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Gobernadores esperan reanudar las negociaciones por Presupuesto

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Gobernadores de Juntos por el Cambio y provinciales aguardan que se reanuden las conversaciones con el Gobierno sobre el Presupuesto 2025, mientras que los bloques opositores más enfrentados con el Gobierno buscan concretar una sesión este martes para derogar sobre canje de deuda.

Los mandatarios de Juntos por el Cambio volvieron a insistir con la necesidad de que mantener una reunión con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para buscar destrabar la aprobación de la ley de gastos y recursos del próximo año.

Esa negociación podría producirse en las próximas horas, aunque aún no hay una reunión agendada- para intentar avances en el Presupuesto, cuyo tratamiento el oficialismo suspendió el martes por falta de acuerdo con los bloques dialoguistas.

De esta manera si hay un acuerdo solo se podría tratar en sesiones extraordinarias.

La UCR pidió la semana pasada que se vuelvan a reanudar las conversaciones sobre la ley de gastos y recursos del 2025 y este domingo lo volvió hacer el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien consideró imprescindible que se apruebe esa ley y no se vuelvan a prorrogar el Presupuesto 2023.

“No tener presupuesto es no tener previsibilidad”, sentenció en declaraciones a Radio Rivadavia, y aseguró que “hay volumen de generar los consensos parlamentarios necesarios” que permitan aprobar la estimación de cálculo para el año entrante.

En la misma línea, destacó: “Es una falacia decir que no hubo acompañamiento de otros espacios. Lo que uno no puede es hacer siempre lo que uno quiere y a veces hay que hacer lo que corresponde que es contemplar las obligaciones que tenes por ley.  Hablo de las cajas previsionales, que hay que cumplirlas como se está cumpliendo en fallo de la Corte para Capital Federal. Es un error porque hace a la calidad institucional”.

Los gobernadores piden cinco puntos: destinar la asignación específica del 2,55 del impuesto a los combustibles que se destinaba a obra y compensación del transporte a la masa coparticipable; financiar el déficit de las cajas previsionales, derivar parte del 1,9 de la recaudación de la ex AFIP a la coparticipación, compensación del Pacto Fiscal del 2017, y distribuir ATN no utilizados.

Hasta ahora el Gobierno rechazó las demandas al considerar que afectaba el equilibrio fiscal ya que implicaban unos 3700 millones de dólares, aunque los dialoguistas dicen que se puede compensar con una baja de los gastos tributarios.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que “si se insiste en modificar la propuesta que se mando en el Presupuesto, va a ser difícil que estemos de acuerdo”

Por eso será clave como seguirá el pulso de la esa negociación si realmente mañana se reanuda, ya que hasta esta tarde Noticias Argentinas puedo confirmar que aún no había ninguna reunión pautada en Jefatura de Gabinete.

Si no existe negociación aumentan las posibilidades que la sesión pedido por los bloques opositores más duros como Unión por la Patria, Encuentro Federal, y Democracia para Siempre, tengan el quórum para poder debatir la derogación del decreto de canje de deuda.

Esa sesión fue solicitada por el jefe de la bancada de UP, Germán Martínez, junto a los legisladores de EF, Emilio Monzo y Nicolás Massot, y los radicales disidentes de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, Carla Carrizo, y Dayna Tavela, entre otros.

Hasta ahora UP dice que puede aportar entre 90 y 94 legisladores, la izquierda 5, Encuentro Federal 12 de 16, Democracia para Siempre 12, con lo cual llegarían a 123.

En la frustrada sesión del 12 de noviembre, UP no contaba con la presencia de cuatro catamarqueños que responden a Raúl Jalil, dos santiagueños que reportan a Gerardo Zamora, la neuquina Tanya Bertoldi, y los mendocinos Adolfo Bermejo y Liliana Paponet.

