“Van a tener muchos líos. Esta reforma tiene violaciones a conceptos de carácter constitucional y a la vuelta de la esquina se van a chocar contra otra pared de nuevo”. Lo dijo el cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguro), al insinuar que la central obrera impugnará la reforma laboral del Gobierno en caso de que se convierta en ley sin cambios respecto de la versión presentada al Congreso.

El dirigente anticipó que profundizarán el diálogo con legisladores para tratar de que se modifiquen algunos puntos del proyecto que son considerados perjudiciales para los trabajadores y para el poder sindical: “La hoja de ruta ahora es empezar a preguntar a senadores que aceptaron tener una mirada con nosotros; son muchos y de distintos sectores”, dijo Sola a Radio Rivadavia.

Más allá de ese intento, el equipo de abogados de la CGT ya comenzó el análisis detallado de la reforma laboral para definir la estrategia jurídica que llevarán adelante si la iniciativa es finalmente aprobada por el Congreso.

Es el mismo equipo que impugnó el DNU 70 a fines de 2023 y que logró que la Justicia hiciera lugar a la acción de amparo iniciada por la CGT y declarara la invalidez constitucional del capítulo laboral de esa norma.

Uno de los artículos que seguramente formarán parte de la futura impugnación de la CGT lleva el número 88 y contempla la reglamentación del derecho de huelga en el transporte, la educación, la salud y numerosas actividades. Para hacerlo se fijan mínimos de actividad en caso de huelgas: 75% en servicios considerados esenciales y 50% en servicios trascendentales.

Las actividades incluidas como servicios esenciales en el proyecto de reforma laboral son las siguientes:

1. Los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos;
2. La producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas, petróleo y otros combustibles y energía eléctrica;
3. Los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales;
4. La aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y todos los servicios portuarios;
5. Los servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior;
6. El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial;
7. El transporte marítimo y fluvial de personas y/o mercaderías y/o carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin; y
8. Wl servicio de recolección de residuos.

Por otra parte, se consideran actividades de importancia trascendental las siguientes:

1. La producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios;
2. El transporte terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin;
3. Los servicios de radio y televisión;
4. Las actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y la actividad cementera;
5. La industria alimenticia en toda su cadena de valor;
6. La producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor;
7. Los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico; y
8. La producción de bienes y/o servicios de toda actividad que estuvieran afectados a compromisos de exportación.

Este artículo es el mismo que estaba incluido en el DNU 70 y que fue uno de los que fundamentaron la invalidez constitucional dictada por la justicia laboral. Según la CGT, esa reglamentación del derecho de huelga es más restrictiva de lo que fijan los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por eso la reglamentación del derecho de huelga volverá a formar parte de la impugnación de la CGT e incluso hay especialistas que no están vinculados con el sindicalismo que también objetan ese punto: uno de ellos es Jorge Triaca, ex ministro de Trabajo de Cambiemos, que, en una entrevista con el diario La voz del interior, opinó que este artículo podría derivar en la judicialización de la reforma. Tras admitir esa posibilidad, señaló: “La redacción actual me parece difusa y menos clara que los antecedentes existentes, lo cual podría generar una mayor judicialización posterior a la sanción de la ley”.

Además, Triaca resaltó que el proyecto oficial “tiene cosas positivas y aclaratorias que reducen la judicialización, pero hay muchas otras escritas de una manera que generan incertidumbre”. Y detalló: “Hay tres o cuatro temas donde hay que poner el zoom. Uno es la discusión de la ultraactividad y su sustitución, lo cual habilitaría la discusión de más de 1.700 convenios que hoy están vigentes. También está el tema de la prelación de los convenios: si los convenios por empresa van por encima de los nacionales o regionales. Todo eso suena bien, pero en términos operativos, si uno no tiene experiencia en la relación con organizaciones gremiales se vuelve difícil. Hay que ser equilibrado; si el sistema no es equilibrado, deja desguarnecidos a los trabajadores o genera imprevisibilidad al empleador, y así no se genera más trabajo ni formalización”.

A tres días de Navidad y a cuatro de la sesión que tratará el Presupuesto 2026 en la Cámara de Senadores, el Gobierno aceita las negociaciones y trabaja en la media sanción restante de la hoja de ruta que envió al Congreso y que conquistó la aprobación en Diputados. Con el correr de las jornadas crece el optimismo y por los pasillos de Casa Rosada aseguran contar con el número de apoyos necesarios para aprobarlo sin cambios.

“Lo que tenemos que destacar es que hemos podido sancionar el Presupuesto. A mí eso me parece muy importante y hay algo que todavía es más importante: ese Presupuesto está construido sobre la base de déficit cero”, destacó el presidente Javier Milei este domingo durante una entrevista con Luis Majul en LN+.

Después de varios días de desorden interno, el mandatario hizo pública la necesidad del Poder Ejecutivo de sancionar la hoja de previsión para el año entrante y destacó el debate en la Cámara de Diputados del pasado miércoles que, luego de que la oposición lograra voltear el capítulo XI, dejó un sabor agrio en las filas libertarias. “Aprobamos 14 de las 15 peleas que dimos”, repetía un funcionario el día después de la sesión.

El argumento fue recogido por el propio libertario que lo repitió ante los canales de televisión, al tiempo que prometió reordenar partidas para cumplir con el déficit cero.

Al igual que los últimos dos días de la semana pasada, la mesa chica inició el lunes con un nuevo encuentro, pero esta vez fue encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, e incluyó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En el despacho de este último se dieron cita al mediodía la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el armador del interior, Eduardo “Lule” Menem. También estuvo presente el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio “Nacho” Devitt.

