Un sector del peronismo que convive con el kirchnerismo en el Congreso, pero busca despegarse de su conducción, empezó a tender puentes con otras vertientes del PJ y aliados circunstanciales. Lo hace a través de una agenda legislativa común, con proyectos concretos, y con la intención de disputar la centralidad opositora frente al Gobierno sin quedar atrapado en la interna partidaria.

El ensayo quedó plasmado en un proyecto de ley para aliviar el endeudamiento de familias con tarjetas de crédito y préstamos no bancarios. La iniciativa reúne a diputados que integran el bloque Unión por la Patria (UP), pero se identifican con una agenda federal y productiva, junto a referentes de otros espacios peronistas y del centro político.

El puntapié inicial lo dio el entrerriano Guillermo Michel, cercano a Sergio Massa y extitular de la Aduana. En su desembarco en Diputados, el legislador empezó a marcar perfil propio con proyectos vinculados a industria y empleo. El último sumó un condimento político: incorporó como coautores a dirigentes del PJ de distintas vertientes, incluidos legisladores ligados a Axel Kicillof, pero también a figuras heterodoxas como Miguel Pichetto, de Encuentro Federal, y Natalia De la Sota, referente del peronismo cordobés y opositora al gobernador Martín Llaryora.

El proyecto crea el Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas, con el objetivo de asistir a unas 15 millones de personas que cayeron en morosidad por créditos con tarjetas o por fuera del sistema bancario. Fue presentado por Michel junto a Marinela Marclay (Entre Ríos) y cuenta con las firmas de Emir Félix (Mendoza), Juan Pablo Luque (Chubut), Ernesto “Pipi” Alí (San Luis), Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires) y Carlos Cisneros (Tucumán), todos ellos críticos del liderazgo kirchnerista y de la primacía de una agenda centrada en el AMBA. A ese núcleo se suman Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal, y De la Sota, que integra el monobloque Defendamos Córdoba.

La convergencia despertó especulaciones sobre la eventual conformación de un espacio legislativo común sin el kirchnerismo. Por ahora, los protagonistas lo niegan. Reconocen la buena sintonía y los puentes trazados, pero descartan una reconfiguración inmediata. “El diálogo se da para encontrar soluciones a problemas reales y no para quedar enfrascados en la interna del peronismo del AMBA, que sigue hablando de dirigentes y no de la gente”, planteó uno de los impulsores, en una crítica indirecta a la falta de propuestas del PJ.

Otro de los firmantes coincidió en el diagnóstico, aunque puso un límite: “Puentes hay muchos y desde hace tiempo. Pero son acercamientos puntuales, por proyectos específicos, no un armado político”.

La diferencia con intentos previos es que, esta vez, el kirchnerismo quedó completamente al margen. En el tramo decisivo para pensar una alternativa al presidente Javier Milei de cara a 2027, varios dirigentes del PJ provincial empezaron a marcar una línea propia, más federal y menos atada a la lógica de la interna.

Los detalles del proyecto

La iniciativa propone que la ANSES otorgue créditos directos de hasta $1.500.000 a jubilados, trabajadores en relación de dependencia con ingresos menores a seis salarios mínimos y monotributistas, para cancelar deudas acumuladas en tarjetas de crédito y plataformas de préstamos no bancarias.

Los autores sostienen que la medida responde a una crisis de morosidad creciente, impulsada por tasas de interés elevadas que dificultan el acceso a bienes básicos. Según el informe anexo, la cartera de crédito fintech pasó de $724.000 millones (a valores de julio de 2025) a $2,58 billones en un año. Las tasas, detallan, alcanzan el 130% de TNA en proveedores no financieros y el 92% en tarjetas de crédito, en un contexto de inflación cercana al 30%.

El texto define a esos proveedores como fintechs, cooperativas, mutuales y cadenas comerciales que operan fuera del sistema bancario, con condiciones financieras “sensiblemente más desfavorables” para los deudores. Al sustituir esas obligaciones por préstamos con tasas de mercado, el objetivo es estabilizar la economía de los hogares sin comprometer el equilibrio fiscal del Estado. El esquema prevé transferencias directas de la ANSES a los acreedores y cuotas de devolución ajustadas a los ingresos reales de los beneficiarios.

