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Intendentes PRO apuran ley para que Kicillof coparticipe los fondos nacionales

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Los intendentes del PRO prometieron dar batalla en la Legislatura bonaerense para avanzar con un proyecto de ley que establece que todos los fondos girados a la provincia de Buenos Aires por el Poder Ejecutivo nacional sean coparticipados a los 135 municipios de acuerdo a los coeficientes vigentes en el Presupuesto, en medio de la pulseada que mantienen con el gobernador Axel Kicillof por la distribución de obras y ayudas financieras.

“A través denuestros bloques legislativos insistiremos con una legislación que permita la coparticipación de todos los fondos que ingresan a nuestra provincia”, anunciaron los intendentes opositores en el duro comunicado que hicieron circular en las últimas horas y en el que acusan a Kicillof de “discriminar” en el reparto de recursos a las comunas administradas por Juntos.

“La Provincia cuenta con cuantiosos recursos discrecionales que llegan desde la Nación y que no se coparticiparon con los municipios (152 millones a julio). Asimismo, sabemos que hubo asistencia financiera directa y discresional hacia municipios oficialistas y nos consta que existe discriminación en las obras públicas”, cuestionaron los intendentes del PRO.

Por ese motivo, los jefes comunales amarillos insistirán con un proyecto firmado por la senadora Daniela Reich y su par Alejandro “Ruso” Rabinovich, que plantea que todos todos los fondos girados a la provincia de Buenos Aires por el Poder Ejecutivo nacional sean coparticipados a los 135 municipios de acuerdo a los coeficientes vigentes en el Presupuesto.

“Hay es una discriminación en torno al Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) donde los municipios que no son del color político del Gobernador quedan para el final con el objetivo de licuar los fondos. Además, todo lo que reciben de Nación lo distribuyen de manera discresional”, se quejó Rabinovich en diálogo con Diputados Bonaerenses.

La iniciativa parlamentaria “encomienda al Gobierno de la provincia de Buenos Aires la distribución de los ingresos percibidos en exceso de lo previsto por el presupuesto del año fiscal en curso, incluidos todos aquellos ingresos enviados por el Poder Ejecutivo Nacional, entre la administración central y los gobiernos municipales, de manera proporcional a la distribución de los fondos coparticipables según lo estipulado en el presupuesto vigente”.

“Este proyecto tiene tres meses de presentado, después hubo reuniones con el Gobernador y sigue teniendo la misma posición. Con Mar del Plata tuvo muchas actitudes discriminatorias, pero no solo perjudica al intendente (Guillermo) Montenegro sino fundamentalmente a los vecinos. Vamos a dar pelea por el proyecto y poner en agenda el tema”, anticipó Rabinovich.

“Reclamamos una justa distribución. No sólo tuvimos ni una sola respuesta del Gobernador, sino que después de la reunión con nuestros intendentes siguió transfiriendo ATN a su gusto político. Kicillof discrimina y mantiene de rehenes a los vecinos de municipios opositores”, agregó Rabinovich.

En los fundamentos, los senadores del PRO detallaron algunos de los fondos que se aseguró el Gobierno de Kicillof durante el primer cuatrimestre. “Recibió un $24,167 millones más en transferencias no automáticas en relación con el mismo periodo del año anterior, representando un aumento del 30% al 42% del total transferido a las provincias”, aclararon.

Asimismo, los senadores opositores señalan que la administración bonaerense también absorbió durante el primer cuatrimestre “$16,418 millones en asistencia financiera, lo cual representa un 76% de lo distribuido por el Estado Nacional a las provincias en este concepto”.

Los intendentes del PRO en su comunicado reclamaron a Axel Kicillof “equidad en el reparto de los recursos y las obras, y un verdadero trabajo en equipo con todos los municipios, independientemente del color político de su intendente” y prometieron dar pelea en la Legislatura bonaerense.

(infocielo.com)

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“Menos de un caramelo”: la irrisoria multa por no votar en Provincia y hasta cuándo hay tiempo de pagarla

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Los electores de la provincia de Buenos Aires deberán asistir a las urnas este domingo 7 de septiembre para las elecciones legislativas provinciales, en una jornada donde la sanción por ausencia vuelve a ser noticia por su monto irrisorio: arranca en solo $50.

Según consta en la Ley Electoral Provincial N° 5109, los ciudadanos de entre 18 y 70 años que no emitan su voto enfrentarán una multa de $50 a $500. Si bien el dinero se destina al fomento de la educación, el monto, que como relevó Noticias Argentinas no se actualiza, es calificado como “menos que un caramelo”.

El punto clave para quienes no asistan es la justificación: los electores tienen un plazo de 60 días (contados desde la elección) para acreditar el motivo de la ausencia ante la Junta Electoral. La fecha límite, por lo tanto, es el próximo 6 de noviembre. Solo se aceptan tres justificativos comprobables: estar a más de 500 km del lugar de votación, un problema de salud certificado o un motivo de “fuerza mayor”. Quienes no justifiquen ni paguen la multa quedarán registrados en el Registro de Infractores.

