El secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió este domingo el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. Antes del debate parlamentario, y frente a las críticas sobre posibles pérdidas de derechos de los trabajadores, el funcionario afirmó que la iniciativa mantiene y refuerza las garantías esenciales del sector.

“La modernización laboral que presentamos en el Senado tiene como primer beneficio la creación de empleo”, sostuvo. Además, explicó que el proyecto responde a la política económica aprobada por la mayoría de los argentinos, afirmando que otorga un rumbo que “está haciendo crecer la economía de una manera fantástica”.

Cordero señaló que el objetivo central es ordenar “elementos que han sido distorsionados con el tiempo” y destacó que la instrucción de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue “respetar y fortalecer los derechos esenciales de los trabajadores”.

“No hay un solo lugar donde haya un detrimento de los derechos esenciales de los trabajadores. Por el contrario, se fortalecen”, remarcó Cordero. El secretario de Trabajo negó que la reforma esté orientada a reducir costos salariales para los empleadores y aseguró que el foco está en los “costos indirectos” que dificultan hoy la contratación formal.

Durante una entrevista con el programa No vale arrugar, que se emite por Radio Splendi, Cordero analizó temas puntuales que generan mayor polémica, como el de las vacaciones y la jornada laboral: “Es exactamente igual que como estaban. Lo único que permite, al trabajador en conjunto con el empleador, es decidir cómo tomarlas sin sanción”. Subrayó que el espíritu de la norma es “devolverle al trabajador la potestad de decidir sobre su propia vida”, mediante acuerdos en el marco legal.

Sobre la posibilidad de aumentar la cantidad de horas obligatorias, Cordero respondió: “¿Cómo se va a trabajar más? El que quiera trabajar más, trabajará más y ganará más porque trabaja más. El que quiere trabajar menos, trabajará menos”. Insistió en que los controles sobre salud y seguridad laboral se mantienen y que “la representación gremial sigue exactamente igual”.

Respecto al trabajo a tiempo parcial y la flexibilidad, destacó que la nueva normativa regula la opción de trabajar menos horas con remuneración proporcional. Agregó que los bancos de horas ya se emplean en diversos convenios colectivos, y que en actividades como la minería mejoran los tiempos de descanso sin afectar el salario.

Uno de los puntos más discutidos, el fondo de asistencia laboral, también fue abordado por Cordero. Explicó que el mecanismo fue desarrollado por equipos técnicos del Estado y del Ministerio de Economía. “De las contribuciones patronales, que son cargas indirectas muy altas, se detrae solo un tres por ciento, que va a un fondo pensado para que las pequeñas y medianas empresas puedan enfrentar desvinculaciones”, afirmó. Precisó que “no se reducen las indemnizaciones por despidos, se ordenan”. Según el secretario, este sistema no implica recorte de derechos y busca un equilibrio entre todos los trabajadores, independientemente del tamaño de la empresa.

En relación al clima de discusión parlamentaria y sindical, Cordero valoró el intercambio en el Senado y expresó que “permite a la opinión pública enterarse de la realidad de las cosas”. Sobre la posición de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la posibilidad de que se judicialice la reforma, afirmó: “El sindicalismo es extremadamente necesario en una democracia” y destacó el diálogo permanente con los gremios. Recomienda distinguir los aspectos políticos de la defensa real de los derechos laborales.

Ante señalamientos de que el proyecto ataca al sindicalismo, respondió: la reforma “no es una ley antisindical”.

Según Cordero, la propuesta procura ordenar el sistema laboral para que todos —trabajadores, empleadores y organizaciones gremiales— se beneficien dentro de un esquema que busca el desarrollo colectivo de Argentina.

El tratamiento parlamentario

Con la inminencia de un nuevo llamado a sesiones extraordinarias que se iniciará este lunes y se extenderá hasta finales de febrero, el Gobierno libertario intensifica gestiones para lograr que la reforma laboral sea votada antes del 13 de febrero en el Senado y remitida rápidamente a Diputados. Esta estrategia, orientada hacia un objetivo político mayor, busca allanar el camino para que Javier Milei concrete un comienzo vigoroso del período ordinario de sesiones el primero de marzo, cuando está prevista su presentación en el Congreso.

