Con el cronograma legislativo diagramado para los próximos días, el presidente Javier Milei dio claves de lo que serán las prioridades del Gobierno para el período de sesiones ordinarias que iniciará el próximo 1° de marzo y que, entre las reformas mencionadas, destacan los cambios en el Código Penal en los que trabaja la mesa judicial. Para la sanción de la misma, la mesa política debate la estrategia que implementará, que contempla la posibilidad de conformar una Comisión Bicameral para acelerar su tratamiento.

“Estamos estudiándolo”, manifestó un integrante del selecto grupo a Infobae. Según argumentan en la administración libertaria, la idea que conversaron el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la entonces titular de Seguridad, Patricia Bullrich, apuesta a acelerar los tiempos y posibilitar la unificación del dictamen para evitar modificaciones futuras y dilaciones en el debate. El ala que se muestra a favor de la convocatoria sostiene además que la Comisión Bicameral le permitiría al oficialismo reducir drásticamente los tiempos del proceso y abrir un canal directo con los funcionarios involucrados.

Sin embargo, algunos miembros del equipo encargado de la redacción del proyecto advierten que el escenario podría complicarse debido a la oposición. “Lo veo muy difícil. Requiere diálogo institucional, voluntad de los presidentes de cámaras, seriedad, estudio, todo lo que no hacen la mayoría de los políticos argentinos que siempre prefieren molestar y entorpecer el trámite”, expresó un funcionario a este medio.

“Es la mejor idea. Individual sería muy discutido y un proceso muy largo. Así fue el Código Civil y Comercial. El Código Penal de 1921, hoy vigente, se aprobó a libro cerrado sin discusión, pero tardaron años en analizarlo”, sumó un miembro del Gabinete.

En el mientras tanto, la mesa judicial trabaja para concluir el documento de la reforma, que prometen alcanzará más de 900 artículos y que esperan que esté lista para la primera quincena de febrero. Los actores claves del equipo son el asesor presidencial, Santiago Caputo; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich; el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio; y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy.

De concretar la idea que sobrevuela en varios despachos de Balcarce 50, el Poder Ejecutivo aspira a sintetizar el debate de ambas cámaras y a obtener un dictamen que le permita conservar la esencia del proyecto que se presenta como central durante el 2026. “Estamos incrementando todas las penas del Código Penal, para que efectivamente el que las hace las pague”, prometió el libertario el pasado lunes desde una de las esquinas más concurridas de la ciudad de Mar del Plata, en el marco del Tour de la Gratitud.

Una vez establecida la tentativa hoja de ruta en materia legislativa para este año, los alfiles negociadores, abocados actualmente a la Reforma Laboral, la Ley Penal Juvenil, la Ley de Glaciares y el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, deberán retomar el debate por la profunda modificación del Código Penal.

En un principio, la idea del propio Milei era tratarla durante el período de sesiones extraordinarias que iniciará el próximo lunes 2 de febrero hasta el 27 del mes, pero los planes fueron postergados con la idea de concentrar esfuerzos en la búsqueda de voluntades para la sanción del proyecto del temario oficializado.

En Casa Rosada sostienen que los tiempos de la prórroga legislativa son limitados este febrero, que está atravesado por los feriados de Carnaval desde el 14 al 17 del mes. Incluso algunos se lamentan por no haber convocado al inicio de extraordinarias durante los últimos días de enero. “No hay tiempo. Tenemos pocas sesiones. A lo sumo, dos por cámara y tenemos que ser quirúrgicos”, sostuvo un alfil negociador.

Las modificaciones que planea hacer pasar el Ministerio de Justicia persiguen el objetivo de modernizar el código sancionado en 1921 para imprimirle “dinamismo” y reducir “arbitrariedades” de los tribunales. Con la idea de intensificar la política criminal, se espera un endurecimiento de penas para delitos que revisten gravedad, como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas.

Al ajustado cronograma del Congreso Nacional, el círculo político del libertario incorporó el tratamiento de la Ley Penal Juvenil, a raíz del caso de Jeremías Monzón, el joven de 15 años torturado y asesinado en Santa Fe, y evalúa su tratamiento en función de los tiempos. La multiplicidad de voces da lugar a la convergencia de posturas. De esta forma, varios integrantes de la mesa coinciden en que el temario es extenso para los potenciales días de sesiones, por lo que el proyecto de reducción en la edad de imputabilidad podría terminar de tratarse en marzo, mientras otros garantizan llegar a completar su tratamiento.

