El bloque de Unión por la Patria, tres diputados de Encuentro Federal y el Frente de Izquierda, presentaron, por separado, proyectos de ley para iniciarle juicio político al presidente Javier Milei por su implicación en el lanzamiento de la criptomoneda Libra, que en cuestión de pocas horas provocó pérdidas de dinero para miles de personas, en lo que fue interpretado como una “estafa” a gran escala.
El juicio político es un mecanismo previsto en la Constitución Nacional que le otorga al Congreso nacional facultades extraordinarias para investigar las responsabilidades políticas de un funcionario público de alto rango por la posible comisión de delitos en el ejercicio de las funciones (o de crímenes comunes) como causal de destitución.
La Cámara de Diputados se constituye como acusadora a través de la comisión de Juicio Político, la cual debe estar conformada por 31 integrantes de forma proporcional a la representación de cada una de los espacios parlamentarios.
El artículo 53 de la Constitución nacional prevé que la Cámara de Diputados “ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema”.
El artículo 59 de la Carta Magna, en tanto, indica que “al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, y aclara que “cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema”.
El artículo 60 de la Constitución sostiene que el fallo del Senado “no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación”.
“Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios”, agrega.
La conformación de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados está prevista en el reglamento del cuerpo, el cual define las competencias para “investigar y dictaminar en las causas de responsabilidad que se intenten contra los funcionarios públicos sometidos a juicio político por la Constitución”.
El primer paso que debe resolver la comisión es la declaración de admisibilidad de las denuncias a partir del relato de los hechos y la formulación de los cargos que conforman la acusación.
A la lectura del informe de admisibilidad, que debe contener un análisis detallado de cada una de las denuncias que configuran los presuntos delitos, sobreviene la votación.
Para aprobar la admisibilidad, se requiere la mitad más uno de los votos de los integrantes de la comisión, es decir, 16 votos.
Con la declaración de la admisibilidad, se procede a la apertura formal de la investigación, que incluirá la formulación de los cargos, la citación de testigos y requerimientos de informes al Poder Judicial.
De esa manera, se sustentará la producción de la prueba tendiente a dar cuerpo a la acusación.
Finalizado el proceso probatorio, se continúa con la emisión de un dictamen de acusación, que exige la firma de la mitad más de los votos de los miembros de la comisión, para luego ser sometido a votación en el recinto de la Cámara baja con dos tercios de los votos.
Superada esa instancia, la trama continúa en el Senado de la Nación, el órgano que debe definir sobre la destitución o absolución del acusado con las dos terceras partes de los votos.
La última vez que se realizó un juicio político fue en el 2023, y tuvo como acusados a los jueces de la Corte Suprema, en el marco de un trabajo realizado por la comisión homónima que demandó varios meses de actividad.
El trabajo se coronó con la firma del dictamen acusatorio, pero nunca se votó en el recinto ya que el entonces oficialismo no tenía los votos suficientes para aprobarlo.
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