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El Gobierno dispuso la intervención de la ANAC para evitar la caída de la seguridad operacional

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La Secretaría de Transporte de la Nación dispuso hoy la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) por el plazo de 180 días 2con el objetivo de elevar sus estándares de seguridad operacional, optimizar y digitalizar procesos administrativos y auditar sus últimos años de gestión”, según indica el decreto 606/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial.

El decreto aclara que el organismo continuará manejándose de manera descentralizada, en la órbita de la Secretaría de Transporte, a través de la Subsecretaría de Transporte Aéreo a cargo de Hernán Gómez, que ahora tendrá la responsabilidad de coordinar el accionar de la Administración.

La medida implica el desplazamiento de Gustavo Marón, hasta el momento a cargo del organismo contralor de las actividades aéreas y como interventora fue designada María Julia Cordero, quien ya estaba cumpliendo tareas en la Secretaría de Transporte, a través de la Subsecretaría de Transporte Aéreo.

Según indicaron fuentes oficiales, la medida es impulsada debido a la degradación regional de nuestro país en materia de aviación civil y destacan que, “en los últimos años, fueron realizadas auditorías externas cuyas últimas inspecciones han identificado más de 80 hallazgos que afectan áreas como capacitación del personal técnico, información relativa a la seguridad operacional, otorgamiento de licencias, certificaciones, autorizaciones, obligaciones de vigilancia o resoluciones de seguridad operacional”.

Especifican que “mantener este nivel de situación podría desencadenar en una baja de la categoría internacional afectando la actividad aerocomercial y generando un impacto negativo en la industria”.

En la práctica, y de acuerdo a lo que consignaron fuentes aeronáuticas a NA, la decisión se toma a partir de que a partir del Decreto de desregulación de la actividad aérea recientemente sancionado, la ANAC cobra un papel esencial, toda vez que será la encargada de definir parámetros esenciales para el funcionamiento de la aviación en el país.

Dado que los trámites para autorización de rutas y operaciones ahora se han simplificado notablemente, queda en manos de la ANAC la tarea de la regulación de las cuestiones de seguridad operacional, tanto de las aeronaves como de los aeropuertos o aeródromos.

Ante esto, y frente a una serie de cuestionamientos que se venían dando interna y externamente sobre el accionar de Marón, es que se resolvió “cortar por lo sano” con una intervención destinada a “poner en caja” el sistema.

Ya desde ATE ANAC, el gremio que nuclea a parte de los controladores aéreos habían cuestionado la gestión de Marón aduciendo que “no hay desarrollo Aerocomercial con una ANAC sin capacidad operativa y sin valorizar su capital humano”.

Los cuestionamientos también venían desde adentro con críticas a que el Administrador prefería reunirse con usuarios y hacer lugar a lo que ellos opinaban en lugar de atender lo que decían y reclamaban los técnicos del organismo, dilatando decisiones esenciales para la seguridad operacional, particularmente en lugares como Aeroparque, donde las decisiones tienen consecuencia directa con las operaciones. “No escucha”, dijeron a NA fuentes consultadas sobre la situación.

Eso sumado a la desafectación de personal que, si bien venía de gestiones anteriores, eran idóneos y capacitados para su función, hizo que la situación se tornase riesgosa de continuar en las mismas condiciones.

Ahora la interventora deberá:

  • – Elaborar y elevar a la Secretaria de Transporte un informe del estado de situación del organismo.
  • – Relevar la actual estructura del organismos y determinar una reorganización funcional y operativa.
  • – Evaluar e informar sobre el estado financiero del organismo.
  • – Implementar cualquier otro mecanismo tendiente a agilizar y digitalizar los procesos del organismo.

Desde la Secretaría de Transporte señalaron que, “en este contexto, surge la necesidad de generar una reestructuración con plazos y procedimientos de excepción, por lo que la intervención resulta el instrumento más idóneo y adecuado para esa tarea. Este trabajo requiere transformar a la ANAC en un organismo eficiente, ágil, acorde a las exigencias de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y que van en consonancia con las reformas que se están introduciendo en materia de desregulación del sistema aerocomercial”.

La Argentina, en el marco de las responsabilidades asumidas como miembro de la OACI, debe cumplir con las normas y métodos recomendados para la protección y la seguridad de la aviación civil. Esto significa armonizar su normativa interna, los procedimientos asociados y la organización de la matriz institucional del sistema aerocomercial de modo de mejorar la navegación aérea y contribuir a la seguridad de la aeronáutica civil.

La interventora María Julia Cordero es una profesional con amplia experiencia en el sector. Es abogada y especialista en políticas públicas. Ha trabajado en organismos públicos y empresas vinculadas con la actividad aerocomercial, sumando 17 años de experiencia en el sector.

Fue parte del equipo del Ministerio de Defensa cuando se emprendió el Proceso de transferencia del Comando de Regiones Aéreas y la creación de la ANAC. Se ha desempañado también en Aerolíneas Argentinas, en la Policía de Seguridad Aeroportuaria y en la Junta de Seguridad en el Transporte. Y estuvo trabajando durante la gestión de Mogetta como asesora de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, en la desregulación del sector aerocomercial y en los convenios por cielos abiertos con distintos países.

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Tras los anuncios sobre reducción de organismos públicos, desde ATE advierten: “Los vamos a echar a ellos”

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Tras los anuncios del presidente Javier Milei sobre la inminente eliminación de organismos públicos, el secretario general de Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, advirtió que el Gobierno está perdiendo popularidad y que “está cada día más cerca el momento” en que la sociedad “echará” a los actuales funcionarios.