A una semana de que se inicie un nuevo período de sesiones extraordinarias convocadas por Javier Milei, la jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich (Capital Federal), comenzará en las próximas horas el “cara a cara” con sus pares dialoguistas de la Cámara alta para hacer un paneo general de objeciones y potenciales votos relacionados con la reforma laboral, con una agenda oficial que incluye otros temas que suman dudas, como la modificación de la Ley de Glaciares.

El receso estival se sintió en el Senado, con guardias mínimas y pocos legisladores presentes. En los últimos días sí aparecieron, entre otros, el ex jefe libertario y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche (Jujuy), la referente cristinista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y la zigzagueante aliada/enemiga de Casa Rosada Natalia Gadano (Santa Cruz). Las autoridades también aprovecharon para descansar. No obstante, el jueves pasado, según pudo saber Infobae, algunas de ellas mantuvieron un encuentro al mediodía. No se supo mucho del convite, salvo un enojo -nivel preescolar- de un rango inferior por información publicada en este medio.

Las observaciones que la oposición “acuerdista” realiza sobre la reforma laboral se encuentran bastante masticadas. Con la medalla de oro, las relacionadas con plata. Los votos están ahí y los esconden los gobernadores. Ellos bien lo saben y ahora tienen ese reclamo un poco más justificado, tras el mega ajuste que impuso el Gobierno libertario luego de años de festival y con los bolsillos del “payaso” reventados de deuda. Después, viene lo específico sobre el mundo del trabajo, ya sea la ultraactividad, la bomba atómica en varios estatutos, etcétera. No se debe olvidar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Durante la semana que finalizó ayer, la asesora de Bullrich y abogada Josefina Tajes recopiló cada detalle de las quejas que aterrizaron en el Senado. La presidenta del bloque libertario se tomaría 48 horas para el “ida y vuelta” con la Casa Rosada y, a partir del miércoles, analizar la opción de una reunión con dialoguistas para “peinar” un escenario más concreto.

La ex ministra de Seguridad maneja un interbloque de 21 soldados. Para el quorum y activar el recinto, se precisan 37. Bajo estos parámetros, el oficialismo está obligado a ir a pescar en la UCR, que suma 10; el PRO, que quedó con tres, y silvestres provinciales que no siempre responden a gobernadores. Días atrás, una fuente mileísta aseguró a Infobae que desde al menos una fuerza del interior “ya se comprometieron” a acompañar la iniciativa.

Al proyecto laboral, que ya está dictaminado en la Cámara alta y tendrá cambios que deberán anunciarse en el recinto, hay que agregarle la otra norma con despacho firmado y que buceó en diciembre pasado, sin muchas repercusiones: la modificación de la ley de glaciares. Durante el corriente mes, ya no solo el kirchnerismo reiteró sus objeciones, sino que, además, desde filas libertarias mencionaron con sigilo un par de preocupaciones -por eventuales inconvenientes en la justicia- que contiene el articulado.

Quienes más entienden la temática apuntan a tres factores. El primero es que deberá revisarse el “Acuerdo de Escazú” para conocer bien cómo se interpreta, de manera concreta, la participación popular. Se habla de llamados desde la Casa Rosada al Congreso con advertencias sobre esto. Sacrificarse para sancionar una ley y que a los pocos días sea bloqueada no sería la mejor señal para quien duda sobre invertir en la Argentina o un país de África. Y la espera se hace tediosa.

Otro factor sería el monumental poder que dejarían a gobernadores para delimitar zonas. “O sea que uno puede decir que toda la provincia es periglacial. Otro, nada. Y si en dos años llega otro mandatario de distinto tono político y da vuelta esa decisión, ¿quién habla con el dueño del emprendimiento?“, sentenciaron con preocupación desde un importante despacho. En tanto, el tercer ítem refiere a una desventaja considerable a la hora de cobrar regalías. El porcentaje parece ”bajísimo” a muchos legisladores.

El Gobierno tiene tan solo siete días más para continuar negociando informalmente con la oposición antes del inicio de las sesiones extraordinarias, en las que buscará aprobar la demorada reforma laboral, que ya consiguió varios apoyos, pero también algunas críticas.

