Según la información suministrada por el Senado, hasta junio último habían renunciado a percibir los aumentos la totalidad de los bloques de La Libertad Avanza, de la UCR y de Pro y del interbloque de Las Provincias Unidas. A ellos deben sumarse los provinciales de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; y el santacruceño José María Carambia.

Los que si verán mejoradas sus dietas en los próximos meses serán 32 de los 34 senadores de Unión por la Patria, a quienes debe sumarse a la neuquiina Lucila Crexell (Las Provincias Unidas).

La dieta de los senadores pasó a convertirse en eje de una polémica en abril del año pasado, cuando un grupo de legisladores impulsó y consiguió la aprobación del cuerpo de una resolución que enganchó sus dietas con los sueldos del personal legislativo.

Lo hizo al establecer el valor de sus ingresos en 4000 módulos, que es la unidad de medida que se usa para el cálculo de los salarios legislativos. Así, c ada vez que hay un acuerdo paritario, en la que se discute y se actualiza el valor del módulo, los senadores veían incrementado sus ingresos.

La última vez que se activó la polémica por las dietas en el Senado fue a finales de mayo, cuando se conoció el anterior acuerdo paritario en el Congreso, en el que se les concedió un aumento retroactivo del 3,9% para los empleados legislativos.

Aquella mejora había llevado 9,5 millones de pesos brutos el ingreso de los miembros de la Cámara alta. Fue tras la polémica generada por ese aumento que Villarruel decidió habilitar la posibilidad de que quienes así lo quisieran, puedan renunciar a percibir esos incrementos, presentando una nota ante la presidencia de la Cámara alta.

La propuesta generó malestar entre varios legisladores, que acusaron a Villarruel de hacer política con el tema tratando de diferenciarse de los senadores.

Desde el entorno de la vicepresidenta se defendieron argumentando que estaban cansados de que Villarruel terminara como blanco de las críticas, sobre todo en redes sociales, por una decisión en la que no tuvo participación, ya que no es senadora.

Por último, Kicillof Milei no puso un solo peso para ampliar el sistema”. “Mejorar la seguridad es algo que requiere de planificación, de inversión, de compromiso y de trabajo coordinado: eso es lo que realizamos desde la Provincia y los municipios, con el único objetivo de que los y las bonaerenses vivan más tranquilos”, concluyó.

Qué dijo Mayra Mendoza

Las nuevas instalaciones forman parte del Plan de Infraestructura Penitenciaria Bonaerense, que lleva adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires desde 2020 y tiene como objetivo ampliar en un 50% las plazas, pasando de 24.000 a 36.000.

En tanto, Mendoza remarcó: “Esta obra, resultado del trabajo conjunto y cotidiano entre la Provincia y el municipio, permitirá que muchos policías dejen de cuidar detenidos en comisarías y refuercen sus tareas de control y patrullajes en nuestros barrios”.

“Mientras el Gobierno nacional agravia y reprime, nosotros asumimos este tema con mucha responsabilidad e invertimos para prevenir el delito y proteger a nuestros vecinos”, agregó.

Estuvieron presentes los subsecretarios de Política Penitenciaria, José González Hueso; de Derechos Humanos, Matías Moreno; de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; de Política Criminal, Lisandro Pellegrini; de Control Interno, Nazareno Castro Bergamín; su par de Técnica, Administrativa y Legal del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Maitena Villegas; el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Areces; y el subjefe del organismo, Javier Cáceres; y autoridades del Poder Judicial. (DIB)