En este escenario, la definición del proyecto se encuentra atravesada por negociaciones de último momento sobre la distribución de la coparticipación, un tema que ha cobrado relevancia en las discusiones recientes. Voces cercanas al oficialismo destacaron la urgencia de solucionar este punto, mientras un referente del sector privado advirtió a Infobae: “Si no se hace algo ya se repetirá una pandemia, pero en rutas”, en alusión al deterioro de la obra pública y la necesidad de activar recursos para mitigar riesgos en infraestructura vial. Esta postura se tradujo en solicitudes explícitas dirigidas a Patricia Bullrich y peticiones al ministro de Economía, Luis Caputo, para que revise prioridades en áreas críticas.

El trayecto parlamentario de la reforma no ha estado exento de obstáculos. En diciembre se obtuvo el dictamen de mayoría, pero la falta de acuerdos plenos entre el oficialismo y los sectores dialoguistas ha provocado demoras. Ahora, el eje de las demandas gira en torno a la potestad conferida al Ministerio de Economía para reglamentar aspectos clave del proyecto, especialmente el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y otras herramientas tributarias vinculadas al artículo 212 del dictamen. Según confirmaron fuentes de dos despachos parlamentarios a Infobae, “Eso ya se sacó”, apuntando a la búsqueda de consensos sobre los mecanismos reglamentarios que acompañarían la ley una vez aprobada.

Otro punto central es la negociación con gobernadores, cuya relevancia trasciende el articulado puntual de la reforma. Para La Libertad Avanza, lograr acuerdos con mandatarios provinciales es clave para asegurar los votos que permitirían aprobar el texto. Algunos pactos ya se lograron, aunque persisten resistencias de legisladores independientes que aprovechan el contexto para exigir concesiones adicionales. Los dialoguistas insisten en establecer plazos más claros en la aplicación de la normativa, particularmente en lo referente a beneficios por Ganancias para grandes empresas, mientras que prefieren una clasificación más amplia que no excluya a otros sectores.

En paralelo, la escasa participación del kirchnerismo en este tramo del debate —contrastada con lo sucedido en los últimos quince o veinte años— ha resultado en una estrategia de silenciosa observación desde ese espacio, cediendo protagonismo a los movimientos de Balcarce 50 y a los tironeos con posibles aliados. El clima de incertidumbre se potenciará el próximo martes a partir de las 15, cuando se realice una cumbre decisiva entre sectores dialoguistas y Bullrich en la oficina central de la bancada radical, a cargo del correntino Eduardo Vischi.

De prosperar la aprobación en el Senado, el proyecto de reforma laboral llegará fortalecido a la Cámara de Diputados, configurando un test definitivo sobre la solidez de la estrategia política del oficialismo, que sufrió la presión persistente de la oposición durante los años 2024 y 2025. Todo dependerá de los acuerdos logrados en los próximos días, tanto en torno al reparto de fondos como en la flexibilidad de los plazos que regularán nuevos regímenes para inversiones o beneficios impositivos. La expectativa general se instala sobre si los eventuales aliados cederán finalmente y cuál será el margen de maniobra de Caputo en la reglamentación de las medidas.

Luego de que el Gobierno nacional confirmara que el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años fue incluido en el temario de las sesiones extraordinarias, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y la senadora nacional Patricia Bullrich volvieron a cruzarse en las redes sociales.

El disparador del debate fue la nota de opinión que el ministro publicó en Infobae, en donde planteaba que la modificación de la edad mínima de punibilidad en el Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil no sería suficiente para resolver la problemática de los menores que delinquen. “Modificar la edad de imputabilidad no es una llave mágica que resuelve todo”, criticó.

Poco después, la postura sería compartida por el gobernador Axel Kicillof en su perfil en la red social X. “No hay soluciones mágicas; se necesita un esfuerzo integral entre los tres poderes del Estado, trabajo serio y planificación”, ratificó, tras compartir el artículo.

Luego de haber leído la publicación de los representantes del Gobierno bonaerense, la senadora recriminó la postura de los dirigentes políticos. “No puedo creer estar leyendo esto. Queda claro que no le importa ni la seguridad ni las víctimas”, sostuvo al afirmar que la oposición se encontraba “siempre del lado de los delincuentes”.

