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Elisa Carrió denunció que fue espiada durante el macrismo: “El daño fue irreparable”

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La mesa de Mirtha Legrand fue el escenario donde el sábado a la noche se dio un encuentro entre una dirigente política y un periodista que denunciaron que fueron víctimas de tareas de espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri. Se trata de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y el periodista de La Nacion Hugo Alconada Mon.

Todo ocurrió el pasado sábado a la noche en la emisión de El Trece cuando el periodista fue consultado acerca de esas maniobras y recordó que comenzaron a espiarlo cuando publicó notas referidas a “la participación en sobornos de Ángelo Calcaterra, primo de Macri, y el virtual rol de (Gustavo) Arribas, titular de la AFI, en una serie de movimientos de dinero vinculados a operadores de Lavajato”.

Alconada Mon siguió con su relato y contó que tras la salida de las publicaciones comenzaron las tareas de espionaje en su contra. “En los mismos días que publicamos eso, ordenaron seguirme a mi. Incluso hay audios entre los espías en los que hablan de cómo intentan cazar a mis fuentes, identificar a quienes hablan conmigo”, manifestó el periodista en relación al modus operandi de los espías que tenía detrás.

Pero no todo estaba dicho todavía. Eso porque del otro lado de la mesa escuchaba con atención la líder de la Coalición Cívica, que desde hace tiempo insiste públicamente con que fue víctima de maniobras por parte de personas de su propio gobierno.

De hecho, semanas atrás había apuntado a la entonces ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por cambios en su custodia con el supuesto fin de espiarla.

Carrió: “Denuncié y cerraron la causa”
Pero ahora apuntó a la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del macrismo, integrada por Arribas y Silvia Majdalani, y también señaló al ex canciller Jorge Faurie.

“Yo que fui responsable de este Gobierno quiero decir que la Coalición Cívica impugnó y no votó a Majdalani en la Comisión Bicameral de Seguridad y no dimos el acuerdo en el Senado”, arrancó la ex diputada nacional.

De inmediato, Elisa Carrió contó que luego de la publicación de las notas a las que hizo referencia Alconada Mon presentó una serie de denuncias para que se investiguen los presuntos delitos. “Lo denuncié a Arribas y cerraron la causa”, afirmó.

En ese momento, lanzó: “Yo sufrí tanta persecución, son 30 años… pero nunca había venido por parte de sectores de mi propio Gobierno”.

Unos segundos más tarde, añadió: “Hay un caso bajo secreto de sumario porque no quiero comprometer a Juntos por el Cambio. Pero el daño a mi familia es irreparable. Fue el canciller (Jorge) Faurie parte de eso”.

Son poco más de cinco minutos en los que la conversación atraviesa la temática del espionaje y cala profundo en uno de los ejes más críticos del gobierno de Cambiemos. La sensible cuestión ya había sido puesta en la conversación pública semanas atrás cuando Facundo Manes pateó el tablero y acusó al macrismo de haber espiado a integrantes de su propio equipo de gobierno. Aquella vez, la reacción fue en bloque: la mayoría de los dirigentes duros del PRO salieron a cuestionar al diputado radical.

El oficialismo pide que se investigue
Ante semejante acusación, el oficialismo aprovechó y salió a manifestarse. De hecho, el presidente Alberto Fernández dijo que “un fiscal serio de la Nación debería investigar” los testimonios.

“Las mesas judiciales para perseguir a la principal referente opositora y la utilización de la AFIP para callar medios críticos hicieron del Gobierno de Macri el peor en términos institucionales desde el regreso de la democracia”, escribió el mandatario.

Se sumó, luego, la portavoz Gabriela Cerruti, quien dijo que “las denuncias (…) sobre la persecución y las amenazas que sufrieron durante el gobierno de Mauricio Macri son de una gravedad como no habíamos visto nunca en democracia”.

Vale recordar que si bien el presidente pidió que un fiscal investigue los testimonios, en el caso del periodista Alconada Mon ya hay un expediente que investigó la situación. Es el conocido como “Super Mario Bros”, en relación al nombre del grupo de chat que unía a los ex espías bajo sospecha.

Ese expediente se inició en un juzgado federal de Lomas de Zamora pero después de tironeos judiciales terminó en Comodoro Py: la Cámara Federal de Apelaciones dictaminó que esas maniobras fueron ejecutadas por “cuentapropistas”, dejando a un costado la responsabilidad de la cúpula de la AFI.

