La condena contra Cristina Kirchner quedó firme en junio de 2025 y, agotadas las instancias judiciales argentinas, la defensa anunció que recurrirá al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, ese organismo no puede anular la sentencia ni ordenar su libertad: su intervención se limita a evaluar si el Estado argentino vulneró garantías del debido proceso.

El fallo de la Corte Suprema agotó las vías judiciales internas, un requisito para acudir al Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, donde la presentación apuntará a garantías procesales, aunque una eventual opinión favorable no suspenderá la pena.

En su resolución, el máximo tribunal descartó cuestionamientos por falta de imparcialidad, supuestas violaciones al debido proceso y errores en la valoración de las pruebas, al sostener que los planteos defensivos no desvirtuaban los fundamentos previos.

El trámite ante el Comité prevé que el organismo reciba los argumentos de la parte denunciante y luego solicite la respuesta del Estado argentino a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Tras analizar ambas posiciones, el cuerpo emitirá una opinión.

El trámite ante el comité, de todos modos, no tendrá una definición cercana. Cualquier resolución definitiva del organismo demandará un proceso de análisis y tratamiento que insumirá varios años.

Función y alcance del Comité de la ONU

Tras la decisión de la Corte de dejar firme la condena contra CFK, los abogados de la expresidenta presentaron una “Comunicación Individual” ante la ONU, planteo que abrió una instancia internacional de revisión sobre estándares procesales, no una nueva discusión sobre los hechos del caso ni sobre la culpabilidad o inocencia de la exmandataria.

El organismo está integrado por 18 expertos independientes y emite observaciones y recomendaciones que no son de cumplimiento obligatorio, aunque suelen citarse como antecedentes en debates jurídicos e institucionales y pueden ganar relevancia política e internacional.

Según el alcance que tiene ese órgano, sus pronunciamientos son “observaciones” o “dictámenes”. No se trata de sentencias judiciales de cumplimiento obligatorio directo para revertir una condena penal, aunque sí pueden generar responsabilidad internacional para el Estado y tener peso político y jurídico.

Por ende, el organismo no puede anular la sentencia penal dictada por la justicia argentina: su intervención se limita a evaluar si el Estado violó garantías del debido proceso, un examen cuya tramitación podría demorar varios años.

La función del comité se concentra en determinar si hubo afectación de derechos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre esos puntos puede analizar la independencia de los jueces, el derecho de defensa y la presunción de inocencia.

Lo que no hace ese organismo es volver a juzgar el expediente. Tampoco reevalúa pruebas ni dicta un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de la persona condenada. Las decisiones del Comité no son vinculantes como una sentencia nacional.

Si el comité concluyera que existió una violación de derechos humanos, podría recomendar al Estado argentino medidas de reparación, reformas legales o revisiones institucionales. Ese eventual dictamen, aun con ese alcance, no sustituye la decisión de los tribunales nacionales.

El antecedente de Lula y el caso de la OEA

La estrategia de la defensa busca apoyarse en un antecedente internacional ya utilizado en la región. El caso de Luiz Inácio Lula da Silva aparece como la referencia central del planteo.

En 2022, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que la causa Lava Jato contra Lula había vulnerado sus derechos políticos y las garantías de un juicio imparcial. Ese antecedente es el que intentan replicar los abogados de la expresidenta, reforzados por juristas internacionales vinculados con aquel caso.

La diferencia, según surge de ese precedente, es que la anulación de las condenas de Lula no fue ordenada por el comité sino que la dispuso el propio Supremo Tribunal Federal de Brasil por fallas de competencia jurisdiccional, mientras que el pronunciamiento de la ONU operó como un fuerte respaldo político y jurídico internacional.

Ese punto delimita la expectativa real del trámite iniciado por la defensa de Kirchner. Aun en el escenario de un dictamen favorable, la intervención del organismo internacional no equivaldría por sí sola a dejar sin efecto la sentencia argentina.

La presentación ante la ONU también condiciona otra vía posible en el plano internacional. Las normas del derecho internacional impiden litigar en simultáneo el mismo caso en múltiples foros multilaterales.

Al optar formalmente por la comunicación ante ese comité, la defensa debe desistir de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del sistema regional de la OEA. Esa incompatibilidad entre vías obliga a elegir un único canal para el reclamo internacional.

La diferencia entre ambos sistemas no es menor. A diferencia del mecanismo de la ONU, el sistema interamericano cuenta con un tribunal judicial formal, la Corte IDH, cuyas sentencias suelen ser vinculantes y tienen mecanismos de revisión local dentro de la jurisprudencia argentina.

