La aprobación del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal generó una serie de reacciones en todo el arco político argentino. El oficialismo celebró la sanción de ambas iniciativas, mientras sectores de la oposición cuestionaron el alcance de las medidas y advirtieron por el impacto en áreas estratégicas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó el resultado del debate parlamentario y calificó el nuevo presupuesto como equilibrado. “Felicitaciones a todos y cada uno de los que trabajaron codo a codo para lograr que Argentina tenga un presupuesto equilibrado para el 2026. Fueron muchas semanas de incansable trabajo en equipo. Gracias a todos”, expresó.

En una publicación aparte, el funcionario consideró que la Ley de Inocencia Fiscal “probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país”. Incluso, advirtió que “aún no se toma la real dimensión de todo lo que implica”.

Desde la bancada de La Libertad Avanza (LLA), la jefa del bloque, Patricia Bullrich, celebró la aprobación del proyecto que modificará el régimen fiscal. “Es una de las leyes más importantes de los últimos 30 años“, destacó.

“Un Estado que confía en la gente que hace las cosas bien. Basta de persecución a los argentinos de bien. El control va donde tiene que ir: a los que evaden. La libertad se vuelve norma”, concluyó la legisladora. Asimismo, recibió los elogios del ministro de Economía, Luis Caputo, quien consideró que “hay momentos en la historia en que la historia cambia”.

Por su parte, la senadora Carmen Álvarez Rivero también se sumó a la celebración de la sanción de la norma fiscal. “El Estado no persigue más a los argentinos de bien, que padecieron años de cepos y prohibiciones, y ante una inflación desbordada muchos fueron forzados a protegerse como pudieron. Si no hay delito precedente, se presume inocencia!”, afirmó.

Mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, resumió: “Presupuesto aprobado. Con Javier Milei, orden y equilibrio fiscal”, el ministro del Interior, Diego Santilli, remarcó que “por primera vez, la Argentina aprobó un Presupuesto con equilibrio fiscal y aumentos de partidas por encima de la inflación en áreas prioritarias”.

Al mismo tiempo que destacó la “responsabilidad y el coraje de los diputados, senadores y gobernadores que entendieron que el país cambió”, criticó la posición de una “minoría kirchnerista que extraña el gasto público para enriquecerse a costa de los laburantes”.

En el caso del presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, sostuvo que “todos los demás caminos ya se intentaron y fracasaron”. Por este motivo, afirmó que “la aprobación de este presupuesto, resultado de un cambio de paradigma liderado por Javier Milei, demuestra que existe un camino distinto, con previsibilidad y crecimiento”.

Desde la oposición, el senador del Frente Cívico por Santiago, Gerardo Zamora, aseguró que “la Ley de Presupuesto es una herramienta clave para el buen gobierno, y una garantía para todos los ciudadanos, si se basa en un país federal, atendiendo a la posibilidad de un desarrollo armónico y equitativo”.

Así, cuestionó que el proyecto del Ejecutivo “no prioriza las necesidades más urgentes de la sociedad, desfinancia al interior productivo, y pone en riesgo la infraestructura necesaria para el crecimiento”. Por esto, remarcó la importancia de “defender una Argentina federal, con igualdad de oportunidades y desarrollo en cada rincón del país”.

El senador justicialista Daniel Pablo Bensusán rechazó el texto aprobado y, por medio de una publicación en la red social X, argumentó que se trata de “un presupuesto mentiroso”. Y profundizó: “Un proyecto que pone en riesgo el trabajo de las argentinas y los argentinos, la educación pública y el desarrollo de nuestras provincias. No vamos a acompañar un ajuste que siempre cae sobre el pueblo”.

“No es austeridad, es un ajuste brutal. Este presupuesto lleva al empobrecimiento de gran parte de la sociedad”, sostuvo el justicialista Marcelo Lewandowski. Por último, la justicialista Ana Marks afirmó que “tenemos historia y sabemos que es posible tener equilibrio fiscal como lo hicieron Néstor y Cristina incluyendo a la gente y con un proyecto sostenido con inversión en educación, ciencia y tecnología”.

Diego Santilli estuvo reunido con Patricia Bullrich y volvió a contactarse con gobernadores. Las tratativas con jefes provinciales -en varias entregas y hasta último minuto- fueron monitoreadas todo el tiempo desde Economía, con Carlos Guberman en primera línea. Martín Menem y Lule Menem también se movieron, como siempre con chapa de Karina Milei. Y no falto el ingrediente de Santiago Caputo. Una especie de mega operación negociadora para garantizar la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado. Todo, con una pincelada indisimulable: el texto finalmente celebrado por Olivos terminó siendo el proyecto podado en Diputados, algo que apenasocho días antes había generado enojo extremo del oficialismo, al punto de hacer circular el disparate de un nuevo veto.

