La ola triunfante sobre la que avanzaba el oficialismo después de las elecciones de octubre sufrió esta semana un primer golpe con la realidad. La Libertad Avanza festejó la media sanción del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados pero perdió una votación clave sobre la derogación de la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. El traspié legislativo dejó expuestas fallas en el tejido de alianzas que tuvieron a cargo Martín Menem y el ministro del Interior Diego Santilli.

“Forzamos mucho ese capítulo, pero estamos bien”, dicen cerca del presidente de la Cámara y señalan que son “apenas” una primera minoría en el recinto, por lo que prevén que el trámite legislativo “va a seguir siendo difícil”.

Durante las últimas semanas, Santilli se había ocupado de aceitar el vínculo con los gobernadores para garantizar el apoyo al Presupuesto. Repartió $66 mil millones en concepto de ATN durante las dos semanas de diciembre, mientras que el total del año es de $199 mil millones.

Entre los que más recibieron se destacaron Tucumán ($20 mil millones); Misiones ($12 mil millones); Chaco ($11 mil millones); Catamarca ($10.500 millones); Entre Ríos ($7 mil millones); y Salta ($6 mil millones). Tal vez por eso en el oficialismo daban por propios algunos votos que luego se dieron vuelta al momento de votar el polémico capítulo 11.

Los tres tucumanos de Independencia, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, apoyaron en general el Presupuesto pero dos de ellos rechazaron el capítulo 11 y uno se levantó para no votar. Por su parte, los tres catamarqueños que controla Raúl Jalil también votaron a favor en general pero rechazaron el capítulo 11. En el caso de Salta, tres diputados apoyaron en general y uno se dio vuelta para voltear el artículo de la polémica.

“No es todo tan lineal y que algún diputado vote en contra no quiere decir que se haya metido el gobernador”, argumentan algunos libertarios. No obstante, otros diputados oficialistas reconocieron que tenían el compromiso previo de los catamarqueños para votar a favor o en todo caso abstenerse. También apuntan contra los diputados de Provincias Unidas, que habían ayudado a garantizar el quórum, pero luego rechazaron el proyecto. “Se iban a retirar y no lo hicieron. No se bancaron la presión del kirchnerismo”, aseguró un libertario ante la consulta de Infobae.

Los cinco cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora habían dejado en claro su insatisfacción con el proyecto de Presupuesto durante el debate en comisión y se abstuvieron al momento de la votación en general. Luego, cuando se trató el capítulo 11, directamente votaron en contra.

Entre los principales reclamos de la provincia se destaca la deuda con la caja previsional provincial. Por lo que no cayó nada bien cuando al día siguiente, cuando comenzó a analizarse el Presupuesto en el Senado, el secretario de Hacienda Carlos Guberman rechazara el monto reclamado para cubrir el déficit.

Según Vigo, la deuda con Córdoba es de $690 mil millones mientras que en el Presupuesto el Gobierno destinó $122 mil millones para todas las provincias. “No alcanzaría ni por asomo”, fustigó.

“Esa deuda es la que calcula la Provincia sin ninguna validación por parte de Anses como para estar claros de que ese es el valor. Sabemos que hay una deuda, pero no estamos de acuerdo con que el monto sea ese. Es algo que tendrá que definir Anses de acuerdo a las simulaciones que tiene que hacer”, explicó el funcionario ante una pregunta de la senadora schiarettista Alejandra Vigo. Esa respuesta no augura una buena relación con la bancada que también integran los pullaristas de Santa Fe.

Por otro lado, la relación entre los libertarios y el PRO merece un capítulo aparte. El bloque amarillo reclamó durante las negociaciones previas que se incluya en el Presupuesto la deuda de coparticipación con la ciudad de Buenos Aires y se llevó un compromiso de último momento de que ese punto sería incluido.

El jefe de la bancada, Cristian Ritondo, no pudo ocultar su enojo al ver que los libertarios incluyeron ese artículo dentro del polémico capítulo 11, junto con discapacidad y universidades. Como la votación era por capítulos enteros, lo interpretaron como una maniobra para forzar un escenario de todo o nada. Finalmente fue nada. El capítulo salió rechazado y el PRO se quedó con las manos vacías.

Pero como si eso fuera poco, luego se concretó un pacto entre los libertarios, el kirchnerismo y los gobernadores de Salta y Misiones para designar a los tres representantes por Diputados a la AGN.

