El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió con la vicegobernadora y presidenta del Senado, Verónica Magario, la presidenta del bloque de senadores de Unión por la Patria, Teresa García, y el presidente del bloque de diputados, Facundo Tignanelli, para analizar el estado de situación del proyecto de inversión para la instalación de la planta productora de GNL por parte de las empresas YPF y Petronas.

Durante el encuentro, el Gobernador y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, repasaron los principales puntos de la respuesta a la nota enviada oportunamente por las autoridades de YPF, y destacaron que continúan a la espera de las especificaciones técnicas del proyecto que fueron solicitadas por el Gobernador al presidente de YPF, Horacio Marín, dado que desde la Provincia de Buenos Aires no se conocen detalles relevantes de la iniciativa.

Por otra parte, se diagramó un esquema de trabajo para que la Legislatura provincial se aboque a facilitar los aspectos necesarios para la instalación de la planta en territorio bonaerense, entre los que se encuentra la disponibilidad de terrenos en el ámbito del puerto de Bahía Blanca.

Las autoridades legislativas convocarán próximamente a representantes de todos los bloques partidarios de ambas cámaras para que tomen pleno conocimiento de las particularidades y necesidades que plantea el proyecto de inversión anunciado por YPF y Petronas.

De la reunión participaron, además, la secretaria General de la Gobernación, Agustina Vila y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

El gobierno de Axel Kicillof cerró el primer semestre del año con superávit primario de las cuentas públicas algo superior a los $213 mil millones y un déficit financiero (luego de pagar deuda) del $122 mil millones.

El resultado fue considerado por el ejecutivo como “sostenible” en relación con las posibilidades de financiamiento que tiene hoy la provincia. Los números del primer semestre están contenidos en el informe de ejecución presupuestaria que publicó el ministerio de Economía provincia.

En un comunicado, el Gobierno destacó el resultado del manejo de las cuentas públicas “pese al brutal ajuste que lleva adelante el gobierno nacional”. Señalaron que esto impacta por doble vía en Provincia: la coparticipación y la recaudación provincia, en caída debido a la recesión y los recortes de transferencias que dispuso Milei, por los cuales el Gobierno de Kicillof realizó denuncias judiciales.

El detalle del documento que elaboró la subsecretaría de Hacienda marca que la Provincia finalizó los primeros seis meses del año con un superávit primario ($214.032 millones) que equivale al 2,1% de los ingresos totales, pese a que estima una caída real de los recursos recursos en torno al 16%.

A la vez, tuvo un con un déficit financiero de $122.382 M (-1,2% de los ingresos totales) y un superávit económico de $274.809 M (2,7% de los ingresos corrientes).

En el Gobierno dijeron que el primero número “está en línea con las posibilidades de financiamientos” del Tesoro provincial y por lo tanto lo calificaron de “sostenible”. Respecto del segundo, marcaron que fue lo que permitió sostener la inversión en obra pública.

Respecto del recorte nacional, la provincia informó que entre transferencias obligatorias y no automáticas, la caída fue del 91% en términos reales, mientras que la recaudación propia cayó menos (5%) que la coparticipación (14%).

El Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, apeló la sentencia que le exigía proporcionar detalles en un plazo de 48 horas sobre la distribución de los alimentos almacenados en varios depósitos.

La cartera presentó un recurso contra la resolución del juez de feria Martín Cormick.

Se trata de un cargamento de casi seis millones de kilos de alimentos almacenados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo, en Tucumán.

La mercadería debe ser distribuida entre comedores y merenderos comunitarios que dependen de programas oficiales gestionados por el Ministerio.

La causa se inició a partir de una denuncia realizada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), tras conocerse que había alimentos sin repartir, muchos de los cuales ya habían caducado.

En ese contexto, el juez de la causa Walter Lara Correa había dispuesto el 12 de julio la distribución de los alimentos, algo que todavía no se ha concretado.