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Coronavirus

La app CuidAr para monitorear contagiados abre el debate sobre el uso de la información personal

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La obligatoriedad de los trabajadores que retomen su actividad de tener activa en sus teléfonos la app CuidAr comenzó a generar revuelo por el uso de información personal por parte del gobierno.

Esa aplicación permite a la Jefatura de Gabinete controlar de manera online dónde está la gente a través de mecanismos de localización, un punto que algunos especialistas ven como un avance sobre los datos personales por parte del Estado.

No se trata de una discusión que concierne sólo a los argentinos. En algunos países de Europa y México se generó en los últimos días un debate similar por la utilización aplicaciones similares como herramienta de control en la etapa pos aislamiento.

La app ya la usan 1,5 millón de personas que pueden elegir si permiten que el gobierno pueda geolocalizarlos. Desde la Rosada sostienen que la geolocalización permite enviar esa información a los comités de emergencia de las provincias.

El problema es que cuando una persona se instala la aplicación, el sistema le pregunta al usuario si permite que el gobierno acceda a su ubicación solo al usar la app, siempre o no permitir. Según el sistema, conocer la información de geolocalización del usuario permite al gobierno tener mejores estadísticas para controlar la pandemia.

El profesor Jean-Philippe Derosier (Universidad de Lille, Francia) asegura que el gobierno francés de contar con una ley votada por el Parlamento para recurrir a una aplicación de rastreo de contactos durante el desconfinamiento

En Francia, la app lleva el nombre de StopCovid y el gobierno sostiene que cumple los criterios que permiten su despliegue por simple decreto: funcionaría sobre la base del consentimiento del usuario y acumula los datos personales de forma anónima, sin que sus titulares puedan ser identificados.

Derosier sostiene que aplicaciones como Waze, Uber, WhatsApp o Facebook también almacenan una gran cantidad de datos personales, de manera no anónima, pero totalmente consentida por sus usuarios. Sin embargo -argumenta-, la diferencia notable es que “se trata de operadores económicos privados, no del Estado, que se introduciría de esta manera en nuestras vidas”.

El francés sostiene además que tal consentimiento libre por parte de los ciudadanos puede convertirse rápidamente en forzado debido a la presión social e incluso gubernamental. Según explica, algunas personas, en particular los equipos sanitarios, sufrieron presiones por el hecho de estar en contacto con enfermos y correr el riesgo de contagiar a sus vecinos. “¿Qué ocurrirá mañana con aquellos que se nieguen a utilizar la aplicación o que no puedan hacerlo porque no tienen un smartphone? ¿Se puede descartar totalmente la idea de que los jefes impongan a sus empleados, de manera totalmente ilegal, la instalación de la aplicación?”, se pregunta.

En Argentina, diputados de la oposición presentaron un pedido de informes por los datos personales que recolecta la app. Al frente del expediente estuvo la diputada Karina Banfi y acompañaron Waldo Wolff, Silvia Lospennato, Alberto Assef, Martín Berhongaray, Ezequiel Fernández Langan y Jorge Vara.

Los diputados solicitaron al gobierno información respecto de cómo se administran los datos personales de los usuarios y de qué manera se informa a los usuarios sobre la protección de la información personal.

“Nos preocupa el uso que el gobierno pueda darle a esta enorme cantidad de datos sobre los ciudadanos a los que tendrá acceso”, explicaron a través de un comunicado.

Además, aseguran que el gobierno sabrá la ubicación geográfica de cada usuario en todo momento, sus datos sanitarios (provistos por cada usuario) y tiene autorización para compartir algunos datos con redes sociales como Facebook.

El sistema fue desarrollado por la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) en conjunto con la Secretaría de Innovación Pública, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Fundación Sadosky y el Conicet.

LPO

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SUBE: nuevo saldo negativo y siguen los beneficios sociales

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Desde el Ministerio de Economía confirmaron que algunos usuarios, incluidos los de nuestra ciudad, podrán acceder a la tarifa social de SUBE para obtener un descuento en sus viajes en colectivos, trenes y subtes. La información surgió luego del aumento de tarifas de transporte en el AMBA y de la eliminación de los subsidios a las empresas provinciales de transporte. Por otro lado se informó que el nuevo saldo negativo de la tarjeta SUBE es de $1080 pesos.

“Las personas que utilizan el servicio y que necesiten del aporte del Estado Nacional, seguirán contando con el Atributo Social en todo el territorio nacional donde funciona la tarjeta SUBE. Se trata de una asistencia que es igual para todos, vivan en el lugar que vivan, y que implica un descuento del 55% de la tarifa del boleto del transporte público. La decisión del Estado Nacional es que los fondos lleguen directamente a los ciudadanos, sin intermediarios de ningún tipo, y beneficiando así a las personas que más lo necesitan”, se informó oportunamente

¿Quiénes pueden acceder a la tarifa social de la SUBE?

La personas que pueden acceder a la la tarifa social de la Tarjeta SUBE son:

  • Jubilados y/o pensionados
  • Personal del Trabajo Doméstico
  • Veteranos de la Guerra de Malvinas
  • Monotributistas Sociales

Además, aquellos que sean beneficiarios de:

  • Asignación Universal por Hijo
  • Asignación por Embarazo
  • Programa de Jóvenes con Más y Mejor trabajo
  • Seguro por desempleo
  • Seguro de Capacitación y Empleo
  • Programa Promover Igualdad de Oportunidades
  • Programa PROGRESAR
  • Programa “Potenciar Trabajo”
  • Pensiones No Contributivas

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De Leo y Moirano le piden a Provincia que explique por qué se suspendieron las obras en la Ruta 51

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Continua el malestar en referentes de la politica bahiense a nivel bonaerense, tras el anuncio por parte de Provincia de suspender la licitación en un tramo de la Ruta 51.