Esa misma madrugada juraron Mónica Almada, en representación de LLA, Juan Ignacio Forlón, por el peronismo, y la salteña Pamela Calletti, alfil de los gobernadores del norte. El PRO se retiró del recinto enardecido y amenazó con judicializar la designación.

Recomponer esa relación, que ya había quedado muy golpeada por la decisión de sacarle a los diputados bullrichistas para sumarlos al bloque LLA, será una tarea ineludible para Menem, ya que los 12 diputados que conduce Ritondo son esenciales para llegar al quórum.

Según pudo saber Infobae, ya hubo contactos entre Menem y Ritondo. “Intentó explicar lo inexplicable, van a tener que hacer muchos esfuerzos para que volvamos a confiar”, resumieron en la bancada amarilla.

“Nos cambian a nosotros, que somos aliados ‘baratos’, por los gobernadores, que son caros y además después te hacen lo que hizo Sáenz, que puso a dos diputados a votar a favor y a uno en contra para quedar bien con todos”, explicaron.

Y desafiaron: “La reforma laboral la vamos a apoyar, pero cuando empiecen las sesiones ordinarias los libertarios se van a dar cuenta que 95 diputados es un montón, pero te siguen faltando 34 para el quórum”.

Con alianzas frágiles y reclamos aún pendientes, el Gobierno enfrenta la necesidad de revisar su estrategia para avanzar con las reformas estructurales que prometió Milei para los próximos meses.

El comienzo del nuevo Congreso no fue para nada el que esperaba el Gobierno, que a pesar de tener un bloque más fuerte y haber negociado durante varias semanas con los aliados, no logró aprobar el Presupuesto 2026 que pretendía y sufrió el rechazo de artículos clave que ahora ponen el riesgo todo el proyecto, a menos de que consiga recomponerse en el Senado.

En medio de una sesión maratónica y con protestas a lo largo de toda la jornada, en la Cámara de Diputados, en la madrugada del jueves, la iniciativa obtuvo media sanción, pero dejando afuera la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad.

Las autoridades nacionales habían incluido la baja de ambas leyes en el artículo 75 del texto que, a su vez, estaba adentro del polémico Capítulo XI, titulado “Disposiciones generales” y que también contenía propuestas que pedían las provincias.

A lo largo de toda la semana, el ministro del Interior, Diego Santilli, prácticamente se instaló en el despacho de Martín Menem, presidente del recinto, para coordinar en conjunto la estrategia parlamentaria.

En la previa de la votación todo indicaba que el oficialismo conseguiría los apoyos necesarios como para que el Presupuesto saliera tal como lo había enviado el Poder Ejecutivo, pero con el correr de las horas todo se complicó.

Luego de varias maniobras de último momento y cruces con diferentes bloques, la Casa Rosada volvió a estar enemistada con algunos de sus principales aliados y con los gobernadores con los que venía recomponiendo el vínculo.

A partir de esta situación, al día siguiente la mesa política se reunió en el Ministerio del Interior para analizar los pasos a seguir: estuvieron el anfitrión, Santilli; su par de Economía, Luis “Toto” Caputo; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio “Nacho” Devitt.

En ese encuentro, la cúpula decidió que se iba a insistir en el Senado con las medidas de discapacidad y universitaria, pero ya no buscando su eliminación, sino apuntando a modificar las normas que fueron aprobadas, pero nunca se aplicaron, con el argumento de que no especifican la fuente de financiamiento y, por ese motivo, afectan el déficit fiscal.

Tal como precisó este medio, todas las propuestas que se están estudiando implican mantener vigentes esas leyes, pero agregando recortes en otros lados y aclaraciones sobre la implementación para respetar el equilibrio fiscal.

Por caso, según pudo saber Infobae, en cuanto a la emergencia en discapacidad, entre otros puntos, se propondrá incluir que la pensión no contributiva tenga un valor del 70% del haber mínimo jubilatorio, sujeto a actualizaciones.

En lo que respecta al Financiamiento de Educación Universitaria, tampoco se avanzará con su derogación, pero se establecerá un aumento que será del 20% de los fondos designados para gastos de funcionamiento sobre lo repartido en 2025.

“Así como está, el Presupuesto no va a salir porque atenta contra el superávit. Vamos a trabajar en buscar la manera para solucionar el conflicto en la Cámara alta”, sostuvo un funcionario involucrado en las conversaciones.

