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Elevaron a juicio la causa contra un exfuncionario municipal de Coronel Dorrego

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Se trata de Horacio Ullmann, acusado de haber realizado en 2017 una obra de cloacas sin permiso del Concejo Deliberante para beneficiar a un sector donde había departamentos de su propiedad. La denuncia fue realizada por el exconcejal Osvaldo Barcelona.

Luego de rechazar dos recursos presentados por la defensa, el Juzgado de Garantías N 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca elevó a juicio la causa contra un exfuncionario municipal de Coronel Dorrego acusado de realizar, en 2017, una obra de cloacas sin autorización del Concejo Deliberante, que favoreció a departamentos de su propiedad.

Se trata del extitular de Obras Sanitarias y Alumbrado Público, Horacio Ullmann, que renunció a su cargo en febrero de 2018 producto de la denuncia realizada por el exconcejal de la oposición Osvaldo Barcelona.

El citado tribunal llevó adelante la etapa de investigación en el marco de la Instrucción Penal Preparatoria 2.047-18 y el juicio, que estará cargo del Juzgado Correccional 1 bajo el expediente 1.135/22, aún no tiene fecha de inicio.

A Ullmann se le imputa el delito de abuso de autoridad y peculado en concurso real con estafa.

En principio, la causa había sido desestimada por el fiscal Sebastián Foglia, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 9, quien adujo que como no se advertía “conducta alguna que constituya un delito de acción pública”, debía resolverse en el ámbito administrativo.

Barcelona apeló la medida ante la Fiscalía General del Departamento Judicial de Bahía Blanca, y el organismo le dio la razón, tras lo cual determinó que Foglia debía investigar si existió o no delito en la ejecución de la obra.

Esto provocó un cambio de carátula. Además, el fiscal dispuso iniciar la citación de testigos a partir del 10 de octubre de 2018.

En la lista de citados figuraban el exdirector de Obras Públicas, Mario García; el jefe de Compras, Lucio Zarzoso; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Damián Colón; y la contadora María Jimena Pérez Conti.

También comparecieron como testigos el hijo del contratista Luis María Echeto y los albañiles “que hayan ido a retirar los materiales para llevar a cabo la obra, del depósito municipal”, se informó.

Ullmann dejó de ser director de Obras Sanitarias ni bien se radicó la denuncia, dado que presentó su dimisión y el intendente municipal Raúl Reyes la aceptó de inmediato.

Antes de que se confirmara su renuncia, el imputado había admitido públicamente que era el propietario de los departamentos de calle Gregorio Juárez, entre Costa e Yrigoyen, y reconoció que los trabajos se hicieron sin el permiso correspondiente.

Sin embargo, atribuyó el hecho a un “error administrativo” y consideró que no configuraba un delito. También asumió la “responsabilidad total” por lo ocurrido, aunque atribuyó la denuncia en su contra a “una cuestión política”.

Según Barcelona, hubo abuso de poder
50 metros. En su denuncia, el exconcejal Osvaldo Barcelona sostuvo que se enteró que entre agosto y octubre de 2017, sin autorización del Ejecutivo ni del Concejo Deliberante dorreguense, se realizó una obra de extensión de la red cloacal de al menos 50 metros en calle Gregorio Juárez, vereda par, entre Costa e Yrigoyen de la ciudad cabecera.

Extrañado. El edil marcó que le había extrañado que los trabajos no hubieran sido declarados de utilidad pública y de pago obligatorio para los frentistas beneficiados. “Este tipo de obras se imputan a la secretaría de Obras y Servicios Públicos, en la órbita de construcción de bienes de dominio público, con la correspondiente fuente de financiamiento”, aclaró.

Procedimiento. “Sin embargo, nada de ello habría sucedido, ya que la obra se habría llevado adelante con afectación de bienes (cañería y materiales) del municipio de Coronel Dorrego, más las correspondientes horas hombre en el trabajo de zanjeo, colocación de cañerías, conexión y tapado”.

Beneficio. Barcelona sostuvo que esto se hizo “para beneficio de una construcción (departamentos) que “a priori serían propiedad de Horacio Ullmann, según sus propias declaraciones públicas”. A raíz de ello, el edil radicó una denuncia por malversación de fondos públicos.

(LaNueva.)

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“Menos de un caramelo”: la irrisoria multa por no votar en Provincia y hasta cuándo hay tiempo de pagarla

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Los electores de la provincia de Buenos Aires deberán asistir a las urnas este domingo 7 de septiembre para las elecciones legislativas provinciales, en una jornada donde la sanción por ausencia vuelve a ser noticia por su monto irrisorio: arranca en solo $50.

Según consta en la Ley Electoral Provincial N° 5109, los ciudadanos de entre 18 y 70 años que no emitan su voto enfrentarán una multa de $50 a $500. Si bien el dinero se destina al fomento de la educación, el monto, que como relevó Noticias Argentinas no se actualiza, es calificado como “menos que un caramelo”.

El punto clave para quienes no asistan es la justificación: los electores tienen un plazo de 60 días (contados desde la elección) para acreditar el motivo de la ausencia ante la Junta Electoral. La fecha límite, por lo tanto, es el próximo 6 de noviembre. Solo se aceptan tres justificativos comprobables: estar a más de 500 km del lugar de votación, un problema de salud certificado o un motivo de “fuerza mayor”. Quienes no justifiquen ni paguen la multa quedarán registrados en el Registro de Infractores.

