Luego de que el Gobierno nacional confirmara que el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años fue incluido en el temario de las sesiones extraordinarias, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y la senadora nacional Patricia Bullrich volvieron a cruzarse en las redes sociales.

El disparador del debate fue la nota de opinión que el ministro publicó en Infobae, en donde planteaba que la modificación de la edad mínima de punibilidad en el Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil no sería suficiente para resolver la problemática de los menores que delinquen. “Modificar la edad de imputabilidad no es una llave mágica que resuelve todo”, criticó.

Poco después, la postura sería compartida por el gobernador Axel Kicillof en su perfil en la red social X. “No hay soluciones mágicas; se necesita un esfuerzo integral entre los tres poderes del Estado, trabajo serio y planificación”, ratificó, tras compartir el artículo.

Luego de haber leído la publicación de los representantes del Gobierno bonaerense, la senadora recriminó la postura de los dirigentes políticos. “No puedo creer estar leyendo esto. Queda claro que no le importa ni la seguridad ni las víctimas”, sostuvo al afirmar que la oposición se encontraba “siempre del lado de los delincuentes”.

“¿Se animará a decirle en la cara a las familias que perdieron a un hijo, a un padre o a una madre a manos de un menor que no hay que cambiar la edad de imputabilidad y que no le molesta que estén en su casa, libres y sin consecuencias?“, profundizó Bullrich.

De la misma manera, la presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado chicaneó al gobernador por mantener la sección de los comentarios cerrados en su posteo. ”Si está tan convencido de lo que dice, que habilite los comentarios y lea a los argentinos”, arengó.

Frente a estas declaraciones, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires acusó a su ex par a nivel nacional de apropiarse “del dolor de las víctimas para hacer una campaña política barata y oportunista”. Y reiteró que “la problemática es mucho más compleja que reducir todo a una cuestión de edad”.

“La minoridad no se aborda con slogans, ni con chicanas, ni agitando bronca desde las redes”, apuntó Alonso, tras señalar que la manera de buscar una solución para el problema sería “como plantea la Conferencia Episcopal Argentina, priorizando la prevención y la integración juvenil, con políticas públicas serias, inversión y trabajo coordinado”.

Así, el titular de Seguridad bonaerense reprochó a Bullrich que sería un paquete de medidas que nunca puso en marcha cuando tuvo la oportunidad. “Recoja algo de su zigzagueante recorrido político y haga un aporte más serio y sustancial a este debate que nos debemos como democracia. Menos circo, menos oportunismo”, concluyó.

En el artículo de opinión publicado por este medio, el ministro había aseverado que “la Argentina necesita, sin lugar a dudas, un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil”. Incluso, consideró que se trataba de una norma desactualizada, debido a que la actual legislación fue aprobada en agosto de 1980 por Jorge Rafael Videla.

“Hay que cambiar. Sancionar un nuevo marco legal que sirva para resolver el problema es una deuda pendiente de la democracia y una responsabilidad del Congreso de la Nación”, sostuvo. Sin embargo, criticó la postura del Gobierno nacional, tras mencionar que en la Provincia de Buenos Aires se construyó una política de Estado para afrontar el problema.

Luego de aclarar que la actual ley permite encerrar a un menor que fuera considerado peligroso, Alonso remarcó: “Nadie en su sano juicio dejaría solo y suelto a un menor que anda armado y que representa un peligro para sí y para terceros. Es de sentido común”.

Por este motivo, subrayó que “lo determinante es el criterio: no se puede dejar suelto a un menor que comete un delito con arma de fuego, tenga la edad que tenga”. No obstante, explicó que lo novedoso sería el Programa “Entramados”, que consiste en “programa estatal de control y seguimiento que tenga por objetivo interrumpir la trayectoria delictiva amateur ante las primeras señales de alerta temprana”.

“La decisión del Gobernador es clara: no queremos más vidas arruinadas por menores que ingresan en una espiral de violencia que debería haberse cortado con una sanción efectiva y un límite a tiempo”, resaltó el ministro de Seguridad al señalar que las escuelas serían un factor clave para disminuir la tasa de menores detenidos.

Según los últimos registros obtenidos en el marco de esta política, se descubrió que 5,2 millones de niños asisten a las escuelas todos los años. En contraparte, otros 5 mil menores son los que “se escurren” del sistema e inician una vida delictiva.

“Para controlar a esos 5 mil menores, planificamos y coordinamos una política que involucra a los organismos de niñez, la policía, jueces, fiscales e intendentes”, explicó Alonso al indicar que, en porcentaje, el fracaso representaría un 0,1%, contra 99,9% de efectividad.