El Gobierno pudo festejar así el primer Presupuesto de su gestión. Hasta ahora, y con comodidad, se vino manejando con dos reescrituras de la ley aprobada en el final de la última etapa kirchnerista. Y el giro fue potente, no sólo por el doble “costo” o refuerzo de los acuerdos con gobernadores, sino por el modo en que debió asimilar el golpe recibido en Diputados, que opacó la votación y el pase a la Cámara alta en tiempos mínimos.

La baja del ruidoso Capítulo XI del Presupuesto había provocado de inmediato una respuesta destemplada del Gobierno. Fuera de la efímera referencia a un veto, fueron difundidas versiones sobre modificación de partidas como respuesta al rechazo del financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. Hubo hasta una virtual amenaza o advertencia de recortes a las provincias. Pero frente a la realidad, tales ideas se esfumaron. El Gobierno necesitaba los votos de anoche en el Senado. Y los va a necesitar en las dos cámaras para las iniciativas que vienen, empezando por la reforma laboral.

En la noche de este viernes, el festejo fue por la aprobación sin modificaciones del Presupuesto. Fue una marcha atrás con el imaginario de la revancha. Y la sanción del proyecto tal como llegó de Diputados se convirtió en festejo frente a la posibilidad de nuevos frenos a otros ajustes en educación e investigación. Fue, en ese contexto, un triunfo que deja además a la vista el complejo y costoso ejercicio de los arreglos con gobernadores para lograr votos en iniciativas cruciales para Olivos.

En ese paso a paso, parece casi imposible establecer un mecanismo de acuerdos estables y medianamente duraderos. Se trata de acuerdos proyecto por proyecto, frente a un conglomerado que incluye desde socios -pero ninguno, ajeno a la lógica de los tratos en particular- hasta dialoguistas, incluyendo los que cumplen doble objetivo: acompañar y fisurar al peronismo/kirchnerismo. El menú, que nadie oculta, incluye diferentes vías de contraprestación, entre ellas los ATN, deudas de anteriores pactos fiscales, casos puntuales de aportes incumplidos por cajas previsionales no transferidas.

En paralelo al debate del Senado, circularon trascendidos bastante precisos sobre el “cumplimiento” de acuerdos con gobernadores de diferente posición política. Incluye en primera línea a peronistas distanciados del kirchnerismo (Tucumán, Catamarca, Salta), aliados (Mendoza, Entre Ríos, Chaco) y provinciales o no alineados (Misiones, San Juan), entre otros.

El final del recorrido del Presupuesto expuso un motivo de celebración para el Gobierno, con doble costo de negociación y aplazamiento de la reforma laboral como consecuencia del traspié de la semana pasada en Diputados. No fue estrictamente el resultado de un error de cálculo, sino de práctica y, claro, de concepción política.

De entrada, había resultado llamativo que el Gobierno difundiera que el recambio legislativo le permitiría avanzar casi a libro cerrado. Y más aún, que después se pretendiera forzar artículos sin aviso, es decir, sin sondear siquiera a gobernadores y referentes de espacios opositores pero dispuestos a conversar en el Congreso. Frente a los traspiés autoprovocados, las miradas -incluso, algunas propias- apuntaron a Luis Caputo en el caso del capítulo caído del Presupuesto y a Federico Sturzenegger por tensiones extras con la reforma laboral, finalmente postergada hasta febrero.

Algo paradójico ocurrió con los movimientos del Gobierno a partir de octubre: sobredimensionó el resultado electoral y, a la vez, desperdició el momento para establecer algún sistema de alianzas más o menos sólido. Pasada la celebración poselectoral, el oficialismo tuvo casi cuarenta días para cerrar trato con vistas a las sesiones extraordinarias. Contaba con el efecto del éxito en las urnas -potenciada por la reversión del cuadro bonaerense- y con gobernadores sedientos de fondos. Noviembre, en especial, fue un mes muy malo en materia de coparticipación, que agudizó la situación de arrastre por el frío del consumo y decisiones del poder central, que pisó el reparto de ATN.

El Gobierno puede celebrar, por supuesto, una vieja fórmula: mantener abiertos esos frentes, sin dar respuestas de fondo a los reclamos de las provincias, le permitiría articular otras negociaciones, en especial para los proyectos que pretende bajo el título de “reformas estructurales”. El camino del Presupuesto también expone que la realidad no se ajusta siempre a sus deseos, aún atendiendo la “lógica de la política”, según la definición utilizada por Javier Milei al avalar el pacto con el kirchnerismo para designar a integrantes de la Auditoría General de la Nación.