Por otra parte, en cuanto a mayores repercusiones, del lado del kirchnerismo, el diputado nacional Leopoldo Moreau recordó que “lo que dijeron Carrió y Alconada Mon nosotros lo venimos denunciando con pruebas irrefutables desde hace muchísimo tiempo. Ellos no hacen más que confirmar que en el Gobierno de Cambiemos se ejecutó un plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política sin precedentes en la historia democrática de Argentina.

De todos modos, Moreau dijo que “podría decirse que Carrió tiene el Síndrome de Estocolmo” ya que “es víctima pero también victimaria porque ella utilizó informes de inteligencia ilegal que le llegaron a través de Bonadío y Stornelli”.

(www.perfil.com)

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El Gobierno amplió el temario de las sesiones extraordinarias y sumó el tratamiento de la Ley Penal Juvenil

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El Poder Ejecutivo oficializó la inclusión del Régimen Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, a través del decreto 53/2026 publicado este martes.

De esta manera, el tratamiento de la Ley Penal Juvenil quedó habilitado para ser discutido por diputados y senadores a partir del 2 de febrero, cuando comenzará el período de sesiones de verano. El objetivo es avanzar en la discusión de una nueva normativa que reemplace la Ley de Minoridad vigente y establezca un sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

La decisión de incorporar este tema de gran interés a la agenda había sido anticipada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta de X, cuando la mesa política del Gobierno mantuvo un encuentro el lunes. “Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La ‘Ley Penal Juvenil’ también formará parte del temario de las sesiones extraordinariasFin”, afirmó Adorni.

Entre los presentes se encontraban la secretaria de Gobierno y hermana del presidente, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el jefe de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y a su lado la senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Del otro lado de la mesa estaba Santiago Caputo, junto a Adorni y el secretario de Estrategia, Ignacio Devitt.

En la Casa Rosada, el debate sobre la ley en cuestión se concentra en dos aspectos centrales: los plazos para su tratamiento y la búsqueda de consensos con la oposición. El Gobierno, a través de distintas fuentes, manifestó la intención de avanzar en la discusión con el mayor respaldo político posible y, para ello, promueve la unificación de los diferentes proyectos presentados por distintos bloques parlamentarios. El antecedente de agosto de 2024, cuando el tema fue abordado en las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, marcó una hoja de ruta.

La normativa que obtuvo dictamen en Diputados en mayo de 2025 fue diseñada en el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, en coordinación con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, la Subsecretaría de Política Criminal y la Dirección de Técnica Legislativa de la cartera.

El principal punto de debate gira en torno a la edad de imputabilidad. Mientras que la administración libertaria prefiere fijarla en 13 años, el consenso alcanzado en las comisiones parlamentarias estableció el piso en los 14. El Gobierno admitió que, pese a la intención original, está dispuesto a mantener abierta la discusión en pos de alcanzar acuerdos con los aliados y los sectores de la oposición.

El cronograma legislativo también incide en la posibilidad de que la discusión sobre la Ley Penal Juvenil se prolongue más allá del período de sesiones extraordinarias, que se extenderá desde el 2 hasta el 27 de febrero. La reactivación del debate se vio impulsada por el caso de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que fue brutalmente asesinado en Santa Fe por otros menores, generando repercusión en la agenda pública y política.

Asimismo, la actividad en ambas cámaras iniciará formalmente con la intención de discutir y tratar la Reforma Laboral, uno de los temas de mayor interés de Javier Milei. Fuentes cercanas al Gobierno anticiparon a Infobae no se descarta sumar nuevos proyectos, además del reciente incorporado. Hasta entonces se incluyó la Ley de Glaciares, Acuerdo Mercosur – Unión Europea y la designación del legislador del PRO Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957.

“Repasamos la reforma laboral y definimos la estrategia parlamentaria para las sesiones extraordinarias. Además, es probable que se amplíe el temario de las mismas porque hay más”, sintetizó un funcionario a este medio tras la reunión.

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Bullrich comenzará las reuniones con los dialoguistas por la reforma laboral: los reclamos y las negociaciones

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El terreno de las sesiones ordinarias que comenzarán el lunes próximo empieza a acomodarse de a poco, ante un oficialismo apurado para aprobar la reforma laboral en el Senado. Por este motivo es que la oposición “dialoguista” aprovechará las próximas horas para peinar las observaciones al dictamen de mayoría ya firmado en diciembre pasado, de cara a la cumbre que fuerzas como la UCR, el PRO y silvestres provinciales mantendrán con la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, desde las 15 -en principio- de mañana.

