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Kicillof se reunió con intendentes del Área Metropolitana de Buenos Aires

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Las autoridades coincidieron en la necesidad de profundizar las medidas para frenar los contagios.

El gobernador Axel Kicillof mantuvo esta tarde una nueva reunión virtual con intendentes e intendentas de municipios que integran el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para dar cuenta de la situación epidemiológica y evaluar el impacto de las medidas adoptadas para mitigar la segunda ola de Covid-19 y evaluar la necesidad de nuevas restricciones. Estuvo acompañado por el ministro de Salud, Daniel Gollan; y el viceministro Nicolás Kreplak.

En ese marco, Kicillof escuchó a las autoridades municipales y brindó un estado de situación de la Provincia: “Seguimos observando un aumento exponencial de los casos y una amplia circulación de cepas muy contagiosas”. “La ocupación de las camas de terapia intensiva promedia un 71% en el conurbano bonaerense”, agregó.
“La posición de la Provincia es acompañar las medidas que ayuden a disminuir la circulación del virus porque necesitamos cortar la tendencia de contagios y seguir generando conciencia”, afirmó el Gobernador, al tiempo que subrayó que “se han reforzado las partidas destinadas a comedores escolares y asistencia para atenuar el impacto económico de las restricciones”.

Por su parte, Gollan enfatizó que “más allá de las derivaciones, los casos están aumentando en términos generales en todos los hospitales”. “El sector privado del sistema de salud ya está pasando una situación muy difícil y, si no hacemos algo pronto, no habrá nadie que pueda decir que tiene una cama de terapia intensiva asegurada”, agregó.
“Entendemos que la única manera de persuadir a la sociedad es contándole en detalle la verdad: el números de casos, las camas disponibles y las variantes del virus que circulan”, sostuvo Kreplak e indicó: “Estamos preparando tres centros de cuidados intermedios que contarán con oxígeno, médicos y un sistema de derivación en caso de urgencias”.

Asimismo, la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, repasó los principales indicadores vinculados a la movilidad en el marco del sistema educativo, y enfatizó que “ya fueron vacunados 225 mil trabajadores y trabajadoras de la educación, porque en todo momento hemos entendido la importancia de la presencialidad cuidada”.

Los intendentes y las intendentas coincidieron en el pedido de medidas más robustas para disminuir los contagios. “Tenemos que seguir trabajando juntos para que el sistema de salud no se sature y para seguir vacunando, por lo cual estamos dispuestos a acompañar las medidas que permitan disminuir la circulación del virus”, sostuvo Martín Insuarralde, de Lomas de Zamora. Mariel Fernández, de Moreno, subrayó que “nuestra decisión política es tener una mirada sanitaria, con la enorme responsabilidad de cuidar la vida de los vecinos y las vecinas”. “Muchos intendentes estamos pidiendo que se restrinja más la circulación en el conurbano porque nuestra primera preocupación es la salud”, señaló Alberto Descalzo, de Ituzaingó.

“Tenemos que trabajar con todos los municipios para profundizar los controles y garantizar el cumplimiento de las medidas que se adopten, y para eso estamos construyendo nuevos instrumentos que permitan fortalecer el sistema de multas y sanciones”, explicó Kicillof y concluyó: “Todo esto lo hacemos al mismo tiempo que avanza en toda la Provincia la campaña de vacunación de los principales grupos de riesgo”.

Participaron también el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; las ministras de Gobierno, Teresa García; y de Comunicación Pública, Jesica Rey; y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.
Estuvieron presentes las intendentas de Quilmes, Mayra Mendoza; de Cañuelas, Marisa Fassi; de Moreno, Mariel Fernández; y de Presidente Perón, Blanca Cantero; y los intendentes de Ituzaingó, Alberto Descalzo; de Avellaneda, Alejo Chornobroff; de Escobar, Ariel Sujarchuk; de Berazategui, Juan José Mussi; de Ezeiza, Alejandro Granados; de Berisso, Fabián Cagliardi; de Pilar, Federico Achaval; de La Matanza, Fernando Espinoza; de Esteban Echeverría, Fernando Gray; de San Martín, Fernando Moreira; de General Las Heras, Javier Osuna; de San Fernando, Juan Andreotti; de Hurlingham, Juan Zabaleta; de Luján, Leonardo Boto; de Morón, Lucas Ghi; de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Ensenada, Mario Secco; de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; de San Vicente, Nicolás Mantegazza; de Marcos Paz, Ricardo Curutchet; de Florencio Varela, Andrés Watson; de Tigre, Julio Zamora; de Mercedes, Juan Ustarroz; de Punta Indio, Hernán Y Zurieta; de General Rodríguez, Mauro García; de Navarro, Facundo Diz; y de Merlo, Gustavo Menendez.

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La justicia habilitó el cierre definitivo del plan “Volver al Trabajo”, que beneficiaba a 900.000 personas

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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

Fuente: Agencia DIB.

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Guiño del procurador para prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas

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La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor” y que no podrán contener “sumas o conceptos ajenos” a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

La resolución del Procurador sobre las tasas

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas “no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de “recomendación” hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia DIB

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Prórroga de las concesiones: la discusión en el Concejo pasa por el plazo

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El presidente de la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, afirmó que los sorprendió el ingreso la semana pasada del expediente en el que el Ejecutivo solicita la prórroga de las concesiones del transporte público de pasajeros.

“Nos encontramos con un expediente que vino de un momento a otro con el pedido de prórroga de una concesión ya vencida, ya caída, porque tenía plazo hasta el 1° de julio”, planteó en primer término esta mañana en diálogo con Radio Altos.

Desde una mirada política, el edil de Alianza La Libertad Avanza tildó de nuevo fracaso la necesidad de la gestión de Federico Susbielles de pedir una prórroga de las actuales concesiones debido a que aún no concluyó con el diseño de los pliegos de la nueva licitación del servicio.

“De aquellas famosas 500 páginas en las que se ofrecía una gestión de gobierno (presentado por el entonces candidato a intendente Federico Susbielles durante la campaña electoral de 2023), uno de los pilares era un moderno cambio en el sistema de transporte público que incluía no solo modificaciones en los recorridos, sino un anillo en la periferia y el macrocentro, un transporte multimodal, con tren urbano y demás, y todo eso finaliza con un pedido de un nuevo año de prórroga”, cuestionó.

Expuso que dentro de un año tanto oficialismo como oposición estarán en campaña electoral y no será momento para discutir un tema “de tamaña importancia para la ciudad”.

Más allá de la mirada política, Compagnoni enfatizó que el sistema de transporte público de pasajeros debe ser tratado con seriedad y prudencia y por eso como presidente de la comisión de Tránsito y Transporte se comunicó con integrantes de todos los bloques para darle tratamiento al expediente.

Según señaló, todos los sectores se mostraron predispuestos a tratar la prórroga, aunque no hay unanimidad en cuanto a los plazos. “Hay inclusive declaraciones públicas del intendente diciendo que prácticamente tienen todo listo, si es así, pedir un año de prórroga es demasiado”, remarcó.

El edil libertario entendió que el debate se centrará en ese punto: cuánto tiempo se extenderá la prórroga de los actuales contratos.

El expediente podría estar en la próxima sesión, el jueves 23 de julio, aunque recalcó que “la última palabra la tiene el oficialismo, que es quien decide cuándo bajará el expediente al recinto”.

Fuente: Frente al cano.

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