El peronismo bonaerense se encamina a un acuerdo entre el kirchnerismo y el Movimiento Derecho al Futuro para garantizar la unidad en vistas a la renovación de autoridades del Partido Justicialista bonaerense el próximo 15 de marzo. En las últimas horas se aceleraron algunas conversaciones para evitar una interna a nivel provincial, cuyo desenlace podría ser imprevisible. Distinta es la situación en algunos distritos, sobre todo donde no gobierna el peronismo. Allí sí puede darse una compulsa interna.

“La unidad está garantizada”, se animaban a vaticinar este martes por la tarde algunas voces que siguen de cerca las conversaciones entre el kirchnerismo y el espacio del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Quién será la persona que presida el PJ a partir del 15 de marzo todavía no está definido. Sin embargo, los caminos conducen —en principio— a la figura de un intendente.

El pronunciamiento de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz de este lunes funcionó como una muestra de cómo las conversaciones vienen dándose. La legisladora nacional, de una relación apática con el kirchnerismo, aseguró que “hoy en la provincia de Buenos Aires estamos obligados a buscar una lista de consenso, porque la disputa pública que se está dando entre el gobernador Axel Kicillof y el sector conducido por Máximo Kirchner no nos deja en un buen lugar”. Tolosa Paz vertió estas declaraciones en AM 530 Somos Radio.

También planteó que un intendente podría ser la figura y que debía tener “capacidad de diálogo”. Hay algunos nombres en danza. El MDF quiere garantizarse tener presencia en todos los cargos decisorios del PJ. Por eso apuesta a la vicegobernadora, Verónica Magario. El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, es otro de las alternativas que se repiten. Una posibilidad es que haya una conducción rotativa, como sucedió en el período anterior a Kirchner y como funciona con la presidencia de la Cámara de Diputados bonaerense. Solo que quien tercia en ese ámbito es el Frente Renovador de Sergio Massa.

Desde el kirchnerismo habían confiado a este medio semanas atrás que buscarían una lista de consenso. O en conjunto. Nadie se anima a asegurar que primará la unidad de manera tal; más bien una convivencia y acuerdo.

El antecedente a mano fue el armado de la lista para las elecciones provinciales del 7 de septiembre. En ese momento, la interna llegó a un punto que parecía de no retorno cuando desde el MDF empezaron a armar listas para las ocho secciones electorales. Luego se terminó acordando que Kicillof encabece las listas en la Primera y Tercera sección con Gabriel Katopodis y Verónica Magario, respectivamente, y luego haya una representación ecuménica que incluyera también el Frente Renovador para el resto de las secciones y los lugares a completar.

Ahora la situación se asemeja. “No debería ser complejo de avanzar. En el cierre del 7 de septiembre y el 26 de octubre, al igual que en la discusión de presupuesto y endeudamiento, cuando primó la razón y se corrió la fantasía, la cosa fluyó”. Algunos intendentes y referentes del PJ estuvieron yendo a la gobernación este martes por la tarde. En horas de la mañana, el gobernador bonaerense compartió un acto con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, uno de los más dispuestos a confrontar con el kirchnerismo en pos de la construcción de la figura de Kicillof.

Mientras, el MDF activó las reuniones seccionales. La primera fue el fin de semana en Castelli. Como contó Infobae, allí se ratificó lo planteado por el gobernador semanas atrás en un encuentro con intendentes propios y ministros: que quien conduzca el PJ bonaerense de mínima debe responder a los intereses políticos de la gestión de Kicillof y de máxima ser alguien del MDF.

Este martes fue el turno de la Segunda sección electoral. Hubo una cumbre de similares características a la de Castelli. Esta vez el distrito elegido fue Exaltación de la Cruz. Se enfatizó con la idea de “ir por el PJ”. Anfitrionó el encuentro, el diputado provincial del peronismo e intendente en uso de licencia de ese distrito, Diego Nanni. En representación del gobierno provincial estuvieron el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis y la jefa de asesores de ministros, Cristina Álvarez Rodríguez.

