Tres auditorías sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectaron compras fuera del régimen estatal, fallas médicas, administrativas e informáticas y diferencias de precios de hasta 1.068% durante el primer semestre de 2025, cuando el organismo era dirigido por Diego Spagnuolo. Las auditorías a las que accedió Infobae, abarcaron la adquisición de medicamentos, insumos médicos, prótesis y sillas de ruedas, además del sistema que gestionaba esas prestaciones.

Los trabajos fueron solicitados en septiembre de 2025 por el entonces interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, y se realizaron entre octubre de ese año y abril de 2026. Examinaron el período anterior al corte de gestión del 21 de agosto de 2025.

La revisión también encontró compras de medicamentos para Entre Ríos por $ 11.925 millones y para Neuquén por $ 837 millones sin respaldo documental de convenios o adendas vigentes durante el período bajo análisis. Las adquisiciones realizadas en las provincias de Chubut, La Pampa, Salta y Tierra del Fuego tampoco tenían la fecha de firma, mientras que otros documentos carecían de los sellos aclaratorios de los responsables.

Compras sin licitación ni comparación documentada de ofertas

El primer informe, fechado en diciembre de 2025, cuestionó el circuito interno denominado “PACBI Circuito Compras”, utilizado para adquirir medicamentos de alto costo y baja incidencia. La auditoría concluyó que el mecanismo no se ajustaba al Decreto 1023/2001 ni a su reglamentación, que rigen las contrataciones de los organismos descentralizados del Estado.

La ANDIS no utilizó el sistema electrónico obligatorio COMPR.AR, no elaboró pliegos de bases y condiciones ni cursó invitaciones formales a proveedores. Tampoco encontró análisis comparativos documentados de las ofertas o causales de excepción que justificaran contrataciones directas.

Los auditores determinaron que la falta de planificación o la imprevisibilidad de los requerimientos no constituían motivos legales para apartarse del régimen general. El procedimiento afectaba “los principios de legalidad, transparencia en los procedimientos, igualdad de trato para interesados y para oferentes, publicidad y difusión de las actuaciones, promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre oferentes”.

La misma observación alcanzó a las compras de insumos médicos, prótesis y sillas de ruedas. Esas operaciones tampoco emplearon el sistema estatal de contrataciones, carecieron de una metodología formal y no previeron controles mediante la oposición de oferentes.

La falta de mecanismos para cotejar propuestas comprometía la comparación de precios y la búsqueda de valores razonables. La conclusión advirtió sobre “el consecuente riesgo de generar un perjuicio económico al erario público”.

Medicamentos con precios hasta 1.068% más altos

El informe integral de abril de 2026 examinó el recorrido de las compras de medicamentos del Programa Federal de Salud Incluir Salud, desde la solicitud de un beneficiario hasta el pago a un proveedor. El Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones, conocido como SIIPFIS, no tenía un módulo ni un registro de valores de referencia para comparar precios de manera objetiva.

El responsable de compras explicó que el cotejo de cotizaciones se realizaba fuera de la plataforma, mediante otras fuentes y planillas de Excel. Sin embargo, no había constancias que permitieran identificar esas fuentes ni reconstruir el método aplicado para evaluar los valores.

La mayor diferencia correspondió al medicamento Macitentán de 10 miligramos, empleado contra la hipertensión arterial pulmonar. La droguería P facturó cada unidad a $ 5.299.081,66 el 20 de febrero de 2025, mientras que la firma UP vendió el mismo producto a $ 453.621 un mes después: una brecha de 1.068%, equivalente a $ 4.845.460,66 por unidad.

También se detectaron variaciones en partidas de Pembrolizumab, un medicamento de inmunoterapia oncológica, y de Tacrolimus, un inmunosupresor utilizado, entre otros casos, por pacientes trasplantados. Los auditores también advirtieron sobre la preferencia de algunas droguerías sobre otras sin justificación.

Algunos expedientes tenían la misma fecha de requerimiento, pero se tramitaron de forma separada y terminaron adjudicados a distintos proveedores con precios diferentes para un mismo producto. En el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones tampoco se acreditaron los actos administrativos formales ni informes técnicos que acreditaran la evaluación de las ofertas y los criterios para elegir a cada adjudicatario.

La auditoría relevó $ 110.263 millones en compras de medicamentos Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI) durante el primer semestre de 2025, distribuidas en 10.683 expedientes electrónicos de pago. La muestra analizada incluyó 219 expedientes por $ 29.713 millones, el 27% del total.

