo (mayoría especial, 2/3). Directamente le dio la palabra a [José] Mayans. Habilitó la sesión que busca destruir el equilibrio fiscal sin quorum”. Tras ello, el referente de “Las Fuerzas del Cielo” en la provincia de Buenos Aires −la escudería de Santiago Caputo−, publicó una imagen antigua donde se la ve a la vicepresidenta hablar con el jefe de bloque de Unión por la Patria (UP).

Lucas “Sagaz” Luna, otro dirigente bonaerense de Las Fuerzas del Cielo, habló de la “complicidad” de Villarruel y señaló el “papelón absoluto” del Senado. “Se creen que se pueden llevar puesto al gobierno con estas truchadas?”, objetó. “Ni la complicidad de Villarruel les va a servir. Nosotros nos los vamos a llevar puestos a ustedes por haber destruido el país”, dictaminó.

El twitero Fran Fijap, que tiene varias fotos con Milei, escribió: “hay que dinamitar el Congreso, con diputados y senadores adentro”; Luciano Cabrera, cuya identidad en las redes es “El Trumpista”, consideró que “el Javo debería organizar milicas populares entregando armamento a los ciudadanos para facilitar el cierre del Congreso”, mientras el Daniel Parisini, alias “El Gordo Dan”,  pidió, directamente “Los tanques a la calle, ya”. (DIB)

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