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Emergencia en Bahía: PRO apoyará el veto de Milei, pese a haber votado la ley

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Después de haber votado a favor de la ley de emergencia en Bahía Blanca, que destinaba 200 mil millones de pesos para reparaciones por la inundación, el PRO defenderá el veto del presidente Javier Milei. Así lo confirmó el titular de la bancada, Cristian Ritondo.

“No me parece que esté bien decirle al Gobierno en qué tiene que gastar la plata”, señaló el jefe del bloque PRO en una entrevista con la señal de streaming Neura. Además, Ritondo marcó sus diferencias con los cambios que le hizo el Senado de la Nación a la media sanción, entre ellos la especificación del uso de los recursos.

Sin embargo, cuando los cambios del Senado volvieron a Diputados, Ritondo y los otros nueve diputados del PRO por la provincia de Buenos Aires votaron a favor de las correcciones que impuso la Cámara alta. Eso ocurrió en la madrugada del pasado 5 de junio.

La justificación de Cristian Ritondo

“La ley la cambia el Senado y dice cómo tiene que gastar el dinero el Ejecutivo. Entendemos que había un monto previsto que ya anunció el Gobierno y lo está aplicando”, introdujo Ritondo.

A la hora de argumentar su rechazo a la ley que él mismo votó, sostuvo: “No sé si nosotros tenemos que obligar al Ejecutivo diciéndole en qué gastar el dinero público”.

“En una inundación no es solamente el monto, hay gastos de operatividad que están desde el primer momento. No sé si lo hacen por maldad o ignorancia. El Gobierno va a aclarar en qué gasta el dinero, pero no le podemos decir cómo usar la plata. Ya le dijimos cuál era el monto, pero el Ejecutivo sabe en qué tiene que gastarlo”, argumentó Ritondo.

El giro del PRO y su vínculo con La Libertad Avanza

El cambio de posición del PRO frente a este tema se conoció pocos días después de que se sellara su acuerdo con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El bloque oficialista en Diputados y en el Senado fue el único que rechazó esta ley. Además, el veto del presidente se justifica por la defensa del equilibrio fiscal.

En este nuevo escenario, el PRO priorizó su pacto con el Gobierno y se encamina a tener una nueva postura frente al tema. Ritondo asegura que esto no los afectará en la estrategia electoral porque “los bahienses saben muy bien todo lo que está haciendo el Gobierno”.

Otros de los diputados del PRO que votaron a favor y ahora defenderían el veto son: Martín Ardohain, Héctor Baldassi, Gabriela Besana, María Florencia De Sensi, Alejandro Finocchiaro, Silvana Giudici, Martín Maquieyra, Gerardo Milman, Javier Sánchez Wrba, María Sotolano, Patricia Vásquez, María Eugenia Vidal y Martín Yeza.

Qué decía la ley de emergencia en Bahía Blanca

Se trataba de una ley que declaraba la emergencia pública en materia económica, social, productiva y de servicios en los partidos bonaerenses de Bahía Blanca y Coronel Rosales, afectados por un temporal devastador ocurrido en marzo de este año. La norma había sido sancionada por el Congreso con amplio respaldo de todas las fuerzas políticas.

La ley establecía una serie de medidas para aliviar la situación de la población y de los sectores económicos perjudicados, como la suspensión de ejecuciones fiscales y embargos, la prórroga de impuestos nacionales y la implementación de beneficios previsionales y asistenciales. Además, facultaba al Poder Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias para atender la emergencia en ambas localidades.

En los fundamentos del veto, el Poder Ejecutivo sostuvo que la ley implicaba una delegación de facultades al Presidente que no se justificaba en términos constitucionales y que las medidas previstas afectaban el equilibrio fiscal. A pesar del fuerte impacto social del temporal —que provocó muertes y destruyó infraestructura—, el Gobierno consideró que la situación no ameritaba la declaración de una emergencia nacional con efectos presupuestarios. (DIB)

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Axel Kicillof pidió que el voto de los bonaerenses sirva para ponerle un “freno” a la “crueldad” de Milei

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof pidió este jueves que el voto de los bonaerenses en las elecciones legislativas del 7 de septiembre sirva para ponerle un “freno” a la “crueldad” del gobierno del presidente Javier Milei.

“El voto de los bonaerenses va a servir para reclamarle al Gobierno que cumpla con sus obligaciones: hay que ponerle un freno a la crueldad de Milei porque está en juego el presente, pero también lo que queremos para las próximas generaciones”, aseguró Kicillof durante un acto en Marcos Paz para habilitar un tramo de las obras de mejora de la Ruta Provincial N°40.

En ese marco, el gobernador volvió a remarcar el esfuerzo que realiza la Provincia para realizar obra pública, al tiempo que el gobierno de Milei abandonó ese rol en los diferentes municipios provinciales.

“Eso es lo que tenemos que elegir el próximo 7 de septiembre: vamos a defender las obras que le transforman la vida a nuestro pueblo”, enfatizó Kicillof.

Durante el acto estuvo presente el intendente local Ricardo Curutchet y el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis, quien además es el flamante candidato a senador provincial en la Primera Sección Electoral por Fuerza Patria.