Dentro de ese universo, hubo 21 expedientes por $ 2.510 millones en los que el domicilio de entrega consignado en la orden de provisión no coincidía con el indicado en el remito de recepción. No existía “justificación o aclaración alguna” para esas diferencias.

Los auditores no pudieron comparar esos precios y procedimientos con los de otros organismos, como PAMI u obras sociales, porque el sistema de la ex Agencia Nacional de Discapacidad no permitía realizar ese control. También establecieron que las compras se tramitaron mediante circuitos internos no autorizados por la Oficina Nacional de Contrataciones y por fuera del Sistema de Gestión Documental Electrónica, que debía centralizar las actuaciones administrativas nacionales.

Falta de controles médicos, provinciales e informáticos

Los auditores también determinaron que las Unidades de Gestión Provincial no dejaron constancias de haber cotejado las solicitudes de medicamentos con las historias clínicas de los beneficiarios. Tampoco se acreditó una intervención formal de la entonces Dirección de Prestaciones Médicas en la evaluación de los pedidos.

El informe señaló un hallazgo de alto impacto: “No se verifica en el sistema la autorización expresa de un profesional médico responsable”. No había descripción técnica de la evaluación ni dictámenes que respaldaran la aprobación o el rechazo de cada solicitud.

La revisión tampoco permitió determinar cuántos proveedores registrados en la base de datos del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones fueron convocados a cotizar en cada compra. La ANDIS no realizó auditorías en terreno sobre los efectores de salud provinciales, pese a que los convenios marco y el reglamento de Incluir Salud contemplaban ese control.

Los expedientes examinados incluían remitos con firmas de recepción atribuidas a personas que no figuraban como beneficiarias, apoderadas ni integrantes de las unidades de gestión provincial. También había facturas que no reunían los requisitos formales exigidos para su liquidación.

El segundo informe, elaborado en marzo de 2026, se concentró en los controles tecnológicos del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones. La empresa privada GMS tenía accesos de máximos privilegios y a la base de datos, sin que se encontrara un contrato o convenio formal que regulara ese vínculo.

GMS SA, sociedad dedicada a la tecnología digital y contratista del Estado que aparece nombrada en la causa en la que el juez Lijo procesó a Spagnuolo y a otras 18 personas.

En uno de los cuadernos de Miguel Ángel Calvete que secuestró como prueba el fiscal Franco Picardi figura el nombre de un empresario accionista de varias compañías, entre ellas, GMS SA, dedicada a la tecnología digital y contratista del Estado desde el gobierno de Alberto Fernández y que continuó con La Libertad Avanza.

Calvete fue procesado como uno de los presuntos jefes de una asociación ilícita investigada por corrupción en la ANDIS. La Sala II de la Cámara Federal confirmó esa situación procesal en septiembre de 2026, junto con la de Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini. La causa investiga presuntas maniobras de direccionamiento de compras, sobreprecios y retornos vinculados con la adquisición de medicamentos e insumos médicos.

Daniel María Garbellini fue el director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cargo que ocupó desde el 3 de junio de 2024 hasta el 21 de agosto de 2025, día en que fue desplazado junto con Diego Spagnuolo tras conocerse los audios que destaparon el supuesto escándalo de corrupción.

La dependencia del organismo respecto de ese proveedor se arrastraba desde 2022. Según reconstruyó la auditoría, GMS realizó la última entrega formal del código fuente del sistema en diciembre de ese año, al finalizar el contrato que lo vinculaba con la entonces ANDIS. A partir de ese momento, y pese a no contar con un nuevo contrato ni con convenios formales que regularan la relación, la empresa continuó a cargo del mantenimiento y soporte técnico del Sistema Integrado de Información del Programa Federal Incluir Salud durante más de tres años, con accesos de máximos privilegios al ambiente productivo del sistema y a su base de datos.

Recién en enero de 2026, en el marco del propio proceso de auditoría y a pedido del área de tecnología del organismo, el proveedor habría entregado una nueva versión del código fuente. Sin embargo, los auditores no pudieron verificar que esa versión “compile y corresponda con la versión que se encuentra operativa actualmente”, según consta en el informe. Es decir, ni siquiera quedó acreditado que el Estado dispusiera de una copia fidedigna y funcional del programa que administra la información de pensiones por invalidez, el Certificado Único de Discapacidad y las compras de medicamentos de alto costo.

