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El radicalismo en Diputados sufrió una fuerte dispersión desde que irrumpieron los libertarios

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El bloque radical de la Cámara de Diputados sufrió una nueva fractura con la conformación de un sector denominado “Peluca”, lo que profundizó la fuerte crisis que afronta ese espacio por el alineamiento con el Gobierno de Javier Milei. 

La irrupción de Milei provocó mas de un cisma entre los ediles de la UCR, que hoy están divididos en cuatro bancadas a la luz de las divisiones que existen en el centenario partido entre su presidente, Martin Lousteau, y los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Corrientes, Gustavo Valdes.

La última crisis fue la conformación del bloque de Liga del Interior, que conformaron los radicales con “peluca” que integran Pablo Cervi, Mariano Campero, Francisco Monti, Martín Arjol, Luis Picat, y José Tournier.

Si bien se creía que la división era ficticia para tener más integrantes cercanos al oficialismo en la Comisión Investigadora sobre el escándalo del criptogate Libra, los voceros de ese nuevo bloque señalaron que lo hicieron para fortalecer su identidad con el fin de respaldar al Gobierno.

Uno de sus referentes, Mariano Campero, explicó a la Agencia Noticias Argentinas que el objetivo de la creación del bloque es “para tener una identidad clara en este proceso tan complejo”.

“Somos del interior profundo y queremos representar economías regionales y la visión respecto a la asimetría en este país entre el centro y el interior profundo”, agregó.

Destacó que el objetivo es “tener una posición de acompañamiento, sobre todo en el rumbo económico, al presidente Javier Milei y al Gobierno Nacional“.

Con esta nueva fractura, la bancada radical quedó dividida en cuatro bloques: la tradicional de la UCR, Democracia para Siempre (DpS), Liga del Interior y Unidos.   Ahora el riesgo mayor es tener una reducida representación con la renovación parlamentaria que se producirá en diciembre, cuando pondrán en juego entre todos los bloques más del 70 por ciento de sus bancas. 

La bancada de la UCR -que preside Rodrigo de Loredo– arriesga 11 de sus 14 escaños; Democracia para Siempre 9 de sus 12 miembros; termina el mandato de Mario Barletta del monobloque Unidos; y la Liga del Interior pone tres de sus seis bancas.

Sólo tienen mandato hasta el 2027 Karina Banfi, Lisandro Nieri, y Gerardo Cipolini de la UCR; Pablo Juliano, Mariela Corletta y Jorge Rizzotti de DpS, y Mariano Campero, José Tournier y Luis Picat por los radicales con “peluca”.

La bancada radical tenía 34 diputados en diciembre de 2023, pero al poco tiempo se empezaron a sentir con fuerza las diferencias en la UCR cuando se debatió la ley Bases, ya que los legisladores alineados con Lousteau y Facundo Manes rechazaban otorgar facultades al Gobierno para las privatizaciones y encarar una reforma del Estado.

Esa crisis se profundizó cuando los radicales alineados con los libertarios votaron junto al Gobierno para sostener el veto presidencial sobre el aumento a las jubilaciones, y en esa oportunidad la conducción oficial se negó a echar a los “pelucas”, con lo cual se fracturó la UCR.

El nuevo bloque Democracia para Siempre, formado por los legisladores de Evolución Radical que responden a Lousteau, y los que están encolumnados con Manes, pasó rápidamente a la oposición.

De todos modos tienen en su seno algunos legisladores que responden a los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Chaco, Leandro Zdero, que acompañaron algunas medidas del Gobierno como el acuerdo con el FMI.  

Posteriormente, hizo su propio bloque el santafesino Mario Barletta, aunque el golpe más fuerte lo dieron los radicales con “peluca” cuando armaron su propia bancada Liga del Interior.

La expectativa de la UCR es tener con la renovación parlamentaria una bancada unida junto con los diputados que logren imponer los mandatarios provinciales y los radicales “M”, además de los acuerdos que se puedan alcanzar con los libertarios, para mantener una representación mínima de una docena de radicales.

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“Menos de un caramelo”: la irrisoria multa por no votar en Provincia y hasta cuándo hay tiempo de pagarla

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Los electores de la provincia de Buenos Aires deberán asistir a las urnas este domingo 7 de septiembre para las elecciones legislativas provinciales, en una jornada donde la sanción por ausencia vuelve a ser noticia por su monto irrisorio: arranca en solo $50.

Según consta en la Ley Electoral Provincial N° 5109, los ciudadanos de entre 18 y 70 años que no emitan su voto enfrentarán una multa de $50 a $500. Si bien el dinero se destina al fomento de la educación, el monto, que como relevó Noticias Argentinas no se actualiza, es calificado como “menos que un caramelo”.

El punto clave para quienes no asistan es la justificación: los electores tienen un plazo de 60 días (contados desde la elección) para acreditar el motivo de la ausencia ante la Junta Electoral. La fecha límite, por lo tanto, es el próximo 6 de noviembre. Solo se aceptan tres justificativos comprobables: estar a más de 500 km del lugar de votación, un problema de salud certificado o un motivo de “fuerza mayor”. Quienes no justifiquen ni paguen la multa quedarán registrados en el Registro de Infractores.

