Entre quienes cambiaron de postura figuran cinco diputados de Pro que en junio pasado se habían abstenido: Martín Ardohain, Gabriela Besana, Germana Figueroa Casas, Luciano Laspina y María Sotolano. José Núñez, quien había estado ausente, esta vez apoyó al Gobierno.

Los únicos diputados de Pro que se desmarcaron de sus pares y mantuvieron su voto a favor de la ley fueron Héctor Baldassi, Sofía Brambilla, Ana Clara Romero y Álvaro González. María Eugenia Vidal mantuvo su abstención mientras que Silvia Lospennato se ausentó.

El oficialismo también sumó a varios legisladores que responden a los gobernadores que pactaron alianzas con los libertarios en sus distritos. Entre ellos a Marcela Antola (Democracia para Siempre), quien responde al gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio. También a Pamela Verasay, Lisandro Nieri y a Soledad Carrizo, que tienen como referente al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Marcela Pagano: los motivos de su portazo

Este mediodía, la oposición le adjudicó al director nacional de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDI), Diego Spagnuolo, unos audios en los que aludiría al cobro de sobornos en el Gobierno. “Nos da vergüenza ajena, no podemos compartir bloque con personajes involucrados en corrupción ”, consideraron en “Coherencia”.

La falta de sintonía de estos diputados con el oficialismo quedó en evidencia desde el inicio de la sesión: D’Alessandro y Pagano dieron quorum para debatir un temario incómodo para Javier Milei, que incluyó el tratamiento de los vetos a las leyes de emergencia en discapacidad y

Volvieron a desmarcarse poco después. Votaron a favor de la emergencia en discapacidad, vetada por el Presidente, y habilitaron la discusión para insistir con el aumento jubilatorio del 7,2%. Se les sumaron Alberto Arancibia, Florencia Klipauka y Alida Ferreyra que por ahora siguen en el espacio oficialista.

Los integrantes de “Coherencia” destacaron que será un espacio liberal de centro derecha “que tenga responsabilidad fiscal y social”. Aunque aclararon: “Al Presidente lo vamos a apoyar siempre y cuando no atente contra la dignidad de nuestro pueblo”.

Sin embargo, no ahorraron las críticas a la conducción del oficialismo en la Cámara baja, a cargo de Martín Menem: “Esto es, también, porque el límite era la corrupción”, consideró uno de ellos. Señaló el caso $LIBRA, que salpica a Javier Milei y su hermana Karina, la secretaria General de la Presidencia, pero también incomoda a al titular de Diputados. “No vamos a quedar pegados a la corrupción de los MenemNo vamos a quedar pegados a la corrupción de los Menem”.

Una importante fuente de Gobierno anticipó a que la mesa chica del presidente Javier Milei sigue de cerca cada uno de los pasos de Spagnuolo y discute por estas horas el futuro del funcionario que ya generó más de un dolor de cabeza a la administración libertaria.

Sin embargo, evitaron hacer referencia a la veracidad de las filtraciones que fueron denunciadas por el abogado Gregorio Dalbón, quien acusó a los hermanos Milei, a ‘Lule’ Menem, a Spagnuolo y a Kovalivker por los delitos de defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho activo y negociaciones incompatibles.

En los últimos meses, Marlene Spesso y su hijo Ian Moche, el niño con autismo que se popularizó por su activismo, le atribuyeron una polémica frase en la que el representante del Ejecutivo planteaba que la discapacidad del menor “no es un problema del Estado”.

Si bien el mandatario no tuvo pruritos en desestimar la emergencia en Discapacidad sancionada por el Congreso, en la administración libertaria saben que se trata de un tema sensible que debe atenderse con cuidado, sobre todo en plena campaña electoral.

Incluso hay quienes admiten que la cifra correspondiente a la prestación por discapacidad, hoy menor a una jubilación mínima, “está pisada desde hace tiempo”, por lo que garantizan que figura en estudio la posibilidad de aplicar un incremento.

Otro de los episodios que tuvo a Spagnuolo en escena data de mediados de enero, cuando salió publicada en el Boletín Oficial una resolución, la 187/2025 de ANDIS, que incluía términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”. (DIB)