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Jubilaciones: no hay acuerdo entre los diputados opositores para prorrogar la moratoria previsional

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Los bloques opositores no lograron hoy un consenso para prorrogar la moratoria previsional y buscan acuerdo para aumentar las jubilaciones y el bono que cobran las personas que perciben haberes mínimos.

Además avanza la iniciativa para eliminar el requisito de 30 años para jubilarse y crear una Prestación Básica Proporcional, que sea mayor a la Prestación Universal del Adulto (PUAM) que representa el 80 del haber mínimo.

Catorce dictámenes firmaron los diputados oficialistas y opositores sobre la moratoria, la creación de un régimen proporcional para acceder a la jubilaciones y un aumento de las jubilaciones y del bono, en el plenario de las comisiones de Seguridad y Previsión Social, y Presupuesto y Hacienda.

La reunión fue conducida por la presidenta de la comisión, Gabriela Brouwer (UCR), y el titular de presupuesto, José Luis Espert, que aceptó la convocatoria luego del emplazamiento aprobado por los legisladores opositores.

Si bien Unión por la Patria (UxP), Democracia para la Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la izquierda impulsaron el emplazamiento, llegaron al plenario sin acuerdos mínimos.

La mayoría de estos bloques, con excepción de la CC y la izquierda, solo pudieron consensuar el aumento de las jubilaciones del 7,2 por ciento, y que el bono se incremente de acuerdo al Índice al Consumidor, pero aún no acordaron en qué valor se establecerá ya que algunos quieren elevarlo de 70 mil a 100 mil pesos y otros 115 mil pesos.

Por ese motivo, si los bloques quieren aprobar la próxima semana un proyecto de reforma del régimen previsional, deberán alcanzar un acuerdo entre UP y los bloques dialoguistas, ya que el oficialismo no quiere introducir ningún cambio hasta que impulse el próximo año una reforma integral del sistema.

Fuentes parlamentarias señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que se buscará hasta el próximo martes alcanzar acuerdos entre bloques de UxP, EF y DPS, la UCR y un sector del PRO vinculado a Mauricio Macri.

Señalan que el dictamen de mayoría impulsado por UxP, así como el del PRO y La Libertad Avanza (LLA), serán rechazados.

Por eso, se buscará aprobar con reformas los dictámenes de Encuentro Federal, DFS y la Coalición Cívica sobre la creación de una Prestación Básica Universal, aumento del 7,2 por ciento a las jubilaciones y del bono que hoy está estancado en 70 mil pesos para subirlo a cien mil pesos y que se actualice en base al Índice Inflacionario.

Durante la reunión se acordó que habrá dos ejes centrales divididos en 14 dictámenes, uno referido a la prórroga de la moratoria o la prestación proporcional y otro sobre el aumento de las jubilaciones y el bono para la mínima.

Los dictámenes sobre moratoria y Prestación Básica Universal corresponden, uno de mayoría a UP con 33 firmas, y de minoría del PRO-LLA y MID y 2 radicales libertarios con 21 firmas; de DPS, y EF con 6 firmas; PRO macrista con 5 firmas, UCR con 4, CC 2 y la izquierda con 2 firmas.

La cordobesa Alejandra Torres firmó un despacho junto al legislador de Innovación, Agustín Domingo.

En tanto, UP también consiguió mayoría en el dictamen para actualizar las jubilaciones y los bonos, y hubo otros cinco dictámenes de minoría, de EF; CC y DPS, y la Izquierda.

La moratoria por dos años solo la respaldan UP y la izquierda, con lo cual ese dictamen no tendrá los votos para ser aprobado en el recinto de sesiones.

En cambio, la prestación proporcional establece que los trabajadores que no tengan los 30 años de aportes, no solo tengan la PUAM sino que se les puedan calcular los aportes que han realizado a lo largo de su vida laboral, para poder alcanzar un 95 por ciento de la jubilación mínima.

La prestación proporcional tiene el aval de todos los bloques dialoguistas, pero aún sin los números para imponer esta propuesta, debido a que necesita un acuerdo con la Libertad Avanza y el sector del PRO Patricia Bullrich.

Incluso el PRO que responde a Mauricio Macri y la UCR, que preside Rodrigo de Loredo, presentaron un solo dictamen vinculado a establecer la Prestación Proporcional que sume aportes a la PUAM.

La propuesta del PRO que responde a Bullrich, LLA, MID y radicales libertarios proponen crear una comisión especial que estudie una reforma integral del sistema jubilatorio donde se deroguen sistemas de jubilaciones de privilegio, entre otros puntos.

En tanto, UP, Encuentro Federal, y Democracia para Siempre y Coalición Cívica tienen acuerdo para aumentar el 7,2 por ciento de las jubilaciones, y el mecanismo para aumentar el bono estancado en 70 mil pesos de acuerdo al índice de inflación, pero aún sin acordar si esa ayuda adicional se ubicará en 100 o 115 mil pesos.

