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Guillermo Francos negó una devaluación al defender el plan económico y pidió sancionar la ley antibarras

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El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, hizo hoy una férrea defensa de la política económicanegó una devaluación por el levantamiento del cepo y pidió la sanción de un paquete de proyectos sobre seguridad, en una sesión informativa en la Cámara de Diputados en la que no se refirió a la estafa de la criptomoneda libra.

Francos adelantó que no se referiría al escándalo de la criptomoneda porque deberá volver la próxima semana, al ser interpelado en una nueva sesión que se realizará el próximo martes a la tarde, para que explique la participación del presidente Javier Milei y funcionarios en el escándalo del criptogate.

Francos dijo que su obligación era venir al Congreso “pero no responder preguntas” y pidió tener un mecanismo “más razonable” sobre este tema, tras las quejas por haber entregado su informe una hora y media antes de la sesión.

En su tercer informe de gestión, el jefe de Gabinete hizo una fuerte defensa del plan económico, la reforma del Estado y las privatizaciones, y pidió al Congreso que avance en la sanción de las leyes antibarras y la reducción de la baja de imputabilidad.

“El Gobierno nunca habló de una devaluación”, afirmó Francos, y explicó que el levantamiento del cepo para los ahorristas es un “sistema de bandas para gestionar el tipo de cambio”.

“Desde el inicio de nuestro gobierno, experimentamos una drástica caída de la inflación. Se trata de un descenso histórico, que impacta positivamente sobre todo en los sectores más vulnerables de la sociedad”, indicó.

“Entre febrero de 2024 y enero de 2025, todas las categorías de trabajadores registraron, en promedio, incrementos salariales por encima de la inflación”, agregó.

Francos señaló que “los niveles de pobreza cayeron de manera significativa respecto al período previo” y aseguró que el Gobierno “terminó con el control y el abuso de los gerentes de la pobreza”, que —según dijo— “sometían a los beneficiarios de programas sociales a prácticas intimidatorias”.

“El programa económico del Gobierno de Javier Milei recibió un enorme apoyo internacional”, dijo Francos, y puso como ejemplos el acuerdo aprobado por el Fondo Monetario Internacional y los préstamos de organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial.

También destacó “la visita a la Argentina del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent”, quien —dijo— “enfatizó el apoyo y respaldo del Gobierno norteamericano”.

“Se logró renovar el swap con China por otros 12 meses”, destacó, lo cual —según explicó— “le permite al Banco Central reducir los riesgos en nuestra transición hacia un régimen monetario y cambiario sostenible”.

Francos reseñó que el Gobierno eliminó más de 40.000 puestos de trabajo en el sector público, lo que permitió un “ahorro de 800 millones de dólares anuales en salarios”.

“Se redujeron 41.142 puestos de trabajo del sector público”, precisó, lo que “significó un ahorro estimado de 1.600 millones de dólares anuales si se consideran otros costos asociados”.

Destacó también “el arduo trabajo de desburocratización” del Estado, a través de “la eliminación de organismos ineficientes, duplicados o sin funciones”.

Francos pidió además la aprobación de la ley Anti Barras, que “tipifica los delitos cometidos por barras bravas como asociación ilícita especial”.

“Es un complemento a la Ley Antimafia, que le permitirá al Gobierno avanzar sobre un tipo de violencia que desde hace muchos años le hace muy mal al país”, sostuvo.

También insistió en la necesidad de avanzar en la baja de la edad de imputabilidad, al asegurar: “Quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto; por lo que proponemos bajar la edad a 13 años”.

Durante la sesión, legisladores lo interrogaron sobre jubilaciones, la situación del cepo cambiario, y el acuerdo con el FMI, entre otros temas.

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“Menos de un caramelo”: la irrisoria multa por no votar en Provincia y hasta cuándo hay tiempo de pagarla

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Los electores de la provincia de Buenos Aires deberán asistir a las urnas este domingo 7 de septiembre para las elecciones legislativas provinciales, en una jornada donde la sanción por ausencia vuelve a ser noticia por su monto irrisorio: arranca en solo $50.

Según consta en la Ley Electoral Provincial N° 5109, los ciudadanos de entre 18 y 70 años que no emitan su voto enfrentarán una multa de $50 a $500. Si bien el dinero se destina al fomento de la educación, el monto, que como relevó Noticias Argentinas no se actualiza, es calificado como “menos que un caramelo”.

El punto clave para quienes no asistan es la justificación: los electores tienen un plazo de 60 días (contados desde la elección) para acreditar el motivo de la ausencia ante la Junta Electoral. La fecha límite, por lo tanto, es el próximo 6 de noviembre. Solo se aceptan tres justificativos comprobables: estar a más de 500 km del lugar de votación, un problema de salud certificado o un motivo de “fuerza mayor”. Quienes no justifiquen ni paguen la multa quedarán registrados en el Registro de Infractores.

