La reciente sesión en la que el oficialismo avanzó con la designación de autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN) generó una fuerte reacción desde el Bloque de Diputados PRO, que denunció una “grave violación a la Constitución Nacional”. Por este motivo, la bancada se retiró del recinto junto a la UCR, la Coalición Cívica y Provincias Unidas en reclamo por la medida.

El núcleo de la controversia radicó en que, según los legisladores opositores, la decisión se tomó “fuera del temario de sesiones extraordinarias”. Por medio de un comunicado publicado en redes sociales, apuntaron que “esta objeción fue primeramente advertida al oficialismo de manera informal, luego en el recinto y finalmente lo expresamos cuando se intentó consumar esta violación constitucional”.

De hecho, el primero en intentar ponerle un freno al nombramiento fue el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, quien cuestionó la constitucionalidad del acto en plena sesión. “En qué lugar dice que en extraordinarias se puede tratar un tema que no es de competencia de esta Cámara”, apuntó.

“La designación de miembros de AGN (Auditoría General de la Nación) no se encuadra en ninguna de estas categorías, ya que integra un órgano de control externo que excede el funcionamiento del Congreso”, argumentó. Antes de retirarse del recinto, concluyó que “la falta de códigos, de respeto por los compromisos asumidos, corre por cuenta de La Libertad Avanza”.

Para fundamentar su posición, citaron el artículo 63 de la Constitución Nacional, que establece que “durante las sesiones extraordinarias el Congreso solo puede tratar los asuntos incluidos en la convocatoria del Poder Ejecutivo”. En este sentido, remarcaron que “la designación de autoridades de la AGN no fue incluida en dicho temario”.

“No fue el PRO el que quiso discutir cargos, fue el oficialismo junto al kirchnerismo”, señalaron los legisladores, a modo de marcar distancia de la maniobra parlamentaria. Además, enfatizaron la importancia del rol institucional de la Auditoría General de la Nación en el sistema democrático.

“La AGN es un órgano constitucional de control, no se ocupa de cuestiones meramente administrativas ni internas del Congreso. Tiene una tarea más compleja e importante”, sostuvieron, y advirtieron que avanza con este accionar “no fortalece el control del Estado, lo deslegitima”.

La postura del bloque fue tajante respecto a la validez de la designación, tras reiterar su rechazo a las designaciones. “Vamos a iniciar las acciones judiciales correspondientes para que se restablezcan la legalidad y el respeto por las reglas institucionales”, anticiparon.

Más allá del aspecto jurídico, los diputados del PRO manifestaron su desconcierto ante la actitud del oficialismo. “También nos resulta extraña esta conducta contra nuestro bloque. Del kirchnerismo no nos sorprende nada, dicen una cosa de día y hacen otra de noche, pero sí del oficialismo”, expresaron.

Asimismo, recordaron el acompañamiento brindado al gobierno en momentos críticos: “Nuestro bloque se ha dedicado a acompañar al gobierno no solo en sus aciertos, sino especialmente en sus momentos más difíciles, porque creemos que la Argentina necesita un cambio profundo”. En ese sentido, lamentaron que “las mezquindades de ciertas personas” puedan obstaculizar la tarea del presidente Milei.

“Las instituciones no pueden funcionar por la fuerza de una mayoría circunstancial en sesiones convocadas al margen de la Constitución, menos aún deshonrando la fe de millones de argentinos que quieren ver a la Argentina ponerse de pie finalmente”, reclamaron.

Por último, reafirmaron que “el cambio profundo que queremos millones de argentinos es con la Constitución en la mano y trabajando en equipo entre quienes compartimos una visión común de una Argentina próspera”.

Jugada a todo o nada contra la reforma laboral del Gobierno, la CGT realizará este jueves una movilización hacia la Plaza de Mayo que busca ser una demostración de fuerza para bloquear el proyecto en el Congreso.

La concentración, que será la cuarta impulsada por la central obrera desde que Javier Milei asumió la Presidencia y se hará en todas las provincias, contará con la participación de las dos CTA, los movimientos sociales, sectores políticos como La Cámpora y agrupaciones de izquierda. Además, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Federación de Aceiteros harán un paro de 24 horas en apoyo del reclamo de la CGT.