“Hay una calma generalizada. La forma en la que se manejaron las cosas en las sesiones extraordinarias de fines del año pasado es la que deberá repetirse”, sentenció a Infobae un legislador de la Unión Cívica Radical (UCR). La bancada que comanda el correntino Eduardo Vischi mantendrá esta tarde una reunión virtual para filtrar sus inquietudes y llevar planteos concretos a la exministra de Seguridad.

Los radicales suman 10 votos clave, así como los tres del PRO, que lidera Martín Goerling (Misiones), quien también participará del convite de este miércoles, aunque el bloque marista se juntaría recién la semana próxima, cuando arranque la actividad oficial. Ambos espacios recibieron notas y pedidos de diversas entidades interesadas. Algunas, muy reconocidas, se hicieron visibles en las últimas horas. En un puñado de casos, de forma llamativa.

Sobre este punto, desde un importante despacho dialoguista confiaron a este medio: “Lo que se percibe tras revisar los cuestionamientos, a modo general, es que muchos terminaron siendo muy focalizados en sus propios bolsillos. Entonces, la reforma en sí pareciera no interesarles, salvo la parte específica para la que se ponen corporativos. No parece ser el mejor camino”.

Hay un ítem que sí preocupa. Y ya no sólo en una o dos bancadas. En el despacho que firmaron oficialismo y aliados, el artículo 212 señala: “Las disposiciones comprendidas en los Títulos II Fondo de Asistencia Laboral (FAL), Titulo XXIII Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), Título XXIV Modificaciones a leyes impositivas, Título XXV Reducción de la carga tributaria, entrarán en vigencia cuando así lo disponga el MINISTERIO DE ECONOMÍA a efectos de dar cumplimiento a las metas asociadas a las políticas de equilibrio fiscal”. Un senador lo interpretó de esta manera ante Infobae: “Es como dejarle una facultad delegada, prácticamente”.

Bullrich cuenta con un interbloque de 21 soldados. Para el quorum y activar el recinto, se precisan 37. Bajo estos parámetros, el oficialismo está obligado a ir a pescar en la UCR, el PRO y silvestres provinciales que no siempre responden a gobernadores. Días atrás, una fuente mileísta aseguró a este medio que desde al menos una fuerza del interior “ya se comprometieron” a acompañar la iniciativa.

Las observaciones que la oposición “acuerdista” realiza sobre la reforma laboral se encuentran bastante masticadas. En primer lugar, la de mandatarios provinciales por la inevitable caída en la coparticipación. Una legisladora recordó horas atrás que “si bien es entendible, también es cierto que si continúa la actividad en alza y una normalización de empleados registrados compensará por ese lado, además de aclarar que quien más pierde plata con esto será el Estado nacional”. Y añadió: “Si piden alivios y el Gobierno los otorga, no pueden reaparecer quejas. Si no, es pensar algo para después no mover nada”.

Otras cuestiones se direccionan hacia la ultraactividad y la bomba atómica de varios estatutos. Tampoco debe olvidarse el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Sobre quién pierde y quién gana, desde un bloque deslizaron que “si de aportes se hablara, los mismos pasarían a ser optativos y ya nadie podría ponerse del lado de la desigualdad ante otro sector; es decir, lo más justo y ecuánime para todos”.

Para el miércoles se espera que Bullrich se junte con su tropa, una vez terminada la reunión con referentes dialoguistas. Antes de la misma lo haría con su antecesor y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Jujuy).

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Kicillof mandó a sus ministros a armar reuniones seccionales en paralelo a la negociación por el PJ bonaerense

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Como un protagonista tácito, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recibió este fin de semana el parte de lo que fue una de las primeras reuniones a nivel seccional que parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) llevó adelante en la Quinta sección electoral. El encuentro fue el resultado de un pedido del propio mandatario bonaerense. Fue cuando semanas atrás dio a los ministros e intendentes propios “tarea para el hogar”. Básicamente, que en medio de la negociación por la conducción del Partido Justicialista (PJ) bonaerense y en miras a una expansión del MDF para el 2026, generen encuentros de carácter seccional.