El Gobierno nacional impulsa la derogación de la Ley del Libro, que establece un precio de venta uniforme para los ejemplares en todo el país. En ese contexto, librerías y referentes del sector expresaron su rechazo a la iniciativa al considerar que favorecería a las grandes empresas, afectaría a las editoriales pequeñas e independientes y priorizaría la comercialización de los títulos con mayor rentabilidad.

En diálogo Panorama, por LU2, el librero bahiense Enrique Martinelli defendió la vigencia de la Ley del Libro. “Esta ley se sancionó en 2001, la 25.542, porque el mercado se estaba desvirtuando y, en cierta manera, se manejaba de forma muy leonina”, sostuvo.

“Con esta ley, el librero no fija el precio; lo único que hace es discutir su rentabilidad con la editorial y, de esa manera, nadie sale dañado. Hay una organización que permite que se mantengan las librerías independientes, chicas, medianas y grandes, sin verse afectadas. Todos coincidimos en que la ley no debe derogarse porque realmente funciona, y funciona muy bien. Estamos a favor, desde quien vende el papel hasta el último librero independiente”, afirmó.

Mientras que desde el Gobierno sostienen que no debería existir ningún tipo de restricción en el mercado para la comercialización de productos, incluidos los libros, Martinelli consideró que la Ley del Libro surgió precisamente para evitar la desprotección del sector.

“¿Para qué tocar algo que funciona? No es una cuestión de ideología ni de que nosotros queramos manejar el precio de los libros. Ya tenemos el ejemplo de Chile: cuando derogó la ley e incorporó el IVA al libro, muchas librerías independientes, el 80 %, terminaron cerrando. Lo que decimos es que nos vamos a ver afectados en la cantidad de títulos que podremos ofrecer al público, porque solo se van a editar los que sean comercialmente rentables”, aseguró.

Martinelli advirtió que una eventual derogación de la ley podría tener consecuencias para toda la cadena del libro. “Liberar el mercado lleva a la desregulación del sistema, porque solo se va a priorizar la publicación de aquello que sea rentable. Eso va a reducir inmediatamente en un 50 % la cantidad de títulos que tenemos a la venta. Las grandes editoriales se van a dedicar únicamente a publicar libros que aseguren ventas”, afirmó.

En ese sentido, explicó que las editoriales dejarían de apostar por obras de menor circulación. “Una editorial que hoy publica 69 títulos pasará a hacerlo solo con aquellos que sean rentables. Entonces corremos riesgos todos. Acá no hay nadie que se vea favorecido“, puntualizó.

Quienes impulsan la derogación de la Ley del Libro sostienen que la medida contribuiría a reducir el precio de los ejemplares. Sin embargo, Martinelli rechazó esa posibilidad y aseguró que el principal componente del costo es el papel.

“Hoy el papel es el que determina el mayor costo y eso no va a cambiar. Nosotros hacemos la diferencia con la variedad de ejemplares, los descuentos bancarios y la atención que le damos al cliente. Si se desregula el precio, las editoriales se van a volcar a vender solo aquello que les genera ganancias y eso va a tener un impacto directo en las pequeñas y medianas editoriales, además de reducir la oferta que nosotros podamos hacerles a los lectores”, sostuvo.

El librero también remarcó que la Ley del Libro permitió ordenar el funcionamiento del sector. “La ley vino a poner orden en el mercado, porque antes de 2001 era un descalabro; era tierra de nadie, aunque la gente no lo advirtiera. El libro tenía un precio, pero todo estaba gobernado por las editoriales grandes, en detrimento de las más chicas”, señaló.

“Queremos que las editoriales independientes y las librerías chicas, medianas y grandes sigan existiendo. Si uno analiza lo que ocurrió desde 2001 en adelante, la ley permitió la creación de un gran número de editoriales que antes no existían”, concluyó.

Fuente: La Nueva.

La provincia de Tucumán vota el próximo 9 de mayo. Es decir, en 10 meses. ¿Cómo estará la economía para esa fecha? ¿Es negocio para el gobernador Osvaldo Jaldo estar al lado de Milei para cuando llegue la fecha? ¿O habrá que mantener una distancia estratégica para no ser la cara del ajuste permanente? Preguntas como estas se las hacen todos los gobernadores aliados de Casa Rosada. ¿Cómo llegará Milei al 2027? Esas cuestiones no tienen respuesta aún. Por eso es que, sobre todo, la suspensión de las PASO aún no tiene los votos necesarios.

