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El Gobierno de Javier Milei se comprometió con el FMI a una reforma integral del sistema previsional

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El Gobierno de Javier Milei, en el marco del nuevo acuerdo de facilidades extendidas firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se comprometió a implementar una reforma integral del sistema previsional. El compromiso fue asumido como parte del programa económico delineado en el entendimiento alcanzado con el organismo multilateral, que tendrá una duración de cuatro años y busca consolidar la estabilidad macroeconómica.

La reforma previsional, que debe estar diseñada para diciembre de 2026, fue incluida como un criterio estructural del programa. Según los documentos oficiales, el objetivo central será mejorar la equidad y la sostenibilidad del sistema. Para ello, se prevé una reestructuración del esquema vigente, actualmente caracterizado por su fragmentación, con el fin de alinear de manera más eficiente las contribuciones con los beneficios otorgados. Esta modificación también buscará incentivar una mayor formalización del empleo en el mercado laboral argentino.

El compromiso en materia previsional se enmarca dentro de una estrategia fiscal más amplia basada en el principio de déficit cero, que el Gobierno ya comenzó a implementar. En ese sentido, las autoridades destacaron que durante los primeros meses de la gestión se logró registrar el primer superávit fiscal en casi dos décadas. El programa acordado con el FMI enfatiza la necesidad de fortalecer la calidad y la sostenibilidad de ese ancla fiscal a través de una disciplina continua en el gasto público, mejoras en la eficiencia y una secuencia adecuada de reformas en los sistemas tributario, de coparticipación federal y previsional.

Junto con estos compromisos, el acuerdo también contempla un rediseño del régimen cambiario, con una transición hacia un esquema de mayor flexibilidad del tipo de cambio. El objetivo de este cambio es reconstruir reservas internacionales y mejorar la capacidad de absorción de shocks externos. Esta transición será acompañada por un nuevo marco de metas monetarias, que incluirá límites estrictos sobre los activos domésticos netos del Banco Central, para sostener la demanda de dinero y continuar con el proceso de desinflación, reduciendo la necesidad de intervención en el mercado cambiario.

Además, el programa contempla el tratamiento de una reducción gradual de los llamados impuestos distorsivos, como los gravámenes sobre exportaciones y transacciones financieras, que serán reemplazados por tributos directos más simples y mejor administrados sobre hogares y empresas. Entre las reformas previstas se incluye la armonización del monotributo, la simplificación del impuesto a las ganancias corporativas, y la revisión de los gastos tributarios, que actualmente representan el 3,5 por ciento del PBI y benefician a sectores y regiones específicas.

A nivel provincial, se buscará eliminar gradualmente los impuestos distorsivos como Ingresos Brutos, y mejorar la valuación de activos inmobiliarios y tierras, especialmente en el sector agropecuario. También se impulsará una reforma del sistema de coparticipación federal y se promoverán marcos de responsabilidad fiscal para alinear incentivos entre los distintos niveles de gobierno.

En paralelo, se profundizarán reformas estructurales destinadas a fortalecer la apertura de la economía, flexibilizar los mercados de bienes y trabajo, mejorar la eficiencia del Estado y dotar de mayor previsibilidad al marco regulatorio. Estas iniciativas también contemplan el alineamiento de los marcos legales vinculados a la lucha contra la corrupción y el lavado de activos con los estándares internacionales.

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Diputados debatirán la próxima semana un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

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La Cámara de Diputados debatirá el próximo miércoles en comisión un dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, con el fin de poder condenar a los menores que cometen delitos graves.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitó ayer que avancen con la sanción del proyecto para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad, aunque hay consenso para que se pueda establecer en 14 años, en sintonía con proyectos presentados por opositores y el PRO.

Francos recordó que el Gobierno envió al Congreso de la Nación ese proyecto en junio del año pasado y señaló al defender esa propuesta que “quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto; por lo que proponemos bajar la edad de imputabilidad a 13 años”.

Tras ser suspendido la semana pasada por la sesión sobre el criptogate, la presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodrigo Machado, convocó para el próximo miércoles a las 17.30 para deliberar en conjunto con las comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto, que presiden Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR), y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

La intención del oficialismo, PRO, la UCR y Encuentro Federal es firmar un dictamen que estará basado en el proyecto del Poder Ejecutivo y la docena de iniciativas impulsadas por legisladores de diferentes espacios políticos.

