Autoridades de la Universidad Nacional del Sur presentaron este miércoles a la Asamblea Universitaria de la UNS el informe anual de su gestión al frente del rectorado por el año 2024, en la que se hizo un resumen de lo actuado durante el ciclo anterior, tanto desde lo económico como desde lo institucional.

Durante la presentación, el rector Daniel Vega y la vicerrectora Andrea Castellano destacaron que durante el año pasado “el sistema universitario fue objeto de cuestionamientos reiterados por parte del Gobierno Nacional, que apuntaron a desacreditar sus logros y a generar sospechas respecto del destino de los fondos asignados”.

“Fue un año de reclamo permanente y de defensa de la universidad pública, que fue acompañado masivamente por la sociedad en su conjunto. Muestra clara de ello fueron las marchas federales universitarias del 23 de abril y del 2 de octubre”, destacaron.

En la exposición, que duró cerca de una hora, se abordaron los tópicos Aspectos presupuestarios, Gestión académica de grado y postgrado, Gestión en ciencia, tecnología y vinculación tecnológica, Gestión en bienestar universitario, y Gestión de la cultura y la extensión universitaria. También se expuso sobre Gestión de las relaciones institucionales, Planeamiento e internacionalización”, Gestión en derechos humanos, Funcionamiento del Consejo Superior Universitario, Gestión de personal y Gestión de la infraestructura y servicios.

“Este ejercicio es parte de una política de transparencia y rendición de cuentas del Rectorado a toda la comunidad universitaria en primer lugar, pero a toda la sociedad en definitiva”, remarcaron.

En ese sentido, destacaron que durante 2024 la UNS funcionó con 58.776 millones de pesos. También hicieron especial hincapié en las dificultades que generó la diferencia entre los fondos asignados y la inflación acumulada, así como la pérdida de poder adquisitivo de docentes y no docentes, entre otros aspectos.

Como contrapartida, se valoró el compromiso de toda la comunidad universitaria para la discusión de los nuevos presupuestos y el funcionamiento de la Universidad en un contexto de ajuste de la inversión y de pérdida salarial.

“Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a toda la comunidad universitaria. Gracias a su esfuerzo y compromiso permanente, nuestra universidad sigue consolidándose como una de las mejores del país. Somos conscientes de que atravesamos un momento crítico para el sistema educativo nacional. No obstante, esta no es la primera crisis ni será la última. Hemos superado desafíos previos con resiliencia, trabajo y creatividad, y este contexto sigue siendo un llamado a redoblar esfuerzos para demostrar que la educación no es un gasto, sino una inversión clave para el futuro del país; y parafraseando a Bernardo Houssay, debemos seguir demostrando que la argentina es un país demasiado pobre para darse el lujo de no invertir en educación de calidad”, expresaron.

La presentación responde a una resolución de la propia Asamblea del año 1990, que establece que el rector debe presentarle a los asambleístas un informe “de lo actuado por el rectorado relativo a cuestiones presupuestarias”.

Esto se fundamentaba en la crítica situación que atravesaba el sector a comienzos de la década de 1990. Más allá de que la medida continuó vigente, dicha práctica de descontinuó en 1992. Al asumir al frente de la UNS, Daniel Vega y Javier Orozco expresaron que retomarían esta rutina, brindando su primer informe en noviembre de 2019, y a la vez ampliándolo a otras cuestiones del gobierno y la administración de la universidad. “Este ejercicio es parte de una política de transparencia y rendición de cuentas del Rectorado a toda la comunidad universitaria en primer lugar, pero a toda la sociedad en definitiva”, remarcaron las autoridades universitarias.

La Asamblea Universitaria es el máximo organismo de gobierno de la UNS. Tiene como funciones elegir o remover al rector, crear títulos y carreras, modificar el estatuto de la Universidad, considerar la gestión anual del Consejo Superior Universitario, entre otros. Está integrada por 72 miembros: 36 docentes, 24 alumnos, diez docentes auxiliares y dos no docentes.

Fuente: La Nueva.

Tras la tormenta registrada anoche en nuestra ciudad, que dejó un acumulado de 13,2 milímetros de lluvia, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta amarilla para Bahía Blanca y zonas aledañas.

Según el organismo, se espera que durante la noche de este jueves el área se vea afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Tal como ocurrió el miércoles pasado, el llamado protocolo antipiquetes creado por el Ministerio de Seguridad se desplegó en inmediaciones del Congreso Nacional y reprimió la movilización de jubilados, que se realiza todas las semanas, y a la que se van sumando otros colectivos sociales en apoyo, como hinchas de clubes de fútbol, como el caso de los fanáticos de Chacarita, militantes de partidos de izquierda y ciudadanos de a pie.

Un fuerte operativo de fuerzas de seguridad se apostó en la zona del Congreso y cuando los manifestantes se bajaron de las veredas a marchar por la calle, los agentes desplegaron un accionar represivo que incluyó gas pimienta y palazos, como también la semana pasada.

“Yo no tolero que golpeen a los viejos, cuando somos muchos la cana no hace lo que hizo hoy, mis hijos me dicen que no venga pero no puedo quedarme con todo lo que está pasando”, expresó en declaraciones a Radio 10 una joven que asiste regularmente a las marchas de los miércoles.

Según relataron trabajadores de prensa, la Policía motorizada comenzó a movilizarse en círculos, a echar gas pimienta y “pegarle a todo lo que se movía”. Así describió la escena el cronista de la emisora mencionada, Bruno Ghiso, transmitiendo desde el lugar.

La diputada del PTS-FIT, Myriam Bregman, compartió un video de lo ocurrido con una crítica frase: “Se llama represión y la pagan ‘con la nuestra’, mientras los jubilados no llegan a fin de mes”.

En el relato de los incidentes, los periodistas del canal Todo Noticias, destacaron asimismo que había “más policías que manifestantes” y que el operativo de seguridad era “muy grande”.

La jubilación mínima no llega a los 300 mil pesos, siendo para miles de personas un ingreso de $279.121,71. (DIB) ACR