Elecciones en PBA: qué se vota y por qué no se usa la Boleta Única

En los comicios de este domingo, los bonaerenses elegirán 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, junto con 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. Además, se definirán concejales y consejeros escolares en los distritos.

El Ministerio de Gobierno bonaerense aclaró que, a diferencia de las elecciones nacionales de octubre, en estos comicios provinciales no se implementará la Boleta Única de Papel (BUP). La votación se realizará mediante el sistema tradicional de “boletas partidarias”, que según la cartera “conserva plena vigencia” y es valorado por el electorado. La veda electoral rige desde este viernes a las 8:00.

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Peritos determinaron que el uso del fentanilo contaminado elevó en 52% el riesgo de muerte

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El escándalo por el fentanilo contaminado sumó un dato estremecedor. Según un informe del Cuerpo Médico Forense, el uso del lote 31.202 de ampollas de fentanilo —fabricado por el laboratorio HLB Pharma Group S.A.— incrementó en un 52% la probabilidad de muerte de los pacientes en los 30 días posteriores a su administración.

El documento, publicado po Infobae, fue incorporado a la causa judicial que investiga la responsabilidad del laboratorio de Ariel García Furfaro. Los especialistas analizaron 40 historias clínicas de pacientes fallecidos y detectaron que, en al menos 24 casos, hubo un “nexo concausal” entre la infección desarrollada y el uso del medicamento.

Bacterias detectadas

Los peritos identificaron dos bacterias —Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae— tanto en hemocultivos de los pacientes como en las ampollas del lote contaminado. Los análisis confirmaron su identidad fenotípica, molecular y genómica, lo que refuerza la relación directa entre la contaminación y el agravamiento de los cuadros clínicos.

Un factor agravante

Si bien el informe no concluye que las bacterias hayan sido la causa exclusiva de muerte, sí advierte que actuaron como un factor agravante en pacientes que ya atravesaban situaciones críticas de salud. “La contaminación resultó un elemento relevante que favoreció el desenlace fatal”, indicaron los peritos.

La contaminación resultó un elemento relevante que favoreció el desenlace fatal

La investigación judicial avanza sobre la cadena de producción y distribución del fentanilo, mientras la OMS exigió retirar del mercado seis lotes contaminados por representar un riesgo global para la salud. Hasta ahora, se registraron casi un centenar de muertes vinculadas al medicamento en hospitales argentinos.

El caso puso en evidencia fallas graves en los controles sanitarios y derivó en imputaciones contra más de veinte personas, entre ellas directivos del laboratorio.

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Elisa Carrió presentó un pedido de juicio político contra el juez que prohibió difundir audios de Karina Milei

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Elisa Carrió avanzó con un pedido de juicio político contra el juez Alejandro Patricio Maraniello, el magistrado que dictó la medida cautelar que impidió la difusión de audios de Karina Milei grabados en la Casa Rosada y el Congreso, en un caso que generó críticas porque puede configurar censura previa.

Carrió firmó el pedido contra Maraniello junto con la diputada nacional Marcela Campagnoli y su par porteño Hernán Reyas, según comunicó este último en sus redes sociales.

“Con @elisacarrio y @M_Campagnoli presentamos un pedido de juicio para desplazar al juez Maríanello. La libertad de expresión es un límite que nunca debemos atravesar. Defender las instituciones demanda que hagamos los máximos esfuerzos de transparencia, responsabilidad y coherencia en todos los poderes del Estado”, escribió Reyes en X.

En la publicación, el candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica aseguró que “un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiables”. Agregó que “las instituciones se defienden cuando te conviene y cuando no te conviene. Ojalá los que abandonaron el republicanismo puedan volver algún día”, cerró el legislador de la Ciudad.

Un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiable

Los denunciantes acusan al magistrado de mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones por haber dispuesto la medida cautelar que para la oposición, juristas y colegios de abogados supone una flagrante violación de un derecho humano como es la libertad de expresión, en el marco del escándalo de presunta corrupción por cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En el trámite abierto ante el Consejo de la Magistratura se solicita la apertura del procedimiento de acusación, suspensión en el cargo y requerimiento de destitución.

Para la Coalición Cívica, la prohibición de la difusión de chats, fotos, audios y videos de Karina Milei en cualquier medio o red social representa “lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública ”.

Por otra parte, los tres dirigentes opositores señalan una posible relación de connivencia con el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, para encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos contra Maraniello en el Consejo de la Magistratura y la justicia federal, lo que de confirmarse perpetraría una violación de la independencia judicial y de la división de poderes.

Por si fuera poco, Carrió, Campagnoli y Reyes denuncian que Maraniello es socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), una institución que “resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación”.

Resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación

“A tal punto, que cuenta con importantes ‘auspiciantes’ incompatibles con el ejercicio de la magistratura y en particular, con el fuero al que pertenece Marianello, tal es el caso de los Laboratorios HLB Pharma” y “Ramallo“, indicaron en la denuncia.

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