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El Gobierno anunció que cerrará dos organismos públicos y despedirá a 900 empleados

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Manuel Adorni

El Gobierno avanza en el desmantelamiento de dos nuevos organismos estatales que dejará el saldo de nuevos 900 despidos. Así lo informó hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien reveló que se trata del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar.

Según precisó el funcionario, la resolución se tomó luego de una revisión de “datos calamitosos, profundamente desoladores” sobre ambos organismos que empleaban a  964 trabajadores, lo que se redujo a dirección que nucleará a 64 empleados. “Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de 9000 millones de pesos”, subrayó al respecto.

Adorni cuestionó “la fiesta que había del gasto público” y planteó que había “160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero, y uno de cada tres empleados eran delegados. Tenían 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una agencia de empleo político”.

“Se transferían fondos discrecionales y actuaban organizaciones sociales y municipios. La ineficiencia de este organismo se refleja en que todavía no hemos recibido reclamos de productores ni trabajadores del campo”, denunció además.

La decisión que llevará adelante el ministro de Economía, Luis Caputo, va en sintonía con la intención de cerrar la agencia de noticias Télam, del INADI y los recortes en PAMI.

El Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena se creó bajo la administración de Alberto Fernández a finales de 2022 a través de la firma del decreto (729/2022) y era conducido por Miguel Gómez, dirigente del Movimiento Evita del riñón de Emilio Pérsico.

El anuncio del cierre llega el día después de la denuncia del Ministerio de Capital Humano al ex secretario de Economía Social del ex Ministerio de Desarrollo Emilio Pérsico por el envío de fondos a dos cooperativas que integraba, al mismo tiempo que era funcionario.

De acuerdo a la presentación, el dirigente social, durante el gobierno de Alberto Fernández, habría enviado $473 millones a la Federación Evita y la Cooperativa la Patriada.

“El Ministerio de Capital Humano por medio de la Subsecretaría Legal y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia encabezada por el Dr. Pablo de La Torre, presenta ante la justicia federal de la Capital Federal una denuncia penal contra Persico por los delitos de Fraude a la Administración Pública, Abuso de Autoridad y Violación de los deberes de funcionario público”, se detalló.

“Su accionar no sólo importó una violación a la ética de los funcionarios públicos, sino también la comisión de delitos penales que deberán ser debidamente investigados”, se agregó.

Fuente: Noticias Argentinas.

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Cumbre del PJ: el desdoblamiento electoral “le quita fuerza al proyecto nacional”

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La expresidenta Cristina Fernández encabezó este martes una reunión del Consejo Nacional del PJ, en la que se advirtió que el desdoblamiento electoral dispuesto en algunas provincias “le quita fuerza al proyecto nacional”. El encuentro “extraordinario” se realizó en la sede partidaria de Matheu 130, en Buenos Aires, y tuvo como eje la evaluación de la “situación política y electoral” del país.

“Tenemos que discutir con el gobierno nacional no una cuestión de territorio sino del modelo que está hambreando a nuestra gente, y eso solo se puede hacer desde una discusión nacional porque la elección está nacionalizada y teñida de violeta”, afirmó la senadora bonaerense Teresa García al término del encuentro.

Consultada por la decisión del gobernador Axel Kicillof de convocar a elecciones legislativas para el 7 de septiembre en la provincia, García aclaró que “no se le ha pedido a ningún gobernador que modifique sus elecciones”. Y respecto de una eventual candidatura de Cristina Fernández, la senadora recordó que “hace dos meses Cristina dijo públicamente que si hay desdoblamiento, iba a ser candidata”. “Obviamente hay resultados que van modificando la realidad. Cristina hoy es la presidenta del PJ y la obligación que tiene el PJ es tratar de ordenar al peronismo para que sea una alternativa en octubre”, agregó, citada por la agencia Noticias Argentinas.