Al malestar manifestado por la diputada del GEN, Natalia Dziakowski, se sumó la de los senadores provinciales de Juntos, Andrés De Leo y Nidia Moirano.

En las últimas horas, ambos presentaron un pedido de informes para que la “Provincia explique por que suspendieron las obras en la Ruta 51, en el tramo que une el dique Paso de las Piedras con Bahía Blanca”.

Según publicó De Leo en sus redes sociales, el pedido se debe “ante la falta de información oficial clara” sobre los motivos de la suspensión.

“Luego de publicarse en el Boletín Oficial de PBA, Vialidad dío de baja la licitacion con sólo un ‘suspendida hasta nuevo aviso’, sin embargo la licitación figura en el Boletín Oficial. Necesitamos saber cuál será el destino de las obras, tan necesarias para toda la región”, afirmó el legislador.

 

Cabe recordar que la licitación fue anunciada el lunes por la tarde, con un presupuesto superior a los 7,8 mil millones de pesos, pero horas más tarde se confirmó su postergación.

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Pampa Energía construirá otro parque eólico en Bahía Blanca

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Con una inversión de más de 500 millones de dólares, la empresa Pampa Energía construirá un nuevo parque eólico en el distrito de Bahía Blanca, que permitirá casi duplicar generación de electricidad que la firma realiza en nuestra región.

El anuncio fue realizado hoy durante la recorrida del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por las obras del Parque Eólico Pampa Energía IV en el municipio Coronel Rosales.

Este nuevo proyecto contará con una potencia instalada de 300 MW. Será el quinto de la compañía en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y se estima que para mediados del año que viene podría estar operativa la primera etapa, que sumará 94,5MW de energía.

En ese sentido, el presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, recordó que “en 2015, por unanimidad y con el apoyo de todas las fuerzas políticas, se sancionó la ley 27.191 que establece que para 2025 el 20% de la matriz energética debe provenir de fuentes renovables.

“Desde Pampa ya invertimos cerca de 600 millones de dólares para contribuir al cumplimiento de este objetivo. Hoy estamos anunciando nuestro sexto parque, que tendrá una potencia de 300 MW, y nos permitirá alcanzar una capacidad de generación de energía renovable total de 687 MW”, aseguró.

Esta mañana, el gobernador visitó la construcción del Parque Eólico Pampa Energía IV, donde la compañía se encuentra instalando 18 aerogeneradores con una inversión de más de 128 millones de dólares y una potencia instalada de 81 MW, equivalentes al consumo de 100.000 hogares. Allí, estuvo acompañado por los intendentes de Coronel Rosales, Mariano Uset, y de Bahía Blanca, Héctor Gay, además de funcionarios nacionales, provinciales y municipales.

Al respecto, Mindlin aseguró que “este nuevo parque que habilitaremos en unas pocas semanas más -NdR: por el visitado hoy-, sumado al que anunciamos, nos permitirá abastecer con energía renovable a más industrias”.

“Estamos orgullosos de la concreción de estas inversiones que le permiten al país diversificar y ampliar su matriz energética con un horizonte de mayor sostenibilidad”, afirmó.

Actualmente la empresa opera el Parque Eólico Mario Cebreiro, que aporta 100 MW de energía renovable al Sistema Argentino de Interconexión; los Parques Eólicos Pampa Energía II y III, ambos de 53 MW, ubicados en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, y el Parque Eólico Arauco II situado en la provincia de La Rioja de 100 MW.

“Con eso somos el tercer generador de energía renovable del país además de ser el primer generador de energía eléctrica de todo el sector privado”.

Midlin agregó que esto no solo fue posible por el esfuerzo inversor de las empresas, sino también por una decisión del gobierno.

“En 2015, en el último año del mandato de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando Axel Kicillof era todavía ministro de Economía, a pesar de que la situación política no era la más cómoda, tuvieron el coraje y la decisión de mandar al Congreso y aprobar la ley de Energía Renovable, sin esa ley no hubiese sido posible todo este desarrollo”, afirmó.

Tras señalar que la ley fue aprobada por unanimidad, dijo que esto determinó la puesta en marcha de una política de Estado.

“Después pasaron varios gobiernos, pero el sector privado respondió a esa previsibilidad y todo el sector privado construyó 5 mil MW de energía renovable y hay otros mil en construcción”, precisó.

Kicillof, por su parte, dijo que el origen de estos molinos se remonta a una decisión política que se tomó durante el gobierno de Cristina Kirchner para acelerar la transformación de la matriz energética argentina.

Y luego profundizó en las cuestiones vinculadas con el calentamiento global y la necesidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono.

“Aquellos países que se desarrollaron antes y se desarrollaron más en base a veces a la depredación del ambiente y la puesta en riesgo de todo el planeta, hoy exigen estándares iguales para países que han quedado atrás en esa carrera del desarrollo.

“Entonces uno tiene los dos problemas, los costos de cuidar el ambiente, pero al mismo tiempo, los costos de ser subdesarrollado”, opinó.

A su entender, Buenos Aires es la principal provincia energética de la Argentina, y en ese aspecto debe sumarse la perspectiva de hallar hidrocarburos costas afuera.

“Y esta es una región tremendamente vinculada a la cuestión energética. Originalmente vinculada al petróleo y al gas, con su industria petroquímica, con la generación, con el transporte y ahora con las energías renovables”.

(LaNueva)

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