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El Ministerio de Economía adelanta la suba del piso en Ganancias

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Para evitar un aumento en la cantidad de trabajadores que pagan el impuesto a las Ganancias, el ministro de Economía, Martín Guzmán, decidió adelantar la suba del piso del mínimo no imponible, que hoy es de $225.937 brutos. El incremento estaba previsto para enero del 2023, pero después del pedido público y la presión de Sergio Massa se decidió anticiparlo a mayo o junio de este año.

Los especialistas coinciden que la medida implica una merma en la recaudación de Ganancias pero hasta anoche no tenían medido el impacto. En Economía, en tanto, aseguraron que no afectará el acuerdo con el Fondo.​

El secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, confirmó la medida y la comparó con el aumento por decreto en septiembre pasado, que llevó el piso salarial de $150.000 a $175.000 brutos. “Aca sería lo mismo, el mínimo que se va a dar en enero de 2023, lo adelantaríamos 6 o 7 meses“, dijo este domingo en el programa de “¿Cómo la ves?” en radio Futurock.

El mínimo no imponible se actualiza una vez por año por la evolución de las remuneraciones de los trabajadores estables (RIPTE). Como entre octubre de 2020 y 2021 el índice subió 50,5%, el sueldo a partir del cual se paga Ganancias subió a $ 225.937 para el año fiscal vigente. El próximo aumento debía ser en enero de 2023 en función del ajuste del RIPTE entre octubre de 2021 y 2022.

Pero por la aceleración de la inflación y el adelantamiento de las paritarias, el piso salarial se atrasó y comenzaron a pagar el impuesto asalariados que estaban excluidos. En ese marco, Massa le solicitó el viernes a Guzmán en una carta que suba la remuneración mínima gravada a $ 265.000 brutos mediante la facultad delegada por el Congreso el año pasado.

El ministro dijo que era “una obviedad” la actualización de dicho parámetro en función de la evolución de los precios, que este año superaría el 65%, según las consultoras. Y este domingo Arias dio más precisiones, aunque sin detallar cuál será el nuevo valor del mínimo a partir del cual se empezará a pagar el gravamen. La idea es que lo anuncie el Presidente próximamente.

En los últimos días, hubo dos datos que encendieron las alarmas en el Frente de Todos. Según un informe oficial, que aparentemente circula en despachos de AFIP y Economía, el universo de trabajadores alcanzados por el tributo pasó de 740.000 en febrero a 790.000 en marzo y 850.000 en abril. Es decir, un aumento de 110.000 personas (un 15%) en solo dos meses.

El otro número que preocupa es que la desactualización de hecho de la reforma del año pasado, que permitió excluir a 1,5 millones de trabajadores del impuesto (pasaron de 2,3 millones de en 2020 a 950.000 en 2021). De mantenerse sin cambios el esquema vigente, el tributo podría impactar sobre 1,3 millones de personas a fines de 2022, un 36% más que en 2021.

“Lo que sucede es que ese ajuste (el del RIPTE) se hace para atrás, entonces cuando hay un crecimiento mayor al esperado los próximos meses en los salarios, puede ser que aumenten los trabajadores que pagan Ganancias, nosotros no queremos que aumenten“, reconoció Arias.

De esa manera, Guzmán optó por hacerle un guiño a los trabajadores de salarios medios y altos, en medio de los embates del kirchnerismo contra el programa económico, que lo llevaron a criticar algunas de las políticas del gobierno de Cristina Kirchner. Y en un escenario de crecientes presiones del ala política para aliviar los ingresos, una estrategia a la que ahora se sumó Massa.

El Gobierno dispuso un refuerzo desde mayo de hasta $18.000 para trabajadores informales y jubilados, y anticipó a junio el salario, mínimo, vital y móvil (SMVM), dos cuestiones reclamadas por La Cámpora. Ese sector también presentó un proyecto para crear un salario básico universal y una moratoria previsional para personas sin años de aporte suficientes para cobrar una jubilación.

El jefe de Hacienda no estaba al tanto de la mayoría de las iniciativas impulsadas en las últimas semanas por la bancada oficialista. Pero en su entorno niegan que las medidas que empezó a tomar ahora, como el reajuste en Ganancias, sean un acto reflejo. “No todo lo que hace es porque lo pide el ala política, el bono que se va a pagar ahora, por ejemplo”, señalaron.

Mientras todavía no se conoce la postura del ministro sobre el salario universal, en su cartera creen que las últimas decisiones no afectarán los compromisos con el FMI, una de las principales banderas que muestra en sus reuniones con empresarios. Por el contrario, dicen estar de acuerdo con buena parte de los proyectos legislativos y aseguran que “no hay un desvío de las metas“.