Durante la reunión, según García, “se hizo el análisis de cómo está posicionado el peronismo en cada provincia. Se habló del desdoblamiento y algunos compañeros hablaron de la experiencia del desdoblamiento en algunas provincias y las consecuencias que había tenido”. La conclusión, afirmó, fue que esa estrategia “le hace perder fuerza al proyecto nacional”. (DIB) GML

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Tras el acuerdo con PRO, Milei desembarca en la provincia el 26 de junio

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La Libertad Avanza (LLA) definió la fecha del primer congreso partidario en territorio bonaerense que se realizará el 26 de junio tras confirmar la alianza electoral con el PRO para los comicios locales de la provincia de Buenos Aires.

El mega evento provincial, que debió ser reprogramado a raíz del fallecimiento del papa Francisco, contará con la asistencia del presidente Javier Milei y una fuerte presencia del Gabinete, y tendrá lugar en las vísperas del cierre de la campaña de la provincia.

La titular del partido y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el armador local, Sebastián Pareja, convocarán a funcionarios, militantes y referentes provinciales al salón Vonharv, ubicado en las calles 19 y 511, de la localidad de Gonnet, en las afueras de La Plata, en una primera demostración de fuerzas para discutir las principales preocupaciones de los distintos municipios de la provincia.

Al igual que lo programado para la fecha original, el cierre del evento a cargo del mandatario, que se mostrará secundado por José Luis Espert, el candidato que eligió para “recuperar la provincia”.

Según revelaron desde la coordinación esperan la asistencia de 1.200 personas que se dividirán en grupos de trabajo y disertarán sobre temáticas cuyas conclusiones quedarán plasmadas en documentos partidarios.

Al momento, será una instancia de debate libertario “puro”, por lo que descartan la participación de los diputados del PRO, Cristian Ritondo y Diego Santilli, quienes negocian con la menor de los Milei, la dueña de la lapicera, el armado de las listas.

Se trata de una de las actividades de campaña que se llevarán adelante en la provincia de Buenos Aires, territorio gobernado por Axel Kicillof, a quien pretende ganarle en las próximas elecciones locales del 7 de septiembre.

Bajo la premisa “la Provincia se pone de pie, La Libertad Avanza”, la agrupación violeta dará una serie de debates “político-técnicos”, divididos en ocho mesas correspondientes a distintos tópicos. El temario surgió de una encuesta realizada sobre 20 mil bonaerenses que precisaron que inseguridad, salud pública y el costo de los impuestos, se ubican como las principales problemáticas del territorio.

Tras la cancelación del 22 de abril, la nueva fecha se da a conocer el día después del nuevo acercamiento entre los libertarios y los alfiles del PRO para concretar una lista conjunta que compita en la provincial.

El pasado lunes, Ritondo y Santilli visitaron Casa Rosada para entrevistarse con Karina Milei, Sebastián Pareja y Lule Menem. Al término de la reunión, los diputados amarillos se mostraron optimistas por lo conversado.

“Hay un firme interés en avanzar en la provincia de Buenos Aires juntos. Después veremos el instrumento, eso es secundario, pero vamos a avanzar para las elecciones de septiembre y las de octubre”, garantizó el titular del PRO bonaerense al retirarse de la sede gubernamental. (DIB)

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AGN: Diputados reanuda el debate de una reforma de la Auditoria, que se encuentra paralizada

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La Cámara de Diputados volverá a debatir mañana en un plenario de comisiones los proyectos de reforma de la Auditoria General de la Nación, que hoy se encuentra paralizada debido a que el Congreso no designó a los seis miembros de ese organismo que controla las cuentas públicas.

La Comisión de Asuntos Constitucionales fue citada para mañana a las 10 para avanzar en un consenso sobre los proyectos que se promueven desde La Libertad Avanza (LLA), el PRO, Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal y Democracia para Siempre.

El debate tiene lugar mientras persiste la parálisis de la AGN debido a que no se designaron los nuevos auditores del Congreso, dado que en marzo de 2024 venció el mandato de los tres designados por diputados y lo mismo sucedió este año con los representantes del Senado.