La conveniencia de estar junto al Presidente puede ser positiva un día y perjudicial otro. Las alertas comenzaron a sonar hace tiempo en el armado oficialista. De ahí el apuro -improvisado- por determinar la forma de votación con tanta anticipación. En el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo aseguran que no hay margen de maniobra para una reactivación de la actividad en el corto plazo como exige el ala política. La situación no será muy distinta a la actual cuando lleguen las urnas. De ahí el reconocimiento al problema que hay para vencer a la oposición.

El Gobierno sabe que las alarmas suenan, pero juegan todo al pleno que eligió el Presidente. A lo sumo es seguir con baja de inflación y lograr una tasa de interés que descienda más rápido. No mucho más que eso. El resto es despejar el ruido financiero para evitar el escenario que tuvo Mauricio Macri en 2019. La visita de Kristalina Georgieva, titular del FMI, se leyó desde esa perspectiva. Sabe el oficialismo que el verdadero asunto hoy es el poder adquisitivo. No alcanza. Pero las noticias se mantienen en la macro. Se pide por salario y frenar el ajuste, pero en los portales está el FMI y el anuncio de la presentación de una reforma del Banco Central por cadena nacional.

La campaña empezó y los laberintos electorales son interminables. Este fin de semana comenzaron las versiones cruzadas. Salen de adentro de sectores del Gobierno que se miran con desconfianza. Cómo surgió la idea de mover a Diego Santilli de la provincia de Buenos Aires a la Capital Federal. El equipo del jefe de gabinete se sorprendió el mismo domingo de la alternativa. Algunos creen que sale del entorno de Santiago Caputo. “Diego no quiere que lo muevan de un lado para el otro. Bastante tiene con gestionar de manera delicada entre los dos sectores en pugna”, relatan.

Explican que por eso se demoran algunos cambios de nombre. Porque al no haber consenso con el reemplazo, es preferible no tocar nada. Es más, aunque el nombramiento como jefe de gabinete le dio más poder del que ya tenía como ministro del Interior, ese nuevo rol trastoca los planes electorales para la provincia en 2027, quizás lo que más tiene en agenda el hombre que aún está afiliado al PRO. Santilli había reunido a su mesa chica cuatro días antes de su ascenso. Allí, les ordenó armar las “bajadas” al territorio bonaerense. Comenzaba la campaña. Ese fin de semana de junio lo nombraron. El lunes bajó una nueva orden: “Suspendan todo hasta nuevo aviso”.

Hay, además, diferencias en cómo armar la estrategia electoral. Santilli planifica, junto a Cristian Ritondo, la manera de tener a todos adentro para enfrentar al peronismo bonaerense. “Si no vamos juntos, no hay chance”, afirman. Para eso cree que necesita las PASO hacia abajo. Es decir, permitirles a los radicales y a los del PRO que tengan lista propia en los distritos para enfrentar a los libertarios. “Es la única manera de que no se presenten por fuera. Y si lo hacen, el peronismo gana. Es una herramienta para ganar, no más que eso”, explican.

Karina Milei tiene otra idea. La secretaria general de la Presidencia no quiere esa PASO. Quiere a todos abajo de los violetas. Y ella con la lapicera. Es el mensaje que le mandó a Sebastián Pareja, su diputado y armador. Él, junto a Alejandro Carrancio, se encargan de dialogar con el equipo de Santilli. Pareja aún sueña con una candidatura para el año que viene. Peleará por eso. Quienes compartieron secundario con él en el colegio Manuel Belgrano de Temperley, del Sagrado Corazón de Jesús, aún hoy recuerdan sus cualidades para “fajarse” en la vereda. “Pocas veces vi a alguien pegar así en la calle. Era un mito”, contó un ex compañero suyo a este medio.

El Gobierno aspira a controlar cuatro ejes fundamentales para tener una chance de seguir en el poder: Inflación, dólar, una mejora en la economía familiar y la fractura opositora. Cada uno tiene vida propia, pero están entrelazados por obvias razones. La inflación, si bien no es al ritmo que dejó el peronismo, lejos está de ser un problema del pasado. El 1,9 % es una buena noticia. El 16,8 % acumulado en lo que va del 2026, no. Está a la baja pero no termina de caer al ritmo que el Ejecutivo desea.