“Estamos trabajando de manera ordenada”, sintetizó uno de los integrantes de la mesa ante la consulta de Infobae por la cotidianeidad de las reuniones. La idea parece estar resuelta: aprobar el proyecto tal y como está en el Senado para evitar tener que volver a sesionar en Diputados.

El ruido interno que generó la multiplicidad de opciones luego de que la oposición lograra dejar afuera el capítulo XI, que fue incluido a último momento a pedido del jefe de Estado y del ministro de Economía, Luis Caputo, obligó a los integrantes de la mesa política a intentar revertir el resultado.

Tras la danza de posibilidades que incluyó posibles vetos, nuevas propuestas y enojos de y con los aliados, la administración libertaria mantiene las expectativas y confía en la cintura política de la dirigente con más experiencia de los suyos en la materia: Patricia Bullrich.

En paralelo, se activaron algunas vías de negociación subalternas. Este lunes, pasado el mediodía, el senador de la provincia de Santa Cruz José María Carambia, desfiló por los pasillos de Balcarce 50 y se reunió con el asesor presidencial, Santiago Caputo, con la excusa de presentar quejas formales por algunos puntos de la Reforma Laboral. El legislador, que mantiene resquemores con Bullrich, conoce al consultor desde la campaña a gobernador de Eduardo Costa en 2019, a quién supo prestar servicios.

Casi a la misma hora, pero en otro de los despachos, se lo vio al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, a quien el Ejecutivo le reclamó la abstención del diputado Gerardo Cipolini durante el tratamiento de polémico capítulo. “Reuniones de amigos”, replicaron los funcionarios anfitriones.

“Va a salir con 41 votos”, prometió respecto del Presupuesto 2026 una voz con acceso al despacho presidencia, a días de la sesión que tendrá el lugar el próximo viernes en la Cámara Alta, y aclaró: “Evidentemente no había consensos para hacer los cambios”.

Otro de los que mantiene conversaciones abiertas con el oficialismo es el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que intenta replicar, en diálogo con Eduardo “Lule” Menem, la alianza electoral con el espacio violeta para compartir boleta en las elecciones municipales del 22 de febrero. Con fecha límite para el 24 de diciembre, el PRO, LLA y Cambia Mendoza podrían presentarse en unidad para renovar la mitad de los concejos deliberantes de Luján de Cuyo, Rivadavia, La Paz, Santa Rosa y Maipú.

Esta noche, el mandatario convocó a una asado en la quinta de Olivos con la idea de encabezar una reunión de Gabinete distendida que le permita cerrar el año, pero a su vez intensificar el pedido de conquistar los aciertos legislativos planteados para este diciembre, como primera parada.

La Universidad Nacional del Sur informó que gracias a la campaña institucional “Hacé foco y cuidá”, orientada a promover el uso responsable de la electricidad y el gas natural, se logró un ahorro superior a los 125 millones de pesos.

Destacaron que además del impacto económico, tuvo un resultado ambiental muy positivo, disminuyendo notablemente la huella de carbono de la institución.

“Hacé foco y cuidá” es la primera iniciativa integral de la UNS en materia de sensibilización y gestión del consumo energético, articulando comunicación, capacitación y acciones operativas. “Los resultados evidencian que la combinación de concientización, gestión y compromiso institucional puede traducirse en mejoras reales, medibles y sostenidas, y sientan las bases para una política de gestión energética consolidada en el tiempo”, destacaron en el informe final.

La campaña comenzó en agosto de 2024. La UNS destina actualmente un 15% de sus gastos de funcionamiento al pago de electricidad y gas natural. “Esto convive con un proceso de quita de subsidios a la energía y actualización de tarifas que casi triplica el valor de 2023, además de una situación presupuestaria ya de por sí preocupante. El efecto empeorará si el consumo energético no disminuye”, aclararon.

Actualmente la institución cuenta con 69 puntos de suministro de energía eléctrica y 83 de gas natural. Y para el análisis del ahorro se seleccionaron los medidores con mayor incidencia en el gasto energético: diez correspondientes a electricidad, que representan el 91 % del consumo total, y dieciséis de gas natural, que concentran el 79 % del gasto.

Los resultados muestran una reducción del 11 % en el consumo de energía eléctrica y del 18 % en el uso de gas natural.

“El análisis también indica que más de la mitad del consumo energético de los sitios relevados se destina a la climatización de ambientes, un dato clave para orientar futuras políticas y acciones de gestión energética. En este sentido, las acciones de sensibilización, comunicación, ordenamiento operativo y mejora en el uso cotidiano de la energía resultaron determinantes para los resultados alcanzados”, valoró la doctora María María Ibáñez Martín, especialista en economía de la energía y coordinadora de la campaña.

Desde el rectorado adelantaron que con el objetivo de profundizar y sostener estos avances, la casa de altos estudios bahiense proyecta dar continuidad a la campaña mediante una serie de acciones en vista al próximo período:

• Dar continuidad a la campaña de sensibilización, reforzando mensajes clave en momentos de mayor demanda energética (invierno e inicio del ciclo académico).
• Institucionalizar buenas prácticas operativas mediante protocolos simples y aplicables para aulas, oficinas, laboratorios y edificios administrativos.
• Fortalecer el rol de responsables de edificios y áreas técnicas mediante capacitaciones periódicas y retroalimentación basada en resultados.
• Ampliar y mejorar los sistemas de monitoreo energético, priorizando edificios con mayor impacto en el consumo total.
• Integrar la gestión energética a la planificación presupuestaria y a la agenda de sostenibilidad institucional, alineándola con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la política de transición energética de la UNS.
• Evaluar la implementación de medidas complementarias, tales como automatización de climatización e iluminación, mejoras edilicias y eficiencia en equipamiento, según factibilidad técnica y presupuesto.

Fuente: Frente al Cano.