El Gobierno nacional oficializó hoy, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la eliminación de la jornada no laborable correspondiente al “Día del Trabajador del Estado”, que cada 27 de junio regía para los empleados de la Administración Pública Nacional.

Mediante el Decreto 430/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo derogó el artículo 2° de la Ley 26.876, que establecía esa jornada como asimilable a un feriado nacional para el sector público, en la cual no se prestaban tareas.

La medida se argumenta en la necesidad de garantizar una gestión pública “transparente, ágil y eficiente”, en un contexto donde ya existen 19 feriados nacionales en el año, y frente a una situación económica y social que “aún atraviesa un gran sector de la ciudadanía argentina”.

El decreto sostiene que “no es adecuado que la administración pública nacional no preste tareas durante el día señalado, mientras el resto de la población lleva adelante su jornada laboral con normalidad”, y remarca que el trabajo productivo es “la principal herramienta de crecimiento”.

Pese a que se restituye la actividad laboral para este viernes 27 de junio, el Gobierno aclaró que, por esta vez y con el fin de no perjudicar el cómputo de plazos legales, esa jornada no será considerada como hábil administrativa.

El texto fue firmado por el presidente Javier Milei y todos los ministros del gabinete nacional. Además, se instruyó a comunicar la medida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su análisis, conforme a lo que establece la Ley 26.122 sobre los DNU.

El PJ bonaerense, que preside Máximo Kirchner, convocó a “los partidos aliados” que integran Unión por la Patria en la Provincia a una reunión para “discutir acciones relacionadas a la condena ilegítima y proscriptiva” contra Cristina Fernández de Kirchner, pero excluyó al Movimiento Derecho al Futuro, el sector que comanda Axel Kicillof.

La novedad se produjo en medio de las expectativas de una convocatoria pero para discutir el armado electoral de cara al cierre de listas para las elecciones del 7 de septiembre, que se producirá el 19 de julio.

El texto del PJ precisa que este llamado es “en el marco de la campaña Argentina con Cristina” de apoyo a la expresidenta por “la condena ilegítima y proscriptiva” en su contra. E incluye a Frente Renovador de Sergio Massa, Principios y valores, de Guillermo Moreno; Kolina, de  Carlos Castagneto, Patria Grande, de Juan Grabois; Nuevo Encuentro, de Martín Sabatella y el Frente Grande, que comanda Mario Secco.

En el llamado se precisa que la convocatoria es a “partidos políticos” que integran UxP y que “por la tarde serán convocados el resto de los partidos aliados”.

Esa salvedad justifica desde lo formal la exclusión del MDF, que es un sector y no un partido. Además, el temario no incluye la cuestión electoral.

Pero no disipa la señal política: con el cierre de listas cada vez más cerca y una declaración del propio Kicillof que señaló el lunes que convocará a una reunión, su sector fue dejado de lado. El domingo, desde el massismo habían hecho trascender que el FR y La Cámpora comenzarán a discutir el armado entre ellos y luego llamarán al sector del Gobernador, en un encuentro que iba a realizarse ayer, pero luego fue suspendido. (DIB) AL

El kirchnerismo dio un primer paso este miércoles en el Senado para avanzar en la estrategia judicial de Cristina Fernández de Kirchner. La Cámara alta reabrió el debate por la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, en una jornada que contó con la participación de especialistas, a favor y en contra.

El interbloque Unión por la Patria empuja la ampliación de la Corte Suprema de cinco a siete o nueve miembros, aunque también presentó proyectos para llevarla a 15. Con esto, buscan licuar el poder de los tres jueces del máximo tribunal que confirmaron la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Sin embargo, en la tribu más “cristinista” saben que es “muy difícil que la Corte Suprema revise su sentencia”. “No es una locura pero es muy difícil. De los cuatro jueces nuevos, todos tienen que fallar a favor de Cristina. Difícil imaginar una negociación así“, reconoció uno de los especialistas judiciales del kirchnerismo.

En paralelo, la estrategia del peronismo para conseguir la inocencia de la expresidenta seguirá en los tribunales internacionales, a la espera de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos incite al Estado argentino a que revise el comportamiento de su máximo tribunal.

La discusión se dio en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado, Oscar Parrilli (UP) fue el primero en llevar la sentencia contra Cristina Kirchner a la discusión. Enfatizó en las distintas irregularidades que el peronismo denuncia en la causa vialidad. “Gustavo Hornos tuvo siete reuniones con Macri antes de dictar los fallos contra Cristina Kirchner“, indicó.

Además, agregó que “Rodrigo Giménez Uriburu fue juez y presidente del tribunal oral, y jugaba al fútbol en la quinta Los Abrojos con el expresidente Mauricio Macri” y le preguntó al presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, si consideraba que había imparcialidad o apariencia de imparcialidad en los jueces que juzgaron a la expresidenta.

Juan Carlos Romero (Cambio Federal), el aliado del Gobierno más experimentado en la labor parlamentaria, frenó el interrogatorio de Parrilli sobre la causa Vialidad. “Aquí no hemos venido a hacer un tribunal para juzgar a la Corte o la Justicia“, señaló el salteño. A partir de esto, comenzaron las idas y vueltas entre el oficialismo y la oposición, en una escalada de tensión, que fue en línea con la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos.

“La idea que viene rondando hace tiempo es que cuando el fallo me gusta es justicia legítima y cuando no me gusta es lawfare”, sumó Romero, casi como una provocación al espacio político que sigue de duelo por su líder que está presa y no podrá competir electoralmente.

Finalmente, los especialistas comenzaron con su exposición y dejaron en clara las distintas posturas. Uno de los que se opuso a ampliar el máximo tribunal fue Ricardo Gil Lavedra. El jurista apeló a un argumento que enardeció al kirchnerismo: “Si esto responde a intereses políticos, va a deteriorar aún más la confianza de la gente“.

Gil Lavedra entiende que “la crisis de confianza que hay en la población respecto a la Justicia” no se resuelve aumentando la cantidad de miembros del máximo tribunal. Sin embargo, la presidenta del plenario de comisiones, Alejandra Vigo (Unidad Federal), reconoció que se analiza pasar de una Corte Suprema de cinco miembros (hoy integrada por tres) a una de siete o de nueve.

La senadora por Córdoba señaló que el objetivo es “poder definir por consenso la integración de la Corte Suprema para los próximos 20 años”. Acto seguido, aclaró su posición, clave para desempatar entre el oficialismo (y sus aliados) y la oposición en el Senado: “Estoy de acuerdo que pueda ampliarse la Corte, es una decisión política que debemos definir aquí”.

Otra de las que se opuso a la ampliación fue María Esther Cafure de Battistelli, asesora y delegada de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina en Córdoba. “No es el número de miembros de la Corte lo que interesa, sino es cómo se llenan las vacantes existentes. En los proyectos se trata el problema del género, o sea, lo tienen presente como condición para ocupar las vacantes acordando a las mujeres un cupo para llenarlas. Este es el punto relevante”, señaló.

En tanto, Alberto García Lema, uno de los convencionales constituyentes, defendió el trabajo que viene realizando el Senado. El jurista cree que “una Corte de 7 o 9 miembros puede tener una representación regional de las provincias que equilibre las diferentes necesidades del territorio”.

“Es muy importante que, a pesar de todas las dificultades que se presenten, el Senado haga todo lo posible para sancionar una ley en este ejercicio, como una pauta que quede resuelta y fundamental. Se necesita una reforma más integral de la Corte, es necesario, pero lo más necesario es poder complementar un número de miembros de la Corte”, insistió. (DIB)