El 8 de febrero vence el plazo para la presentación de listas para disputar la conducción del PJ. Sin embargo, hay coincidencia desde ambos sectores en que la interna se resolverá mediante un consenso que garantice a todos los sectores representación tanto en las consejerías como en los apoderados e integración de la junta electoral del partido.

El gobierno nacional confirmó este lunes que la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad se sumará al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. Si bien el debate sobre cómo abordar los delitos cometidos por menores lleva décadas, el año pasado el oficialismo había avanzado considerablemente y hasta llegó a firmar un dictamen de mayoría en comisión. El texto había quedado listo para tratarse en el recinto de la Cámara de Diputados, pero la falta de consensos y otras urgencias políticas hicieron que quedara relegado.

Con el recambio legislativo, el dictamen perdió estado parlamentario y técnicamente la discusión deberá comenzar desde cero. Sin embargo, fuentes de La Libertad Avanza dejaron trascender que están dispuestos a respetar la mayoría de los cambios que se consensuaron el año pasado para lograr el dictamen de mayoría.

El texto original había sido enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados en julio de 2024. Allí se discutió durante largos meses y en mayo de 2025 un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; y Justicia acordó un despacho de mayoría firmado por LLA, el PRO, la UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre (los últimos dos con algunas disidencias).

La propuesta original de los libertarios era fijar la edad mínima de responsabilidad penal en los 13 años, por debajo del umbral actual de 16 años. Según el Gobierno, esta modificación buscaba “alinear” la legislación argentina con la de la mayoría de los países de la región, como Chile, Colombia y Perú, donde la imputabilidad comienza a los 14 años, y otros como Brasil y México, donde se ubica en 12 años.

Finalmente, por presión de aliados como el PRO y la UCR, la edad mínima quedó fijada en 14 años. Por otro lado, se estableció una pena máxima de 15 años de privación de la libertad sólo para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, pero dando prioridad a las penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado para los delitos con penas de hasta 3 años. La privación de libertad sólo se aplicaría como último recurso. En tanto que el proyecto original del Gobierno permitía penas máximas de 20 años, sin posibilidad de reclusión perpetua o prisión perpetua, aun en casos de concurso de delitos.

El régimen penal juvenil de Milei también ponía especial énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención debía estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, quedaba terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

Este punto fue uno de los que generó algunas controversias con los gobernadores, que reclamaron que Nación envíe partidas presupuestarias especiales para construir las nuevas instalaciones.

Entre las penas alternativas a la prisión se establecían la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos. La posibilidad de reemplazar la prisión por penas alternativas estaba prevista en delitos cuya pena de prisión sea de hasta 3 años, o de hasta diez años si no hubo muerte ni violencia grave, siempre con dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal y tras escuchar a la víctima. Además, se habilitaba la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Como medidas complementarias se incluían programas educativos, de formación ciudadana, capacitación laboral, actividades culturales y deportivas, asistencia psicológica y médica, y prohibición de consumo de alcohol y estupefacientes, entre otras. El cumplimiento de estas medidas debía ser controlado por un supervisor especializado, designado por el juez, con formación en educación, psicología, trabajo social o adicciones.

Además, el proyecto contemplaba intervenciones especializadas para abordar situaciones de salud mental, consumo problemático de sustancias y entornos familiares violentos. En caso de requerir internación, se debía notificar al juez civil competente para asegurar el seguimiento adecuado del caso.

El proyecto disponía que los procesos fueran reservados y prohibía la difusión de la identidad de los adolescentes imputados, salvo renuncia expresa de este derecho. Además, exigía la intervención de la asesoría tutelar y la comunicación a los padres o responsables desde el inicio del proceso. El juez podía disponer medidas protectoras adicionales para salvaguardar la integridad del adolescente.

El dictamen de mayoría también establecía un capítulo específico para la atención de inimputables, con pautas para la intervención de equipos interdisciplinarios y organismos de protección de derechos, y prevé la responsabilidad civil de los progenitores por los hechos cometidos por sus hijos.

Por su parte, las víctimas cantarían con derechos reforzados: acceso a patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, posibilidad de participar en mediaciones y derecho a ser informadas y escuchadas durante todo el proceso.

La mesa política del Gobierno decidió incorporar el nuevo Régimen Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias este lunes, en medio de la conmoción por el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe. El adolescente de 15 años recibió más de 20 puñaladas y la principal sospechosa es una compañera de escuela de 16 años.