Un plenario de comisiones le dio despacho favorable hoy a un proyecto de ley que establece un nuevo régimen de producción de biocombustibles y ahora el proyecto, que genera resistencia entre las PYMES bonaerenses del sector, quedó listo para ser tratado en el recinto.
Se trata de la iniciativa para reemplazar la ley 27.640, aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández, impulsada por Patricia Bullrich y que recibió el OK en un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda de la cámara Alta.
La principal modificación del régimen que establece el proyecto es que el Estado tendrá menos control sobre los cupos y habrá más libertad para que las empresas compitan por el mercado.
Pero el proyecto también eleva el porcentaje de biocombustibles que se mezcla con naftas y gasoil. En el caso del gasoil, el biodiesel pasará del 7,5% al 10% durante los primeros 12 meses de vigencia de la ley. Para las naftas, el bioetanol subirá del 12% al 15%. Además, se mantendrá un mínimo del 6% para el bioetanol de caña de azúcar y otro 6% para el producido con maíz.
El conflicto con las Pymes del interior
Como contó DIB, el proyecto genera fuerte resistencia entre las PyMES del interior bonaerense. Las empresas se reunieron por el tema con el gobernador Axel Kicillof, que les dio el apoyo contra la iniciativa.
El punto que genera mayor preocupación entre las empresas chicas es la reducción de la porción del mercado que tienen asegurada, en favor de plantas que pertenecen a grandes commpañías vinculadas a exportadoras de granos, ubicadas en Santa Fe, cerca de Rosario.
Las Pymes no integradas, que hoy cuentan con el 7,5% del mercado de biodiesel, irán perdiendo participación. El porcentaje bajará al 6,5% durante la transición, al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y quedará en 3% desde 2031.
El 7% restante podrá ser negociado entre las refinadoras y las grandes empresas integradas. Las plantas de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires temen no poder competir con los grandes grupos del polo agroexportador de Rosario.
La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), que nuclea a las empresas bonaerenses emitió un comunicado durísimo, en el que directamente habla de que sus compañías “quedarían condenadas a la quiebra” si se aprueba el proyecto. Pusieron así sobre la mesa el peso de un sector que opera que diez plantas -están en Saladillo, Ramallo, Pilar, Daireaux, Junín y Bahía Blanca- sostienen 500 empleos directos y alrededor de 3000 puestos indirectos vinculados con transporte, logística, insumos y servicios.
El impacto alcanzaría además a la cadena de extrusado de soja. Según Cepreb, Buenos Aires concentra 96 establecimientos de ese tipo distribuidos en más de 50 localidades. Esas fábricas producen el aceite crudo que utilizan las elaboradoras de biodiésel y sostienen entre 750 y 960 puestos directos, de acuerdo con las estimaciones del relevamiento.
El informe empresario calcula que las plantas generan un valor generado cercano a los u$s 415 millones anuales y advierte que una caída de actividad también afectaría la recaudación municipal.
Fuente: Agencia DIB.
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