Para los especialistas, el anticipo del incremento del piso previsto en Ganancias es insuficiente. Es que si se toma la evolución del RIPTE desde octubre pasado a marzo de este año, el sueldo mínimo gravado debería aumentar en torno a $ 280.000 brutos. Y si se hace el cálculo hasta mayo, el piso debería superar los $ 310.000.

(Clarín)

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La inflación de Bahía Blanca confirma la desaceleración que espera Milei

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El Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA) publicó su informe mensual sobre la inflación del mes de abril. El distrito del sur bonaerense le da una buena noticia al Gobierno Nacional que espera con ansias el reporte que el INDEC publicará esta tarde.

Según el relevamiento del CREEBBA, la inflación de abril en Bahía fue de 8,9 por ciento. De esta manera, acumula cuatro meses de caídas consecutivas y llega a valores similares a los de octubre de 2023. La inflación acumulada del primer cuatrimestre de 2024 escaló al 73,7 por ciento y la variación interanual ascendió a 291 por ciento.

Los informes del CREEBA suelen estar alineados con el informe oficial del INDEC por lo que es de suponer que finalmente la inflación general haya vuelto a ser de un dígito, algo que no sucede desde el décimo mes del año pasado.

En diciembre de 2023, por caso, el INDEC concluyó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 25,5 por ciento. Ese mismo mes, a la entidad de Bahía Blanca le dio 26,1 por ciento. Más acá, en marzo, el INDEC registró una inflación del 13,2 por ciento, mientras que en el sur bonaerense fue del 13,5 por ciento, es decir, prácticamente igual.

La canasta básica de Bahía Blanca

Junto con la evolución de precios, el CREEBBA elabora y mide la Canasta Básica Alimentaria de la ciudad. En abril, este indicador, que establece cuánto dinero precisa una familia para no ser indigente, registró una suba de 6 por ciento. Para una familia de 4 integrantes fue de casi 413 mil pesos ($412.976). A su vez, la Canasta Básica Total, que establece la línea de la pobreza, alcanzó los 933.326 pesos.

De acuerdo al reporte bahiense, dos de los productos que empujaron la inflación de abril hacia arriba fueron la electricidad (con aumentos del 72,5 por ciento) y gas y otros combustibles (con aumentos del 54%). Se trata de servicios que el Gobierno Nacional comandado por Javier Milei pretende seguir actualizando por lo que es posible que la inflación no siga por la senda de la desaceleración.

Fuente: Infocielo.

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La UNS ajustó su presupuesto y gastará 9 de cada 10 pesos en sueldos

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En un contexto de crisis para todo el sistema universitario, a partir de las políticas del Gobierno nacional, el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur (UNS), con sede en Bahía Blanca, aprobó el Presupuesto 2024.

La casa de altos estudios utilizará 36 mil millones de pesos durante todo el año de los cuales el 90 por ciento destinará a sueldos.

Desde el Rectorado se aclaró que “gracias a la existencia de fondos ahorrados y a la generación de recursos propios, se elaboró una herramienta que permita resentir al mínimo las actividades prioritarias, como la contención estudiantil y la investigación científica”.

“Si la UNS solamente contara con los recursos que envía el Tesoro Nacional, el 95 % de los mismos debería utilizarse para pagar las remuneraciones del personal y solamente el 5% quedaría disponible para financiar los gastos de funcionamiento, lo que resentiría notablemente la atención a becas y subsidios para estudiantes, la investigación científica y el mantenimiento edilicio”, dijo su titular Daniel Vega.

El Presupuesto de la UNS bajo la lupa

El cálculo establece que para el total de las remuneraciones se utilizarán de 32.700 millones aproximadamente, de los cuales 18.500 corresponden al personal docente (57 %) y 8.400 al personal no docente (26 %). Y el resto destinado al pago del personal que se desempeña en la educación preuniversitaria y a la planta de autoridades, tanto de la administración central como de las unidades académicas.

Los 17 Departamentos y las escuelas recibirán alrededor de 285 millones de pesos para funcionar, lo que representa un aumento nominal del 80 % en relación con el año anterior.

El mismo incremento recibirán todas las actividades que tienen impacto directo en la actividad de los Departamentos, como es el caso de los montos destinados a proyectos de investigación, apoyo a cursos de posgrado y actividades de extensión que, en total, suman 190 millones de pesos.

Dentro de las Secretarías, el mayor presupuesto corresponde a la Secretaría de Bienestar Universitario que, sumando lo que se le asigna este año con una reserva que se realizó sobre fines de 2023, podrá disponer de recursos por 800 millones de pesos. Esto implica un aumento del 180 % en relación con el año pasado, en términos nominales.

En particular, dentro de esta Secretaría la principal partida corresponde a las becas y subsidios a los estudiantes que recibe 400 millones de pesos (153 % más que en 2023) y el subsidio al comedor universitario que recibe 360 millones de pesos (260 % más que en 2023).