“¿Se animará a decirle en la cara a las familias que perdieron a un hijo, a un padre o a una madre a manos de un menor que no hay que cambiar la edad de imputabilidad y que no le molesta que estén en su casa, libres y sin consecuencias?“, profundizó Bullrich.

De la misma manera, la presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado chicaneó al gobernador por mantener la sección de los comentarios cerrados en su posteo. ”Si está tan convencido de lo que dice, que habilite los comentarios y lea a los argentinos”, arengó.

Frente a estas declaraciones, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires acusó a su ex par a nivel nacional de apropiarse “del dolor de las víctimas para hacer una campaña política barata y oportunista”. Y reiteró que “la problemática es mucho más compleja que reducir todo a una cuestión de edad”.

“La minoridad no se aborda con slogans, ni con chicanas, ni agitando bronca desde las redes”, apuntó Alonso, tras señalar que la manera de buscar una solución para el problema sería “como plantea la Conferencia Episcopal Argentina, priorizando la prevención y la integración juvenil, con políticas públicas serias, inversión y trabajo coordinado”.

Así, el titular de Seguridad bonaerense reprochó a Bullrich que sería un paquete de medidas que nunca puso en marcha cuando tuvo la oportunidad. “Recoja algo de su zigzagueante recorrido político y haga un aporte más serio y sustancial a este debate que nos debemos como democracia. Menos circo, menos oportunismo”, concluyó.

En el artículo de opinión publicado por este medio, el ministro había aseverado que “la Argentina necesita, sin lugar a dudas, un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil”. Incluso, consideró que se trataba de una norma desactualizada, debido a que la actual legislación fue aprobada en agosto de 1980 por Jorge Rafael Videla.

“Hay que cambiar. Sancionar un nuevo marco legal que sirva para resolver el problema es una deuda pendiente de la democracia y una responsabilidad del Congreso de la Nación”, sostuvo. Sin embargo, criticó la postura del Gobierno nacional, tras mencionar que en la Provincia de Buenos Aires se construyó una política de Estado para afrontar el problema.

Luego de aclarar que la actual ley permite encerrar a un menor que fuera considerado peligroso, Alonso remarcó: “Nadie en su sano juicio dejaría solo y suelto a un menor que anda armado y que representa un peligro para sí y para terceros. Es de sentido común”.

Por este motivo, subrayó que “lo determinante es el criterio: no se puede dejar suelto a un menor que comete un delito con arma de fuego, tenga la edad que tenga”. No obstante, explicó que lo novedoso sería el Programa “Entramados”, que consiste en “programa estatal de control y seguimiento que tenga por objetivo interrumpir la trayectoria delictiva amateur ante las primeras señales de alerta temprana”.

“La decisión del Gobernador es clara: no queremos más vidas arruinadas por menores que ingresan en una espiral de violencia que debería haberse cortado con una sanción efectiva y un límite a tiempo”, resaltó el ministro de Seguridad al señalar que las escuelas serían un factor clave para disminuir la tasa de menores detenidos.

Según los últimos registros obtenidos en el marco de esta política, se descubrió que 5,2 millones de niños asisten a las escuelas todos los años. En contraparte, otros 5 mil menores son los que “se escurren” del sistema e inician una vida delictiva.

“Para controlar a esos 5 mil menores, planificamos y coordinamos una política que involucra a los organismos de niñez, la policía, jueces, fiscales e intendentes”, explicó Alonso al indicar que, en porcentaje, el fracaso representaría un 0,1%, contra 99,9% de efectividad.

A pesar de esto, el titular de Seguridad señaló que “el fortalecimiento de la infraestructura de los institutos de encierro para menores necesita inversión”. Y concluyó: “Basta de excusas, basta de echarle la culpa al otro, basta de fuegos artificiales. No podemos arrastrar a la sociedad a otra discusión estéril”.

Con un nuevo llamado a sesiones extraordinarias a punto de asomarse -se inicia mañana, hasta fines del corriente mes-, el Gobierno libertario sostiene como sea la idea de sesionar antes del 13 de febrero -11 o 12- para aprobar la reforma laboral en el Senado y girarla a Diputados. El final de este sendero se consumará tras una primera dilación, en diciembre pasado -donde se obtuvo un dictamen de mayoría-, y una reunión clave entre dialoguistas y la jefa oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, con varias solicitudes de modificaciones en manos del Ministerio de Economía, es decir, Luis Caputo.

