Desde el entorno de Catalán indicaron que se trabaja en la búsqueda de acercamientos con los mandatarios provinciales – más allá del veto a los ATN – ya que es vital para sostener la gobernabilidad y lograr nuevas alianzas en el Congreso. “Hablamos todos los días con los gobernadores y buscamos solucionar los temas que tienen solución inmediata”, declaró Catalán anoche en el canal TN. En su entorno señalan que ahora viene un período de muchos viajes por el país.

“Queremos hacer un verdadero federalismo donde las provincias sean conductoras de su propio destino, y que no haya un Estado nacional sobredimensionado que genere gastos con ministerios que prestan servicio en Capital Federal, pero lo pagan las provincias”, agregó Catalán, quien distinguió a otros dos mandatarios, como el macrista Ignacio “Nacho” Torres, de Chubut, y Osvaldo Jaldo, de Tucumán, con quienes dijo tener “un buen vínculo”.

No obstante, a pesar de las buenas intenciones, los nombramientos y los discursos, el Gobierno tendrá que remontar la consolidación de los vínculos con los mandatarios provinciales, ya que el decreto del Presidente que atenta contra el reparto de los fondos del Tesoro Nacional suma un escollo en ese camino de concordancia. (DIB)

La Casa de la Provincia en General Paz

El acto tuvo lugar en la inauguración de la Casa de la Provincia en General Paz, donde además se firmaron convenios para viviendas y obras de pavimento.

Participaron el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, y el intendente local, Juan Manuel Álvarez.

Asimismo, aseguraron que la Ley de Financiamiento Educativo Universitario “no pone en riesgo el equilibrio fiscal de las cuentas del Estado“, y “no es contra nadie, es a favor de todos”, ya que “se trata de cuidar lo que nos une y enorgullece, el valor de la educación pública”.

La ley universitaria propone actualizar partidas presupuestarias por inflación acumulada 2023-2024 y recomposición salarial docente desde diciembre de 2023 con actualizaciones mensuales por Índice de Precios al Consumidor (IPC). La emergencia pediátrica implicaría un gasto adicional de $65.573 millones entre julio-diciembre.

De acuerdo con el artículo 80 de la Constitución nacional, un proyecto de ley es aprobado por el Poder Ejecutivo si no es devuelto al Congreso en el plazo de diez días hábiles, que se cuentan a partir de la comunicación formal al Ejecutivo. Con los vetos del presidente confirmados, ahora queda ver si el Congreso insiste con las leyes, como ocurrió con el caso de la emergencia de discapacidad. (DIB)