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El PRO presentó un recurso de amparo para frenar las designaciones en la Auditoría General de la Nación

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Con la firma de su presidente Cristian Ritondo, el bloque de diputados del PRO presentó ante la Justicia un recurso de amparo para frenar la designación de tres auditores de la Auditoría General de la Nación, que llevó a cabo la Cámara baja durante la madrugada del 18 de diciembre.

Para los representantes del partido fundado por Mauricio Macri, la resolución 7018-D-2025, mediante la cual se designó como auditores de la AGN a Rita Mónica Almada (de LLA), el kirchnerista Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti, vinculada políticamente al gobernador de Salta Gustavo Sáenz, “fue abiertamente inconstitucional”.

En el PRO contaban con que sería nombrado Jorge Triaca, pero quedaron afuera de un acuerdo presuntamente establecido entre Martín Menem, Fuerza Patria y los gobernadores del norte.

Según la presentación de Ritondo, la designación de autoridades de la AGN se realizó fuera del temario habilitado para las sesiones extraordinarias, en violación directa del artículo 63 de la Constitución Nacional. “El decreto presidencial que convocó al Congreso no incluía este tema”, aseguraron desde el PRO.

Además, indicaron, “la votación se llevó a cabo cerca de las tres de la mañana, sin publicidad ni transparencia, sin dictamen previo, sin debate parlamentario y sin cumplir los procedimientos reglamentarios esenciales” por lo que consideran que son demasiadas “irregularidades”.

“Lo ocurrido afectó de manera directa los derechos políticos de los diputados y quebró el equilibrio institucional del sistema de control del Estado”, aseguraron desde el entorno de Ritondo y explicaron: “Le pedimos a la Justicia que declare la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución que designó a los auditores, que dicte una medida cautelar urgente para impedir que asuman o actúen en la AGN hasta que exista una sentencia definitiva, y que se restituya el estado institucional previo al acto cuestionado”.

Según el documento de 29 páginas presentado por Ritondo a la Justicia con el patrocinio de la abogada Tiziana Díaz, la moción en Diputados que derivó en la designación de los auditores “se realizó sin mediar informe alguno de comisión, sin dictamen previo, sin circulación anticipada de los antecedentes de los candidatos, sin acuerdo alguno de Labor Parlamentaria, y sin que se solicitara ni aprobara expresamente con las formalidades requeridas”.

En ese sentido, se aclara que “el respeto de las reglas constitucionales y reglamentarias no es una mera exigencia ritual, sino una garantía esencial para que todos los diputados -y, en particular, aquellos que no integran la mayoría circunstancial- puedan ejercer de manera efectiva la función representativa que les ha sido confiada por el electorado”.

Por lo tanto, según considera el PRO “la sola circunstancia de que HCDN o la AGN lleven adelante su actividad de modo contrario a la Constitución Nacional y las leyes y reglamentos dictados en consecuencia, mediante actos que implican menoscabar la plenitud de los derechos y de la representatividad que me corresponden en mi carácter de Diputado de la Nación, y la AGN se encuentre integrada de un modo viciado, importa un avasallamiento de notoria y extrema gravedad institucional.”

Ya lo había anticipado Ritondo en la propia Cámara durante el procedimiento mismo. Visiblemente enojado, el presidente del bloque macrista consideró aquella madrugada que “la designación de miembros de AGN no se puede tratar, es anticonstitucional”, aseguró que “la falta de códigos, de respeto por los compromisos asumidos, corre por cuenta de La Libertad Avanza” y anticipó que llevarían el tema a la Justicia.

Cómo fue la designación

Después de que el Gobierno nacional obtuviera la media sanción en los proyectos de Presupuesto 2026 y de Inocencia Fiscal, el Congreso aprobó durante la madrugada del jueves la designación de tres auditores generales de la Nación. El tema no estaba en el plenario, como tampoco en la convocatoria a sesiones extraordinarias realizada por el Ejecutivo, y provocó que varios legisladores de los bloques se retiraran del recinto a modo de reclamo.

Todo comenzó con un pedido de moción presentado por el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA)Gabriel Bornoroni, para poder ocupar los cargos vacantes. “La propuesta concreta es que esta Cámara designe como auditores generales de la Nación a las siguientes personas: Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti”.

