El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad y, en simultáneo, comunicó que su aplicación queda suspendida hasta que el Congreso incluya créditos presupuestarios y fuentes específicas para cubrir sus erogaciones. Así lo establece el Decreto 681/2025, que invoca el art. 5° de la Ley 24.629 (toda ley con gasto queda suspendida hasta la inclusión de partidas) y el art. 38 de la Ley 24.156 (obligación de precisar financiamiento).

El Gobierno recordó que el Presupuesto 2026 fue remitido al Parlamento el 15 de septiembre y que ese es el ámbito para definir recursos y partidas que permitan la ejecución de la norma. La ley había sido vetada en agosto (Decreto 534/25), pero el Congreso insistió con dos tercios en Diputados (20/8) y Senado (4/9), tras lo cual el 8/9 fue enviada al Ejecutivo para su promulgación.

Qué dispone la ley (en lo formal, aún no ejecutable):

— Declara la emergencia hasta el 31/12/2026 (prorrogable 1 año).
— Crea la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social: 70% del haber mínimo, actualización previsional, compatibilidad con empleo hasta 2 SMVM, suspensión automática por superación del tope y rehabilitación inmediata; conversión de oficio de PNC vigentes.
— Garantiza cobertura de salud a través del Programa Incluir Salud y las prestaciones de la Ley 24.901.
— Declara de interés público los servicios de prestadores 24.901 y fija una compensación de emergencia por la brecha aranceles vs IPC (12/2023–12/2024); establece aranceles únicos con movilidad mensual por Decreto 274/24 (o el que lo reemplace) y un estudio anual de costos.
— Amplía a 3 años la exención del 50% de contribuciones patronales para empleadores que contraten trabajadores con discapacidad (art. 87 Ley 24.013).
— Fortalece a ANDIS (CUD, auditorías con debido proceso inclusivo) y exige informes anuales de ejecución y pagos.

Cifras que informó el propio Ejecutivo:

— PNC por Discapacidad: $ 2.166.985.900.000 en 2025 (0,26% del PBI) y $ 4.706.628.500.000 en 2026 (0,47% del PBI).
— Programa Incluir Salud: $ 574.200.000.000 (2025, 0,07% del PBI) y $ 1.239.266.000.000 (2026, 0,12% del PBI).
— Compensación a prestadores (art. 13): $ 278.323.000.000 (0,03% del PBI).
— Necesidad total de crédito para ejecutar la ley (2025): $ 3.019.508.900.000 (0,35% del PBI).
— Crédito disponible sin afectar “Servicios Sociales”: $ 2.302.526.621.430, insuficiente para cubrir la totalidad de la ley.

Qué queda frenado hasta que haya partidas:

— Altas y conversiones de la nueva PNC, su compatibilidad laboral y rehabilitaciones.
— Compensación a prestadores 24.901 por la brecha 2024 vs IPC y la movilidad arancelaria respaldada en el Presupuesto.
— Incorporaciones a Incluir Salud en el marco de la nueva PNC.
— Despliegue operativo de ANDIS para auditorías y metas de transparencia con financiamiento.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó que hoy “el ingreso mínimo en toda la Administración Pública debe ser de 1.900.000 pesos” porque, debido a la suba del dólar, las empresas “están remarcando precios para cubrirse de la devaluación”.

Mediante un comunicado, el sindicato manifestó que el Gobierno Nacional “continúa sin encontrar el rumbo económico” y que, durante la última semana, la crisis financiera “se agudizó”, a partir de un dólar que sigue en aumento al igual que el riesgo país.

En la misma línea, señaló que el impacto en el bolsillo de los trabajadores “es inmediato” y que, con cada aumento del dólar, los salarios “se licúan aún más”. En este sentido, ATE verificó incrementos que van “desde un 4% a un 9% en las góndolas de supermercados y comercios de cercanía”, no sólo en Capital Federal, sino también en otras 14 provincias.

“La suba precipitada del dólar termina de destruir los salarios y la pérdida del poder adquisitivo se agrava. Las empresas, para cubrirse de la devaluación, están remarcando hasta los productos de primera necesidad. Suben los precios de bienes y el costo de los precios mayoristas y minoristas. Lo único que no sube son los salarios”, expresó Aguiar.

Por otra parte, el gremialista indicó que la gestión del presidente Javier Milei continúa “sin oír el mensaje de las urnas” porque pretende “seguir ajustando por congelamiento salarial”: “En el sector público, el ingreso promedio ha perdido más de un 40% de su poder de compra”, añadió.

En el mismo comunicado, ATE destacó el cierre del dólar de la semana pasada a $1.515, la acumulación de los bonos “con una pérdida promedio del 25% en septiembre” y la suba del riesgo país a 1.473 puntos, situación que impacta “fuertemente” en los precios de la Canasta Familiar debido a que “la economía está muy dolarizada en su formación de precios”, aunque los salarios se manejen en pesos.

“El caballito de batalla del Gobierno, que era la baja de inflación, está en riesgo, porque está aumentando, a pesar de que existe una profunda caída del consumo”, concluyó Aguiar.

El candidato a senador nacional por Fuerza Patria y ex gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, cruzó a su sucesor, Leandro Zdero, y al presidente Javier Milei por “abandonar” el Segundo Puente que une su provincia con Corrientes, luego del reciente siniestro vial que sucedió en esa zona y que con “colapsó por 12 horas el tránsito de 24.000 vehículos diarios”.

A través de un comunicado, Capitanich sostuvo que “la postergación del proyecto será una de las prioridades” y señaló que esto también es responsabilidad del “silencio cómplice y las extrañas razones” por el cual el Presidente de la Nación y los gobernadores de ambas provincias “frenaron” la obra.

En la misma línea, indicó que “el proyecto ejecutivo ya está finalizado” y que, incluso, cuenta con “financiamiento aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde 2023 por 710 millones de dólares“.

“Con nuestros legisladores impulsaremos desde el Congreso el Segundo Puente que Milei y Zdero abandonaron. Por extrañas razones, este proyecto fue dado de baja por Milei, utilizando los recursos de los organismos financieros internacionales para la bicicleta financiera y no para su verdadero destino”, expresó.

Por otra parte, responsabilizó a los mandatarios provinciales “por dejar de lado una iniciativa clave” para la región, porque “no hicieron nada para ejecutar el proyecto ni para defender esta obra clave y estratégica”.

También, destacó que el siniestro producido en el enlace entre ambas provincias “no tuvo impacto mediático ni comunicacional” que merecía y vaticinó que desde el parlamento, junto al bloque de Fuerza Patria, impulsarán que esta obra esté incluida en el Presupuesto 2026, “a los efectos de que cuente con financiamiento y ejecución”.

Para finalizar, Capitanich remarcó que su gestión “priorizará infraestructuras que integren y generen progreso real” tanto para el pueblo chaqueño como el correntino.