El Gobierno hizo algunas concesiones a la CGT al eliminar varios artículos de la versión definitiva de la reforma laboral, pero la CGT mantiene su rechazo al proyecto oficial, elaborado durante semanas en el Consejo de Mayo, porque incluye una regulación muy estricta del derecho de huelga, la prelación de los convenios por empresa y restricciones a la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, entre otros puntos.

Las columnas de los distintos sindicatos se concentrarán al mediodía en varios puntos de la zona céntrica porteña y luego marcharán hacia la Plaza de Mayo, donde a las 15 se leerá un documento muy crítico del Gobierno y habrá breves discursos de los 3 cotitulares de la CGT, Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros).

Los integrantes del triunvirato cegetista concurrieron este miércoles a la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, presidida por Patricia Bullrich, para brindar su opinión sobre el proyecto oficial: lo calificaron de “regresivo” y de “inconstitucional”.

Los líderes cegetistas, además, reforzaron su operativo de seguridad ante el temor de que haya incidentes generados por infiltrados para perjudicar a la CGT.

Por eso la CGT difundió un comunicado de prensa en el que expresa su “preocupación” por declaraciones de funcionarios libertarios a las que calificó como “provocaciones innecesarias hacia los trabajadores”.

Al mismo tiempo, exigió al Gobierno que “garantice la integridad física y la libertad de quienes participen en la movilización” en rechazo del proyecto oficial, mientras reclamó que “se abstenga de promover discursos estigmatizantes o intimidatorios, ya que profundizan la confrontación y ponen en riesgo la paz social”.

Además del rechazo a la reforma laboral, la CGT también protestará contra el “desfinanciamiento” propuesto en el Presupuesto 2026, que “elimina garantías legales de inversión en educación, ciencia y tecnología”.

“Como central sindical sostenemos que la inversión en estos sectores es fundamental para el desarrollo nacional, la justicia social y el futuro de la Argentina”, dijo la CGT en sintonía con su secretario de Políticas Educativas, Sergio Romero, quien lidera la Unión Docentes Argentinos (UDA).

Según la CGT, el artículo 30 del proyecto de Presupuesto 2026 propone derogar la Ley Nº 26.206, que establece un piso del 6% del presupuesto para educación e ignora la Ley Nº 26.075 de Financiamiento Educativo, que organiza la inversión y define el rol de los estados nacional y provinciales. Además, deroga los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley Nº 27.614, que fijan un incremento progresivo de la inversión en ciencia y tecnología hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032. Y elimina el artículo 52 de la Ley Nº 26.058, que garantiza un fondo no inferior al 0,2% de los ingresos corrientes para educación técnico profesional.

Por eso la CGT reclamó a los legisladores el retiro inmediato del artículo 30 del proyecto de Presupuesto 2026 y advirtió que el alejamiento del Estado de su obligación constitucional “sólo puede resultar en la destrucción del sistema educativo”.

De todas formas, los vínculos entre el Gobierno y la CGT no se rompieron y se mantienen vigentes algunos canales informales de diálogo a través del asesor presidencial Santiago Caputo y los Menem (Martín y Lule).

En la vereda de enfrente, el ala dura de la Casa Rosada, integrada por el ministro Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich, flamante senadora nacional, apunta a una reforma laboral que ponga en jaque al poder sindical.

Desde que asumió Milei, la CGT hizo el 27 de diciembre de 2023 una movilización hacia Tribunales contra el DNU 70; dos paros generales de 24 horas, el 24 de enero de 2024 y el 9 de marzo de ese año; un paro de 24 horas con movilización el 9 y 10 de abril de 2025; una movilización callejera por el Día del Trabajador, el 30 de abril de este año, y una marcha por San Cayetano, el 7 de julio.

¿Qué efecto concreto tendrá la nueva protesta de la CGT? El Gobierno está seguro de contar con los votos necesarios para aprobar la reforma laboral en el Congreso, pero el sindicalismo comenzó un “plan de resistencia”, como lo llama, para que no se sancione la ley. Las próximas semanas serán decisivas para saber quién se quedará con el rédito de haber impuesto fuertes cambios laborales o de haberlos frenado.