“Propongo que se vote la terna completa y que se autorice a la Presidencia de la Cámara a darle forma de resolución a lo aquí establecido”, completó el diputado cordobés. Acto seguido, el recinto se tiñó de quejas, que cuestionaron la solicitud.

Frente a esto, Ritondo, aseguró que se trataba de “la violación al artículo 65 de la Constitución Nacional” y por esto, subrayó que “la práctica reglamentaria y la doctrina reconocen como única excepción al límite del temario cuestiones de privilegio y asuntos estrictamente internos de cada Cámara”.

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Bullrich evita la interna de la AGN en el Senado y pide centrarse en la aprobación del Presupuesto

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Patricia Bullrich quiere ganar. Pidió que la Reforma Laboral entrara por el Senado en busca de un rutilante triunfo parlamentario y terminó pasando el tema a febrero porque no contaba con los votos para aprobarlo. Sintió que en esa discusión perdió y mañana, en la sesión por el Presupuesto 2026, quiere ganar como sea, por lo que ya avisó que no va a autorizar la intromisión de ningún tema. El aviso que le hizo llegar a propios y ajenos tiene que ver con la posibilidad de que se vayan introduciendo temas a lo que será su primera sesión como presidenta del bloque de La Libertad Avanza.

“Lo único por afuera es la jura de Fullone, nada más”, dijo un senador libertario en referencia a la asunción del legislador de Río Negro Enzo Fullone en lugar de Lorena Villaverde que va a completar el bloque con 22 senadores. Pero también lo dijo frente a la posibilidad de que a alguno se le ocurra meter por la ventana la posibilidad de nombrar a los Auditores Generales designados a propuesta de la Cámara de Senadores como sucedió en Diputados. En la Cámara alta hay nombres que suenan para ocupar esos tres cargos, pero, al igual que lo que sucedió en Diputados, hay más nombres que sillas para ocupar.

La designación es por representatividad, pero, principalmente, por acuerdo político, ya que tiene que ser votado por el recinto. La designación de Pamela Calletti por la Cámara baja es un ejemplo de eso ya que fue a propuesta de un bloque minoritario pero con el apoyo de los dos bloques mayoritarios -LLA y Unión por la Patria. También es un antecedente para el Senado para los radicales y macristas, que siguen de cerca las conversaciones entre los bloques que responden a los gobernadores. En ese esquema el único que tiene asegurada una silla es el peronismo porque sin sus votos el resto no llega. El nombre que propone el bloque es, al igual que lo que sucedió en Diputados, es el de Javier Fernández, dándole continuidad al auditor del PJ que ya estaba en la AGN.

El problema se genera porque ahora LLA tiene número para imponer una segunda candidatura y quedaría una sola silla para repartir entre la UCR, el PRO y los bloques minoritarios que representan a los gobernadores. “Quedó todo muy sensible por lo de Diputados, el radicalismo tiene más número que el PRO para imponer al tercero, pero los macristas están exigiendo una compensación, es algo muy difícil de acordar porque aunque si tenés al peronismo y al radicalismo no necesitas de sus votos para nombrarlos, necesitamos de ellos para todo lo demás”.

El radicalismo, con 10 votos, es quien tiene más posibilidad de imponer a un candidato. Los nombres que maneja el bloque son los de dos exsenadores: Luis Naidenoff y Victor Zimmermann. El esposo de Carolina Losada es quien tiene más apoyo de la Casa Rosada. La preocupación en el oficialismo está puesta en la aprobación del Presupuesto y en los ruidos que está generando el articulado que representa un ajuste en la educación y la ciencia. El peronismo buscará jugar fuerte en el momento en el que se debata el articulado porque entiende que Bullrich tiene cerrados los acuerdos para la votación en general.

Mañana a las 12 debutará Patricia Bullrich como jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación, un recinto que en los últimos dos años al oficialismo le costó hacer pie, y buscará un éxito tanto en la aprobación del Presupuesto como de la ley de modificación del Régimen Penal Tributario, el resto de los temas puede esperar.