De hecho, con el objetivo de concentrarse plenamente en esta tarea, Bullrich optó por postergar el tratamiento de la reforma laboral, otra de las iniciativas que para el Gobierno eran prioritarias, y así votar el 26 de diciembre solamente este proyecto, el de Inocencia fiscal y el que plantea cambios en la ley de glaciares. La sesión ya fue convocada para ese día a partir de las 12:00.

“Queremos tener el instrumento (por el Presupuesto), no va a ser el final, porque hay muchas cosas que se han escuchado y que seguramente vamos a poder tener en cuenta a la hora de lo que se discuta finalmente. Solamente digo esto para que vean que estamos abiertos al diálogo”, remarcó la ex ministra de Seguridad, durante una conferencia de prensa.

En los pasillos de la Casa Rosada, no solo celebraron la media sanción del Presupuesto, al remarcar que “los mercados respondieron muy bien con esa noticia”, sino también la de las otras iniciativas que avanzaron en la madrugada del jueves.

“Hay muchos que seguramente no estén preparados para esta discusión, pero el proyecto de Inocencia fiscal es, probablemente, uno de los más importantes de toda la gestión”, indicó un integrante de la mesa chica política.

Ahora, las dos propuestas deberán tratarse en el Senado, donde si bien La Libertad Avanza está mejor posicionada que antes de las elecciones, con 20 integrantes en su bloque -hasta que jure el reemplazante de Lorena Villaverde- sigue siendo minoría.

En el corto plazo, además, Santilli tiene la misión de recuperar las relaciones con los gobernadores, molestos porque si intentó usar algunos de los pedidos que hicieron para forzar la votación de todo el Capítulo XI, con el artículo 75 incluido.

Asimismo, el ministro ya se comunicó en varias oportunidades con su ex compañero de bloque, Cristian Ritondo, quien acusó a las autoridades nacionales de cometer un hecho inconstitucional al elegir a los miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN).

El jefe del bloque PRO, que pretendía que uno de esos lugares fuera para alguien de su partido, señaló en un comunicado que el Congreso solamente puede votar en sesiones extraordinarias las cuestiones que envíe formalmente el Poder Ejecutivo.

Para la administración libertaria, en cambio, el pleno del cuerpo “es soberano para decidir si se agrega alguna cuestión no prevista” durante el debate, por lo que “no es una cuestión que dependa del Ejecutivo y es discutible que tenía que estar previamente en el temario”.

De todas formas, las autoridades nacionales se muestran preocupadas por la pelea que surgió con uno de sus aliados más leales y aseguran que van a intentar recuperar la cordialidad.

“No durmió nadie”, se confesaba un importante funcionario esta mañana, que al igual que varios de sus pares no acumuló ni tres horas de sueño. Pese a que la votación en general del Presupuesto se dio minutos pasados la medianoche, la parte que todos esperaban estaba más adelante: el tratamiento en particular del Capítulo XI, que entre sus artículos contenía las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario. A los ojos del Gobierno, la derogación de estas era un elemento fundamental para que el año próximo pudiera sostenerse el déficit cero. Esto no sucedió.

En diálogo con un importante gobernador, un interlocutor del Gobierno confesó que el resultado no los agarró por sorpresa, pero que no se esperaban ese margen. “Hicimos mal los números”, justificó. Los responsables de la estrategia libertaria habían decidido que, en vez de votar artículo por artículo, se podía especular a que se vote por capítulos y así presionar a la oposición de que si querían voltear la derogación de las leyes, iban a tener que rechazar otros acuerdos presupuestarios esenciales.

“El oficialismo tiene que escuchar más a los gobernadores”, indicó a Infobae uno de ellos, que le había sugerido a los operadores libertarios que era conveniente que se perdiera “uno o dos artículos” y no un capítulo entero.

Horas después de comenzar la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ya sabía que el catamarqueño Raúl Jalil y el tucumano Osvaldo Jaldo no iban a aportar votos.

A pesar de que habían marcado un claro alineamiento con el oficialismo (ambos mantuvieron bloques propios por fuera del ala kirchnerista), no fueron suficientes los $10.500 millones y $20.000 millones que el Poder Ejecutivo les transfirió en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN, llamados coloquialmente como fondos discrecionales).

Para asegurar que el gobernador de Catamarca separe a sus diputados de Unión por la Patria, en las últimas semanas el Gobierno accedió a acelerar los trámites para traspasarle la compañía Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). A comienzos de esta semana, Nación firmó un acuerdo que finaliza la intervención sobre la empresa. Mañana o la semana próxima podría publicarse el decreto que estuvo siendo trabajado a destajo por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal. “Hasta le resolvimos un reclamo histórico al tipo”, renegaba una fuente de la Casa Rosada.