Después de que el Gobierno nacional obtuviera la media sanción en los proyectos de Presupuesto 2026 y de Inocencia Fiscal, el Congreso aprobó la designación de tres auditores generales de la Nación. El tema no estaba en el plenario, como tampoco en la convocatoria a sesiones extraordinarias realizada por el Ejecutivo, y provocó que varios legisladores de los bloques se retiraran del recinto a modo de reclamo.

Todo comenzó con un pedido de moción presentado por el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, para poder ocupar los cargos vacantes. “La propuesta concreta es que esta Cámara designe como auditores generales de la Nación a las siguientes personas: Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti”.

“Propongo que se vote la terna completa y que se autorice a la Presidencia de la Cámara a darle forma de resolución a lo aquí establecido”, completó el diputado cordobés. Acto seguido, el recinto se tiñó de quejas, que cuestionaron la solicitud.

Frente a esto, el presidente de la banca del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, cuestionó: “Esta es la violación al artículo 65 de la Constitución Nacional”. Por esto, subrayó que “la práctica reglamentaria y la doctrina reconocen como única excepción al límite del temario cuestiones de privilegio y asuntos estrictamente internos de cada Cámara”.

Tras manifestar su desaprobación con la jura de los auditores, anticipó que se presentaría una denuncia en la Justicia por tratarse de una medida inconstitucional. “En qué lugar dice que en extraordinarias se puede tratar un tema que no es de competencia de esta Cámara”, reprochó.

“La designación de miembros de AGN (Auditoría General de la Nación) no se encuadra en ninguna de estas categorías, ya que integra un órgano de control externo que excede el funcionamiento del Congreso”, argumentó. Al remarcar que “no se puede tratar, es anticonstitucional”, aseguró que “la falta de códigos, de respeto por los compromisos asumidos, corre por cuenta de La Libertad Avanza”.

A su reclamo, se sumó Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, por lo que su bloque optó por retirarse del recinto junto a las bancadas del PRO, la UCR, y Provincias Unidas.

A pesar de esto, la votación siguió su curso, se aprobaron los nombramientos e, incluso, se tomó juramento a dos de los auditores designados. En el caso de Calletti, asumió el cargo minutos más tarde, debido a que todavía no había llegado al Congreso.

“No sabemos quiénes son”, dijo a TN la diputada Karina Banfi, de la UCR, al recalcar que el tema no se había tratado en comisión previamente.

Previo a esto, se creía que la Auditoría General de la Nación iniciaría el 2026 paralizada, por la cantidad de vacantes existentes. Hasta esta madrugada, el organismo solo se encontraba compuesto por su titular, Jesús Rodríguez Olmos, debido a que ninguna de las Cámaras había designado a sus auditores. La Comisión Mixta Revisora de Cuentas, compuesta por Miguel Ángel Pichetto, y el legislador kirchnerista Juan Manuel Olmos, trabajó para sostener el plan de auditoría.

Así, la comisión bicameral logró en los últimos meses un avance significativo respecto a gestiones anteriores, agilizando el tratamiento de más de 550 expedientes y definiendo las Cuentas de Inversión correspondientes a los años 2017, 2018, 2019 y 2020, que abarcan tanto la administración de Mauricio Macri como la de Alberto Fernández.

En la discusión sobre el Programa de Acción Anual (PAA) 2026, se planteó que, según la tradición parlamentaria, tras la aprobación de la bicameral y con las firmas de los presidentes de las comisiones de Presupuesto de Diputados y del Senado —los libertarios Alberto Benegas Lynch y Ezequiel Atauche—, el plan podría considerarse cerrado y validado.

No obstante, con la integración de los auditores nombrados por Diputados, aún quedaría pendiente la definición de los representantes del Senado en la AGN. Previo a esto, el bloque kirchnerista presionó al radicalismo para conformar una mayoría que les permita designar dos miembros propios y uno del partido centenario, con el objetivo de excluir a LLA de la conducción del organismo. Sin embargo, se trató de una estrategia que no dio los frutos esperados para la oposición.