Elecciones en PBA: qué se vota y por qué no se usa la Boleta Única

En los comicios de este domingo, los bonaerenses elegirán 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, junto con 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. Además, se definirán concejales y consejeros escolares en los distritos.

El Ministerio de Gobierno bonaerense aclaró que, a diferencia de las elecciones nacionales de octubre, en estos comicios provinciales no se implementará la Boleta Única de Papel (BUP). La votación se realizará mediante el sistema tradicional de “boletas partidarias”, que según la cartera “conserva plena vigencia” y es valorado por el electorado. La veda electoral rige desde este viernes a las 8:00.

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Peritos determinaron que el uso del fentanilo contaminado elevó en 52% el riesgo de muerte

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El escándalo por el fentanilo contaminado sumó un dato estremecedor. Según un informe del Cuerpo Médico Forense, el uso del lote 31.202 de ampollas de fentanilo —fabricado por el laboratorio HLB Pharma Group S.A.— incrementó en un 52% la probabilidad de muerte de los pacientes en los 30 días posteriores a su administración.

El documento, publicado po Infobae, fue incorporado a la causa judicial que investiga la responsabilidad del laboratorio de Ariel García Furfaro. Los especialistas analizaron 40 historias clínicas de pacientes fallecidos y detectaron que, en al menos 24 casos, hubo un “nexo concausal” entre la infección desarrollada y el uso del medicamento.

Bacterias detectadas

Los peritos identificaron dos bacterias —Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae— tanto en hemocultivos de los pacientes como en las ampollas del lote contaminado. Los análisis confirmaron su identidad fenotípica, molecular y genómica, lo que refuerza la relación directa entre la contaminación y el agravamiento de los cuadros clínicos.

Un factor agravante

Si bien el informe no concluye que las bacterias hayan sido la causa exclusiva de muerte, sí advierte que actuaron como un factor agravante en pacientes que ya atravesaban situaciones críticas de salud. “La contaminación resultó un elemento relevante que favoreció el desenlace fatal”, indicaron los peritos.

La contaminación resultó un elemento relevante que favoreció el desenlace fatal

La investigación judicial avanza sobre la cadena de producción y distribución del fentanilo, mientras la OMS exigió retirar del mercado seis lotes contaminados por representar un riesgo global para la salud. Hasta ahora, se registraron casi un centenar de muertes vinculadas al medicamento en hospitales argentinos.

El caso puso en evidencia fallas graves en los controles sanitarios y derivó en imputaciones contra más de veinte personas, entre ellas directivos del laboratorio.

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Elisa Carrió presentó un pedido de juicio político contra el juez que prohibió difundir audios de Karina Milei

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Elisa Carrió avanzó con un pedido de juicio político contra el juez Alejandro Patricio Maraniello, el magistrado que dictó la medida cautelar que impidió la difusión de audios de Karina Milei grabados en la Casa Rosada y el Congreso, en un caso que generó críticas porque puede configurar censura previa.

Carrió firmó el pedido contra Maraniello junto con la diputada nacional Marcela Campagnoli y su par porteño Hernán Reyas, según comunicó este último en sus redes sociales.

“Con @elisacarrio y @M_Campagnoli presentamos un pedido de juicio para desplazar al juez Maríanello. La libertad de expresión es un límite que nunca debemos atravesar. Defender las instituciones demanda que hagamos los máximos esfuerzos de transparencia, responsabilidad y coherencia en todos los poderes del Estado”, escribió Reyes en X.

En la publicación, el candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica aseguró que “un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiables”. Agregó que “las instituciones se defienden cuando te conviene y cuando no te conviene. Ojalá los que abandonaron el republicanismo puedan volver algún día”, cerró el legislador de la Ciudad.

Un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiable

Los denunciantes acusan al magistrado de mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones por haber dispuesto la medida cautelar que para la oposición, juristas y colegios de abogados supone una flagrante violación de un derecho humano como es la libertad de expresión, en el marco del escándalo de presunta corrupción por cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En el trámite abierto ante el Consejo de la Magistratura se solicita la apertura del procedimiento de acusación, suspensión en el cargo y requerimiento de destitución.

Para la Coalición Cívica, la prohibición de la difusión de chats, fotos, audios y videos de Karina Milei en cualquier medio o red social representa “lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública ”.

Por otra parte, los tres dirigentes opositores señalan una posible relación de connivencia con el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, para encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos contra Maraniello en el Consejo de la Magistratura y la justicia federal, lo que de confirmarse perpetraría una violación de la independencia judicial y de la división de poderes.

Por si fuera poco, Carrió, Campagnoli y Reyes denuncian que Maraniello es socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), una institución que “resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación”.

Resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación

“A tal punto, que cuenta con importantes ‘auspiciantes’ incompatibles con el ejercicio de la magistratura y en particular, con el fuero al que pertenece Marianello, tal es el caso de los Laboratorios HLB Pharma” y “Ramallo“, indicaron en la denuncia.

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