Otros de los apuntados de no dar los votos fue el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. En Diputados marcan que también avisó con antelación, pero ya estaba planificado desde hace varios días que la sesión de extraordinarias iba a servir como ámbito para anunciar las designaciones definitivas.

Pasadas las 2 de la mañana, el jefe de bloque Gabriel Bornoroni anunció que proponía a Rita Mónica Almada (por La Libertad Avanza), Juan Ignacio Forlón (La Cámpora) y Pamela Caletti (que responde a Sáenz) para integrar la Auditoría General de la Nación (AGN), que es codiciado por sus elevados salarios, sus contratos y la importancia que reviste estar en un organismo auditor.

Desde hace dos años que el Gobierno no habilitaba la discusión de estos nombramientos, y la inclusión “por la ventana” de este tema fue el punto de quiebre para que el PRO y otros bloques cercanos decidieran abandonar la sesión. En la bancada amarilla acusaron de inconstitucional la inclusión de esos nombramientos porque el Presidente no lo incluyó en el temario de extraordinarias. “Son asuntos propios de la Cámara, no pasa nada”, marcaron cerca de Menem.

Horas antes se había producido otro episodio que había sido un presagio del enojo macrista. Antes de que se votara el presupuesto en general y de acuerdo a lo estipulado, el diputado Bertie Benegas Lynch propuso añadir el giro de la deuda de la coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires adentro del Capítulo XI, un pedido explícito de parte del PRO y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El jefe de la bancada amarilla pidió micrófono y advirtió que eso debía ir en el Capítulo II junto al resto de artículos de temas similares. Con la composición actual del Presupuesto, ese articulado quedó afuera.

“La falta de códigos corre por cuenta de La Libertad Avanza y por quien preside esta cámara”, explicitó Cristian Ritondo, en alusión a Martín Menem. En el bloque amarillo marcaron que, con ese movimiento, la relación “está rota”.

En el bloque PRO advierten que no ayudarán a que haya quórum en las próximas sesiones. “Nunca condicionamientos nuestro apoyo. Y es muy probable que cuando haya una legislación razonable, nosotros ayudemos. Pero que sepan que en las chiquitas no los vamos a ayudar más, está definido”, advirtieron desde una banca de ese espacio. En La Libertad Avanza relativizan estos posicionamientos: “No se va a romper nada”.

Las críticas cruzadas entre oficialismo y oposición dialoguista llegó a la Unión Cívica Radical, espacio que actualmente preside la mendocina Pamela Verasay (quien responde a las órdenes del gobernador Alfredo Cornejo) y tiene seis bancas en total.

En la Presidencia de la Cámara se quejaron de que este bloque no pudo mantener una posición unánime. Hubo tres votos afirmativos (dos de Mendoza y uno de Chaco), dos abstenciones (uno de Entre Ríos y otro de Chaco) y un voto negativo (de Corrientes). Esto llevó a que se apuntara específicamente contra el gobernador chaqueño Leandro Zdero y el correntino Juan Pablo Valdés. En tanto, en la provincia cuyana explicaron que era “prácticamente imposible incidir sobre las decisiones de otros” mandatarios provinciales.

Entre las últimas acusaciones, La Libertad Avanza responsabilizó al neuquino Rolando Figueroa del voto negativo que hizo su diputada del bloque La Neuquinidad. “No puedo acompañar un presupuesto que no me da las herramientas para la gobernabilidad que ustedes desean”, justificó en su alocución.

Varias provincias consultadas indicaron que lo ocurrido en esta primera sesión legislativa es una “mala señal” para el Gobierno “porque a pesar del respaldo y el número que tiene, le cuesta hacer leyes”. Pese a que consideran que tienen margen de maniobra para cambiar el diálogo con las provincias, dos gobernadores marcaron que se tiene que “negociar y consultar más con las provincias” y “evitar la quita del apoyo legislativo que tuvo Macri”.

En tanto, el Gobierno se reunió hoy en Casa Rosada con toda su mesa política para evaluar las acciones a tomar de cara a la discusión en el Senado. Hay dos posiciones enfrentadas hasta el momento: quienes no participaron de estas negociaciones consideran que el Gobierno debe manejarse con un presupuesto discrecional como venía siendo, otros marcan que todavía hay margen de recomponer vínculos.