Dentro del frente opositor que convocó a la sesión tampoco iban a concurrir Ricardo López Murphy, el chubutense Jorge “Loma” Ávila, y el entrerriano Francisco Morchio (que responde al gobernador Rogelio Frigerio) y al menos los cordobeses Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca.

Fuente: Noticias argentinas.

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Tasa de homicidios: “La provincia está por debajo del promedio nacional informado por Bullrich”

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“La baja en la tasa de homicidios es un hecho. Se trata, efectivamente, de un logro histórico que no puede explicarse sin el trabajo sostenido que realiza la Provincia de Buenos Aires”, afirmó este jueves el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, un día después de que su par de Nación, Patricia Bullrich, celebrara que el país logró la tasa de homicidios más baja de Sudamérica.

El miércoles, Bullrich destacó en conferencia de prensa “la baja de homicidios en el año 2024, la más baja que se registra desde que tenemos estadísticas, una tasa de 3,8, la mejor de América Latina, la más baja”. Y agregó: “Estamos orgullosos de poder decirles a los argentinos y al mundo que Argentina está bajando homicidios, que está bajando los delitos sexuales, la trata y los homicidios contra mujeres y niños”.

De acuerdo con los datos brindados por el Ministerio de Seguridad de Nación, en 2024 se registraron 1.803 víctimas de homicidios dolosos en todo el país, una baja de 12,7% respecto de 2023 para un total de 3,8 muertes por cada 100.000 habitantes, con 244 víctimas menos que el año anterior.

De esa tasa nacional de 3,8 muertes por cada 100.000 habitantes, la provincia de Buenos Aires está por encima de la media, con 4,5 muertes por cada 100.000 habitantes. Respecto de 2023, y también de acuerdo con el Ministerio de Seguridad de la Nación, en la provincia la tasa de homicidios bajó de 4,6 a 4,5: de las 829 muertes de 2023 (según uno de los informes), en 2024 hubo nueve víctimas menos (consigna otro de los informes).

Y con esos datos, Alonso escribió este jueves: “Somos el territorio más extenso, más densamente poblado y más complejo del país. Enfrentamos a diario el crecimiento de la violencia lesiva, muchas veces vinculada a problemas estructurales como el aumento de la desigualdad. Esta situación se agrava con una problemática profunda: el narcotráfico, cuyo circuito comienza a miles de kilómetros, en otros países, y atraviesa numerosas provincias hasta llegar al Conurbano”.

De acuerdo con Alonso, “abordar esta realidad exige una política seria: presencia territorial, inteligencia criminal, logística, capacitación y tecnología. Todo esto lo viene desarrollando la Provincia con una inversión constante, incluso después de la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que el Gobierno Nacional aún no restituyó”. Y a propósito: “Insistimos, como lo hemos hecho antes y lo seguiremos haciendo: señor presidente Javier Milei, ese fondo es para la seguridad del pueblo bonaerense. Es para fortalecer las condiciones de trabajo y los salarios de quienes todos los días cuidan a nuestra gente. Devuelvaló (sic)”.

A la cabeza de la estadística nacional está la provincia de Santa Fe, con 4,9 muertes por cada 100.000 habitantes, aunque el año pasado registró 220 muertes menos que en 2023, cuando tuvo 11,0 muertes por cada 100.000 habitantes. Chaco y Jujuy registraron 4,6 muertes (el mismo número que había tenido la provincia de Buenos Aires en 2023), y luego sí figuran Buenos Aires y Río Negro, con 4,5. Después, Neuquén, con 4,3, y Chubut, con 4,2.

Estos resultados, escribió hoy Alonso, “son fruto de la determinación política del gobernador Axel Kicillof y de una política de inteligencia criminal coordinada con el Ministerio de Seguridad Nacional, como corresponde. Los datos están a la vista. En la provincia de Buenos Aires nos encontramos por debajo del promedio nacional informado por la ministra Patricia Bullrich: en los primeros cuatro meses de 2025, los homicidios bajaron un 10,2% respecto al mismo período del año anterior (315 en 2024, 283 en 2025). Y si ampliamos la mirada: en ese mismo período, los delitos prevenibles en general (homicidios dolosos, asaltos, robos, hurtos, robo automotor, cuatrerismo y piratería del asfalto) bajaron un 19,21% en la Provincia. Esto no es relato. Es trabajo”.

