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El Gobierno le pagará u$s1.400 millones al FMI la próxima semana

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En el mercado se sabía de antemano que el verano iba a ser complicado desde el punto de vista cambiario, hasta la llegada de los dólares de la nueva cosecha. En un escenario en el que Banco Central está demostrando nuevamente problemas para acumular reservas, el Gobierno argentino va a tener que afrontar entre el 30 de enero y el 2 de febrero un par de pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI) por un total de casi $1.400 millones.

El próximo lunes la Argentina le abonará al organismo internacional u$s685 millones de amortización y el jueves de la semana entrante otros u$s691 millones en concepto de intereses, más otros importes menores, todo en un contexto en el que es palpable la escasez estacional de divisas. En las primeras 19 ruedas del mes en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) la entidad quedó con un saldo vendedor de u$s48 millones luego de un buen arranque con el cual había llegado a acumular unos u$s6.000 millones de reservas netas.

Argentina afrontará estos compromisos ante la entidad que preside Kristalina Georgieva con sus propias reservas, mientras aguarda que le desembolsen u$s5.562 millones de la primera revisión del año, que se prevé para marzo.

Para superar la coyuntura, en el Palacio de Hacienda tratan de apurar créditos tipo REPO de al menos dos bancos internacionales y un fondo soberano por unos u$s2.500 millones. Según trascendió, estos acuerdos estarían a punto de firmarse, aunque en el mercado los operadores quieren ver que se concrete. Recuerdan que al llegar al Ministerio de Economía en julio, Sergio Massa asumió anunciando que tenían prácticamente arreglados estos acuerdos. Pero ya pasaron más de cinco meses y eso no se concretó.

Sería el salvavidas más próximo que tiene ahora Massa para seguir flotando en el verano hasta que lleguen nuevas divisas. Al respecto, se indicó que los REPO iban a servir para financiar la recompra de bonos que anunció el titular del Palacio de Hacienda por u$s1.000 millones. De eso ya llevaba destinados u$s300 millones y hay quienes creen que, luego de las críticas de inversores y agencias de calificación, el Gobierno podría suspender la operatoria.

De acuerdo con un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, este año la Argentina va a tener un flujo negativo con el FMI de u$s3.500 millones. Es decir, va a tener que hacer pagos netos. Y además de ello, tendrá que acumular otros u$s4.800 millones a las reservas.

En marzo, cuando se discuta nuevamente la marcha del Programa de Facilidades Extendidas, las autoridades argentinas seguramente volverán a pedir al organismo que revea las metas de acumulación debido al efecto de la guerra en Ucrania sobre el precio de los combustibles a nivel internacional. Sería una jugada de máxima tratar de que el FMI revise nuevamente para abajo las metas de acumulación. Ya lo hizo en 2023, de u$s5.800 millones la redujo a u$s5.000 millones.

Pero también hay un elemento a tener en cuenta. Si el gasoducto Néstor Kirchner queda listo para este invierno, el Gobierno va a poder hacer un ahorro muy importante de divisas por menores importaciones. El año pasado se fueron por esa vía unos u$s12.300 millones.

El economista Agustín Monteverde, asesor académico de la Fundación Libertad y Progreso, planteó al respecto que ya con los pagos que tenga que hacer la semana entrante “las reservas líquidas van a quedar prácticamente agotadas”. Consideró que la entidad va a estar ya pagando con “fondos que no le son propios” porque a su entender estará usado dólares de depósitos de ahorristas o del Seguro de Depósitos (SEDESA).

(Ámbito)

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La UCA advierte que la baja de la pobreza está “sobrerrepresentada” y cuestiona la medición del Indec

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El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA cuestionó el último informe de pobreza del Indec, advirtiendo que, si bien la mejora es real, la magnitud de la caída está “sobrerrepresentada”. El organismo oficial había informado una drástica reducción de la pobreza del 52,9% al 31,6% en el último año, una noticia que ahora es puesta en tela de juicio por la prestigiosa institución académica.

En un comunicado, la UCA reconoció que la baja de la inflación y la estabilización macroeconómica generaron un “alivio social” verificable. Sin embargo, señaló que existen dos factores técnicos clave que exageran la magnitud de la mejora en las estadísticas oficiales.

Las dos razones del “sesgo” estadístico

Según el análisis del ODSA, la cifra del Indec está inflada por dos motivos principales que afectan la comparabilidad y la precisión de la medición:

  1. Mejor captación de ingresos: La encuesta del Indec (EPH) mejoró su capacidad para registrar los ingresos de los hogares. Si bien es un avance metodológico, rompe la comparabilidad con las series históricas, haciendo que los ingresos actuales parezcan más altos en comparación con mediciones anteriores.
  2. Canastas de consumo desactualizadas: La medición de la línea de pobreza todavía utiliza canastas básicas construidas con patrones de consumo de 2004-2005. Según supo Noticias Argentinas, este punto es crítico, ya que no refleja el impacto real de la fuerte suba de tarifas y precios regulados de 2024 en el presupuesto de los hogares.

El pedido de la UCA al Indec

Ante este escenario, el observatorio de la UCA instó al Indec a “acelerar la actualización de las canastas de referencia” y a “transparentar” el efecto de los cambios en la captación de ingresos sobre las series históricas.

El objetivo, concluye el comunicado, es contar con indicadores más consistentes que reflejen los logros, pero que también muestren “la persistencia de problemas estructurales de inclusión económica, laboral y social en la Argentina”.