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, fue el primero que se subió a esta directriz y el fin de semana organizó un encuentro en su distrito del que participaron los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario) y Gabriel Katopodis (Infraestructura), además de los intendentes Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Sebastián Walker (Pila), Caros Rocha (General Guido), Héctor Olivera (Tordillo) y Juan Manuel Álvarez (General Paz). También concejales y dirigentes de otros distritos de la región; incluso aquellos donde gobierna el peronismo.

En esa reunión se ratificó la línea que los principales integrantes del MDF despliegan discursivamente en el plano político y para la convivencia con otros sectores dentro del peronismo. Se traduce en que quien vaya a hacerse cargo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires sea alguien del propio espacio o bien que haya garantías certeras de que esa persona que vaya a suceder a Máximo Kirchner —si el diputado nacional decide no ir por otro mandato al frente de la herramienta partidaria— responderá a los intereses de las políticas del gobierno provincial.

Sin reelección en PBA, Kicillof buscará en este 2026 sostener la gestión y empezar a construir políticamente a nivel nacional de manera más constante y decidida. Pero para ello, primero debe llegar a algún marco de acuerdo con el kirchnerismo y, también, el Frente Renovador. La renovación de autoridades del PJ provincial aparece como la primera parada de ese largo viaje hacia la construcción de una alternativa política primero y una candidatura después en 2027.

Durante el encuentro en Castelli no solo se trazó el escenario ideal a los intereses del MDF para la sucesión de Kirchner, sino que también se hizo hincapié en la cuestión distrital. El peronismo también deberá renovar autoridades en los 135 municipios. En principio, hay un acuerdo no escrito de que, en los distritos donde gobierna el peronismo, el intendente, sea del espacio que sea, tiene el mando interno. Sin embargo, en caso de disputa a nivel provincial, el esquema local es incierto. Un ejemplo lo puso sobre la mesa el concejal del Partido de La Costa, Damián Comas, quien además es el secretario general del gremio de Camioneros de ese distrito. Hoy está dentro del MDF, mientras que la conducción política de La Costa corre por cuenta de Juan y Juan Pablo De Jesús, padre e hijo que responden al esquema de intendentes no camporistas pero aliados a Kirchner. “Nosotros somos parte del PJ del distrito, venimos negociando con Juan y Juan Pablo (De Jesús). Tenemos compañeros en la lista del consejo del partido y estamos negociando la renovación de los compañeros y compañeras. Desde el momento uno estamos militando el MDF en nuestro distrito, porque por ahí alguno decía que en La Costa estaba solamente la bandera de Juan y de Juan Pablo y no. Hay compañeros que también están militando y trabajando el nombre del gobernador de la provincia de Buenos Aires y no van a ser ajenos a la hora que tengamos que salir a militar para el 2027 su candidatura presidencial”. Sus palabras fueron acompañadas de aplausos.

La negociación por el PJ bonaerense empieza a acelerarse. Tras la publicación de los padrones en los 135 municipios y a la espera de que la Justicia Electoral dé el visto bueno en un distrito clave como La Matanza, donde la última oleada de afiliaciones supera el 5% del total del padrón en un 0,04% (46 afiliaciones); el escenario pareciera encarrilarse a un esquema de consenso.

No es unidad, es ponerse de acuerdo. Como adelantó Infobae, el kirchnerismo adelantó su posición inicial: ir a un marco de acuerdo una vez que queden validados los padrones. Por la demora de casi dos días en la exhibición de los mismos, el plazo para la observación de padrones se estiró hasta el jueves 29 de enero.

En las últimas horas, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, que forma parte del MDF, también trazó un marco de acuerdo con el kirchnerismo. “Estamos obligados a buscar una lista de consenso, porque la disputa pública que se está dando entre el gobernador Axel Kicillof y el sector conducido por Máximo Kirchner no nos deja en un buen lugar”, dijo en declaraciones a AM 530.

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, durante la gestión de Alberto Fernández, también consideró que cualquier intendente “que exprese capacidad de diálogo puede representar al peronismo de la provincia”. Entre los nombres de intendentes que resuenan están los de Federico Otermín (Lomas de Zamora), Julio Alak (La Plata), Mariel Fernández (Moreno), entre otros. Sin embargo, por el momento nadie reúne el consenso de todos los espacios. El 8 de febrero vence el plazo para presentar candidaturas. Antes de acelerar su proyección nacional, Kicillof busca que el PJ de la provincia que gobierna “esté ordenado”.

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