Elecciones en PBA: qué se vota y por qué no se usa la Boleta Única

En los comicios de este domingo, los bonaerenses elegirán 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, junto con 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. Además, se definirán concejales y consejeros escolares en los distritos.

El Ministerio de Gobierno bonaerense aclaró que, a diferencia de las elecciones nacionales de octubre, en estos comicios provinciales no se implementará la Boleta Única de Papel (BUP). La votación se realizará mediante el sistema tradicional de “boletas partidarias”, que según la cartera “conserva plena vigencia” y es valorado por el electorado. La veda electoral rige desde este viernes a las 8:00.

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Peritos determinaron que el uso del fentanilo contaminado elevó en 52% el riesgo de muerte

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El escándalo por el fentanilo contaminado sumó un dato estremecedor. Según un informe del Cuerpo Médico Forense, el uso del lote 31.202 de ampollas de fentanilo —fabricado por el laboratorio HLB Pharma Group S.A.— incrementó en un 52% la probabilidad de muerte de los pacientes en los 30 días posteriores a su administración.

El documento, publicado po Infobae, fue incorporado a la causa judicial que investiga la responsabilidad del laboratorio de Ariel García Furfaro. Los especialistas analizaron 40 historias clínicas de pacientes fallecidos y detectaron que, en al menos 24 casos, hubo un “nexo concausal” entre la infección desarrollada y el uso del medicamento.

Bacterias detectadas

Los peritos identificaron dos bacterias —Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae— tanto en hemocultivos de los pacientes como en las ampollas del lote contaminado. Los análisis confirmaron su identidad fenotípica, molecular y genómica, lo que refuerza la relación directa entre la contaminación y el agravamiento de los cuadros clínicos.

Un factor agravante

Si bien el informe no concluye que las bacterias hayan sido la causa exclusiva de muerte, sí advierte que actuaron como un factor agravante en pacientes que ya atravesaban situaciones críticas de salud. “La contaminación resultó un elemento relevante que favoreció el desenlace fatal”, indicaron los peritos.

La contaminación resultó un elemento relevante que favoreció el desenlace fatal

La investigación judicial avanza sobre la cadena de producción y distribución del fentanilo, mientras la OMS exigió retirar del mercado seis lotes contaminados por representar un riesgo global para la salud. Hasta ahora, se registraron casi un centenar de muertes vinculadas al medicamento en hospitales argentinos.

El caso puso en evidencia fallas graves en los controles sanitarios y derivó en imputaciones contra más de veinte personas, entre ellas directivos del laboratorio.

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Elisa Carrió presentó un pedido de juicio político contra el juez que prohibió difundir audios de Karina Milei

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Elisa Carrió avanzó con un pedido de juicio político contra el juez Alejandro Patricio Maraniello, el magistrado que dictó la medida cautelar que impidió la difusión de audios de Karina Milei grabados en la Casa Rosada y el Congreso, en un caso que generó críticas porque puede configurar censura previa.

Carrió firmó el pedido contra Maraniello junto con la diputada nacional Marcela Campagnoli y su par porteño Hernán Reyas, según comunicó este último en sus redes sociales.

“Con @elisacarrio y @M_Campagnoli presentamos un pedido de juicio para desplazar al juez Maríanello. La libertad de expresión es un límite que nunca debemos atravesar. Defender las instituciones demanda que hagamos los máximos esfuerzos de transparencia, responsabilidad y coherencia en todos los poderes del Estado”, escribió Reyes en X.

En la publicación, el candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica aseguró que “un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiables”. Agregó que “las instituciones se defienden cuando te conviene y cuando no te conviene. Ojalá los que abandonaron el republicanismo puedan volver algún día”, cerró el legislador de la Ciudad.

Un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiable

Los denunciantes acusan al magistrado de mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones por haber dispuesto la medida cautelar que para la oposición, juristas y colegios de abogados supone una flagrante violación de un derecho humano como es la libertad de expresión, en el marco del escándalo de presunta corrupción por cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En el trámite abierto ante el Consejo de la Magistratura se solicita la apertura del procedimiento de acusación, suspensión en el cargo y requerimiento de destitución.

Para la Coalición Cívica, la prohibición de la difusión de chats, fotos, audios y videos de Karina Milei en cualquier medio o red social representa “lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública ”.

Por otra parte, los tres dirigentes opositores señalan una posible relación de connivencia con el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, para encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos contra Maraniello en el Consejo de la Magistratura y la justicia federal, lo que de confirmarse perpetraría una violación de la independencia judicial y de la división de poderes.

Por si fuera poco, Carrió, Campagnoli y Reyes denuncian que Maraniello es socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), una institución que “resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación”.

Resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación

“A tal punto, que cuenta con importantes ‘auspiciantes’ incompatibles con el ejercicio de la magistratura y en particular, con el fuero al que pertenece Marianello, tal es el caso de los Laboratorios HLB Pharma” y “Ramallo“, indicaron en la denuncia.

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