Elecciones en PBA: qué se vota y por qué no se usa la Boleta Única

En los comicios de este domingo, los bonaerenses elegirán 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, junto con 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. Además, se definirán concejales y consejeros escolares en los distritos.

El Ministerio de Gobierno bonaerense aclaró que, a diferencia de las elecciones nacionales de octubre, en estos comicios provinciales no se implementará la Boleta Única de Papel (BUP). La votación se realizará mediante el sistema tradicional de “boletas partidarias”, que según la cartera “conserva plena vigencia” y es valorado por el electorado. La veda electoral rige desde este viernes a las 8:00.

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Peritos determinaron que el uso del fentanilo contaminado elevó en 52% el riesgo de muerte

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El escándalo por el fentanilo contaminado sumó un dato estremecedor. Según un informe del Cuerpo Médico Forense, el uso del lote 31.202 de ampollas de fentanilo —fabricado por el laboratorio HLB Pharma Group S.A.— incrementó en un 52% la probabilidad de muerte de los pacientes en los 30 días posteriores a su administración.

El documento, publicado po Infobae, fue incorporado a la causa judicial que investiga la responsabilidad del laboratorio de Ariel García Furfaro. Los especialistas analizaron 40 historias clínicas de pacientes fallecidos y detectaron que, en al menos 24 casos, hubo un “nexo concausal” entre la infección desarrollada y el uso del medicamento.

Bacterias detectadas

Los peritos identificaron dos bacterias —Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae— tanto en hemocultivos de los pacientes como en las ampollas del lote contaminado. Los análisis confirmaron su identidad fenotípica, molecular y genómica, lo que refuerza la relación directa entre la contaminación y el agravamiento de los cuadros clínicos.

Un factor agravante

Si bien el informe no concluye que las bacterias hayan sido la causa exclusiva de muerte, sí advierte que actuaron como un factor agravante en pacientes que ya atravesaban situaciones críticas de salud. “La contaminación resultó un elemento relevante que favoreció el desenlace fatal”, indicaron los peritos.

La contaminación resultó un elemento relevante que favoreció el desenlace fatal

La investigación judicial avanza sobre la cadena de producción y distribución del fentanilo, mientras la OMS exigió retirar del mercado seis lotes contaminados por representar un riesgo global para la salud. Hasta ahora, se registraron casi un centenar de muertes vinculadas al medicamento en hospitales argentinos.

El caso puso en evidencia fallas graves en los controles sanitarios y derivó en imputaciones contra más de veinte personas, entre ellas directivos del laboratorio.

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Elisa Carrió presentó un pedido de juicio político contra el juez que prohibió difundir audios de Karina Milei

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Elisa Carrió avanzó con un pedido de juicio político contra el juez Alejandro Patricio Maraniello, el magistrado que dictó la medida cautelar que impidió la difusión de audios de Karina Milei grabados en la Casa Rosada y el Congreso, en un caso que generó críticas porque puede configurar censura previa.

Carrió firmó el pedido contra Maraniello junto con la diputada nacional Marcela Campagnoli y su par porteño Hernán Reyas, según comunicó este último en sus redes sociales.

“Con @elisacarrio y @M_Campagnoli presentamos un pedido de juicio para desplazar al juez Maríanello. La libertad de expresión es un límite que nunca debemos atravesar. Defender las instituciones demanda que hagamos los máximos esfuerzos de transparencia, responsabilidad y coherencia en todos los poderes del Estado”, escribió Reyes en X.

En la publicación, el candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica aseguró que “un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiables”. Agregó que “las instituciones se defienden cuando te conviene y cuando no te conviene. Ojalá los que abandonaron el republicanismo puedan volver algún día”, cerró el legislador de la Ciudad.

Un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiable

Los denunciantes acusan al magistrado de mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones por haber dispuesto la medida cautelar que para la oposición, juristas y colegios de abogados supone una flagrante violación de un derecho humano como es la libertad de expresión, en el marco del escándalo de presunta corrupción por cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En el trámite abierto ante el Consejo de la Magistratura se solicita la apertura del procedimiento de acusación, suspensión en el cargo y requerimiento de destitución.

Para la Coalición Cívica, la prohibición de la difusión de chats, fotos, audios y videos de Karina Milei en cualquier medio o red social representa “lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública ”.

Por otra parte, los tres dirigentes opositores señalan una posible relación de connivencia con el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, para encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos contra Maraniello en el Consejo de la Magistratura y la justicia federal, lo que de confirmarse perpetraría una violación de la independencia judicial y de la división de poderes.

Por si fuera poco, Carrió, Campagnoli y Reyes denuncian que Maraniello es socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), una institución que “resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación”.

Resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación

“A tal punto, que cuenta con importantes ‘auspiciantes’ incompatibles con el ejercicio de la magistratura y en particular, con el fuero al que pertenece Marianello, tal es el caso de los Laboratorios HLB Pharma” y “Ramallo“, indicaron en la denuncia.

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