La auditoría detectó además cuentas genéricas de usuario, ausencia de controles periódicos sobre los perfiles de acceso, tecnología sin soporte vigente y falta de copias de seguridad externas. El sistema tampoco tenía un plan formal de contingencia ante incidentes informáticos.

Las irregularidades se conocieron mientras avanzaba la causa judicial por el presunto esquema de sobornos y direccionamiento de adquisiciones en la Agencia. En febrero de 2026, el juez federal Ariel Lijo procesó a Spagnuolo y a otras 18 personas por presunta asociación ilícita y cohecho, al estimar un desvío de al menos $ 6.000 millones mediante sobreprecios de medicamentos.

Spagnuolo rechazó entregar una muestra de voz para el peritaje acústico. La Justicia intenta determinar si es el autor de los audios que destaparon el escándalo de corrupción en el área que conducía. La negativa provocó prórrogas en el estudio a cargo de Gendarmería Nacional.

Spagnuolo y otras 18 personas -entre ellas exfuncionarios de ANDIS, empresarios e intermediarios- están procesadas y embargadas por un entramado de corrupción en la ANDIS.

Para una franja significativa de personas con discapacidad que no cuentan con obra social ni prepaga, la ANDIS no es un organismo más: es la institución que determina si acceden o no a un medicamento oncológico, a un inmunosupresor post trasplante o a una prótesis. Las irregularidades detectadas por las auditorías atraviesan, entonces, un circuito del que depende la continuidad de tratamientos médicos de personas que, en muchos casos, no tienen una alternativa fuera del sistema estatal.

El Congreso expone una agenda intensa para esta semana, pero el foco político estará puesto casi exclusivamente sobre un tema, de arrastre: la ley de Tierras y, más precisamente, la disputa por el manejo del temario que disparó su último capítulo judicial. Se verá si el oficialismo logra celebrar su movida para frenar la convocatoria opositora o si aún así, como dicen los pronósticos, queda instalada la lectura sobre una marcha atrás libertaria en este terreno. Esa disputa está planteada en Diputados. En el Senado, los movimientos son menos visibles y, por supuesto, el mayor deseo del Gobierno está centrado en la negociación para bajar las PASO. Camino largo, cruzado por desconfianzas, que se extienden a tratativas electorales más amplias con gobernadores y remiten a las expectativas sobre la marcha de la economía.

El único dato a contracorriente, aislado y excepcional, lo constituye la posibilidad cierta de que la Cámara baja avance con la iniciativa sobre trazabilidad de medicamentos de alto riesgo. El proyecto tiene consenso general y nació de la confluencia de propuestas de diversos espacios -desde el bloque violeta hasta representantes de la oposición dura-, a partir de las reacciones iniciales producidas por la tragedia del fentanilo contaminado. Tuvo dictamen hace veinte días y llegaría al recinto la semana que viene, aunque como parte de la jugada oficialista. Otro tema será su aplicación, cuando se convierta en ley.

Por supuesto, el principal punto de la agenda impulsada por LLA y conversada con sus socios y aliados no es ese, sino la intención de cerrar el tema de la ley de Tierras, que le provocó costos en el Senado, fue repuesto por la Corte Suprema de Justicia con dos fallos sucesivos en pocos días -para rechazar un amparo y luego para dejar en pie un planteo similar- y finalmente reabrió la discusión en Diputados. La primera ficha fue movida por la oposición, que puso en la mira el DNU 70/2023 íntegramente y no sólo el artículo que habilita la venta de tierras a extranjeros sin las limitaciones de la referida ley.

Legisladores de diferentes bloques opositores motorizaron una sesión especial para el jueves de esta semana. Y agregaron otros temas desgastantes para el Gobierno: emergencia en discapacidad y morosidad en materia de endeudamiento familiar. Lo hicieron apenas conocido el fallo de la Corte Suprema que, al rechazar un amparo de ex combatientes de Malvinas, dejaba en pie el artículo del DNU que anula la ley de Tierras. Eso descolocó al oficialismo. Pero una segunda decisión de la Corte, que dejó en suspenso de manera provisoria la aplicación de ese punto del decreto, fue vivida por la LLA como oxígeno político.