Si bien reconoció que al principio la administración libertaria tuvo apoyo popular para avanzar sobre el Estado, explicó que “un año y medio después ellos están cada vez peor y a nosotros nos valoran más”.

“Está cada día mas cerca el momento en que los echemos a ellos. Van a quedar en la calle, van a sentir en carne propia el sentimiento que con tanta crueldad nos han generado”, sostuvo el dirigente de la CTA en diálogo con “Sin Corbata”, el programa que conduce Antonio Llorente por Radio Splendid AM 990.

En esta línea, Aguiar sostuvo que en este “momento particular” con un gobierno que “pierde consenso social”, los movimientos sociales, políticos y sindicales no deben “darle tregua”.

“Esas expectativas de buena parte de la población empiezan a desaparecer y mucho ha tenido que ver la lucha en la calle y la disputa de sentido que hemos levado adelante”, consideró.

“Estamos en un momento particular, un momento en el que el gobierno pierde consenso social, por eso no le tenemos que dar tregua y desde ATE dijimos que el 23 de este mes (habrá) protesta simultánea en todos los organismos públicos”, remarcó.

Para el líder del gremio estatal, “nunca fue tan evidente el recorte de salarios en el sector público”.

“El Gobierno celebra que ahorró con las cesantías masivas ilegales que se llevó adelante hasta ahora 1350 millones de dólares. Nadie nos dice a donde van a parar los ahorros que ejecutan en el Estado”, indicó.

“Contrariamente es un Gobierno que no construyó ni 10 metros de asfalto ni cambio una lamparita de un alambrado público”, cuestionó.

Según Aguiar, “nos gobiernan CEOs fracasados que nos están saliendo muy caro a todas las argentinos y argentinas”.

En otro orden, cuestionó fuertemente a UPCN, el sindicato estatal que se sienta en el paritaria con el Gobierno a acordar salarios y que rivaliza con ATE en el sector.

“El viernes a la mañana firmaron un 1% y a la tarde se difundió un 4% de inflación. Ahí anda el sindicato que firmó como arrepentido numero uno diciendo que le abran las paritarias”, lamentó.

Aguiar cuestionó el nuevo programa económico del Gobierno y advirtió sobre una aceleración de la inflación.

Por estas horas ha existido una remarcación generalizada de todos los precios de la economía que golpean los deteriorados salarios y jubilaciones”, alertó.

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Diputados debatirán un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

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La Cámara de Diputados debatirá el próximo miércoles en comisión un dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, con el fin de poder condenar a los menores que cometen delitos graves.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitó ayer que avancen con la sanción del proyecto para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad, aunque hay consenso para que se pueda establecer en 14 años, en sintonía con proyectos presentados por opositores y el PRO.

Francos recordó que el Gobierno envió al Congreso de la Nación ese proyecto en junio del año pasado y señaló al defender esa propuesta que “quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto; por lo que proponemos bajar la edad de imputabilidad a 13 años”.

Tras ser suspendido la semana pasada por la sesión sobre el criptogate, la presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodrigo Machado, convocó para el próximo miércoles a las 17.30 para deliberar en conjunto con las comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto, que presiden Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR), y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

La intención del oficialismo, PRO, la UCR y Encuentro Federal es firmar un dictamen que estará basado en el proyecto del Poder Ejecutivo y la docena de iniciativas impulsadas por legisladores de diferentes espacios políticos.

La baja de imputabilidad también es respaldada por los diputados que responden al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.

La estrategia del oficialismo es tener el miércoles firmado el despacho de mayoría para tratarlo en la primera quincena de mayo, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La iniciativa ya se debatió en siete reuniones el año pasado y este año hubo dos reuniones, una el 12 de marzo y otra el 19 de marzo, previo a la sesión en la que se debatió el acuerdo con el FMI.

Fuentes legislativas precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que, si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14, como proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.

El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

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Peronismo Bonaerense se reunió en Avellaneda para evaluar estrategias electorales

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Peronismo Bonaerense llevó a cabo una importante reunión en el Sindicato de Empleados de Comercio de Avellaneda/Lanús, con intención de poner en común ideas para llevar a cabo estrategias electorales. El encuentro reunió a destacados referentes de la Tercera Sección Electoral, liderados por Baldomero “Cacho” Álvarez, quienes contaron con el respaldo del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Durante la reunión, se discutieron distintas alternativas electorales en un ambiente de unidad y apoyo incondicional hacia la gestión del gobernador Kicillof. tal como se indicó en un comunicado, los presentes expresaron su respaldo a las políticas implementadas por la Provincia, poniendo de manifiesto un claro posicionamiento en contra de la conducción de Máximo Kirchner al frente del Partido Justicialista provincial, evidenciando un cuestionamiento hacia su liderazgo.

Estuvieron presentes en el encuentro Pedro Machado, Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús-Avellaneda; Gualberto “Pájaro” Ríos, Concejal de Florencio Varela; “Vasco” Garat, de San Vicente; Miguel Saavedra, de Cañuelas; Roberto Gómez, Secretario de Prensa de la CGT Necochea; Adrián Verdini, Concejal MC de La Matanza; Germán Bonnemezon, Concejal MC de Almirante Brown y Director Provincial de Asuntos Políticos; Alberto Pérez, “Cacho” Cuartando, entre otros, quienes representaron a las ocho secciones electorales bonaerenses.

“Este encuentro refuerza la unidad del Peronismo Bonaerense y su compromiso con el crecimiento y fortalecimiento del movimiento en la provincia, a la vez que señala un claro camino hacia las próximas elecciones”, indicaron. (DIB) ACR

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