En marzo del año pasado vencieron los mandatos de los auditores nombrados por el Senado Graciela Da Rosa y Javier Fernández, del PJ, y del radical Alejandro Nieva, y en marzo de 2024 habían concluido los mandatos de los peronistas Juan Ignacio Forlón y Gabriel Mihura Estrada, además del radical Jesús Rodríguez.

Y existe una fuerte presión de UxP y EF de nombrar a Forlón y Emilio Monzó, pero el oficialismo se resiste porque primero quiere aprobar un proyecto diseñado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el que se busca acortar de 8 a 4 años los mandatos de los auditores y limitar las reelecciones.

Además busca reducir los sueldos de los auditores para que pasen a cobrar lo mismo que un diputado, cuya dieta se ubica en unos 4,5 millones de pesos.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz, comenzó a debatir el proyecto de Menem la semana pasada, pero el resto de los bloques pidieron incorporar otras iniciativas de reforma que son impulsados por Silvana Guidici (PRO); Ernesto Ali y Ricardo Herrera (UxP); Margarita Stobizer (EF) y Carla Carrizo (DPS). 

El proyecto impulsado por Menem también tiene como ejes salientes un cambio en la composición, ya que aumenta de 3 a 4 los auditores que debe elegir Diputados y le quita uno al Senado.

Menem propone aumentar de tres a cuatro miembros la representación de Diputados y bajar de tres a dos los integrantes que debe nombrar el Senado, y fija que el presidente será designado por una resolución de la Cámara alta a propuesta del principal bloque opositor.

La propuesta de la diputada radical de DPS Carla Carrizo mantiene los seis miembros, tres para cada cámara, pero especifica cómo se hará la distribución y, en ese sentido, propone que uno corresponda al partido político con mayor número de diputados, uno por el partido de oposición de la primera minoría y otro por el partido de oposición de la segunda minoría.

También propone, a fin de garantizar la paridad de género, el número de auditores del mismo sexo nunca podrá superar en más de uno a los del otro sexo, con lo cual asegura la presencia de al menos dos mujeres, una en cada cámara del Congreso.   Por su parte, el proyecto de Ali y Herrera mantiene seis auditores del Congreso y el mandato de los ocho años, aunque en el caso del presidente fija que será a propuesta del principal partido opositor, como es hasta ahora, pero cesará en sus funciones si el partido que lo propuso no mantiene su condición de ser el bloque opositor más numeroso, lo que se puede plantear cuando hay una renovación parlamentaria.

Uno de los puntos centrales del proyecto de UxP es que le permite a la Auditoria “extender su competencia a las entidades públicas no estatales, o a las de derecho privado en cuya dirección y administración tenga responsabilidad el Estado nacional, incluso a las que se les hubiesen otorgado aportes o subsidios para su instalación o funcionamiento y, en general, a todo ente que perciba, gaste, o administre fondos públicos en virtud de una norma legal o reglamentaria, o con finalidad pública”.

En tanto, los proyectos de Menem y Guidici, del PRO, establecen los plazos de las auditorías que tiene que hacer la AGN cuando concluye un Gobierno, ya que siempre se demoran en el tiempo.

Sobre los plazos que debe cumplir la AGN para auditar las cuentas del Estado nacional, el proyecto de Guidici lo establece en 30 días antes de la finalización de un mandato de gobierno.

En ese sentido fija que se deberán incluir los recuentos, arqueos y validaciones que sean necesarios para formarse una opinión sobre el estado de la deuda pública, el stock de reservas internacionales del Banco Central, la situación de los juicios en los que es parte el Estado nacional como actor o demandado, los resultados fiscales y la planta completa del personal al servicio del Sector Público Nacional.

Las jurisdicciones y entidades involucradas prestarán toda la colaboración que les sea requerida “por la AGN y no podrán oponer normas especiales sobre inmunidad, secreto, reserva o confidencialidad. Estas auditorías deberán ejecutarse, completarse e informadas a los ciento veinte (120) días de haber sido iniciadas”.

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