La decisión judicial restó dramatismo inmediato, aunque no lo suficiente como para bajar el tema de la agenda. Tampoco alcanzó para que diputados de buena sintonía con Olivos -en particular los socios y los que responden a gobernadores- aceptaran exponerse para dejar sin quórum a la sesión opositora sin alguna salida presentable en un asunto tan sensible. Los negociadores libertarios, encabezados en este frente por Martín Menem, registraron entonces que debían dar una respuesta sin demora y finalmente optaron por una alternativa al menos llamativa: tratar lo que quedó de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y agregarle un capítulo sobre la ley de Tierras. Ahora, en lugar de anular esa norma -como planteaba el texto del Ejecutivo, podado en el Senado por falta de respaldo- sería incluida una limitación a la venta de tierras a personas y empresas extranjeras.

El alcance de la nueva propuesta será definido en el plenario de comisiones promovido para el miércoles por el oficialismo. Se verá entonces hasta qué punto cede el Gobierno y tendrá impacto un día después en el recinto. Salvo alguna sorpresa con el contenido del dictamen, en las filas opositoras dan por seguro que el jueves no lograrían quórum. Sería en ese caso, una sesión en minoría para exponer posiciones. La cuestión, de todos modos, no quedaría agotada.

El miércoles de la semana que viene, el oficialismo buscará coronar en sesión especial un paquete de proyectos que revierta los títulos impuestos por la oposición en distintos momentos. Además de tierras, figuran morosidad y emergencia en el área de discapacidad. Eso, fuera del apuntado proyecto de consenso: la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo. En paralelo, pero en comisiones, caminarían Presupuesto y el proyecto sobre Malvinas. Son dos asuntos que demandan negociaciones diferentes y sumarían modificaciones antes de llegar al Senado.

En la Cámara alta, sigue pendiente, y como principal prueba, la reforma electoral, aunque las negociaciones no pasan centralmente por los despachos de la bancada oficialista, que encabeza Patricia Bullrich. En ese tablero, las fichas son movidas bajo la mirada de Karina Milei y el principal operador es Diego Santilli. Son visibles los síntomas de desconfianzas cruzadas, expuestas en reclamos de reaseguros por parte de socios -PRO, bloque oficial de la UCR- y jefes provinciales de trato fluido con el Gobierno.

Resultan curiosas las versiones que adjudican ahora posiciones más negociadoras a la secretaria General de la Presidencia y mayor dureza a operadores directos, como Eduardo “Lule” Menem -también, Martín Menem-, que se mueven en su órbita. Vistos en conjunto, exhiben más bien el juego con la mirada puesta en el 2027, que combina gestos de acercamiento y presiones en continuado.

Las conversaciones con los jefes provinciales -en grupo y, sobre todo, con cada uno por separado- incluyen naturalmente las necesidades financieras de los distritos. Además, de manera creciente, añaden el ingrediente de las garantías de contraprestación política. No se limita a una votación en el Congreso, más fácil de resolver con la atención a algún pedido específico. Se trata de allanar el camino al plan reeleccionista de Milei y, a la vez, acordar que la LLA no juegue en contra de la ambición de continuidad de cada gobernador en su distrito.

Allí, afloran los recelos sobre cómo asegurar los compromisos. Y en qué momento. Es algo que trasciende la cuestión de las fechas, es decir, el pedido de la Cámara Electoral para no estirar las definiciones nacionales y los pasos de gobernadores para adelantar sus comicios. Lo que juega de manera cada vez más evidente es la economía. El Gobierno necesitaría tiempo para ver si revierte o mejora el clima de estos meses y algunos jefes provinciales -además de sectores aliados- preferirían darse espacio para evaluar cómo evoluciona el cuadro. En otras palabras, especulaciones sobre el desgaste o la fortaleza de los interlocutores a la hora de cerrar trato político. Alimento para las desconfianzas.

El plazo de dos semanas que el gobierno de Javier Milei concedió al Reino Unido para detener las actividades vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas venció este lunes y abrió una nueva etapa del reclamo argentino. El Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Pablo Quirno, trabaja ahora para formalizar, durante esta semana, una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, en busca de medidas provisionales que puedan impedir el avance del emprendimiento mientras se desarrolla un arbitraje internacional.

Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales con conocimiento de las actuaciones, la Cancillería conduce la estrategia diplomática y jurídica internacional, mientras que la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Sebastián Amerio, trabajó durante las últimas semanas sobre los aspectos legales de la presentación. Los próximos pasos contemplan completar las instrucciones a los abogados que llevarán el caso. Todavía resta determinar si la representación se organizará exclusivamente con letrados argentinos o si se incorporará asesoramiento jurídico externo. La presentación fue proyectada para esta semana, aunque no tiene una fecha pública confirmada.