A pesar de esto, el titular de Seguridad señaló que “el fortalecimiento de la infraestructura de los institutos de encierro para menores necesita inversión”. Y concluyó: “Basta de excusas, basta de echarle la culpa al otro, basta de fuegos artificiales. No podemos arrastrar a la sociedad a otra discusión estéril”.

Con un nuevo llamado a sesiones extraordinarias a punto de asomarse -se inicia mañana, hasta fines del corriente mes-, el Gobierno libertario sostiene como sea la idea de sesionar antes del 13 de febrero -11 o 12- para aprobar la reforma laboral en el Senado y girarla a Diputados. El final de este sendero se consumará tras una primera dilación, en diciembre pasado -donde se obtuvo un dictamen de mayoría-, y una reunión clave entre dialoguistas y la jefa oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, con varias solicitudes de modificaciones en manos del Ministerio de Economía, es decir, Luis Caputo.

Mientras se aguarda la cumbre entre la ex ministra de Seguridad y los potenciales aliados -no siempre acompañan-, la Casa Rosada busca pulir su estrategia política de cara a semanas trascendentales en el Palacio Legislativo. Lo que está en juego, por fuera del articulado en sí, es la posibilidad de un aterrizaje triunfal de Javier Milei el 1 de marzo próximo, cuando el primer mandatario inaugure el período ordinario de sesiones.

Lo que también quedará demostrado, con el destino final, es si de verdad influyó el leve viraje -sin tocar las “bases” y, sobre todo, las feroces formas- de la estrategia política de Balcarce 50 en relación con el Congreso, luego de tediosos meses -entre 2024 y 2025- en ambas Cámaras, con una oposición que casi toma el control absoluto de la agenda, si de votos se hablase. En especial, en la alta, donde haber ganado tiempo ante oleadas kirchneristas fue algo nunca reconocido por el Ejecutivo. Por un puñado de aventureros poco profesionales que miraron hacia otros objetivos, muchos más cayeron en la volteada. Más que injusto.

Tras varias semanas de una repetida y gastada calesita de “novedades” sobre la reforma laboral, los puntos aún no congeniados entre oficialismo y dialoguistas ya son trillados. En el Senado, La Libertad Avanza tiene más que claro que acordar con gobernadores con terminales en legisladores cerraría la luz verde del proyecto. Con algunos, ya lo hicieron. No obstante, no puede apostar sólo a ello y debe pegotear a revoltosos silvestres provinciales que no responden a una gestión local. El diablo suele acercarse a éstos, que aprovechan el minuto de gloria y se convierten en máquinas de exigir, a veces, barbaridades.

El panorama descripto siempre presenta inconvenientes a la hora de mover piezas en el tablero político. Por un lado, el Gobierno quiso “cerrar” algunos asuntos en diciembre último. Fueron convites discretos. Esto se comprobará en los próximos días y se sabrá hasta dónde “aflojaron” los eventuales ayudantes. Las especulaciones empiezan a picar cerca y nadie quiere, como es lógico, abrir la boca.

Con el foco en mandatarios provinciales, la resistencia principal apunta a la inevitable caída en la coparticipación. Los distritos olvidan recordar que quien más perderá, en este sentido, será la Nación. También es cierto que, al tener los resortes del Estado, dicho hueco sería cubierto de manera ágil. No es lo mismo en el caso del interior. Ya no se trata sólo de pagar sueldos. Por caso, la obra pública ingresó en una fase delicada.

Un ingeniero top, con emprendimientos de todo tipo realizados en al menos un tercio del país, lo definió de esta manera a Infobae el año pasado y reiteró idéntico comentario días atrás: “Si no se hace algo ya se repetirá una pandemia, pero en rutas”. Se habla de reclamos concretos a Bullrich y un ruego a Caputo para reactivar un área dañada y de difícil resolución. Pretender solucionar todo en dos años, a esta altura, es más que primitivo, aunque hay prioridades a repensar.

En caso de destrabar la coparticipación, que implicaría revisar beneficios sobre Ganancias a grandes empresas -dialoguistas prefieren otra clasificación y no dejar al resto afuera-, los aliados quieren plazos más precisos en la potestad laxa que el artículo 212 del dictamen le otorga al Ministerio de Economía para reglamentar, una vez sancionada la ley, varios sistemas incluidos en el proyecto, como el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI, que fue observado) y otras jugadas tributarias. Según confiaron a este medio desde dos despachos, “eso ya se sacó”.