La otra nota distintiva de la ofensiva del Gobierno después de la elección de octubre fue el anuncio de un trámite exprés de la reforma laboral. Se llegó a difundir el objetivo de sancionarla antes de fin de año. Pero debió pasar para febrero y cosecha, fuera de los cruces públicos -que se desvanecieron de inmediato con la postergación del debate-, señalamientos reservados de expertos en la materia por la el “bajo nivel técnico” del texto y por posibles y variados artículos que podrán ser judicializados si son aprobados tal como dice el original.

Se verá qué pasa, incluso con la fecha para la segunda entrega de sesiones extraordinarias.

En 2026 el gobierno de Javier Milei tendrá por primera vez una ley de Presupuesto. Tras un traspié inesperado en la Cámara de Diputados, donde la oposición logró eliminar la derogación de la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, La Libertad Avanza consiguió evitar nuevas modificaciones y aprobó de forma definitiva el plan de ingresos y gastos elaborado por Luis Caputo. Era uno de los pedidos del FMI y del gobierno de Estados Unidos para enviar una señal de estabilidad y fortaleza política a los mercados.

En los días previos a la sesión, el oficialismo entabló negociaciones febriles con la oposición dialoguista para evitar nuevas sorpresas, especialmente ante la reticencia de algunos senadores a apoyar el artículo 30 del proyecto, que elimina pisos mínimos de financiamiento para educación, ciencia y defensa.

Ante la eventualidad de que el proyecto sufriera cambios otra vez y tuviera que volver a Diputados, las autoridades del bloque LLA habían notificado a sus integrantes que todos tendrían que estar disponibles para a sesionar el 30 de diciembre o el 6 de enero.

Juntar el quórum hubiera sido un verdadero desafío político para Martín Menem ya que la relación con algunos aliados, como el PRO y la UCR, no quedó en buenos términos a raíz de las designaciones en la AGN, que excluyeron al candidato macrista, y la inclusión de la coparticipación de CABA en el capítulo que terminó saliendo rechazado. “Haremos lo posible por estar, pero no creo que estemos todos”, reconoció un diputado del PRO ante la consulta de Infobae.

No obstante, otros bloques dialoguistas aseguraron que no habían sido contactados por los libertarios para coordinar una posible sesión. Dado que cuando se trató el Presupuesto en Diputados el oficialismo llegó al quórum al filo del plazo y con ayuda de bloques que después incluso votaron en contra del proyecto, cualquier ausencia hubiera complicado la sesión.

A pesar de haber aumentado considerablemente el tamaño de sus bancadas -95 escaños en Diputados y 21 en el Senado- ya quedó en evidencia que el oficialismo no puede darse el lujo de prescindir de los sectores dialoguistas.

La victoria en el Senado le da aire a La Libertad Avanza. Pero ahora deberá utilizar el receso de enero para recomponer la relación con los aliados. Los necesitará para avanzar en febrero con las reformas que Milei ya envió al Congreso: la modernización laboral y la reforma de la ley de Glaciares. Son temas de alta sensibilidad y probablemente movilicen a amplios sectores de la sociedad, como por ejemplo la CGT y las organizaciones ambientalistas, respectivamente.

El oficialismo también deberá ajustar el diálogo con los gobernadores que le hicieron sentir al Gobierno su vulnerabilidad en Diputados pero no tensaron más de la cuerda en el Senado.

En la Cámara baja los tres tucumanos de Independencia, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, apoyaron en general el Presupuesto pero dos de ellos rechazaron el capítulo 11 y uno se levantó para no votar. Por su parte, los tres catamarqueños que controla Raúl Jalil también votaron a favor en general pero rechazaron el capítulo 11. En el caso de Salta, tres diputados apoyaron en general y uno se dio vuelta para voltear el artículo de la polémica, incluso a pesar del acuerdo previo con Gustavo Sáenz por la designación de Pamela Calletti en la AGN.

Entre los gestos de rebeldía además se destacaron las abstenciones de los radicales Gerardo Cipolini, que responde al gobernador Leandro Zdero, y del entrerriano Darío Schneider, que entró por la lista libertaria en la alianza con Rogelio Frigerio.

Todos se alinearon con la Casa Rosada en el Senado y le permitieron a Milei tener Presupuesto para el año que comienza. Ya no es ninguna novedad que el compromiso de los mandatarios provinciales con las reformas del Gobierno será fundamental para evitar nuevos traspiés legislativos.