A través de la Resolución 294/24, el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, el plan de contingencia para evitar cortes de luz. El documento, publicado en el Boletín Oficial, enumera varias medidas puntuales que podrán ponerse en marcha a partir de diciembre de este año y hasta 2026. Los detalles.
La posibilidad de cortes de luz generalizados comenzó a circular a fines de septiembre. Desde el Gobierno Nacional reconocieron esa posibilidad y se lanzaron a preparar el llamado Plan Verano. Según estiman, en los meses que se avecinan la demanda de luz superaría los 30.700 MW, lo que sería superior al pico histórico registrado en febrero de este año (29.653 MW).
A ese aumento extraordinario de la demanda le sumaron otros factores que conformarían una tormenta perfecta: la reducción de la disponibilidad de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (por falta de agua), el parate programado de la Central Nuclear Atucha I (para tareas de mantenimiento), la caída de la producción de energía en Brasil (también vinculada a la falta de agua) y la falta de inversiones de las empresas generadoras.
En este panorama, la cartera de Energía no tuvo más remedio que admitir el problema y decidió priorizar que no haya cortes de luz en hogares residenciales. El plan de contingencia publicado este miércoles contiene medidas que apuntan en ese sentido y que alcanzar todos los segmentos: la generación, el transporte y la distribución de la electricidad.
Las medidas para evitar cortes de luz
Un de las claves del plan de contingencia es la creación de un comité de seguimiento de implementación. La idea es que se reúna semanalmente y que realice monitoreos continuos. En esa mesa se sentarán el ENRE, CAMMESA, generadores, transportistas y distribuidores de luz. También se invitó a las provincias a tomar medidas similares.
A esto le sumaron un paquete de medidas que apuntan a hacerse de un mayor caudal de energía. En concreto, propusieron hacer “todas las acciones que permitan obtener la importación de energía y potencia de los países limítrofes en horas de elevada exigencia de días críticos”.
En la misma línea, decidieron incorporar un esquema de “remuneración adicional, complementaria y excepcional”. Esto implica mejorarle el precio de compra a las centrales de generación térmica de energía durante meses y horas críticas a partir de diciembre.
Finalmente, la secretaría de Energía buscará manejar los cortes de luz que no puedan evitarse. Para esto crearon “un mecanismo de gestión de demanda de los Grandes Usuarios Mayores (GUMAS)”. Básicamente, la idea es que esos grandes usuarios adhieran al programa, que es “voluntario, programado y remunerado”.
La Cámara de Diputados realizará este miércoles y jueves dos audiencias públicas sobre la reforma de la Ley de Glaciares, en medio de la polémica por las criticas opositoras y de organizaciones ambientalistas, por la limitación que realizó el oficialismo sobre la cantidad de oradores que podrán exponer en esas dos jornadas.
Con más de 100 mil inscriptos hasta el viernes, La Libertad Avanza diseñó un esquema mixto de participación presencial, virtual, donde pondrán exponer entre 200 y 300 oradores, y el resto lo tendrá que hacer a través de una plataforma con el envío de un escrito o un video.
Al cierre de esta nota, esas audiencias se realizarán ya que la justicia rechazó una de las cautelares presentada por particulares para suspender esa reuniones públicas, pero queda otra presentada por organizaciones ambientalistas, sin resolución hasta el mediodía de este lunes.
De todos modos, no será el único conflicto que existe ya que el oficialismo, además de restringir la cantidad de oradores, estableció que podrán concurrir solo los 66 diputados de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, y dos asesores por bloque, según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas.
Audiencias
El bloque de diputados de La Libertad Avanza estableció un mecanismo de participación por el cual solo podrán exponer unos 200 de los 100 mil inscriptos en forma presencial o virtual, por lo que la mayoría deberá hacerlo por escrito o través de un vídeo.
Pese a los pedidos de la oposición de ampliar la cantidad de días de las reuniones públicas que se efectuarán el 25 y 26 de marzo, el oficialismo mantuvo las fechas que se definieron en el plenario de la comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales.
De esta manera, la exposiciones presenciales se restringirán a casi dos centenares mientras que otros 200 lo hará por Zoom en la segunda audiencia pública. El resto deberá conformarse con enviar su postura por escrito o a través de un vídeo que no podrá superar los cinco minutos.
Esta restricción era rechazada por los sectores opositores del peronismo, la izquierda y Provincias Unidas.
En una resolución firmada por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, se estableció que solo podrán exponer de manera presencial en la primera jornada, o por Zoom en la segunda, los primeros inscriptos de cada uno de los 24 distritos.
“Se invitará a participar en las audiencias de forma presencial el día miércoles 25 de marzo y virtual el día jueves 26 de marzo, a quienes se encuentren dentro de los primeros inscriptos de cada jurisdicción (provincia)”, se señala en la resolución publicada en la web de la Cámara de Diputados.
Y se aclaró: “Se garantizará la participación de representantes de las veinticuatro (24) jurisdicciones del país, asegurando una adecuada participación federal. Todas las presentaciones ya sean las presentadas de forma presencial, virtual, video o por escrito recibidas serán incorporadas al expediente legislativo como antecedentes para su consideración en el marco del tratamiento del proyecto”.
Un grupo de particulares presentó una demanda que cayo en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5, a cargo del juez Enrique Regeuira, quien rechazó esa medida solicitada para suspender las audiencias publicas que fue presentada por el abogado Jonatan Baldiviezo, junto a la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y la ingeniera María Eva Koutsovitis.
Regueira sostuvo: “No alcanza a demostrar la verosimilitud del derecho que invoca -al menos con el grado de evidencia que se requiere- para suspender los efectos de un acto parlamentario, máxime cuando la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades constituidas obliga a los procesos precautorios a una severa apreciación de las circunstancias del caso y de los requisitos ordinariamente exigibles para toda medida cautelar”.