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El Gobierno insistirá en aplicar cambios a la Ley de Salud Mental durante la sesiones ordinarias

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En paralelo a las reformas que el presidente Javier Milei aspira a pasar en sesiones extraordinarias, el Gobierno Nacional diseña la hoja de ruta legislativa para el 2026 que incluye la determinación de implementar cambios en la actual Ley de Salud Mental, lo que -argumentan- atendería un reclamo clave que las familias de pacientes, profesionales y de las Fuerzas de Seguridad. Según supo Infobae de una importante fuente del Poder Ejecutivo, la idea es enviar un proyecto que contemple la modificación de algunos puntos de la ley durante el período de sesiones ordinarias, que inicia el 1° de marzo, en especial sobre el artículo que habilita las internaciones involuntarias para que, en determinados casos, los jueces puedan autorizar la hospitalización.

Se trata de un pedido que mayormente levantaron los familiares desde la sanción de la Ley N° 26.657 de Salud Mental y Adicciones, que fue promulgada en diciembre de 2010 y reglamentada en 2013, pero que desde su puesta a punto generó polémica por su aplicación. Lo cierto es que el espíritu original de antimanicomialización, que busca preservar los derechos de los pacientes en el sistema de salud, encontró limitaciones en la práctica ante la ausencia de dispositivos necesarios para su correcta aplicación.

A raíz de esa situación, desde el Poder Ejecutivo tienen intenciones de insistir, a través del Ministerio de Salud que comanda Mario Lugones, en los cambios para avanzar en la creación de centros especializados y en la posibilidad de autorizar la internación de determinados pacientes a través de la intervención judicial.

No es la primera vez que la administración libertaria intenta implementar estas modificaciones que estuvieron contempladas en el proyecto original de la Ley Bases, pero que finalmente quedaron afuera de la sanción definitiva de la que supo ser presentada como la megaley.

“Hay que volver atrás y recuperar cosas que funcionaban de la ley anterior”, sintetizaron importantes fuentes oficiales a este medio, luego de haber ensayado -sin éxito- cambios en al menos ocho artículos. Si bien aún se encuentra en plena redacción, el proyecto podría ser anunciado por el mandatario durante la Apertura de Sesiones en el Congreso a principios de marzo.

Las modificaciones aspiraban a habilitar a jueces a adoptar medidas de atención urgente; definían cuatro casos específicos para la internación, planteada como recurso terapéutico excepcional; daba luz verde a la creación de neuropsiquiátricos; dotaba a al defensor de solicitar medidas terapéuticas; planteaba un esquema de modificación en las condiciones de egresos y rehabilitación de los pacientes; y modificaba la composición del Órgano de Revisión.

Los equipos en la tarea trabajan en los detalles, pero, según anticiparon fuentes al tanto del diseño, repetirán algunos de los puntos mencionados que buscaban ser incluidos en la mal llamada Ley Ómnibus de aquel entonces. Los cambios planteados abrieron una polémica mayormente entre activistas del sector, que leyeron las propuestas como una profundización de la manicomialización que buscan combatir.

Sin embargo, por estos días, la Casa Rosada contraargumenta con ejemplos de casos de complejo desenlace como el episodio que terminó con la vida del efectivo de la Policía Federal, Juan Pablo Roldán, que fue asesinado por un hombre identificado como Rodrigo Facundo Roza, que lo apuñaló con un cuchillo en la zona aledaña al MALBA. El psiquiatra del homicida, Jorge Alberto Monforte, fue llevado a juicio por presunto abandono de persona y homicidio culposo y finalmente fue absuelto.

Otra de las claves que fomentaron la determinación de insistir en cambiar el articulado de la ley reside en el testimonio de Marina Charpentier, la mamá del reconocido músico Chano Moreno Charpentier, quien expuso en el Congreso de la Nación la necesidad de aclarar algunas definiciones difusas vigentes y la falta de herramientas para contener situaciones de brotes y episodios agudos a raíz de trastornos mentales y adicciones. “La Ley Nacional de Salud Mental fue creada en 2010 sin la consulta de psiquiatras ni universidades. No aborda la realidad de las familias que sufren estas enfermedades”, supo contraargumetnar.

A principios de año, la activista y madre del cantante de Tan Biónica cargó contra el Gobierno Nacional al calificar el Presupuesto, prorrogado desde 2023, destinado a salud mental como “un chiste”. “Solo se destina un 10% del presupuesto de salud, y eso cuando hay suerte”, sostuvo en una entrevista a este medio.