Las situaciones puntuales del mundo laboral parecen encontrarse en segundo o tercer plano. El kirchnerismo casi no reapareció en la Cámara alta, lo cual llamó demasiado la atención. En comparación a debates de los últimos 15-20 años, los movimientos cristinistas fueron mínimos y en modo tortuga. Por eso la atención está puesta en cómo negociará Balcarce 50 y hasta dónde cederá. Si se frenara el texto, sería un “strike dos”, con perfume a tres y “out”. Desde las 15 del martes próximo, en la oficina central de la bancada radical del Senado -comanda el correntino Eduardo Vischi-, habrá novedades. Llega la hora de mostrar las cartas.

En las vísperas del inicio de sesiones extraordinarias, el Gobierno Nacional debate el accionar de los alfiles negociadores para la sanción del temario enviado, con especial centralidad en la Reforma Laboral. Luego de varios idas y vueltas, tres integrantes de la mesa política designada por el presidente Javier Milei admitieron que el reducido círculo está dispuesto a aplicar cambios en el proyecto aunque se muestran reticentes a filtrar los artículos están dispuestos a ceder.

En Balcarce 50 aseguran tener mayoría en ambas Cámaras para hacer pasar el grueso del articulado al tiempo que confiensan que la reducción pensada para el Impuesto a las Ganancias para sociedades, que afecta directamente la recaudación provincial, complejiza los planes por la reticencia de los gobernadores, incluso los aliados. “Santilli está viendo si encuentra la forma, pero está difíci. Es ilógico, estamos hablando de bajar impuestos, pero ellos priorizan el Estado que a las empresas”, contó a este medio una importante fuente libertaria.

Cada semana los actores que componen la mesa política intercambian pareceres para definir alternativas que conformen a los aliados y les permita aprobar la reforma y mantener las modificaciones tributarias ideadas por el ministro del Economía, Luis Caputo. De mantenerse firmes en la posición, el rechazo que acumula la reducción del tributo podría poner en riesgo la sanción de la ley.

“Realmente necesitamos arreglar con los gobernadores, sino lamentablemente quedará afuera, pero haremos todo lo posible para que eso no suceda”, admitió otra una voz involucarada en la negociación.

En el esquema negociador critican a los mandatarios oficiales a los que acusan de “pedir y pedir”, pero “no ayudan a achicar” el Estado, y a su vez detectan que los gobernadores desconfían de las promesas del Ejecutivo. “No vamos a dar ningún detalle que entorpezca la negociación. Lo único que se puede anticipar es que toda la primera parte de la ley no se toca, si cambiamos, son cuestiones que no son significativas”, planteó un integrante del oficialismo.

La postura no es unánime. Algunos interlocutores se muestran más reacios a la hora de evaluar la posibilidad de ceder ante la presión de las provincias. Pese a eso, la garantía de cambios -siempre y cuando no afecete el espíritu de la norma- durante el tratamiento en el recinto que iniciará en el Senado el próximo miércoles 11 de febrero es un secreto a voces.

Otro punto que oficia de parteaguas es el futuro de las disposiciones vinculadas a discapacidad, universidades públicas, coparticipación federal, subsidios energéticos y financiamiento del Poder Judicial que estaban contempladas en el capítulo XI que quedó excluido de la sanción del Presupuesto 2026.

El ala más dura que rodea al Presidente está dispuesta a buscar la manera de insistir en el tratamiento de cada punto, mientras que el sector de los moderados, integrado por los alfiles que se encargan de protagonizar la negociación en primera persona, anticipan que no cuentan con los votos y piden evitar ciertos temas que generan polémica. “Es imposible avanzar con ese tema. No sale. Hasta los aliados estan en contra. Y no nos vamos a anotar una victoria política con esto. Lo mejor es no meterse y dejar que pase el año”, confesaron.

El período extraordinario augura positivo para el Poder Ejecutivo. Con los actores ordenados, Patricia Bullrich articula en el Senado, Martín Menem en Diputados y Diego Santilli establece contacto con los gobernadores bajo el orden dispuesto por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es seguido de cerca por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Todas las decisiones económicas son habilitadas por el ministro de Economía que desde hace algunas ediciones asiste de manera regular a las reuniones que incluyen además al asesor presidencial, Santiago Caputo, y al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. “La mesa está ordenada. El que meta la mano en otro lado lo mato”, ironizó ante este medio uno de sus miembros.

Con el inicio de extraordinarias próximo, el oficialismo busca optimizar los ajustados tiempos de febrero y tiene planes de intentar tratar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur la próxima semana en la Cámara de Diputados. Un legislador libertario garantizó ante este medio que de aprobarse entraría en vigencia, pese a las trabas del Parlamento Europeo, y sostuvo que tanto Brasil como Paraguay tienen planes de avanzar en su sanción.