El descenso de la tasa de homicidios en la provincia de Buenos Aires ya había ocupado un lugar en la agenda informativa este mismo año, cuando una seguidilla de crímenes en el Conurbano bonaerense fue definido por sectores del oficialismo nacional como un “baño de sangre”, en el marco de un año de campaña electoral. En medio de esas declaraciones cruzadas entre Nación, Ciudad de Buenos Aires y la provincia, Alonso, había argumentado: “Nosotros tenemos un trabajo serio que venimos haciendo con todas las jurisdicciones. La ministra de Seguridad de la Nación publicó las estadísticas nacionales que señalan que Argentina es el país más seguro de Sudamérica, y eso es imposible sin un aporte valioso de la provincia de Buenos Aires, porque reunimos el 40% de la población. En ese sentido, en el 2004 en la provincia había 2.700 homicidios, en el 2014 unos 1.700, y el año pasado tuvimos 810, el segundo año con menos homicidios en los últimos 25”. Y añadió: “Por supuesto que cada uno de esos 810 homicidios nos duele muchísimo. Es un compromiso que tenemos con las familias de las víctimas, y redobla el esfuerzo para seguir bajando los homicidios”.

Tal como dio cuenta la agencia DIB, en medio del renovado debate sobre la inseguridad en la provincia, en abril se conocieron las cifras oficiales del Ministerio Público bonaerense. En ese informe se dio cuenta de 4,76 muertes por cada 100.000 habitantes el año pasado, 848 personas fallecidas en 814 hechos; está claro, las cifras varían cuando se comparan distintos informes. “En el año 2024 respecto del año anterior se registró una disminución de -8 ‘homicidios dolosos consumados’, lo que en términos porcentuales se traducen en un -1,0%”, según el “Informe de Relevamiento de las Investigaciones Penales Preparatorias por Homicidios Dolosos” del Ministerio Público. (DIB) GML

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La CGT impugnará en la Justicia el decreto que limita el derecho de huelga

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El secretario general adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (UPCN), afirmó este jueves que la central sindical “va a recurrir a la Justicia” para impugnar la decisión del Gobierno de limitar por decreto “el derecho de huelga” en actividades que desde ayer son consideradas “esenciales”.

Rodríguez, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), sostuvo que el decreto 340/2025 publicado en el Boletín Oficial “es una limitación total al Derecho de Huelga que está en la Constitución nacional y en normativas internacionales”, y aseveró que “es revivir el DNU 70/23”, que está paralizado por una cautelar judicial.

“Nosotros vamos a volver a recurrir a la Justicia, estamos preparando la impugnación para presentar”, adelantó el dirigente estatal, y señaló que “el derecho de huelga es un elemento que tienen los trabajadores cuando no hay diálogo, como está pasando ahora. Es un elemento constitucional y hace a las normas institucionales”, enfatizó.

El gremialista aseguró que desde el Gobierno “están intentando generar un clima adverso y que confunde”, y destacó que “el Derecho de Huelga no se puede vulnerar porque sí, y es lo que está pasando ahora”.

Asimismo, aseguró que desde la CGT se viene reclamando “la necesidad de una mesa de diálogo y no pasa”, porque “nadie” los convocó “a dialogar” y recordó que la central obrera acaba de “terminar un plan de lucha por la pérdida de nivel de ingreso donde se obliga a aumentar salarios por debajo de la inflación y que culminó con un paro nacional”.