Otra secretaría que concentra una parte sustancial del presupuesto es la de Ciencia y Tecnología, que este año contará con 464 millones de pesos para destinar a actividades como el otorgamiento de becas de ciencia y tecnología, que es el renglón más importante e insume alrededor de 208 millones de pesos. Se trata de un incremento del 270 % en relación con 2023. Además, es la dependencia que gestiona los subsidios a proyectos de investigación mencionados anteriormente.

La Secretaría General de Servicios Técnicos y Transformación Digital administrará algo más de 768 millones de pesos. Es la dependencia encargada del mantenimiento de infraestructura, obras, reparaciones, equipamiento informático y de redes de la institución.

Nada de obras

Si bien el volumen de presupuesto que se le asigna es significativo, no muestra un incremento interanual importante dado que, en virtud de las restricciones de presupuesto, no se prevén para este año obras edilicias ni de infraestructura importantes, a menos que se reciban del gobierno nacional fondos específicos para ese fin.

“El presupuesto es una herramienta fundamental que brinda un marco de previsibilidad a todas las dependencias universitarias para que puedan funcionar con normalidad. Este es un año particularmente complejo porque, al estar vigente un presupuesto de prórroga a nivel nacional, el Tesoro Nacional asigna para el funcionamiento de las universidades los mismos montos que fueron establecidos para 2023”, explicó la vicerrectora, doctora Andrea Castellano.

Teniendo en cuenta que durante 2023 y el primer cuatrimestre de 2024 la inflación acumulada supera el 400 %, el presupuesto aprobado resulta en términos reales, es decir quitando el efecto de la inflación, inferior al de 2023.

“Frente a un contexto de restricción presupuestaria el objetivo principal de la gestión es resentir, lo menos posible, las actividades prioritarias de la UNS que son formar profesionales, investigar, integrarse con el mundo y con la comunidad. Por ello, con este presupuesto no puede esperarse la realización de obras de infraestructura importantes como se han realizado en años anteriores, al priorizarse el sostenimiento de los gastos corrientes de funcionamiento y el mantenimiento de la infraestructura existente”, agregaron Vega y Castellano.

Fuente: Infocielo.

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Bullrich: “En los allanamientos se encontró dinero y elementos probatorios”

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En una jornada de intensos operativos, alrededor de 30 allanamientos que se realizaron ayer como parte de una investigación por presuntas extorsiones cometidas por varios dirigentes de organizaciones sociales, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, expresó: “es la primera vez que hay una decisión política de terminar con estos falsos líderes sociales que tienen poco de social y mucho de organización y sometimiento de la gente a la que dicen conducir”.

Los procedimientos, solicitados por el fiscal Gerardo Pollicita, fueron autorizados por la Cámara Federal tras una denuncia del Ministerio de Seguridad basada en cientos de llamados a la línea 134.

La investigación, que comenzó con la denuncia del Ministerio de Seguridad, identificó a 27 dirigentes sociales, entre ellos Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti, todos del Partido Obrero. Otros implicados pertenecen a Barrios de Pie y diversas organizaciones sociales. Estos dirigentes ahora enfrentan cargos por extorsión.

Inicialmente, el fiscal Pollicita solicitó detenciones, las cuales fueron denegadas por el juez Sebastián Casanello. No obstante, la Cámara Federal habilitó los allanamientos como medida probatoria, lo que llevó a los operativos de este lunes.

Modus operandi de las extorsiones

La fiscalía identificó tres tipos de extorsión vinculados a los planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Los dirigentes cobraban una “cuota” a los afiliados para el aporte a comedores, los obligaban a vender alimentos recibidos del Estado y a asistir a manifestaciones bajo amenaza de retirarles la ayuda o no entregarles los suministros.

Se controlaba la asistencia a las marchas y se imponían multas a quienes no cumplían, algunas de hasta 10 mil pesos por ausencia. También se prohibía a los ausentes retirar alimentos proporcionados por el Estado.

“Lista de espera”

El esquema de extorsión incluía diferentes niveles de beneficiarios: aquellos en “listas de espera” para el plan Potenciar Trabajo, quienes debían realizar trabajos como mérito para acceder al plan; los “beneficiarios comunes”, que debían asistir a marchas o aportar a los comedores como contraprestación; los “delegados”, que recibían doble o triple ayuda; y los “referentes”, responsables de la administración de fondos y de ordenar a los anteriores.

Los allanamientos realizados marcan un avance significativo en la lucha contra las prácticas extorsivas en organizaciones sociales. La identificación y procesamiento de los dirigentes involucrados pone de manifiesto la determinación del Ministerio de Seguridad y la Justicia en desmantelar estas estructuras de poder que operan bajo la fachada de ayuda social. Con el hallazgo de dinero y elementos probatorios, la investigación avanza hacia esclarecer la magnitud de las operaciones y asegurar que los responsables rindan cuentas ante la ley.

Fuente: Noticias Argentinas.

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