La iniciativa, que surgió de un trabajo elaborado por el Consejo de Mayo, se presentó originalmente el año pasado para ser tratada durante diciembre, pero la presión de la CGT y la estrategia política de La Libertad Avanza postergaron el debate.

La central obrera había anunciado un paro con movilización para el día en el que se iba a discutir la medida, pero la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, decidió suspender su votación.

La ex ministra de Seguridad optó por concentrarse en la sanción del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia fiscal, pero antes de hacerlo, consiguió que el proyecto tuviera dictamen para ahorrar pasos en febrero.

Ahora, la referente libertaria busca tener el respaldo suficiente en la Cámara alta como para aprobar la reforma laboral durante una sesión a la que convocaría para la segunda semana de ese mes.

Para esto, durante el receso legislativo armó una comisión técnica, encabezada por la abogada Josefina Tajes, que en los últimos días recibió a representantes de diferentes sectores para escuchar cuestionamientos o sugerencias.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes parlamentarias, en total Bullrich tuvo alrededor de dos mil pedidos de audiencia por parte de dirigentes tanto políticos como sociales.

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomó sus recorridas por el país para reunirse con gobernadores y así logró el respaldo público de varios de ellos, aunque también las críticas de otros.

Por caso, los mandatarios de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, se mostraron juntos en la previa de la primera noche del Festival de Cosquín y expresaron algunas quejas para con la Casa Rosada.

“Nosotros creemos en el trabajo, creemos en la producción y eso es lo que vamos a defender. Si desde el Gobierno nacional se mirara más a este interior que se esfuerza todos los días, a la Argentina le iría mejor”, sostuvo el primero de ellos.

Puntualmente, muchas provincias manifestaron su preocupación por el artículo de la reforma laboral que establece una baja del impuesto a las Ganancias para sociedades, lo que afectaría sus ingresos.

Para los tramos 2 y 3 de este gravamen -que es coparticipable-, se pretende pasar de una alícuota del 30% a 27% y 35% al 31,5%, respectivamente, por lo que los gobernadores piden rever la medida o algún tipo de compensación.

Además, algunos sectores aparecen reticentes a otros cambios que plantea la norma, como plazos más veloces de devolución de IVA y otros beneficios tributarios para incentivar la formalización del empleo.

Bajo este escenario, este lunes volverá a reunirse en la Casa Rosada la mesa política del Gobierno, para hacer un análisis de situación y terminar de definir la estrategia legislativa que se va a implementar en estas sesiones extraordinarias.

Además de Santilli y Bullrich, este grupo lo integran la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

El encuentro sería por la mañana, ya que a la tarde varios de ellos deben trasladarse a Mar del Plata para participar de una recorrida que hará Javier Milei por el centro de la ciudad balnearia, para agradecer por el apoyo en las últimas elecciones, pero también en tono de campaña, mirando ya al 2027.

El lunes de la semana que viene ya inicia formalmente en el Congreso el periodo de actividad convocado por el jefe de Estado, por lo que diputados y senadores comenzarán con las negociaciones más intensas.

Por parte del gremialismo, el miércoles pasado, por ejemplo, se reunieron los secretarios de ATE, Rodolfo Aguiar, y de la UOM, Abel Furlán, y coincidieron en “no esperar hasta el día que se trate la iniciativa en el Congreso para realizar una medida de fuerza”.

“Estamos frente a un proyecto que directamente tiene por finalidad eliminar los sindicatos y construir un nuevo ordenamiento jurídico en el que no existan los derechos individuales y colectivos”, opinó el sindicalista estatal.

La CGT ya expresó su rechazo a algunos puntos de la medida, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se utilizará para el pago de indemnizaciones por despido; la no obligatoriedad de que las empresas sean agentes de retención de los aportes y los cambios en los convenios colectivos de trabajo.

“Hasta ahora estamos escuchando a todos y las cosas que sean razonables y que vayan hacia el objetivo de que realmente haya un mercado laboral que crezca, las vamos a tomar. Somos abiertos y flexibles. Lo que no queremos es que todo quede igual. Eso seguro que no”, remarcó la abogada Tajes, durante una entrevista con Infobae.