La novedad es el vencimiento de la intimación que la Oficina del Presidente comunicó el 28 de septiembre. Desde entonces, Londres mantuvo su rechazo a la posición argentina y defendió las actividades económicas autorizadas por las autoridades de las islas. La falta de un acuerdo abre la posibilidad de que Buenos Aires avance con el pedido anunciado por Milei. Su presentación, sin embargo, no suspende automáticamente Sea Lion: corresponde al Tribunal decidir si adopta medidas y cuál será su alcance.

El Gobierno concentra su expectativa inmediata en una decisión provisional que frene nuevas actividades de desarrollo y explotación hidrocarburífera. No pretende que el Tribunal del Mar resuelva la soberanía de las islas, materia ajena a su jurisdicción. Busca que examine obligaciones internacionales vinculadas con los recursos marítimos y determine si corresponde preservar la situación actual hasta que exista una resolución arbitral sobre el fondo.

La conducción de la gestión está centralizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde la Consejería Legal Internacional, encabezada por el embajador Mario Oyarzábal, interviene en el desarrollo técnico del procedimiento. La Procuración del Tesoro, bajo la conducción de Amerio, participó de la preparación jurídica de las actuaciones. De acuerdo con la información obtenida por Infobae, la Cancillería coordina los próximos movimientos para completar la presentación y avanzar ante la instancia internacional.

El Tribunal del Mar puede disponer medidas provisionales

El 28 de septiembre, Milei instruyó a la Cancillería a iniciar el procedimiento del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). En su comunicado, la Presidencia exigió al Reino Unido que adoptara medidas para impedir el inicio o la continuación de actividades destinadas a explotar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte y advirtió que recurriría al Tribunal del Mar si no obtenía una respuesta satisfactoria.

“Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, publicó el Presidente en X. El canciller Pablo Quirno anunció entonces que había notificado a Londres el inicio del arbitraje. Esta última comunicación y la eventual solicitud de medidas provisionales son actuaciones diferentes, una distinción central para comprender qué puede pasar desde ahora.

La CONVEMAR prevé, a través de su Anexo VII, la constitución de un tribunal arbitral de cinco integrantes para resolver controversias sobre interpretación o aplicación de la Convención. Su conformación y el intercambio de escritos, defensas y audiencias pueden llevar años. En cambio, el artículo 290.5 permite acudir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar antes de que esté constituido ese órgano arbitral, siempre que se satisfagan las condiciones procesales correspondientes.

La regla exige considerar si el tribunal arbitral que se constituirá tendría competencia preliminar para intervenir y si existe urgencia suficiente para adoptar medidas. Los jueces pueden atender el pedido, rechazarlo o disponer medidas distintas de las solicitadas. Si se ordenan medidas provisionales, son obligatorias para las partes según el artículo 290.6. Cuando comience a funcionar el tribunal arbitral, este podrá mantenerlas, modificarlas o dejarlas sin efecto.

También hay una precisión respecto de los plazos. Las dos semanas que concluyeron este lunes corresponden al requerimiento anunciado por la Argentina. El artículo 290.5 contempla, a su vez, dos semanas desde la notificación de una solicitud de medidas provisionales, cuando las partes no acuerden qué tribunal debe examinarlas. Para establecer cómo se computa ese requisito en este expediente se necesita conocer el contenido completo de las notificaciones diplomáticas. El vencimiento del ultimátum no equivale, por sí solo, a una habilitación judicial automática.

El procedimiento urgente puede concluir en plazos comparativamente breves. Si la Argentina formaliza el pedido durante octubre, los antecedentes permiten considerar una eventual definición en noviembre. No existe, sin embargo, una fecha de resolución predeterminada ni una garantía de que las medidas solicitadas sean concedidas. El Tribunal debe escuchar a las partes y evaluar tanto su jurisdicción preliminar como las circunstancias alegadas.

El precedente argentino más significativo es el de la Fragata ARA Libertad. En 2012, cuando el buque estaba retenido en Ghana a partir de un reclamo de acreedores, la Argentina inició un arbitraje bajo el Anexo VII y recurrió al Tribunal del Mar. El pedido de medidas provisionales ingresó el 14 de noviembre y el 15 de diciembre los jueces ordenaron la liberación inmediata e incondicional de la embarcación. El resultado práctico llegó antes de cualquier decisión definitiva del arbitraje.