Rodríguez anticipó en declaraciones a Radio Rivadavia que, ante la publicación de un nuevo decreto, van a “repetir la acción en la Justicia como con el Decreto 70/23” que fue impugnado por la CGT y obtuvo una medida judicial favorable que paralizó los ítems de esa medida que afectaban las relaciones laborales.

El DNU 340/2025 publicado este miércoles por el Poder Ejecutivo, limitó el derecho de huelga en actividades consideradas esenciales que a partir de ahora deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50 y 75% en caso de estar en conflicto sindical.

La norma incluye en este segmento a los servicios sanitarios; transporte y de medicamentos e insumos hospitalarios; servicios farmacéuticos; producción, transporte, distribución y comercialización de agua potable, gas, otros combustibles y energía eléctrica; y servicios de telecomunicaciones, incluidos internet y comunicaciones satelitales.

De igual modo quedaron incluidos en el decreto la aeronáutica comercial y el control del tráfico aéreo y portuario; servicios aduaneros y migratorios; el cuidado de menores y la educación en los niveles de guardería, preescolar, primaria, secundaria y educación especial; y el transporte marítimo y fluvial de personas, mercaderías y carga, entre otros. (DIB)

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Sin sesión, el debate por las reelecciones indefinidas de intendentes y legisladores deberá esperar

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En medio de las tensiones dentro del peronismo bonaerense entre el kirchnerismo y el kicillofismo y las diversas posturas de la oposición, la vicegobernadora, Verónica Magario, suspendió la sesión especial a la que había convocado en el Senado para este jueves, para tratar los proyectos de reelección indefinida de intendentes y legisladores.

La suspensión se dio en la previa de la jornada que iba a debatir el proyecto del kirchnerista Luis Vivona que habilita a legisladoresconcejales y consejeros escolares a poder presentarse a esos cargos electivos cuantas veces deseen. Sin embargo, desde el sector que responde al gobernador Axel Kicillof, presentaron otra iniciativa para favorecer la re-re de los intendentes, que quedaban fuera de los alcances del otro proyecto.

Este nuevo cortocircuito dentro del peronismo hacía peligrar el quórum, por lo que Magario decidió suspender la sesión y por ahora no habrá debate de los proyectos que, en principio, tienen a parte del oficialismo de acuerdo en la cuestión de fondo aunque no en los tiempos.

El proyecto del legislador de Vivona busca modificar el artículo 13 bis de la Ley electoral 5109, que limita las reelecciones indefinidas para diputados y senadores, además de concejales y consejeros escolares. El texto vigente establece que los legisladores bonaerenses solo pueden ocupar la banca por dos períodos consecutivos, hayan sido completos o no. Así, para volver a presentarse, deben respetar un intervalo de un período.

Sin embargo, como los jefes comunales quedaban fuera, la senadora Ayelén Durán, del riñón del gobernador, presentó un proyecto que los incluía, en sintonía con lo que viene planteando desde hace tiempo el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, que considera que “la limitación de mandatos es proscriptiva”.

Las reelecciones en la provincia están limitadas a una sola desde 2016, cuando se aprobó una ley, aunque en otra de 2022 se hizo una excepción y se empezó a contabilizar los mandatos iniciados en 2017 y 2019 como los primeros. Así, si no hay cambios 19 legisladores de UxP, PRO, UCR, LLA (exPRO) que este año no podrían presentarse para un nuevo mandato, mientras que para unos 80 intendentes de todas las fuerzas (de 135), el tope opera en 2027.

Más allá que en el cristinismo apoyan el cambio para legisladores pero tienen reparos con los intendentes, otro actor clave dentro de la interna peronista es el Frente Renovador, ya que en 2016 Sergio Massa apoyó el proyecto que estableció la restricción orinal, que fue impulsado por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal. Y desde entonces mantuvo una postura inflexible en cuanto a no dar marcha atrás. Y esa fuerza posee 10 diputados y una senadora, necesarios para que el oficialismo pueda aprobar el proyecto.  (DIB)

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