Qué impacto tendrá la ley de discapacidad

La Oficina de Presupuesto del Congreso había informado que la iniciativa “podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, que implicaría un refuerzo fiscal de entre $ 1.889.371 y 3.627.495 millones de pesos, gasto equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI”.

Además, precisó que por la compensación de emergencia a prestadores, el financiamiento exigido estaría en el orden de los $278.323 millones, mientras que la asignación para talleres de producción ascendería a $7.160 millones.

Uno de los puntos principales de la ley de emergencia en discapacidad establece al financiamiento de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social. La medida define que podrán acceder a este beneficio quienes posean Certificado Único de Discapacidad (CUD), no registren ingresos superiores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, no perciban planes similares y pasen una evaluación socioeconómica.

La asignación corresponderá al 70% del haber mínimo jubilatorio y será compatible con empleo registrado, siempre que los ingresos no excedan el tope fijado. El texto extiende la cobertura al establecer la transformación automática de todas las pensiones no contributivas otorgadas antes de la ley en vigencia, de modo que los beneficiarios no deban realizar nuevos trámites.

También se fortalece el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, regulado por la Ley 24.901. Y se definió un régimen de regularización de deudas fiscales y de seguridad social para empresas y trabajadores vinculados al sistema de discapacidad. (DIB)

Cabe recordar que en esa provincia hay una alianza electoral entre los oficialismos provincial y nacional: Frigerio cerró el acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) y presentan candidatos en conjunto. Lo mismo ocurre en Chaco, una de las provincias beneficiadas con ATN durante septiembre: los cabezas de lista para Diputados y para Senadores son de LLA que va en alianza con el oficialismo chaqueño.

Qué pasa con la Provincia y los ATN

Entre enero y agosto de este año, la Nación distribuyó $104.500 millones de ATN. Neuquén, con $15.000 millones, y Salta, con $12.000 millones, fueron los distritos más beneficiados.

En ese mismo período, el Fondo totalizó $611.074 millones, con lo que hasta fines del mes pasado se ejecutó 17,1%, quedando por encima de igual lapso del 2023 y 2024, aunque por debajo del 2022 y 2021, entre otros.

En este contexto, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, denunció este lunes que el Gobierno nacional acumuló 1.3 billones de pesos que corresponden a las provincias y que “no los distribuyó”, afectando la capacidad de los gobiernos provinciales para atender emergencias y desbalances financieros.

“El Gobierno Nacional ha distribuido menos del 30% de lo recaudado y eso permitió acumular 1.3 billones que son de las provincias”, dijo en conferencia de prensa, y agregó que la ley sancionada por el Congreso y que vetó Javier Milei buscaba que esos recursos pasen a repartirse de manera automática.

“Este veto es un atropello al federalismo y a la autonomía de las provincias. Reiteramos nuestro pedido al Gobierno nacional para que revierta esta decisión y avance hacia políticas económicas que generen crecimiento y desarrollo inclusivo en todo el territorio argentino”, cerró. (DIB)

Movilización de universitarios y médicos

Como modo de presión y estrategia para visibilizar el conflicto, los trabajadores del Hospital Garrahan y docentes de las universidades públicas realizarán ese miércoles por la tarde una movilización hasta Plaza de Mayo, en protesta por los vetos a las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario.

La consigna, repetida como un mantra, busca despejar cualquier equívoco: “Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos”. El mensaje apunta al corazón del conflicto abierto por el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, que había logrado una amplia mayoría en Diputados con 158 votos afirmativos, 75 en contra y 5 abstenciones, pero quedó a un voto de alcanzar los dos tercios necesarios. Ese umbral especial habría blindado la sanción e impedido que el presidente pudiera vetarla.

La norma vetada contemplaba una recomposición salarial para docentes y no docentes frente a la inflación acumulada desde diciembre de 2023, además de un aumento progresivo del financiamiento hasta alcanzar el 1,5% del PBI. Junto con la norma universitaria, el Congreso había sancionado también la ley de emergencia del Hospital Garrahan, otro símbolo de lo público, que igualmente fue alcanzado por el veto presidencial. Y por el que también se marchará.

De acuerdo con el Ejecutivo, estas medidas incrementarían de manera desproporcionada el gasto público y afectarían la estabilidad macroeconómica, con perjuicios para los sectores más vulnerables. Así el texto oficial, anuncia que una expansión del gasto sin respaldo real “derivaría en un costo al conjunto de la sociedad, en tanto la emisión presiona sobre los precios y erosiona el poder adquisitivo de salarios”. (DIB)