Otro antecedente se relaciona directamente con el petróleo. En 2015, una sala especial del Tribunal intervino en la controversia marítima entre Ghana y Costa de Marfil. Aunque no dispuso la paralización total de las actividades existentes, ordenó impedir nuevas perforaciones en el área disputada. La comparación tiene límites porque aquel caso trataba sobre delimitación marítima y no sobre la soberanía de un archipiélago, pero ilustra el tipo de restricciones provisionales que puede disponer una instancia internacional.

La urgencia invocada por Buenos Aires se vincula con el avance material de Sea Lion. La explotación comercial todavía no comenzó, pero el proyecto superó la etapa exploratoria. Navitas Petroleum, empresa israelí y operadora, controla el 65 por ciento; Rockhopper Exploration, compañía británica que descubrió el yacimiento en 2010, posee el 35 por ciento restante. Ambas adoptaron la decisión final de inversión a fines de 2025 y mantienen como objetivo iniciar la producción durante el primer trimestre de 2028.

El desarrollo está situado unos 220 kilómetros al norte de Malvinas y prevé una primera fase de once pozos submarinos conectados con una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, denominada FPSO. Las perforaciones de desarrollo están proyectadas para 2027.

La semana pasada, Rockhopper informó que acordó invertir USD 44 millones por su participación del 35 por ciento en la sociedad propietaria del buque FPSO OSX-1, destinado a una aceleración del desarrollo central de Sea Lion. La operación confirma que, pese a las objeciones argentinas, las empresas continúan comprometiendo recursos y sostienen públicamente el calendario productivo.

Las acciones del Gobierno también alcanzaron a los contratistas. La Oficina del Presidente anunció que Halliburton, proveedor internacional de servicios petroleros, confirmó que sus filiales no prestarían servicios a Sea Lion. Navitas informó después que trabajaba para sustituir a dos contratistas afectados, aunque sostuvo que no esperaba un perjuicio material sobre el proyecto. Estas decisiones integran un escenario de presión jurídica y comercial que se desarrolla en paralelo con el futuro expediente internacional.

El reclamo busca evitar cambios unilaterales

La solicitud argentina se apoyará en la existencia de una disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas, en las obligaciones de la CONVEMAR vinculadas con el medio marino y sus recursos, y en la necesidad de evitar cambios unilaterales mientras continúa la controversia. La Resolución 2065 de 1965 reconoció la disputa entre ambos países e instó a negociar. La Resolución 31/49 de 1976 llamó a abstenerse de adoptar decisiones que modificaran unilateralmente la situación.

La Cancillería buscará asociar esos antecedentes con los recursos del lecho y subsuelo marino, en particular con el carácter no renovable del petróleo. El argumento es que su extracción y determinadas modificaciones físicas derivadas de las perforaciones podrían producir efectos imposibles de revertir mediante una resolución posterior. En esa discusión también aparece el artículo 83.3 de la CONVEMAR, referido a las obligaciones de los Estados mientras está pendiente la delimitación de una plataforma continental.

La cuestión de competencia representa una dificultad central. El Reino Unido sostiene que las actividades petroleras se realizan conforme a las normas aplicables en las islas y al derecho internacional. Argentina debe formular un reclamo que pueda examinarse bajo la CONVEMAR sin exigir al Tribunal que decida antes cuál de los dos países tiene soberanía territorial. En el arbitraje sobre el archipiélago de Chagos, un tribunal rechazó estudiar determinadas pretensiones precisamente porque implicaban resolver una disputa territorial ajena a su competencia.

Tras el vencimiento del ultimátum, la próxima novedad dependerá de la formalización del pedido argentino. La Cancillería, bajo la conducción de Pablo Quirno, tiene previsto avanzar esta semana con la presentación, después del trabajo jurídico realizado junto con la Procuración del Tesoro. El trámite todavía requiere decisiones operativas y una presentación concreta. Deberá fundamentar por escrito su urgencia procesal. Si llega a Hamburgo, el Tribunal examinará si corresponde disponer medidas provisionales sobre Sea Lion. El arbitraje de fondo seguirá su curso por separado, mientras las empresas buscan continuar con un proyecto cuya primera producción está prevista para 2028.