El dólar se mantiene estable. Más allá del insólito error del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien aventuró un movimiento alcista. Ravier parece no haber entendido aún que ya no es un diputado economista que modera las charlas del Presidente, sino que ahora tiene un rol más político que económico. Aún resuenan los insultos que le propinaron desde las oficinas de Hacienda. En lo que va de un mes ya cometió demasiados errores. La elección para ese cargo fue exclusiva de los hermanos Milei. Como con Manuel Adorni.

Contener al dólar es, además, contener la inflación. El mayor problema aparece con la economía familiar. El último informe de la Fundación Pensar (think tank del PRO) puso números al análisis. El 49 % de los jóvenes asegura que no les alcanza el sueldo. El 46 % de los adultos activos tiene miedo a perder el empleo. El 44 % de los adultos activos resignó muchos consumos que realizaba. El 60 % de los adultos mayores va a votar por un cambio de gestión en 2027. En el primer trimestre de 2026, la informalidad laboral alcanzó el 44,2 % de los ocupados y aumentó 2,2 puntos interanuales. El salario público subió 1,5 % mensual en mayo de 2026, por debajo del índice general de salarios, que creció 2,2 % mensual, y por debajo del privado no registrado, que subió 3,5 %. En tanto, la desocupación fue 7,8 %, pero la subocupación llegó a 11,1 % y los ocupados demandantes de empleo fueron 15,8 %.

El último punto es político por excelencia. Mantener esa fractura opositora está siendo, por ahora, sencilla. El peronismo ayuda para que eso suceda. La interminable interna entre La Cámpora y Axel Kicillof lo demuestra, aunque siempre hay margen de un acuerdo “porque lo pide el pueblo argentino”. Habla del pragmatismo a la hora de ganar una elección.

Pero más allá de lo que plantee el gobernador como eje, el sector afín a la ex presidenta mantiene como central la campaña por “Cristina Libre“. Hoy habrá una conferencia de prensa para comunicar la carta que se presentará ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por parte de Cristina Fernández en el marco de la causa Vialidad.

¿Significa que buscará ser candidata? Tal como se anticipara en esta columna semanas atrás, el objetivo de La Cámpora es insistir hasta último momento con que la expresidenta está proscrita y que así el peronismo está en desventaja democrática. Quienes están en esa estrategia proponen poner el nombre de Cristina en la boleta para que la Justicia lo rechace. Con ese impacto en los medios, ahí sí buscar una suerte de delegado de San José 1111 para ir en la lista o forzar una negociación con el sector de Kicillof. “Lo de Aníbal insultando a quienes se ponen la remera por Cristina cayó muy mal en La Cámpora. Pero ya no sorprende de un funcionario que pasó por todos los jefes del PJ sin tener lealtad hacia ninguno”, dijeron a Infobae.

Ahora, la pregunta que persiste es: ¿hace un buen negocio el Gobierno en la búsqueda por suspender las PASO? Gustavo Córdoba, analista político y director de Zuban Córdoba y Asociados, analizó datos de las últimas elecciones para sacar una conclusión a contramano de lo que cree el Gobierno que hay que hacer con el sistema de votación para lograr la reelección: “Milei requiere de las PASO para potenciar el voto antiperonista. Es ese sector el que gana con las PASO, no al revés. El peronismo no se beneficia con las internas abiertas. Te doy un ejemplo concreto. Mauricio Macri arranca con 26 puntos en las PASO. Luego le suma 3 de Elisa Carrió y Ernesto Sanz. Después va a la primera vuelta. Después va al balotaje. Creció sin parar. Si iba directo, no llegaba. Te agrego otro. En 2023, el resultado de las PASO lo mata a Macri. Esa era la directa. Luego, en la general, el expresidente crece más de cuatro puntos. Alberto pierde otros tantos. Pasa de ganar por 15 a ganar por 7“.

Para el consultor político, “el Gobierno se está equivocando solo. Eliminar las PASO es uno de los errores más grandes que puede tener”. ¿Por qué lo hacen entonces? “Ellos se compraron una fantasía y allá van. No hay evidencia de lo que están tomando. Toman decisiones ideológicas que no son pragmáticas”. Para Córdoba, el desdoblamiento peronista también puede ser un problema. El antecedente es claro. En 2023 los gobernadores del PJ que lo hicieron pensando en despegarse de la suerte nacional tuvieron una tragedia electoral. “Perdieron Santa Cruz, Chubut, San Juan, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos y Chaco“. En ese sentido, Córdoba apuntó a una pregunta que puede generar dolores de cabeza en la estrategia gubernamental: “Antes las PASO amortiguaban el voto castigo. Vos las sacás y vas directo al voto castigo. Ahí es donde Axel Kicillof suma”.