Esa decisión fue festejada por Mayoraza través de una publicación en la red social X. “¡¡LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS POR LA LEY DE GLACIARES SON ILEGÍTIMAS!!”. Eso es lo que te hacen creer un grupo minúsculo de ONGs y CHARLATANES DE FERIA que intentaron BOICOTEAR este proceso trascendental de participación ciudadana”, indicó.
Ambientalistas
También pidieron una medida cautelar organizaciones ambientalistas para suspender las audiencias a fin de garantizar que puedan exponer los casi 100 mil inscriptos, que recayó en el Juzgado Contencioso N° 7, a cargo de Enrique Lavié Pico, quien aún no se expidió sobre ese pedido.
Las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Red Universitaria por la Crisis Climáticas, y Greenpeace, pidieron que se ordene “al Congreso garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública convocada a los efectos de recibir opiniones” sobre la reforma de la ley de Glaciares aprobada por el Senado.__IP__
“A tales efectos, se solicita la readecuación del cronograma de audiencias previsto para el 25 y 26 de marzo, mediante su ampliación y/o realización de jornadas adicionales, así como la adopción de todas las medidas organizativas necesarias para permitir la participación oral y efectiva de las personas inscriptas”, planteó la organización.
También pide que “el Congreso se abstenga de implementar mecanismos que sustituyan o restrinjan la participación oral -como su reemplazo por presentaciones en formato audiovisual y/o el envío de un video a YouTube- por resultar incompatible con los estándares más elementales de participación pública”.
La inflación de marzo apunta otra vez a cerrar cercana al 3%, de acuerdo a los informes preliminares de consultoras privadas.
Incluso no se descarta que pueda estar por encima del 2,9% que se produjo en enero y febrero.
“Nuestro relevamiento de precios arroja una suba del 0.8% en la tercer semana de marzo, para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados. Esta semana destacan Lácteos (+1.4%) y Verdulería (-0.5%). Las últimas 4 semanas acumulan 3.5%”, señaló la consultora Econviews.
Cabe aclarar que en el promedio de las últimas cuatro semanas, para esta consultora, alcanza un alza de 1% en la última de febrero.
Por su parte, para EcoGo que dirige Marina Dal Poggetto “con todas las categorías relevadas la inflación general se proyecta en torno al 3,0% mensual”.
La firma sostuvo que “si bien el rubro alimentos registró una desaceleración respecto a la semana previa, su variación mensual ha dejado de ser el foco de presión este mes. El impulso del índice general se explica fundamentalmente por la estacionalidad de Educación (12%) e Indumentaria (5%), sumado al arrastre de los ajustes en tarifas y combustibles”.
En tanto, para LCG en la tercera semana de marzo hubo una desaceleración de los precios de los alimentos de 0,2%, que rompió con dos semanas previas de subas de 1%.
Así la dinámica mensual se ubicó en 3,1%, mientras que la acumulada es de 2,4%.__IP__
En las últimas horas el presidente, Javier Milei, modificó su discurso y dijo que espera eliminar la inflación durante su mandato.
En medio de la conciliación obligatoria que dictó la Provincia en el conflicto por el cierre de FATE, trabajadores de la fábrica volverán a movilizarse esta semana a la Legislatura bonaerense para buscar que se avance con una ley de “ocupación temporal” de la planta que cerró hace un mes.
El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna), que el jueves pasado llegó hasta La Plata, buscará reunirse nuevamente con legisladores para ver la posibilidad cierta de que el cuerpo trate la ley de ocupación temporánea del establecimiento, a fin de impedir su desguace de la única empresa con capacidad para producir neumáticos de carga.
La ley en cuestión declara como “utilidad pública” la fábrica, por la que los trabajadores pretenden preservar la producción de neumáticos para camiones y colectivos, evitando el cierre de la única empresa del país que produce cubiertas estratégicas.
“Traemos un proyecto de ley que es parte de las soluciones que estamos colocando sobre la mesa para salir de una situación muy grave que es perder en el país la producción de neumáticos tanto para lo que es camión como colectivo y a la vez generar un caos social sacando a miles de familias a la calle”, dijo en diálogo con Agencia DIB el titular de Sutna, Alejandro Crespo.
La semana pasada los delegados se reunieron con diputados de los bloques de Unión por la Patria, UCR, el FIT y la Coalición Cívica. No fueron de la partida los representantes de La Libertad Avanza. Los diputados prometieron analizar el proyecto y recibirlos nuevamente en el miércoles 25. Asimismo, la idea del gremio es juntarse con el bloque de senadores de Unión por la Patria.
El inicio del conflicto de FATE
El conflicto estalló el 18 de febrero de 2026, cuando FATE anunció el cierre definitivo de su única planta, argumentando caída de ventas, apertura de importaciones y otros factores económicos. El gremio denunció desde el primer día un lockout patronal, ya que los operarios se presentaron a trabajar pero encontraron las puertas cerradas con candados y cadenas.
En las semanas siguientes se acumularon tensiones como el no pago de salarios durante períodos de conciliación (lo que llevó al Gobierno nacional a iniciar sumarios y aplicar multas a la empresa); permanencia de trabajadores en la planta desde fines de febrero; incidentes en marchas frente a la Secretaría de Trabajo, fracasos sucesivos en audiencias (incluidas prórrogas nacionales hasta mediados de marzo) y la revocación judicial de una orden de desalojo, que legitimó temporalmente la protesta.
Más allá del reclamo por los 920 despidos, se estima que más de la mitad de ellos ya cerraron alguna clase de acuerdo de desvinculación de la que hasta mediados de febrero pasado era la única fabricante nacional de neumáticos.