La baja de imputabilidad también es respaldada por los diputados que responden al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.

La estrategia del oficialismo es tener el miércoles firmado el despacho de mayoría para tratarlo en la primera quincena de mayo, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La iniciativa ya se debatió en siete reuniones el año pasado y este año hubo dos reuniones, una el 12 de marzo y otra el 19 de marzo, previo a la sesión en la que se debatió el acuerdo con el FMI.

Fuentes legislativas precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que, si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14, como proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.

El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

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Peronismo Bonaerense se reunió en Avellaneda para evaluar estrategias electorales

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Peronismo Bonaerense llevó a cabo una importante reunión en el Sindicato de Empleados de Comercio de Avellaneda/Lanús, con intención de poner en común ideas para llevar a cabo estrategias electorales. El encuentro reunió a destacados referentes de la Tercera Sección Electoral, liderados por Baldomero “Cacho” Álvarez, quienes contaron con el respaldo del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Durante la reunión, se discutieron distintas alternativas electorales en un ambiente de unidad y apoyo incondicional hacia la gestión del gobernador Kicillof. tal como se indicó en un comunicado, los presentes expresaron su respaldo a las políticas implementadas por la Provincia, poniendo de manifiesto un claro posicionamiento en contra de la conducción de Máximo Kirchner al frente del Partido Justicialista provincial, evidenciando un cuestionamiento hacia su liderazgo.

Estuvieron presentes en el encuentro Pedro Machado, Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús-Avellaneda; Gualberto “Pájaro” Ríos, Concejal de Florencio Varela; “Vasco” Garat, de San Vicente; Miguel Saavedra, de Cañuelas; Roberto Gómez, Secretario de Prensa de la CGT Necochea; Adrián Verdini, Concejal MC de La Matanza; Germán Bonnemezon, Concejal MC de Almirante Brown y Director Provincial de Asuntos Políticos; Alberto Pérez, “Cacho” Cuartando, entre otros, quienes representaron a las ocho secciones electorales bonaerenses.

“Este encuentro refuerza la unidad del Peronismo Bonaerense y su compromiso con el crecimiento y fortalecimiento del movimiento en la provincia, a la vez que señala un claro camino hacia las próximas elecciones”, indicaron. (DIB) ACR

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Tras la presión del Gobierno, Caputo celebró que Molinos retrotraiga la suba de precios

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El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que una alimenticia líder retrotrajo sus precios. Lo hizo pocas horas después de que los supermercados empezaran a recibir nuevas listas de precios coaumentos entre el 9% y 12% de parte de los grandes proveedores, lo que llevó al Gobierno a dejar de lado el libre mercado y presionar para que esas subas no llegaran a las góndolas.

“Buena reacción”, escribió Caputo en la red social X. Y agregó: “Y, sobre todo, gran gestión de los supermercados, cuidando a sus clientes”.

Unas horas antes, el funcionario había apuntado a la misma compañía y a Unilever sobre que le habían acercado a las grandes cadenas de supermercados una lista con nuevos precios que registraban subas de 9 a 12% en sus productos.

Entonces, en otro tuit Caputo festejaba que los supermercados rechazaran esos ajustes. “Hoy los supermercados grandes rechazaron la mercadería con lista de precios nueva de Unilever y Molinos con subas de 9% a 12%”, escribió en X. Ahora el ministro celebró el éxito de la presión sobre la alimenticia.

Tmbién, Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, aseguró que no existe motivo, ni cambiario ni tributario, que justifique el aumento en las listas de precios que algunos pretenden imponer a los consumidores. “Esas listan serán rechazadas por cadenas nacionales, regionales y almacenes. En el gobierno de Javier Milei no hay lugar para oportunistas”, dijo.

Estos cambios en las listas de precios se dieron en el marco de los cambios que incluyeron una flotación del dólar entre bandas de $1.000 y $1.400. Esos límites se deslizarán 1%. El lunes, primer día también sin cepo para los ahorristas, el dólar oficial saltó 12% y cerró en $1.230. El martes se mantuvo en torno a ese valor, para luego caer el miércoles a $1.160.

Los argumentos de las compañías fueron dos. Primero, muchos alimentos y productos de consumo masivo incluyen componentes importados, por lo que sus precios están atados al dólar. Segundo, los alimentos exportables tienden a encarecerse en el mercado local cuando mejora su precio internacional a causa de un tipo de cambio más alto. (DIB)

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