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Senado: Maximiliano Abad reclama al Gobierno cubrir las 337 vacantes judiciales

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El legislador Maximiliano Abad acompañó en el Senado un proyecto de comunicación que reclama al Poder Ejecutivo el envío urgente de los pliegos para cubrir las 337 vacantes judiciales que hoy afectan al servicio de justicia.

“Estas vacantes generan consecuencias muy negativas para el servicio de justicia, por eso es fundamental avanzar en su regularización. Tenemos que dejar de lado los cálculos políticos y resolver de una vez esta situación crítica”, señaló Abad.

En su intervención, advirtió también sobre la implementación del nuevo Código Procesal Penal.

“Se trata de una herramienta que, si se aplica correctamente, representará un gran avance. Pero hoy el Gobierno no va en esa dirección porque no fortalece a las fiscalías ni destina los fondos necesarios para producir los cambios que el nuevo sistema requiere”, explicó.

El senador Abad insistió en que el Ejecutivo debe cumplir con su responsabilidad institucional: “Es indispensable que se envíen los pliegos y que esta Comisión pueda trabajar en la normalización del sistema judicial. Regularizar y fortalecer la Justicia no puede seguir esperando”.

Informe sobre las vacantes en el Poder Judicial

Según un informe presentado por la consejera y jueza Alejandra Provítola, actualmente el 33,6% de los cargos de la Justicia Nacional y Federal no están cubiertos. Hay 337 vacantes sobre un total de 1.002 cargos.

Ese informe complementario fue elevado a la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación, en el que advirtió la gravedad de la situación respecto a las vacantes en la Justicia.

De acuerdo con los datos relevados al 26 de agosto de 2025, “la Justicia Nacional y Federal cuenta con un total de 1.002 cargos, de los cuales 596 corresponden al fuero federal (59,49%) y 406 al fuero nacional (40,51%). Estos cargos se distribuyen en 470 juzgados, 56 salas de segunda instancia y 81 tribunales orales. Del total, 337 cargos se encuentran vacantes -entre aquellos pendientes de cobertura por el Poder Ejecutivo y los que se hallan en trámite ante el Consejo de la Magistratura de la Nación-, lo que equivale al 33.6% del total”.

El documento remarca que de esas 337 vacantes, 176 corresponden a la Justicia Nacional, 112 a la Federal del Interior y 49 a la Federal de CABA, lo que evidencia -según la consejera- una situación especialmente delicada en la Justicia Nacional. Allí, “la concentración de vacantes evidencia una situación crítica, especialmente en juzgados de primera instancia, tribunales orales y cámaras nacionales”.

Si bien el año pasado la Comisión de Selección, encabezada por la consejera Fernanda Vázquez, logró la aprobación de muchas ternas que el Gobierno nacional no envió aún al Senado para efectuar las designaciones, Provítola recordó que en 2023 se había planteado “la necesidad de avanzar rápidamente con los concursos vinculados con la Justicia Nacional”. “A la fecha alcanzan los 23 concursos ante este Consejo, que implica 136 vacantes que representa el 43,38% de las vacantes cuyo trámite nos ocupa”, precisó.

El informe detalla -además- el número de concursos y cargos en juego en distintas jurisdicciones del país. Por ejemplo, en la Cámara Federal de Apelaciones de Salta se contabilizan cinco concursos para seis vacantes; en la de Resistencia, cuatro para cinco vacantes; en la de Rosario, siete para 18; y en la de Córdoba, seis para ocho vacantes.

La consejera sostuvo que esta situación “pone de manifiesto la imperiosa necesidad de agilizar la sustanciación de los concursos, ya que la falta de cobertura de cargos vacantes no solo compromete el normal desenvolvimiento de los tribunales y la adecuada distribución de tareas entre los magistrados y funcionarios, sino que, además, impacta directamente en la ciudadanía, al prolongar la resolución de conflictos y menoscabar el acceso a la justicia”.

Finalmente, pidió que el Consejo avance de manera urgente: “Entendemos la necesidad de pronunciarnos en torno al pronto avance y resolución de los procesos de Selección de Magistrados en trámite ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para la cobertura de vacantes de los Fueros Nacionales y Federales del país”.

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Vialidad: la Justicia cerró la demanda civil contra Cristina Fernández

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La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no deberá pagar al Estado un resarcimiento millonario por la causa Vialidad, debido a que la Dirección de Vialidad Nacional no impulsó en el plazo de seis meses el expediente iniciado en 2008. Así lo decidió la Cámara Civil y Comercial Federal.

El fallo de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal, compuesta por Juan Perozziello Vizier, Eduardo Daniel Gottardi y Florencia Nallar (votó en disidencia), confirmó la decisión de agosto que había dictado el juez de primera instancia Marcelo Bruno Dos Santos. El beneficio, que también alcanza a los demás condenados en la causa Vialidad, evita que abonen al Estado un resarcimiento de 22.300 millones de pesos.

Ante el pedido formulado por la defensa de la expresidenta, el magistrado analizó si en la causa ocurrió una inactividad procesal útil de seis meses que habilite la declaración de caducidad de la instancia, que implica la caída del proceso judicial, pero no decide sobre la cuestión ni produce la extinción del derecho a realizar un nuevo reclamo.

Frente a esto, el Gobierno nacional apeló esa decisión y argumentó que esa sentencia es arbitraria porque soslayó actos procesales anteriores a la notificación de la suspensión del proceso que son relevantes. Sin embargo, los camaristas, por mayoría, le dieron la razón al juez de primera instancia. (DIB)

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