En lo que debería ser la anteúltima reunión de la comisión de Presupuesto para debatir el proyecto de ley de ingresos y egresos para 2027, el oficialismo modificó el tono del debate y definió que fuera informativa, por lo que se hicieron presentes en la sala del anexo dos funcionarios del Ministerio de Desregulación: Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, y Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública.

En paralelo al encuentro en comisión se realizó una videollamada entre el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el presidente de la Cámara, Martín Menem. Eso ocurrió en la previa de un llamado que hizo el titular de la Cámara Baja a los presidentes de los bloques dialoguistas para terminar de afinar el Presupuesto, con el fin de lograr las firmas y dictaminar mañana.

Según fuentes parlamentarias, el oficialismo cedió y retiró los artículos del 36 al 41, que se oponían al proyecto de discapacidad, lo que también generó una mejora con los socios y ayudaría a que mañana el bloque de La Libertad Avanza obtenga las firmas necesarias.

Los funcionarios hicieron una defensa del accionar del ministerio que conduce Federico Sturzenegger y anunciaron que desde su creación “se eliminaron 81.000 puestos de trabajo” y que, en medio de una gran apertura de retiros voluntarios, “estamos organizando un nuevo sistema de liquidación de haberes”.

Ambos funcionarios, que fueron citados a último momento porque hasta ayer a la tarde no se sabía quiénes iban a exponer, recibieron preguntas vinculadas con la caída de servicios como parte de la desregulación.

Con escasa presencia de diputados de los bloques del medio, Cacace fue respondiendo a los cuestionamientos del bloque de Unión por la Patria, donde se hizo referencia a la “caída de mil servicios del INTI, del INTA, recortes de Vialidad”.

“Yo creo en un Estado que construya eficiencia, pero para devolverle a la ciudadanía mejores condiciones de vida. Creo que a esa muy buena intención de tener un Estado eficiente le falta, lamentablemente, posiblemente por un sesgo ideológico, por un alejamiento de las condiciones de vida de nuestra población, la mirada tan importante de para qué tomamos las medidas que tomamos, si van a afectar o perjudicar al conjunto de la población argentina”, señaló Victoria Tolosa Paz.

La diputada Sabrina Selva le apuntó a los gastos del ministerio y cuestionó al funcionario respecto del incremento de personal en la cartera de Sturzenegger.

Cacace llevó la voz cantante y señaló que su secretaría “tiene un presupuesto de 870.000 dólares para todo el año y es la más pequeña del Estado”, lo que generó la respuesta de Selva, que aseguró que “para el daño que hace es bastante poco”.

Pero los funcionarios no se amilanaron ante las preguntas de los diputados y las diputadas del peronismo y mantuvieron la postura de seguir avanzando con los recortes. “Eliminamos 17.000 artículos, 2.800 normas modificadas, 800 normas de desregulación”, dijo Cacace. “Nosotros creemos que se puede seguir recortando más, por ejemplo”, agregó Fariña.

El exdiputado de la UCR, hoy secretario de Desregulación, señaló ante las críticas de la oposición que ellos “podíamos proteger a las cadenas o a los consumidores, siempre defendemos a los consumidores” y que Sturzenegger tiene “una fijación, que es revisar mercado por mercado, viendo las regulaciones que han generado precios distorsionados y que trabaron tanto la economía”.

Aunque en varias ocasiones los diputados apuntaron a lo recaudado por los impuestos líquidos que tienen asignación específica y que el Ejecutivo no cumple, Cacace evitó en todas las oportunidades responder. “Desregularon los peajes, se cobra el peaje de la ruta 7 y este fin de semana 120 autos rompieron cubiertas por el mal estado de las rutas”, señaló el diputado Martín Aveiro. El secretario también evitó responder.

Por último, Cacace hizo referencia al “tema puntual de lo naviero y del practicaje, que hay que abordar con seriedad”.

El cierre de las preguntas quedó a cargo de Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, quien pidió no apurarse para dictaminar, teniendo en cuenta que se busca ir al recinto el 18 de noviembre.

Los docentes universitarios y preuniversitarios iniciarán este miércoles una semana de paro nacional, en medio del reclamo sindical por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y la asignación de recursos para el funcionamiento del sistema.

La medida, impulsada por la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica), se extenderá hasta el lunes 3 de noviembre. La federación ratificó este martes, mediante una convocatoria pública, el paro resuelto en su Congreso Extraordinario.

El gremio convocó a la comunidad universitaria a acompañar el plan de lucha ante lo que define como un deterioro de los salarios y un escenario de restricciones presupuestarias para el sistema.

En el mensaje difundido por la federación, la organización planteó que lleva más de un año sin cumplirse la normativa aprobada para financiar a las universidades nacionales. “Frente al ajuste salarial y el ahogamiento presupuestario, respondemos con organización y la fuerza de la docencia universitaria y preuniversitaria de todo el país”, señalaron en el comunicado.

La medida de fuerza tiene tres demandas centrales. La primera es el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación es objeto de reclamos gremiales y judiciales. La segunda consiste en el pago de la deuda salarial que, según los sindicatos, afecta a docentes universitarios y preuniversitarios. El tercer punto apunta a garantizar partidas para las actividades de enseñanza, investigación, extensión y gestión de las instituciones.

CONADU Histórica cuestionó la situación de los haberes y advirtió sobre las consecuencias que el conflicto puede tener para la continuidad de las tareas académicas. “Sin salarios dignos no hay universidad pública”, expresó la federación en la convocatoria que acompañó con la consigna “Milei cumplí con la ley”.

Según datos difundidos en una reunión de rectores, desde diciembre de 2023 las universidades nacionales registraron una caída presupuestaria real del 41,6%, mientras que los salarios del personal universitario perdieron más de 30% de poder adquisitivo. Las cifras forman parte de los argumentos que los sectores docentes incorporaron a sus reclamos.

Los paros se extenderán hasta mediados de noviembre

La Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT) anunció cuatro jornadas de paro de 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo. La primera será este miércoles 28 de octubre, en simultáneo con el inicio de la medida convocada por CONADU Histórica, mientras que las restantes se realizarán el 3, 12 y 16 de noviembre.

La huelga alcanzará a las 30 facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico y el Centro de Estudios Bariloche. FAGDUT indicó que durante las jornadas de protesta no habrá clases presenciales ni virtuales en esas instituciones.

Al igual que FAGDUT, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) realizará paros de 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo, el 28 de octubre y el 3, 12 y 16 de noviembre. Las medidas alcanzarán al personal no docente de las universidades públicas.

La resolución de FATUN fue adoptada por su Consejo Directivo, con representantes de 54 organizaciones sindicales. La federación también prevé impulsar acciones ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para que los montos de la garantía salarial se incorporen a los salarios básicos, según lo previsto en el convenio colectivo.

En la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) confirmó su adhesión al paro nacional docente y preuniversitario hasta el 3 de noviembre. En cambio, la Asociación del Personal de la UBA (APUBA), que representa al personal no docente, no integra el cronograma de medidas convocado por FATUN para esas fechas, según informó AGD-UBA.

El comienzo simultáneo de las medidas docentes y no docentes podría alterar el dictado de clases y otras actividades en las universidades públicas, que informarán su modalidad de funcionamiento durante los días de protesta.

Tras la finalización del paro el 3 de noviembre, CONADU Histórica reunirá a su Congreso Extraordinario el día 6 para definir los próximos pasos del plan de lucha. Las medidas de FAGDUT y FATUN continuarán con nuevas jornadas previstas para el 12 y el 16 de noviembre.