Mientras se aguarda la cumbre entre la ex ministra de Seguridad y los potenciales aliados -no siempre acompañan-, la Casa Rosada busca pulir su estrategia política de cara a semanas trascendentales en el Palacio Legislativo. Lo que está en juego, por fuera del articulado en sí, es la posibilidad de un aterrizaje triunfal de Javier Milei el 1 de marzo próximo, cuando el primer mandatario inaugure el período ordinario de sesiones.

Lo que también quedará demostrado, con el destino final, es si de verdad influyó el leve viraje -sin tocar las “bases” y, sobre todo, las feroces formas- de la estrategia política de Balcarce 50 en relación con el Congreso, luego de tediosos meses -entre 2024 y 2025- en ambas Cámaras, con una oposición que casi toma el control absoluto de la agenda, si de votos se hablase. En especial, en la alta, donde haber ganado tiempo ante oleadas kirchneristas fue algo nunca reconocido por el Ejecutivo. Por un puñado de aventureros poco profesionales que miraron hacia otros objetivos, muchos más cayeron en la volteada. Más que injusto.

Tras varias semanas de una repetida y gastada calesita de “novedades” sobre la reforma laboral, los puntos aún no congeniados entre oficialismo y dialoguistas ya son trillados. En el Senado, La Libertad Avanza tiene más que claro que acordar con gobernadores con terminales en legisladores cerraría la luz verde del proyecto. Con algunos, ya lo hicieron. No obstante, no puede apostar sólo a ello y debe pegotear a revoltosos silvestres provinciales que no responden a una gestión local. El diablo suele acercarse a éstos, que aprovechan el minuto de gloria y se convierten en máquinas de exigir, a veces, barbaridades.

El panorama descripto siempre presenta inconvenientes a la hora de mover piezas en el tablero político. Por un lado, el Gobierno quiso “cerrar” algunos asuntos en diciembre último. Fueron convites discretos. Esto se comprobará en los próximos días y se sabrá hasta dónde “aflojaron” los eventuales ayudantes. Las especulaciones empiezan a picar cerca y nadie quiere, como es lógico, abrir la boca.

Con el foco en mandatarios provinciales, la resistencia principal apunta a la inevitable caída en la coparticipación. Los distritos olvidan recordar que quien más perderá, en este sentido, será la Nación. También es cierto que, al tener los resortes del Estado, dicho hueco sería cubierto de manera ágil. No es lo mismo en el caso del interior. Ya no se trata sólo de pagar sueldos. Por caso, la obra pública ingresó en una fase delicada.

Un ingeniero top, con emprendimientos de todo tipo realizados en al menos un tercio del país, lo definió de esta manera a Infobae el año pasado y reiteró idéntico comentario días atrás: “Si no se hace algo ya se repetirá una pandemia, pero en rutas”. Se habla de reclamos concretos a Bullrich y un ruego a Caputo para reactivar un área dañada y de difícil resolución. Pretender solucionar todo en dos años, a esta altura, es más que primitivo, aunque hay prioridades a repensar.

En caso de destrabar la coparticipación, que implicaría revisar beneficios sobre Ganancias a grandes empresas -dialoguistas prefieren otra clasificación y no dejar al resto afuera-, los aliados quieren plazos más precisos en la potestad laxa que el artículo 212 del dictamen le otorga al Ministerio de Economía para reglamentar, una vez sancionada la ley, varios sistemas incluidos en el proyecto, como el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI, que fue observado) y otras jugadas tributarias. Según confiaron a este medio desde dos despachos, “eso ya se sacó”.

Las situaciones puntuales del mundo laboral parecen encontrarse en segundo o tercer plano. El kirchnerismo casi no reapareció en la Cámara alta, lo cual llamó demasiado la atención. En comparación a debates de los últimos 15-20 años, los movimientos cristinistas fueron mínimos y en modo tortuga. Por eso la atención está puesta en cómo negociará Balcarce 50 y hasta dónde cederá. Si se frenara el texto, sería un “strike dos”, con perfume a tres y “out”. Desde las 15 del martes próximo, en la oficina central de la bancada radical del Senado -comanda el correntino Eduardo Vischi-, habrá novedades. Llega la hora de mostrar las cartas.