Otro punto donde hay consenso entre UP y Encuentro Federal es que se garantice los fondos para las cajas provinciales, un reclamo de las provincias. En cambio, desde la izquierda buscan que la jubilación alcance el millón de pesos.

Previo a la comisión, la Oficina de Presupuesto emitió un informe donde señala que el impacto fiscal de la moratoria será en dos años de 1600 millones de pesos (0,165 % del PBI) mientras fija que si el bono se aumenta de 70 mil a 105 mil pesos, el impacto fiscal anual será de casi dos millones y si se eleva a 115 mil pesos es de 2.500 millones de pesos.

Al iniciar el debate, el diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot, dijo que la “solución es bien puntual: eliminar ese requisito del 30 años de mínimo aporte y que cada año valga, con un piso que sea la PUAM”.

“Eso también trae justicia para un sector de una clase media que en algún momento en el pasado ha podido trabajar formalmente y que después ha sido empujados, como muchos argentinos, a la informalidad”, agregó.

“En otro dictamen estamos proponiendo un aumento de 70 mil a 100.000 pesos del bono, del 7.2 para toda la escala de jubilaciones. Eso significaría 51.000 pesos de aumento para la jubilación mínima, y de ahí en adelante lo que corresponde en función del 7.2 más lo que a cada uno le toque del bono, pero para la mínima estaríamos hablando de un aumento cercano al 18%, y para las jubilaciones más altas sería del 7.2”.

Por su parte, desde Unión por la Patria, Julia Strada expresó que “presentamos un dictamen para una prórroga de la moratoria previsional que tiene un costo del 0,08% del PBI por año”.

“Lo que proponemos es perfectamente financiable de acuerdo a los números del superávit financiero publicado por economía”, argumentó.

Agregó que “nosotros queremos que se recompongan las jubilaciones en un 8,1% del mes de enero, que el bono a las jubilaciones mínimas alcance los 115 mil pesos, la modificación en el alcance de la PUAM, y que se realicen las transferencias a las cajas previsionales de las provincias, con montos actualizados por la inflación”.

Por su parte, la diputada del PRO (sector Bullrich), Silvana Guidici, “sería bueno encontrar los consensos para resolver el problema estructural que hizo que el sistema previsional sea inviable”.

“En los números, el 87% de las jubilaciones que se dieron por moratoria están en la mínima, en cambio, en las que aportaron por el sistema integral, solo el 6% están en la mínima”, apuntó Guidici.

Por último, la diputada del PRO, la macrista Daiana Fernández Moler, explicó que “proponemos que exista una PUAM y después una proporcional de acuerdo a los años aportados”.

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La UCA advierte que la baja de la pobreza está “sobrerrepresentada” y cuestiona la medición del Indec

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El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA cuestionó el último informe de pobreza del Indec, advirtiendo que, si bien la mejora es real, la magnitud de la caída está “sobrerrepresentada”. El organismo oficial había informado una drástica reducción de la pobreza del 52,9% al 31,6% en el último año, una noticia que ahora es puesta en tela de juicio por la prestigiosa institución académica.

En un comunicado, la UCA reconoció que la baja de la inflación y la estabilización macroeconómica generaron un “alivio social” verificable. Sin embargo, señaló que existen dos factores técnicos clave que exageran la magnitud de la mejora en las estadísticas oficiales.

Las dos razones del “sesgo” estadístico

Según el análisis del ODSA, la cifra del Indec está inflada por dos motivos principales que afectan la comparabilidad y la precisión de la medición:

  1. Mejor captación de ingresos: La encuesta del Indec (EPH) mejoró su capacidad para registrar los ingresos de los hogares. Si bien es un avance metodológico, rompe la comparabilidad con las series históricas, haciendo que los ingresos actuales parezcan más altos en comparación con mediciones anteriores.
  2. Canastas de consumo desactualizadas: La medición de la línea de pobreza todavía utiliza canastas básicas construidas con patrones de consumo de 2004-2005. Según supo Noticias Argentinas, este punto es crítico, ya que no refleja el impacto real de la fuerte suba de tarifas y precios regulados de 2024 en el presupuesto de los hogares.

El pedido de la UCA al Indec

Ante este escenario, el observatorio de la UCA instó al Indec a “acelerar la actualización de las canastas de referencia” y a “transparentar” el efecto de los cambios en la captación de ingresos sobre las series históricas.

El objetivo, concluye el comunicado, es contar con indicadores más consistentes que reflejen los logros, pero que también muestren “la persistencia de problemas estructurales de inclusión económica, laboral y social en la Argentina”.

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Senado: Maximiliano Abad reclama al Gobierno cubrir las 337 vacantes judiciales

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El legislador Maximiliano Abad acompañó en el Senado un proyecto de comunicación que reclama al Poder Ejecutivo el envío urgente de los pliegos para cubrir las 337 vacantes judiciales que hoy afectan al servicio de justicia.

“Estas vacantes generan consecuencias muy negativas para el servicio de justicia, por eso es fundamental avanzar en su regularización. Tenemos que dejar de lado los cálculos políticos y resolver de una vez esta situación crítica”, señaló Abad.