“Mientras el Gobierno intensifica el ajuste, nosotros potenciamos la inversión para reactivar también las obras que ellos paralizaron”, subrayó Katopodis al hacer uso de la palabra.

Estuvieron presentes también el director provincial de Hidráulica, Flavio Seiano; la concejala Verónica Mc Loughlin; funcionarios y funcionarias locales.

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SADAIC intimó judicialmente a Manuel Adorni por “calumnias y difamación”

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Manuel Adorni

Sadaic, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música intimó judicialmente al portavoz presidencial por acusar a la entidad de cobrar derechos de autor de forma abusiva, durante una conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada.

La intimación fue firmada por el directorio de SADAIC, que integran Patricia Sosa, Facundo Saravia, Paz Martínez y Víctor Yunes, entre otros. El documento exige una retractación pública por “afirmaciones falsas realizadas en la conferencia de prensa oficial realizada el viernes 18 de julio”.

En dicha ocasión, Adorni afirmó que “la entidad cobraba derechos de autor de forma abusiva y que los fondos quedaban en manos de quienes controlaban la entidad”, señalamiento que fue considerado como una calumnia grave, falsa e infundada, que afecta el honor y la trayectoria de los directivos de SADAIC.

Asimismo, fuentes consultadas de SADAIC afirmaron que los dichos del vocero presidencial afectan también la transparencia institucional de la organización.

La carta documento enviada al vocero presidencial exige la retractación pública en un plazo de cinco días hábiles, bajo apercibimiento de iniciar acciones penales y civiles por los delitos de calumnias (art. 109 CP), injurias (art. 110 CP) por la falsa imputación del delito de administración fraudulenta (art. 173 inc. 7 CP).

SADAIC es una entidad civil, cultural y mutualista sin fines de lucro que representa a 113 sociedades de gestión y a más de 4 millones de autores del mundo. Como sociedad responsable de la gestión colectiva de los derechos de autor en la música, tanto nacional como internacional, afirma su gestión conforme a lo dispuesto por la Ley 17.648, y opera bajo estrictos mecanismos de transparencia y control.

La disputa del Gobierno con las entidades de gestión colectiva

El Gobierno hizo diversas modificaciones al régimen de gestión colectiva. La primera de ellas a través del Decreto 765/24 que estableció que las canciones, películas y otro tipo de obras artísticas que se reproduzcan en “ámbitos privados” dejarán de pagar por el uso de la propiedad intelectual , afectando de tal forma los ingresos de los creadores.

Posteriormente, el decreto 138/25 que, bajo el pretexto de desregular el cobro de los derechos de autor, expone a los compositores a negociar individualmente sus derechos frente a grandes corporaciones de la música, quitando fortaleza a las sociedades de gestión colectiva.

Sadaic, por su parte, reafirma la obligatoriedad de pagar un canon por la reproducción de música en eventos (cue continúan utilizando música y no la quieren pagar.) y considera que la medida es “claramente perjudicial” para los autores y compositores, respaldados por el derecho constitucional de propiedad intelectual. (DIB)

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Pettovello autorizó el cierre del Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios

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La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, autorizó el cierre del Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCOM), entidad destinada a relevar información sobre lugares “que brindaban asistencia alimentaria” en todo el país.

Mediante la Resolución 393/2025 publicada en el Boletín Oficial, bajo la firma del secretario Juan Bautista Ordoñez, se informó que, a partir de ahora, la supervisión de los comedores se llevará a cabo de manera presencial y mediante el uso de tecnologías para “optimizar los recursos públicos” y “mejorar” los recursos administrativos.

En declaraciones a Noticias Argentinas Nicolás Caropresi, integrante de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), señaló que la gestión de Pettovello utilizó registros incompletos para “atacar” al sector, diciendo que había “comedores fantasmas” sin siquiera chequear la existencia de los mismos.

“Este Registro permitía hacer un seguimiento de la política pública y también de la demanda o la necesidad en el territorio de los comedores. No tenía una incidencia directa en los que recibían o no recibían, porque la red de comedores existe hace ya casi 20 años con altibajos y algunos tenían convenios de hace más de 10 ó 15 años. No era nuestro caso, pero había organizaciones que sí lo eran”, explicó el dirigente.

Por otra parte, recordó que, desde que asumió el gobierno Javier Milei, “dejaron de entregar alimentos” y que, lo que están haciendo hoy es “generar más oscuridad alrededor del tema.

Si existía la posibilidad de tener un registro, de tener un seguimiento de esa política e, incluso, hasta de tener un seguimiento de valores nutricionales en los platos que se servían, hoy se está generando una oscuridad donde antes se estaba intentando poner algo de luz y claridad”, manifestó Caropresi.

Para finalizar, remarcó que “no se está generando otro proceso”, debido a que las auditorías y las visitas a comedores que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Capital Humano decían que estaban llevando a cabo “es mentira”: “Habrán visitado menos del 10% de los comedores que existen”, añadió.

“Cuando hicieron esa campaña de auditoría, no sirvió para nada. Solo están vaciando políticas que servían para el diagnóstico y el seguimiento. No les interesa ver el estado y la situación alimentaria y nutricional de los argentinos y las argentinas”, concluyó.

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