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La Legislatura porteña, modelo 2026: el rol de Larreta y la discusión que pondrá en juego el vínculo del PRO y LLA

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La nueva Legislatura tendrá, más temprano que tarde, una instancia de discusión que marcará el pulso de la política porteña en 2026, año clave para las aspiraciones del jefe de Gobierno, Jorge Macri, de buscar su reelección en 2027. En febrero se deberán definir las presidencias de las comisiones, votación que se abre tras haber superado la aprobación del Presupuesto local y la definición de las autoridades, y que pondrá en juego la solidez del “pacto de no agresión” que suscribieron el PRO y LLA.

Desde la bancada libertaria, que preside Pilar Ramírez, ya adelantaron que pedirán la presidencia en varias comisiones clave, que podrían ser Hacienda, Planeamiento, Seguridad, Asuntos Constitucionales o Justicia, entre otras. Esto podría tensar el vínculo con el PRO, en sintonía con la discusión nacional que tuvo lugar la semana pasada en el Congreso, cuando la designación de integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN) provocó un fuerte comunicado del partido amarillo y una réplica del presidente del bloque, Cristian Ritondo.

La relación está rota. Les va a costar mucho volver a ganarse nuestra confianza. Hace dos años los ayudamos desinteresadamente y ahora acuerdan con el kirchnerismo”, aseguraron en aquel momento desde la jefatura del bloque, en relación a la designación como auditores a Mónica Almada, por La Libertad Avanza; Juan Forlón, por el kirchnerismo; y Pamela Calletti, aliada del gobernador salteño, Gustavo Sáenz.

El propio Mauricio Macri siguió de cerca las alternativas de aquella sesión en Diputados. En algún momento, el líder del PRO pensó en Jorge Triaca para ocupar un lugar en la AGN; desde el entorno del expresidente, y ante la consulta de Infobae, también hablaron de una “relación que está rota”, y responsabilizaron al presidente de Diputados, Martín Menem, y al asesor presidencial Eduardo Lule Menem, de “haber pactado con los gobernadores del norte y haber cerrado filas con el kirchnerismo”.

Volvemos a la Ciudad de Buenos Aires. Cerca de Jorge Macri hay confianza para el segundo tramo de la gestión, y hablan de un bloque legislativo “más ordenado” y “más fuerte, que pasó de siete a 11 integrantes, y a eso tenés que contar que llegaron personas con mucho señority, como Waldo Wolff, Laura Alonso o la misma Silvia Lospennato”. Se convertirán en el trío de voceros del oficialismo.

En cuanto a la relación con LLA, será fluctuante, como sucede a nivel nacional. Jorge Macri sabe que su futuro está atado a la suerte de Javier Milei. Si el Presidente mantiene el nivel de popularidad que le permitió imponerse en las legislativas, y si mantiene controlado el dólar y la inflación, eso se va a trasladar al candidato que impulse LLA y la competencia con el PRO por el electorado común será más compleja. Es una carrera en la que ya está anotada la senadora Patricia Bullrich. En este escenario, varios dirigentes macristas no ven con malos ojos participar de una PASO de todo el espacio de la centro derecha.

Pero la relación con La Libertad Avanza puede descomponerse. En ese caso, aseguran, “el diferencial es la gestión y hacer que la ciudad funcione”. Y minimizan las aspiraciones de Horacio Rodríguez Larreta, que ya aseguró que buscará ser jefe de Gobierno porteño de nuevo. “El centro ya no existe en la ciudad; los espacios centristas se diluyeron. Estas elecciones mostraron que el centro-derecha es el sector predominante, y el PRO debe competir o pactar ahí”, sostuvo un importante dirigente porteño.

A nivel parlamentario, Larreta logró conformar un bloque de siete integrantes, una cifra importante para el oficialismo si rompe con LLA, porque necesitará esos votos, y los del peronismo, para poder aprobar las leyes. Por eso, también será clave la dinámica de reparto de comisiones con el bloque que preside Claudia Neira, la primera minoría con 20 integrantes, que tiene ahora como referente a Leandro Santoro y que conduce Juan Manuel Olmos, histórico dirigente del PJ porteño.

Otra particularidad de la nueva Legislatura. El influyente empresario y ex presidente de Boca, Daniel Angelici, logró quedarse con la secretaría administrativa, un cargo clave porque maneja el presupuesto del Parlamento, ahora a cargo de Cristián Gribaudo. La conducción política sigue en manos de Matías López, un joven dirigente cercano a Diego Santilli y bien considerado por todos los bloques. También habrá cambios en la Dirección de Prensa.

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