En su intervención, advirtió también sobre la implementación del nuevo Código Procesal Penal.

“Se trata de una herramienta que, si se aplica correctamente, representará un gran avance. Pero hoy el Gobierno no va en esa dirección porque no fortalece a las fiscalías ni destina los fondos necesarios para producir los cambios que el nuevo sistema requiere”, explicó.

El senador Abad insistió en que el Ejecutivo debe cumplir con su responsabilidad institucional: “Es indispensable que se envíen los pliegos y que esta Comisión pueda trabajar en la normalización del sistema judicial. Regularizar y fortalecer la Justicia no puede seguir esperando”.

Informe sobre las vacantes en el Poder Judicial

Según un informe presentado por la consejera y jueza Alejandra Provítola, actualmente el 33,6% de los cargos de la Justicia Nacional y Federal no están cubiertos. Hay 337 vacantes sobre un total de 1.002 cargos.

Ese informe complementario fue elevado a la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación, en el que advirtió la gravedad de la situación respecto a las vacantes en la Justicia.

De acuerdo con los datos relevados al 26 de agosto de 2025, “la Justicia Nacional y Federal cuenta con un total de 1.002 cargos, de los cuales 596 corresponden al fuero federal (59,49%) y 406 al fuero nacional (40,51%). Estos cargos se distribuyen en 470 juzgados, 56 salas de segunda instancia y 81 tribunales orales. Del total, 337 cargos se encuentran vacantes -entre aquellos pendientes de cobertura por el Poder Ejecutivo y los que se hallan en trámite ante el Consejo de la Magistratura de la Nación-, lo que equivale al 33.6% del total”.

El documento remarca que de esas 337 vacantes, 176 corresponden a la Justicia Nacional, 112 a la Federal del Interior y 49 a la Federal de CABA, lo que evidencia -según la consejera- una situación especialmente delicada en la Justicia Nacional. Allí, “la concentración de vacantes evidencia una situación crítica, especialmente en juzgados de primera instancia, tribunales orales y cámaras nacionales”.

Si bien el año pasado la Comisión de Selección, encabezada por la consejera Fernanda Vázquez, logró la aprobación de muchas ternas que el Gobierno nacional no envió aún al Senado para efectuar las designaciones, Provítola recordó que en 2023 se había planteado “la necesidad de avanzar rápidamente con los concursos vinculados con la Justicia Nacional”. “A la fecha alcanzan los 23 concursos ante este Consejo, que implica 136 vacantes que representa el 43,38% de las vacantes cuyo trámite nos ocupa”, precisó.

El informe detalla -además- el número de concursos y cargos en juego en distintas jurisdicciones del país. Por ejemplo, en la Cámara Federal de Apelaciones de Salta se contabilizan cinco concursos para seis vacantes; en la de Resistencia, cuatro para cinco vacantes; en la de Rosario, siete para 18; y en la de Córdoba, seis para ocho vacantes.

La consejera sostuvo que esta situación “pone de manifiesto la imperiosa necesidad de agilizar la sustanciación de los concursos, ya que la falta de cobertura de cargos vacantes no solo compromete el normal desenvolvimiento de los tribunales y la adecuada distribución de tareas entre los magistrados y funcionarios, sino que, además, impacta directamente en la ciudadanía, al prolongar la resolución de conflictos y menoscabar el acceso a la justicia”.

Finalmente, pidió que el Consejo avance de manera urgente: “Entendemos la necesidad de pronunciarnos en torno al pronto avance y resolución de los procesos de Selección de Magistrados en trámite ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para la cobertura de vacantes de los Fueros Nacionales y Federales del país”.

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Vialidad: la Justicia cerró la demanda civil contra Cristina Fernández

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La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no deberá pagar al Estado un resarcimiento millonario por la causa Vialidad, debido a que la Dirección de Vialidad Nacional no impulsó en el plazo de seis meses el expediente iniciado en 2008. Así lo decidió la Cámara Civil y Comercial Federal.

El fallo de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal, compuesta por Juan Perozziello Vizier, Eduardo Daniel Gottardi y Florencia Nallar (votó en disidencia), confirmó la decisión de agosto que había dictado el juez de primera instancia Marcelo Bruno Dos Santos. El beneficio, que también alcanza a los demás condenados en la causa Vialidad, evita que abonen al Estado un resarcimiento de 22.300 millones de pesos.

Ante el pedido formulado por la defensa de la expresidenta, el magistrado analizó si en la causa ocurrió una inactividad procesal útil de seis meses que habilite la declaración de caducidad de la instancia, que implica la caída del proceso judicial, pero no decide sobre la cuestión ni produce la extinción del derecho a realizar un nuevo reclamo.

Frente a esto, el Gobierno nacional apeló esa decisión y argumentó que esa sentencia es arbitraria porque soslayó actos procesales anteriores a la notificación de la suspensión del proceso que son relevantes. Sin embargo, los camaristas, por mayoría, le dieron la razón al juez de primera instancia. (DIB)

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