El abogado Leonardo Martinez denunció al presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, al Ministro de Economía, Luis Caputo y al directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) por la liquidación de 398 millones de dólares el viernes.

El letrado le imputa a Milei, Caputo y al directorio del BCRA, el delito de malversación de fondos públicos al haber favorecido la compra de divisas a 1.097,50 pesos por dólar, cuando ya sabían que el Poder Ejecutivo iba a anunciar un cambio en el sistema cambiario con una banda de flotación de entre 1.000 y 1.400 pesos por dólar.

Martínez Herrero pidió pericias para conocer la identidad de todos los compradores favorecidos e incluso el allanamiento del BCRA, además, solicitó la intervención de la Corte Suprema de Justicia.

Habían pasado pocas horas del anuncio sobre el levantamiento del cepo cambiario y la confusión ya había ganado el escenario, lo que obligó al equipo económico a salir a hacer la primera aclaración.

Es que se disparó una polémica luego de que economistas y especialistas en la materia advirtieran que en el comunicado a las entidades financieras y operadores de cambio, había un punto que, lejos de eliminar el cepo, lo endurecía todavía más limitando la compra de dólares a solo 100 por mes.

El comunicado establecía que “las entidades podrán dar acceso al mercado de cambios a las personas humanas residentes, sin conformidad previa del Banco Central para la compra de billetes en moneda extranjera para su tenencia o para la constitución de depósitos (códigos de concepto A07 y A09) en la medida que se cumplan la totalidad de los siguientes requisitos”.

En el punto 1.1, se sostiene que “la operación se curse con débito en cuenta del cliente en entidades financieras locales o el uso de efectivo de moneda local por parte del cliente no supere el equivalente a USD 100 en el mes calendario en el conjunto de las entidades y por el conjunto de los conceptos señalados”. 

De inmediato, muchísimos comenzaron a preguntarse cómo podía ser que no pudieran superarse los US$ 100 si justamente Caputo había anunciado el final del cepo, lo que implica que las personas podrían desde el lunes adquirir los dólares que quisieran.

Al poco tiempo, llegó la precisión, cuando el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, indicó que el límite de 100 dólares será únicamente para aquellos que quieran comprar moneda extranjera con efectivo en el banco.

“La restricción es a la compra en efectivo”, dijo Quirno mediante su cuenta de X a varios posteos que mencionaban la misma cuestión, y luego dio indicios de los motivos de esta decisión, al reaccionar con pulgar para arriba a una respuesta que decía: “Puede ser para evitar a los coleros que existían antes. Alguien los contrataba para comprar al oficial y luego lo vendían negroni”, haciendo referencia al rulo que muchos aprovecharon hace algún tiempo.

El Gobierno de Javier Milei, en el marco del nuevo acuerdo de facilidades extendidas firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se comprometió a implementar una reforma integral del sistema previsional. El compromiso fue asumido como parte del programa económico delineado en el entendimiento alcanzado con el organismo multilateral, que tendrá una duración de cuatro años y busca consolidar la estabilidad macroeconómica.

La reforma previsional, que debe estar diseñada para diciembre de 2026, fue incluida como un criterio estructural del programa. Según los documentos oficiales, el objetivo central será mejorar la equidad y la sostenibilidad del sistema. Para ello, se prevé una reestructuración del esquema vigente, actualmente caracterizado por su fragmentación, con el fin de alinear de manera más eficiente las contribuciones con los beneficios otorgados. Esta modificación también buscará incentivar una mayor formalización del empleo en el mercado laboral argentino.

El compromiso en materia previsional se enmarca dentro de una estrategia fiscal más amplia basada en el principio de déficit cero, que el Gobierno ya comenzó a implementar. En ese sentido, las autoridades destacaron que durante los primeros meses de la gestión se logró registrar el primer superávit fiscal en casi dos décadas. El programa acordado con el FMI enfatiza la necesidad de fortalecer la calidad y la sostenibilidad de ese ancla fiscal a través de una disciplina continua en el gasto público, mejoras en la eficiencia y una secuencia adecuada de reformas en los sistemas tributario, de coparticipación federal y previsional.

Junto con estos compromisos, el acuerdo también contempla un rediseño del régimen cambiario, con una transición hacia un esquema de mayor flexibilidad del tipo de cambio. El objetivo de este cambio es reconstruir reservas internacionales y mejorar la capacidad de absorción de shocks externos. Esta transición será acompañada por un nuevo marco de metas monetarias, que incluirá límites estrictos sobre los activos domésticos netos del Banco Central, para sostener la demanda de dinero y continuar con el proceso de desinflación, reduciendo la necesidad de intervención en el mercado cambiario.

Además, el programa contempla el tratamiento de una reducción gradual de los llamados impuestos distorsivos, como los gravámenes sobre exportaciones y transacciones financieras, que serán reemplazados por tributos directos más simples y mejor administrados sobre hogares y empresas. Entre las reformas previstas se incluye la armonización del monotributo, la simplificación del impuesto a las ganancias corporativas, y la revisión de los gastos tributarios, que actualmente representan el 3,5 por ciento del PBI y benefician a sectores y regiones específicas.

A nivel provincial, se buscará eliminar gradualmente los impuestos distorsivos como Ingresos Brutos, y mejorar la valuación de activos inmobiliarios y tierras, especialmente en el sector agropecuario. También se impulsará una reforma del sistema de coparticipación federal y se promoverán marcos de responsabilidad fiscal para alinear incentivos entre los distintos niveles de gobierno.

En paralelo, se profundizarán reformas estructurales destinadas a fortalecer la apertura de la economía, flexibilizar los mercados de bienes y trabajo, mejorar la eficiencia del Estado y dotar de mayor previsibilidad al marco regulatorio. Estas iniciativas también contemplan el alineamiento de los marcos legales vinculados a la lucha contra la corrupción y el lavado de activos con los estándares internacionales.